Tariquía: En nombre del desarrollo

“Ustedes no pueden prohibir el ingreso a un ente del Estado”, les decía un policía a los manifestantes de Chiquiaca Norte que bloqueaban el ingreso a la reserva de Tariquía “¡No, no, no!”, respondía una de la mujeres que agregaba entre gritos: “¡el derecho a la vida y al medioambiente están por encima de cualquier institución!”.

“No hubo negociación, solo entraron”, recuerda Rodrigo de aquel 21 de marzo de 2019. Los días previos al ingreso de los policías, los comunarios tuvieron constantes reuniones.

“¡No nos ataquen, estamos defendiendo el medio ambiente, es un derecho a la protesta!”, le respondía una comunaria de Chiquiaca Norte a un policía cuando los uniformados levantaron a la fuerza los puntos bloqueo.

Con el desarrollo como bandera, policías antimotines con sus toletes iban sacando a los protestantes, por detrás, la maquinaria pesada culminaba la tarea levantando los troncos puestos en medio del sinuoso camino de tierra.

Unos metros más atrás, como en el mejor autocine, se encontraban viendo en vivo las escenas de acción funcionarios estatales del Ministerio de Hidrocarburos, representantes de las empresas operadoras YPFB Chaco, Petrobras e invitados que iban a un acto en el tinglado de Tariquía.

El acto estaba previsto para las 10.00, pero los inesperados bloqueos estaban retrasando la fiesta.  Entre los vehículos que esperaban atrás, había una camioneta con garrafas y otros regalos que estaban preparados para la repartija entre los comunarios beneficiados, como una muestra de que “el desarrollo había llegado” a la región.

“Por culpa de los activistas políticos, porque ambientalistas no son,  el departamento de Tarija podría perder 2.877 millones de dólares por concepto de regalías, si no se desarrolla el proyecto en las áreas Astillero y San Telmo”, ya había advertido el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Fernández, por la oposición al ingreso de las petroleras a la reserva natural de Tariquía.

Solo en el área  San Telmo Norte,  que ocupa una parte de la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía,  se calcula un potencial de 1,08 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural, previendo  la generación de  5.181 millones de dólares de renta petrolera.

Para el Gobierno Nacional, la afectación es “mínima”, de 0.3%; ingresos que podrían ser invertidos en proyectos de desarrollo para Tarija en salud, educación, caminos, deporte, entre otros.

Ya no hubo la fiesta esperada, pero el acto fue realizado en el galpón con la presencia de comunarios que aprobaban la exploración petrolera, y un importante número de funcionarios de la Alcaldía como de la Subgobernación de Padcaya, quienes hacían retumbar la calamina con sus aplausos a los sendos discursos de las autoridades que llegaban con la maquinaria “del desarrollo”.

“Cuando tengamos resultados positivos de ese pozo exploratorio, podrán los de Chiquiaca Norte orgullosos decir que desde ese término, se va a beneficiar a la comunidad, al departamento y a todos los bolivianos”, declaró en su discurso el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga Arteaga.

Barriga acusó que las personas que se oponen,  no pertenecen a la zona y no consideran los beneficios que podrían tener con “mayores recursos”.

Sin embargo, Verdad con Tinta pudo verificar que este 2019 se dio un incremento del 14% en el padrón electoral en Chiquiaca, coincidentemente, de personas que sí están a favor del denominado “proceso de cambio”.

En la última elección, en las comunidades de Chiquiaca Centro, Pampa Redonda y Vallecito, el Movimiento Al Socialismo (MAS), se impuso con amplia mayoría. “Son sitios ocupados recientemente por colonos”, acusó Rodrigo Altamirano Garay de Chiquiaca Norte.

Un caso particular se dio precisamente en la comunidad de Saican en el área de la reserva. El propietario de las tierras que se encuentran en un monte frente a la escuelita de esa comunidad, era Omar Vaca,  quien decidió venderlas al recibir la propuesta que no parecía tener relación alguna con el tema petrolero, según cuenta Rodrigo Altamirano.

El comprador le había indicado que en estas tierras realizaría una plataforma que era para la producción de cítricos, “como lo hacen ustedes aquí con su quinta”, le había aclarado para la tranquilidad del vendedor.

Pero al poco tiempo,  el propietario se sorprendió por el ingreso de maquinaria pesada y la ejecución de un corte en el cerro,  que en una de las esquinas realizó una excavación para un reservorio de agua. El corte era en forma de L.

Ingenieros ambientales que hicieron una inspección a pedido de los comunarios, confirmaron que estos trabajos eran para la ejecución de un campamento petrolero.

El comprador nunca apareció en el lugar, sino que había un cuidador.

En el lugar había maquinaria pesada así como  una excavadora, volquetas y 100 pequeñas plantas de naranja “para el disimule”, acusan los comunarios.

