Politización paraliza proyectos productivos

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Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena

(Verdadcontinta-diciembre2017) Mientras más instituciones y organismos estén en manos del sector público, más poder concentran los gobernantes, una visión que debe cambiar para fomentar el desarrollo

“Mientras lo público siga administrando las principales instituciones, lo político siempre estará por encima de lo técnico”, dijo en una anterior oportunidad a Verdad con Tinta, el ingeniero tarijeño Jaime Villena Morales, de amplia experiencia en el mantenimiento de presas en el Estado de Texas, Estados Unidos.

Ejemplos existen al por mayor en Tarija, con obras mal realizadas, caminos a medio concluir y baja calidad en servicios, entre otros, reflejando que siempre que se impulsó lo público, primó el interés político partidario.

En ese sentido, surgió la Agencia de Desarrollo como una iniciativa del sector privado para crear alianzas estratégicas con el sector público.

Sin embargo, estas alianzas son imposibles sin un marco jurídico que permita consolidar dichas acciones.

“No es posible realizar una agenda de trabajo, sino se plantea una base jurídica que permita dar seguridad a las alianzas estratégicas, tanto públicas como privadas”,  aseguró el delegado de la Agencia de Desarrollo, Oscar Farfán Mealla.

Farfán Mealla recibe al equipo de Verdad con Tinta en su oficina ubicada en un antiguo edificio de la avenida La Paz.

Experiencia y juventud es la fórmula que utilizan en esta dependencia donde se van generando políticas de desarrollo.

Oscar Farfán es ingeniero químico que estudió en la Universidad de La Plata, Argentina. Este profesional de 64 años es un destacado empresario del rubro de la exportación de castaña.

Fue miembro de directorios de diferentes empresas, entre las que se destacan Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y la que fuera Corporación Andina de Fomento (CAF) entre los años 1983 y 1990. Fue director nacional de exportaciones Impex en 1990.

También se desempeñó como ministro de Industria y Comercio en 1985, y de Desarrollo Económico en el año 2002. Experiencia hay de sobra.

Este empresario fue designado por el gobernador, Adrián Oliva Alcázar, para cumplir con el acuerdo pactado con el sector empresarial de crear una política conjunta de desarrollo.

El hombre no tiene una sola arruga, ni siquiera cuando sonríe, pero su pelo blanco habla de su experiencia. Junto a él, se sienta  una de las consultoras, Mariana Durán Calabi, quien rápidamente abre su computadora portatil.

Previa la entrevista, la simpática joven empieza a lanzar datos para demostrar el por qué son necesarias estas leyes. Farfán la mira orgulloso, en eso ingresa tímidamente a dejar también algunos datos, otro de los consultores, Enrique Borda Peñarrieta, quien es un par de años mayor que Mariana. Al momento de salir, Enrique es retenido por la voz de su jefe.

“Acompáñanos por favor”, le dice Oscar Farfán. Por ende, cierra la puerta y se acomoda en un asiento, abriendo también su computadora personal.

“Hace un año y medio que formamos este equipo”, dice Farfán, después de beber un sorbo de agua, destacando que esta agencia es un pedido de los empresarios tanto como de los productores. No es una dependencia política, como trataron quizá de tildarla, según aclara.

Lo cierto es que la mezcla entre experiencia y juventud, le ha dado resultados a esta agencia que presentó sus estudios de la realidad productiva departamental, de las potencialidades existentes, como de las debilidades del Departamento.

Incluso, encontraron utilidad a proyectos bastante cuestionados de la anterior gestión de Lino Condori Aramayo, como las presas de agua en diferentes zonas del departamento, para utilizarlas netamente en el sector productivo. Pero una vez más, se necesita el marco jurídico.

“Los políticos creen que el desarrollo depende única y exclusivamente de ellos”, continúa Farfán, “mientras que los privados van por la cola adaptándose”.

“Los únicos países en los que no existe esta legislación es en Cuba, La Guayanas y Bolivia”, asegura el delegado.

Cuba porque es un gobierno socialista unitario, por lo que la figura del empresariado privado no aparece. Las Guayanas, porque tienen un estado primitivo de organización y Bolivia, que tampoco incorpora este tipo de políticas, porque mientras más espacios copa el sector público, más poder tienen sus gobernantes.

“Es un golazo”, agrega Mariana para graficar el desarrollo que podría tenerse con estas alianzas estratégicas, tanto para el productor como para el empresario local.

“La mezquindad política es lo más grave”, refiere Farfán con respecto al empantanamiento de los proyectos de ley que puedan dar pie a estas alianzas estratégicas.

Por un lado está la Asamblea, que al ser un proyecto de ley que viene de una agencia dependiente de la Gobernación, sin mayor análisis lo estaría prácticamente desechado por el solo hecho de ser propuesto por un sector políticamente contrario, cuando en realidad esta iniciativa surge del sector productivo.

