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Tras diez años de la aprobación de la nueva CPE, Bolivia continúa sin ley anti monopolios

Hasta el año 2014, la Asamblea Legislativa Plurinacional debía aprobar las leyes necesarias para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado

En Bolivia se empezó a desarrollar un arduo trabajo de apoyo a startups o emprendimientos en los diferentes niveles de gobierno, las iniciativas, evidentemente,  fueron pensadas con el fin de potenciar pequeños negocios que en el mediano y largo plazo puedan sumarse a la matriz productiva, empresarial e industrial del país. Teniendo en cuenta que Bolivia es un país rezagado en materia industrial en comparación con los vecinos como Argentina o Brasil, con una fuerza industrial que genera millones de empleos, el plan resulta esperanzador para los bolivianos.

Sin embargo, la falta de fomentos a la industria nacional, sumado a los monopolios y vacíos legales, se transforman paradójicamente en una camino lleno de obstáculos para aquellos mismos emprendedores o empresarios que buscan ser impulsados o ayudados por las autoridades de turno.

El ejemplo de Quantum E3, el primer auto fabricado en Bolivia, es un claro ejemplo de aquello, pues las leyes bolivianas nunca contemplaron la posibilidad de que en el país se fabricaran vehículos.

A raíz de este vacío legal, los primeros compradores del auto no pudieron obtener sus placas de circulación hasta hace unos días, ya que les exigían el documento de importación para iniciar el trámite.

“La normativa nunca ha contemplado la posibilidad de que en Bolivia se pueda fabricar un auto, por eso se pide la póliza de importación. De la empresa –Quantum- me han acompañado sus ejecutivos, fuimos a Tránsito, al Ruat (Registro Único Automotor), para solicitar los documentos, hay predisposición y esperemos que esto se resuelva en los próximos días”, comentó el dueño del coche en entrevista con el diario Los Tiempos, de Cochabamba.

Quantum se erige así como la primera empresa nacional que rompe con el monopolio de los autos fabricados en el extranjero, generando empleos en el país y sentando el precedente para el desarrollo de la industria automotriz en el país.

Pese a esto, la ley anti monopolios continúa durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, perjudicando a decenas de empresas que, como Quantum, aspiran a la industrialización de lo orgullosamente boliviano.

El artículo 314 de la Constitución Política del Estado estipula lo siguiente: “Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios”.

Pero la disposición continúa sin reglamentarse desde 2009, pese a que  el plazo para que la Asamblea Legislativa trabaje en la reglamentación de la normativa, vencía el 2014.

De esta forma, las empresas nacionales quedan desamparadas a merced de la espalda financiera de grandes monopolios internacionales, que con prácticas anticompetitivas poco a poco comen la poca industria nacional, sin una estructura legal que permita que el mandato constitucional pueda ser aplicado sobre ellas.

La representante de los empresarios chuquisaqueños, María Teresa Dalenz, asegura que se da “mucho crédito” a las empresas extranjeras que llegan al país, por los trabajos que generan, pero no se tiene en cuenta que las utilidades generadas en Bolivia son llevadas al exterior sin posibilidad de que ese dinero se reinvierta en el territorio nacional.

Para María Teresa, no solo los industriales o emprendedores son afectados por empresas extranjeras, la situación se hace extensiva a otros rubros como el de las construcciones, pues  las principales obras del país están en manos de empresas chinas o españolas, quitando a las nacionales la posibilidad de crecer.

“Licitan internacionalmente todas las obras y no tiene ese efecto multiplicador en Bolivia”, acota.

Con  esta situación, sumado al incumplimiento del Decreto 29519, cuyo objeto es normar las conductas anticompetitivas, el sector empresarial cervecero creó en 2018 la Cámara Boliviana de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras.

Desde entonces, la cámara busca la aprobación de la ley anti monopolios, con el fin de que las empresas extranjeras que operan en el país se rijan bajo normas claras que regulen la competencia, sin destruir la industria nacional.

  • Denuncias por prácticas anticompetitivas

Los representantes de la cámara aseguran que si bien las denuncias por prácticas anticompetitivas más famosas en el país provienen del rubro cervecero, el peso de la espalda financiera de los monopolios afecta a otras industrias, como la farmacéutica, y también a los emprendedores.

En el país ya hay una serie de denuncias hechas ante la  Autoridad de Fiscalización de Empresas en torno a estas disputas.

El año 2011 la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), perteneciente a Quilmes de Argentina, fue multada por primera vez por prácticas que restringen la libre competencia tras una denuncia impuesta por la Cervecería Auténtica.

Unos años después, en 2014, 22 ejecutivos de la cervecera multinacional fueron suspendidos de sus cargos por 60 días por incurrir nuevamente en prácticas anticompetitivas.

En 2016 la empresa Cervecería Boliviana Nacional –CBN- fue multada con 11,2 millones de dólares, tras una demanda realizada por la firma Cervecería Amazónica, que la acusó de provocarle perjuicios económicos al comercializar su producto «por debajo del costo medio variable» en la región del noreste de Pando, principal mercado de esta marca pandina. 

En 2018 una nueva multa de 5 millones de dólares recayó sobre la CBN, pero esta vez por prácticas anticompetitivas contra la Cervecería Nacional Potosí. En esta ocasión, se sumó una multa de $us 1,3 millones, por haber incurrido en distorsión de información referente a los precios sugeridos para los puntos de venta de Potosí, Tarija y Sucre.

Este año una nueva demanda cae sobre una multinacional, pero esta vez se trata de la institución extranjera Pedidos Ya, que fe demandada por Patio Service, una empresa  que ofrece mediante una plataforma digital el servicio de envío a domicilio de comidas de restaurantes y snacks, además de productos de supermercados, farmacias o tiendas en general.

Según la acusación, “Pedidos Ya” promovería acuerdos de exclusividad con su plataforma basados en concesiones y ventajas anticompetitivas derivadas de su poder económico.

Para los empresarios nacionales, los monopolios de mercado generan este tipo de prácticas, especialmente cuando se trata de  multinacionales que tienen la solvencia económica para asfixiar a pequeñas empresas o emprendimientos que se gestan con escasos recursos en la región, por lo que la ley anti monopolios sería una dosis de oxígeno para la industria nacional.

Redacción Central
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