Los pobladores formalizaron una denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación tarijeña, que al intervenir, comprobó que para dichos trabajos no había licencia alguna.

“Lo más peligroso es que ahí está la escuela, entonces si llueve, se puede bajar una mazamorra pasando a lo peor”, advirtió el joven activista de Chiquiaca Norte.

La comunidad de Saican sacó un voto resolutivo exigiendo el resarcimiento del daño, por el peligro que representa para los niños pasar clases en ese lugar. Por ahora, todo eso quedó en nada. Una vez más los intereses del Estado hacían una pulsada con los derechos de los lugareños.

La toma de decisiones de los habitantes del lugar también se vio afectada en nombre del desarrollo.

“Hubo una violación sistemática a sus derechos”, contó Zoraya Varas Catoira, coordinadora de Cáritas Bolivia, una de las mujeres que trabaja en la zona.

Cáritas Bolivia ingresó a Tariquía desde el año 2015 a pedido de las personas del lugar, para asesorarlos en proyectos de desarrollo productivo, pero al mismo tiempo, para mostrarles el peligro que conlleva una intervención petrolera en el área.

Inmediatamente, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), emitió notificaciones a este organismo dependiente de la Iglesia Católica por “infracciones ambientales”, exigiendo su salida de la zona.

“Vinieron los funcionarios del Sernap una tarde a prohibirnos el ingreso a Tariquía, violando nuestra libertad al libre tránsito, sinceramente nos tomó por sorpresa”, relata Zoraya junto al director ejecutivo de Cáritas Tarija, Willams Torrez Choque.

La tensión en las oficinas centrales de Cáritas en la zona de Fátima de la ciudad de Tarija, siguió creciendo tras la salida de los funcionarios estatales.

Con el pelo bien recogido, Zoraya toma un respiro antes de hacer una pequeña cronología de los sucesos en la reserva, mientras Willams toma un sorbo de un vaso de agua ante el incesante calor, no solo del clima, sino del tema.

“Nos amenazaron con sacarnos enmanillados de la reserva”, acota Zoraya sobre las advertencias de los funcionarios del Sernap.

Para la coordinadora de Cáritas, no solo les prohibían el libre tránsito, sino que coartaban el derecho a la información de los comunarios de Tariquía que estaban siendo capacitados sobre los peligros ambientales por la intervención petrolera.

El argumento del Sernap, es que en la reserva natural, la mano del hombre no puede transgredir al medio ambiente con la producción, pero curiosamente, permitió ampliar la frontera agrícola, además de cambiar las áreas de acceso permitido. 

El Sernap hizo una rezonificación en la reserva, para permitir la actividad petrolera en el núcleo del área protegida, que habría dejado de serlo desde el año 2014, según una resolución administrativa que recién fue conocida por las comunidades afectadas en el año 2018. Sobre este particular, la institución no quiso pronunciarse.

Para la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, Lourdes Vaca Vidaurre, el problema radica en la extrema pobreza en la que viven los habitantes de la reserva como de las zonas circundantes, lo que los hace “bastante vulnerables”.

Esta situación, para los coordinadores de Cáritas, se comprueba solo con mirar  la unidad educativa de Tariquía. “El techo está cubierto por una tela, arriba hay un nido de murciélagos”.

Cuando los estudiantes llegan por la mañana,  se encuentran con excremento de murciélagos en las bancas. “Ellos tienen derecho a una educación digna, a que la Alcaldía les dé todas las condiciones”.

Acusó que la Alcaldía de Padcaya, ante la negativa de los comunarios por los trabajos de exploración, estaría negando este tipo de atenciones, además de favorecer a subcentrales paralelas con la promesa de la construcción de viviendas.

“Esto es por una realidad económica que nos toca vivir a las instituciones”, argumentó el alcalde de Padcaya, Roger Farfán Quiroga, al negar presiones o amenazas que podrían ser utilizadas para coartar la libertad de expresión de los lugareños.

Admitió que estuvo a favor de la exploración petrolera con el fin de conocer el potencial de la zona.  “¿A quien no le gusta saber qué tiene?”, respondió con una pregunta en un breve contacto telefónico.

Negó algún tipo de diferenciación entre los que apoyan -o no- la exploración con el fin de generar divisionismo al interior de las organizaciones comunales. “Hay estudios para la construcción de viviendas sin importar si la gente está a favor o en contra”, aseguró.

 “Tariquía está muy atrás en su desarrollo, se avanzó mucho pero falta”, admitió al indicar que el problema radica en lo económico, agregando que está gestionando recursos con el Gobierno Nacional para consolidar los proyectos.

Las presiones no solo vienen del oficialismo, también hay fuertes pugnas en otras esferas políticas regionales, ante la posición mediática que tomó la problemática.

