La periodista exiliada por amenazas de la narcopolítica mexicana

La colega con la que intercambiaba información fue asesinada el día que ella recibió amenazas

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Mercedes Bluske Moscoso

(Verdadcontinta-agosto/2018) “Es injusto tener que dejarlo todo y tener que partir”, dice Patricia Mayorga Ordoñez, en un intento fallido por contener las lágrimas, durante su ponencia en el II Encuentro Latinoamericano de Periodismo Emprendedor e Innovador.

Patricia trabajó con especial énfasis haciendo investigaciones sobre el vínculo que había entre el poder político y el narcotráfico en el Estado de Chihuahua, México. Su trabajo la llevó hasta la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde junto con su colega Miroslava Breach, pudieron evidenciar que familiares de un candidato del municipio de Chínipas, tenían relaciones con grupos delictivos vinculados al cartel de Sinaloa.

Las coberturas sobre desapariciones forzadas de indígenas en México y la posterior revelación de que Juan Salazar Ochoa, precandidato al gobierno municipal de Chínipas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), era tío de Adán Salazar Zamorano y Crispín Salazar Zamorano, líderes del grupo delictivo “Los Salazar”, vinculado al cartel de Sinaloa, puso a las periodistas en la mira.

“Nunca nombramos las amenazas como lo que realmente eran”, dice Mayorga en entrevista con Verdad con Tinta en la ciudad de Lima, en Perú, donde actualmente vive.

Aunque no trabajaban en el mismo medio de comunicación y no viajaban juntas a la Sierra Tarahumara, Miroslava y Patricia se habían comprometido con lo que sucedía en aquel lugar y buscaban sacar a la luz los vínculos del narcotráfico con la política, por lo que constantemente intercambiaban información y se cuidaban mutuamente, ya que comprendían que había un riesgo.

Patricia recuerda que entre chiste y chiste, Miroslava le decía que tal vez deberían dedicarse a otra cosa. Pese a todo, no vieron la magnitud del peligro que afrontaban.

Era temprano en la mañana cuando Miroslava se disponía a salir de su casa en Chihuahua para llevar a su hijo al colegio aquel 23 de marzo de 2017. Jamás pensó que aquella mañana, al otro lado de la puerta, la muerte la esperaba sentada.

Mientras ocho disparos la alcanzaban en el interior de su automóvil, Patricia recibía ese mismo día amenazas de muerte. Los sicarios no estaban jugando, y el desenlace fatal de Miroslava era prueba de aquello.

Rápidamente el caso fue etiquetado como un “ajuste de cuentas” y las investigaciones apuntaban a que los presuntos autores intelectuales eran los hermanos Salazar.

“Fui al velorio y su hija me pidió que me fuera, que si me mataban, mi hija iba a sufrir como estaba sufriendo ella”, cuenta Patricia, quien en ese momento se rehusaba a ser ella la que tuviera que escapar, cuando los delincuentes eran otros. “Duré 15 días con escolta, pero me tuve que ir”, relata.

En lo que va de 2018, siete periodistas fueron asesinados en México. La mayoría de ellos fueron asesinados por las coberturas relacionadas al narcotráfico y el 99,8% de los casos, continúan en la impunidad. El de Miroslava no es la excepción.

“Esta guerra (por el narcotráfico) nos pilló desprevenidos. No estábamos preparados para cubrirla”, asegura la mujer de mediana edad. La impunidad en los casos de asesinatos a periodistas como a la población en general, para ella, muestra que no hay realmente una voluntad sincera para abatir el narcotráfico o grupos delictivos.

Sin embargo, la circunstancias obligaron a  responder con «un mejor periodismo», reconoce Patricia. Pues lejos de frenar las investigaciones, el narcotráfico y el crimen organizado, hicieron que los periodistas se profesionalizaran más y tejieran redes de monitoreo para protegerse.

Patricia cuenta que ella empezó a tomar cursos de seguridad virtual, entre otros, para proteger también su información y sus fuentes.

«En México ya no se trabaja en solitario, trabajamos en manada, porque es más seguro», cuenta un periodista boliviano que trabajó durante seis meses en dicho país.

El Dato

Patricia Mayorga recibió el premio Libertad de Prensa en la ciudad de Nueva York en octubre de 2017. Fue otorgado en reconocimiento por su trabajo de investigación para la revista Proceso sobre los presuntos vínculos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el crimen organizado, y las desapariciones forzosas de indígenas en México.

Para Patricia, el precio fue el exilio, para otros fue la muerte. “Me vine con mi hija”, agrega mientras explica que tras pasar seis meses fuera de su país, intentó regresar, pero no pudo. “Estuve seis meses en varios estados, pero tuve que volver a salir”.

Como ella, alrededor de 300 periodistas mexicanos se encuentran desplazados. Aunque la mayoría se cambió de ciudad, algunos, como Patricia, tuvieron que exiliarse a otros países.

“El desplazamiento es como un espejo con lupa”, asegura. Para ella, ese espejo refleja el peso de haber cambiado la vida de su familia y de su gremio de trabajadores. Pero también proyecta lo bueno, materializado en la solidaridad de los periodistas de otros países, que la cobijan, la “arropan” y la guían.

“Cuando te desplazas te das cuenta que estás solo”, agrega en su ponencia, “pero luego los colegas se solidarizan”.

Este peregrinar fue un proceso de fortalecimiento, tanto para ella como para su familia, pues en la adversidad, encontraron la fuerza que llevan dentro. “Conocer a familiares de colegas asesinados también me ha fortalecido”, explica.

Patricia vive actualmente en Lima y se mantiene realizando trabajos a distancia para la revista Proceso de México, en la cual trabaja desde hace varios años. Y aunque reconoce que vive el día a día, no puede evitar con un futuro próximo, en el que pueda regresar a ejercer su profesión en su país, libre de amenazas.