Pero también llama la atención que de la misma Gobernación no exista la presión mediática, como sí la hay para exigir la aprobación de determinadas leyes, como el caso de los fideicomisos, créditos u otros proyectos de ley.

“Ese es el camino”, fue la respuesta breve del secretario de Planificación, Karim Leytón Alé, ante la consulta de cómo califica los proyectos presentados por esta agencia.

Lo cierto es que mientras los servicios públicos sigan en manos del sector político, denuncias por mala atención, calidad y especialmente de corrupción seguirán surgiendo, pero claro, las autoridades,  seguirán teniendo mayor poder.

El ejemplo de Santa Cruz

Regiones pequeñas como Tarija y sus pequeños emporios en el Gran Chaco, han desarrollado políticas a nombre de la autonomía que cambiaron el centralismo de La Paz, a un poder altamente burocrático, como a la concentración de recursos en el sector público.

A más dependencia del sector público, más concentración de poder. Así lo han entendido los diferentes políticos que han ocupado los cargos públicos en los 11 municipios del departamento como en la misma Gobernación.

El claro ejemplo es la mala administración de los millonarios recursos que ingresaron y que siguen llegando, pero en menor cantidad, por las regalías de hidrocarburos.

Más de 4 mil millones no son palpables en los diferentes municipios, donde la economía está estancada.

La paralización de la Gobernación se refleja inmediatamente en la parálisis económica, situación que no ocurre en Santa Cruz, por ejemplo, donde ocurre todo lo contrario.

Más del 60% de la economía cruceña depende del sector productivo, por ende, la parálisis de la Gobernación o cualquier entidad pública, no deriva en un estancamiento económico.

El departamento de Santa Cruz es la región económica más dinámica e importante de Bolivia porque su base productiva es diversificada y su solidez radica en su orientación al mercado, habiendo demostrado que el modelo productivo cruceño purifica en sí tres cualidades importantes: es económicamente viable, ambientalmente sostenible además de ser socialmente inclusivo, según la visión del economista, Gary Rodríguez.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interno Bruto (PIB) nominal de la región en la gestión 2016 bordeó los 10.000 millones de dólares con un crecimiento real de su PIB del 6,6% muy por encima del 4,3% nacional.

Santa Cruz siempre supera a Bolivia en cuanto a crecimiento.

La región no solo destaca por ser la primera aportante al PIB nacional con el 29%, sino que detenta el 28% de la base empresarial boliviana, sumando 88.000 empresas registradas en el 2016, según datos de  Fundempresa.

Aporta a la soberanía alimentaria con más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos y, de lejos, es el principal impulsor del PIB agropecuario de Bolivia con más del 40%.

Es líder indiscutido dentro de las agroexportaciones del país enviando al mundo cerca de 3 millones de toneladas por 1.500 millones de dólares en promedio, cada año.

Destaca también como la principal plaza recaudadora de impuestos internos y tributos aduaneros.

Empresas públicas, corrupción y deficiencias

Las instituciones en manos del poder político tienen una historia similar entre sí: corrupción y malos manejos.

Empresas como Servicios Eléctricos de Tarija (Setar), el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y hasta las cooperativas como los casos de Cosett o Cosaalt, han reflejado una mala administración en casi todas sus gestiones con la repartición de cargos a cambio de favores políticos que pesaron sobre el criterio técnico. Los resultados son por demás conocidos.

Un claro ejemplo se da con la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt),  que desde los años 90 está a cargo del manejo de las lagunas de oxidación de San Luis, mismas que a la fecha, están desprendiendo malos olores, pero lo peor, contaminando el río Guadalquivir.

En una inspección por un grupo de profesionales, constataron que el proyecto es bueno, pero su administración a lo largo de estos años fue deficiente. Se desconoce qué hicieron con los más de Bs 2 millones que mediante aportes de los usuarios iban para las tareas de mantenimiento.

Cada gestión se culpa entre sí. El resultado, está en las lagunas colapsadas.

“El problema no está en qué tipo de planta de tratamiento de aguas residuales se haga, sino en quién la administre”, dijo anteriormente el ingeniero Jaime Villena, sobre la intención de emplazar una nueva estructura para dar fin a este problema que afronta la ciudad de Tarija.

El problema es que la administración pública, no se enmarca específicamente en  temas técnicos, dejando pasar detalles que a la larga pueden ser fundamentales.

Por eso que surge la necesidad de hacer alianzas públicas-privadas, donde servicios que son de carácter público, sean administrados por los privados, pero sin que estos dejen de pertenecer a la comunidad, teniendo una regulación por parte del Estado.

“Con este tipo de alianzas, es imposible que se dé esos tipos de situaciones, pues el empresario no permitirá perder recursos”, acota la asesora de la Agencia para el Desarrollo, Mariana Calabi.