Estudiantes de Derecho redactan un proyecto de ley y consiguen su aprobación

“Polillas”, “Los invisibles”. Son vistos por miles de personas todos los días en diferentes puntos de la ciudad, pero cual fantasmas, son invisibles a los ojos de la mayoría. Sin embargo, para un grupo de jóvenes, su presencia era dolorosa, y su realidad debía cambiar. Así, Cuatro jóvenes mujeres estudiantes de Derecho lograron que los conocimientos adquiridos en el aula trascendieran en las políticas públicas departamentales, generando un impacto en la vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jóvenes y niños de la calle.

La docente María René Soruco, quien en aquel entonces impartía la materia de Derecho Autonómico en la Universidad Católica Boliviana, planteó a los estudiantes una modalidad diferente al tradicional examen teórico de fin de curso, inspirando a sus alumnos a lograr objetivos que nunca antes se habían planteado. La propuesta consistía en que cada grupo debía crear un proyecto de ley aplicando todos los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre.

Para el curso, que en el año 2016 se encontraba cursando el cuarto semestre de la carrera, la modalidad no sólo resultaba novedosa, sino que también era un desafío en el que debía combinar la teoría, la práctica y su sensibilidad humana, para proyectar una ley trascendental que diera solución a un problema real.

“Ahora nosotros también podemos hacer leyes, ya no solo es a nivel central. Ese era el desafío”, agrega la joven docente.

“Enfocamos nuestros esfuerzos en los niños de la calle”, agrega Alejandra Arancibia, quien fue proyectista de la ley junto a Jesica Antelo Vega, Julia Andrea Bladés Pinaya y Yilka Villegas

Pasó casi un año y medio desde que la propuesta legislativa ciudadana planteada por la jóvenes ingresó a la asamblea, hasta que la misma fue aprobada por el órgano legislativo como por el ejecutivo, quienes la sancionaron de manera consensuada.

Así, con el número 333 y bajo el nombre de Ley de Implementación de Políticas de Prevención, Atención, Rehabilitación y Reintegración Social de Niños, Niñas, Adolecentes y Jóvenes en Situación de Calle, Tarija vio cobrar vida a uno de los proyectos de ley más importantes de los últimos años.  Una Ley concebida desde la ciudadanía, para la ciudadanía y creada por jóvenes de escasos 19 años en el momento de su redacción.

“Cada ley le cuesta a Tarija un millón de bolivianos, pero esta ley no le ha costado a Tarija eso, y además es una ley de calidad”, asegura Soruco, quien orientó al cuartero de estudiantes a lo largo del proceso.

Lejos de la pintoresca Ley de la Empanada Blanqueada, o del proyecto de ley del cancho a la cruz; en el interior de un aula universitaria, las adolecentes lograron dar respuesta a una de las problemáticas sociales que más creció en los últimos tiempo: los jóvenes en las calles. La Ley 333 es el primer puntapié para ahondar en un tema que toca las fibras más sensibles de las políticas públicas departamentales.

“Luego de una lluvia de ideas, nos dimos cuenta que los niños de la calle pertenecen a un sector ignorado y vulnerable al mismo tiempo”, dice tomando la palabra Jesica Antelo Vega, mientras explica que es una problemática que está normalizada en el imaginario social.

Ante el complejo panorama, el grupo de mujeres planteó la idea de reinsertar a la sociedad a los jóvenes a través de la proyección de una ley que propiciara las herramientas adecuadas para dicho fin.

“Estamos en una universidad católica, se nos infunden valores y nos apoyamos en eso para velar por los derechos de los demás”, acota Yilka Villegas.

“No importa qué cargo tenemos, podemos generar un cambio desde donde estamos”.

Alejandra Arancibia

Talleres, capacitaciones técnicas, acceso a salud y alimentación, fueron parte de las políticas planteadas en la ahora ley.

“Habían ciertas políticas al respecto, pero muy superficiales”, aclara María René Soruco. Mientras acota que “no solo se trata de darles albergue, hay que trabajar con las familias, capacitarlos y hacer una política integral”.

“Se necesita que haya una cooperación entre diferentes instituciones que tienen la obligación de llegar a este sector tan vulnerable”, dice tomando la palabra Julia Andrea Bladés Pinaya, la tercera de las cuatro alumnas impulsoras.

Para Pinaya, se debe lograr crear una red de trabaja interinstitucional para que la Ley funcione.

Aunque la ley ya se encuentra aprobada y publicada, las jóvenes están  a la espera de que la misma sea reglamentada para ser ejecutada. Esperan que en los próximos meses este paso sea concluido y que la gobernación la incluya en su Plan Operativo Anual.