“Aparecen otros actores que tratan de llevar para su beneficio la lucha de los compañeros de Tariquía con el fin de hacer un show mediático, tratando de incidir en su toma de decisiones”, apuntan desde Cáritas.

Según estas declaraciones, aparecieron actores afines a la Gobernación, la Alcaldía tarijeña y partidos políticos, intentando incidir en las determinaciones de los comunarios como de sus organizaciones, situación que se hizo más notoria en el cabildo, al concluir una larga marcha de seis días en defensa de sus derechos.

En ese momento, otras instancias también pondrían su parte. “Jugó un papel corto, pero importante el Tribunal Electoral Departamental, que ‘machaconamente’ intentó desanimar a la gente de hacer su cabildo, con el argumento de que no iba a ser válido”, dice Gonzalo Torres Terzo, uno de los activistas ambientales que participó de la marcha.

El montaje de un escenario, la amplificación y otros elementos para la realización del cabildo en la plaza principal de la ciudad de Tarija, no cayó bien a todos los comunarios que acusaban una incidencia política que podía manchar la causa principal, que era la defensa de la vida y de su derecho a decidir sobre su futuro.

“¡Ningún político agarra el micrófono, sino nos vamos!”, advirtió una comunaria.

En contraste, Rodrigo Altamirano cree que la participación institucional en Tarija y la visualización de esta problemática era positiva. “El tarijeño debía darse cuenta que la causa de Tariquía no solo era de los habitantes de la zona, sino de todo el departamento”.

Tanto Altamirano como Torres, cuestionaron el accionar de Cáritas que, a su juicio, incidió en los comunarios para “dividir” la marcha.

“Incluso nos tacharon de masistas, pero mantuvimos la postura, porque no queríamos intromisión de externos, sino que su pedido sea auténtico en defensa de sus derechos que fueron pisoteados”, respondió el director de Cáritas Tarija, tras escuchar la conversación.

La división era un hecho.

La consolidación del engaño

“Eso fue con pura trampa”, recuerda Lilian Estrada sobre aquel episodio que marca un antes y un después en la historia de las comunidades de Tariquía como del cantón Chiquiaca.

Ocho comunidades conforman el cantón de Chiquiaca, de ellas, solo dos fueron consultadas para obtener la licencia ambiental de los contratos petroleros en San Telmo, y en Astillero, una.

“Hemos cumplido con todos los requerimientos”, asegura el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz Castro, en una fría oficina de la ciudad de los anillos, Santa Cruz, cuyo clima lo mide con el control del aire acondicionado.

Paz Castro, recalca que la oposición en Tariquía, a cientos de kilómetros de donde él se encuentra, se debe más a un factor político partidario que a una causa ambiental o de derechos humanos, tomando en cuenta los beneficios económicos de la explotación de hidrocarburos en pro de su desarrollo.

El empresario indica que la licencia ambiental cuenta con la aprobación de los habitantes directamente afectados, negando que la consulta deba hacerse a todas las comunidades.

“Lo único que le quiero decir, es que se hicieron  las consultas públicas, se han cumplido con todos los pasos, eso lo saben todos”, respondió al indicar que estos trabajos son efectuados con la población de influencia directa, en aquellas comunidades que están próximas a los campos de exploración, como El Cajón.

Lilian Estrada no está entre las firmantes de la consulta pública, porque ese día no llevaba su carnet, cuando asegura que los comunarios fueron “engañados”.

“Nos invitaron a un taller de socialización sobre los trabajos que pretendían realizar, donde participaría el mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez”, recordó.

En esa oportunidad, al concluir el taller hubo un almuerzo. Al recibir su plato de comida, cada participante debía colocar su nombre y firmar. “Nos dijeron que era una constancia porque debían rendir cuentas de los gastos”.

Pero esas firmas, según la denuncia de los lugareños, habrían sido utilizadas para obtener la licencia ambiental. “El documento es bastante irregular, hay firmas de niños, otras sin la aclaración del nombre”, constata el abogado de la plataforma Unidos por Tariquía, Javier Conzelmann Castellanos.

No fue el único “taller de socialización” efectuado en la zona. En una de estas charlas participaron docentes en ingeniería ambiental y petrolera de la Universidad  de Aquino de Bolivia (Udabol),  quienes indicaron de que el impacto sería “mínimo” por las técnicas que se utilizarían.

Casualmente, la Udabol fue la universidad que nombró “doctor honoris causa” al vicepresidente, Álvaro García Linera.

También hubo entregas de garrafas y regalos para los niños en contantes visitas de autoridades oficialistas a la zona.

Pero la irregularidad más grande se dio antes, con la ejecución de trabajos desde el 2015 sin consulta alguna a los habitantes.

“El Gobierno Nacional ha comprometido la fe del Estado. Ha vendido el negocio a las petroleras y después vino el consentimiento”, reveló finalmente la asambleísta Vaca.