El conflicto legal por Tariquía

(Verdadcontinta/abril- 2019) Poco o nada se conocía de esta reserva antes del boom de los hidrocarburos, quizás era mejor, quizás no, porque también era víctima de la tala indiscriminada como de la explotación petrolera, situaciones que motivaron su declaración de reserva desde el año 1989.

Los representantes de las petroleras  recuerdan que no es la primera vez que son realizados trabajos de exploración y explotación en Tariquía.

“Quisiera poner sobre la mesa un hecho central, ustedes de la prensa fueron conmigo al lugar, esta zona ya es intervenida”, explicó el presidente de YPFB- Chaco, Eduardo Paz Castro, en una entrevista con en elPeriódico.

Paz Castro, al salir de un evento en Santa Cruz, toma asiendo y explica  que el ingreso de las petroleras de Tariquía no es reciente, indicando que en esta oportunidad, estarían tomando “todos los recaudos”, siendo el daño ambiental “mínimo”.

YPFB Chaco y Petrobras son las empresas operadoras que están ingresando a la reserva natural de Tariquía para hacer trabajos de exploración como de explotación, ambas cuentan con sus respectivas licencias ambientales que les da el aval legal.

“Lo único que le quiero decir es que se han hecho las consultas públicas, se han cumplido con todos los pasos, eso lo saben todos”, respondió al decir que estos trabajos son efectuados con la población de influencia directa, es decir, aquellas comunidades que están próximas a los campos de exploración como El Cajón.

Paz asegura que en la actualidad, los trabajos que son realizados en la zona no generan ninguna afectación.

“Son de ingeniería básicamente, de topografía y de geofísica, obviamente no tienen ninguna afectación”, recalcó.

En ese instante, comparó con el trabajo de cualquier ingeniero o estudiante de ingeniería que se ve en la ciudad con su teodolito o equipo de topógrafo haciendo sus mediciones. “No contaminan nada no…”, dijo irónicamente el empresario de bigote.

Unos kilómetros más al sur,  el abogado Javier Conzelmann Castellanos, se sienta frente a su escritorio y saca sus documentos.

Javier integra la parte jurídica de la Plataforma de Defensa de Tariquía.

Javier se pone los lentes y con sus ojos claros identifica rápidamente los documentos que tanto trabajo le costó conseguir.

“Fue muy difícil acceder a esta información”, confiesa el abogado al recordar las constantes solicitudes realizadas a los ministerios de Hidrocarburos como de Medio Ambiente.

La información a la que se refiere es del proceso de socialización como a las licencias ambientales entregadas por el Ministerio de Medio Ambiente a favor de las empresas operadoras.

Los abogados que defienden la causa de Tariquía indican que sacar las licencia ambientales para hacer trabajos de cualquier tipo al interior de una reserva protegida, puede demorar hasta 5 años, pero este no fue el caso, las mismas fueron entregadas en apenas 6 meses.

Para iniciar la explicación de Conzelmann, debemos retrotraernos en las afirmaciones del presidente de YPFB-Chaco, Eduardo Paz Castro, quien documentos en mano, mostró que cumplieron con “todos” los procesos legales, teniendo la licencia ambiental como principal soporte.

Conzelmann no niega esta situación, acierta en que la licencia ambiental existe, que también está el contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que haría entrever que el ingreso a la reserva es legal, pero él identifica una serie de irregularidades.

“Desde aquí hemos podido acceder a los estudios de impacto ambiental, tienen consultas, pero no han sido realizadas previamente a la firma de los contratos, expresando que hubo irregularidades”, declaró.

Para conseguir la licencia ambiental, según el reglamento, debe hacerse una consulta previa al contrato con las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran en la zona de afectación.

Una segunda consulta debe hacerse antes de la ejecución de estudio de impacto ambiental.

“Esas consultas expresan que hubo irregularidades”, asegura.

Los miembros de esta comisión se trasladaron hasta la comunidad de Chiquiacá que se encuentra en Tariquía, donde recogieron las declaraciones de los comunarios para hacer un informe que revela una serie de vicios.

“En Chiquiacá pudimos conversar con los pobladores y ellos nos dijeron en voz propia, han visto con una camionada de garrafas y de cocinas, les entregaron a los –comunarios- de Chiquiacá Norte a cambio de firmas”, reveló.

Otro hecho se relaciona con la convocatoria a una reunión en Chiquiacá, en la que los funcionarios estatales solicitaron los carnets de identidad de los participantes que solo firmaban. “Ese es otro vicio”.

Al concluir todo proceso de socialización, este debe pactarse con un convenio, donde el abogado encuentra el tercer vicio. “Si uno se fija,  los convenios son un desastre con las firmas ilegibles, con huellas de dedos, no tienen nombre o aclaración, hay irregularidades en el proceso”, acota.

Pero el problema más grande para los abogados ocurre con el número de comunidades consultadas.

La consulta realizada por el Gobierno Nacional fue con la comunidad de Chiquiacá Norte, no así con las restantes doce.

Son 13 comunidades que se encuentran en Tariquía, pero la consulta fue realizada en aquella que se encuentra en la zona donde serán realizados los trabajos petroleros.

Un ingeniero ambiental decía irónicamente que la consulta fue realizada en la chimenea, no en toda la fábrica.

“La consulta se hizo en este puntito aquí”, dice Javier al señalar un mapa de Tariquía, al indicar que la afectación es en toda la zona no solo en ese punto en específico.

La Plataforma en Defensa de Tartiquía ha planteado una acción de cumplimiento para obligar al Gobierno Nacional  y especialmente a YPFB a cumplir la ley ambiental con la ejecución de la consulta previa a las 13 comunidades de Tariquía, no solo a una como ocurrió.

La acción fue resuelta por la Sala Constitucional Primera en el Tribunal Departamental de Justicia, que la rechazó  “in limine” por no cumplir con todos los requisitos.

El rechazo “in limine” refiere que puede complementarse la acción y ser presentada nuevamente. La observación estaba en la falta de un pedido directo al Ministerio de Hidrocarburos a que cumpla con la ley.

“Se enviaron las cartas al Ministerio exigiendo el cumplimiento a la normativa ambiental”, acotó el abogado. Por ende, el recurso volverá a ser presentado al cumplir con todos los requisitos, según explicó.

Otro recurso que pretenden efectuar es la acción popular para defender los derechos ambientales. La acción popular insta  la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos, en este caso el medioambiente.

El último recurso que tienen en mente es recurrir a instancias internacionales.

Finalmente, serán los papeles los que decidan el futuro del bosque de Tariquía.