Por: María René Soruco Campero, Abogada Constitucionalista
El domingo 10 de noviembre, los bolivianos éramos testigos de un momento histórico: Evo Morales Ayma renunciaba al cargo de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, sentimientos diversos a flor de piel, incrédulos muchos tenían aún su reserva para levantar en alto los corazones por la lucha en defensa de la democracia y la libertad.
Las horas que siguieron aumentó la tensión a todo lo vivido desde el 20 de octubre, pues en fecha 12 de noviembre, Jeanina Añez, en medio de un aparente estado de emoción, asumía el reto de ejercer la Presidencia conforme al mandato constitucional.
Inmediatamente el Tribunal Constitucional Plurinacional emitía un Comunicado al pueblo boliviano, sellando el visto bueno de constitucionalidad en la sucesión y asunción de la Presidencia.
Salta a la vista que aquél comunicado significa y transmite una carta abierta de perdón de parte del Tribunal Constitucional al pueblo boliviano, leerlo entre líneas y en el contexto actual se hace necesario. Por mandato constitucional (art 196,I), el Tribunal Constitucional tiene 3 roles o fines: “velar por la supremacía constitucional, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.
El camino recorrido hasta el día de hoy, obedece a una serie de sucesos,, la historia se la construye en cada caminar, los ciclos y la olla de presión que se asentaban sobre el gobierno de Morales llegó a un límite y revolución democrática cobró vida.
Mucho de lo vivido pudo haber sido evitado, me resisto a seguir viviendo en épocas en las que las muertes sean los saldos de los conflictos; ese rol pacificador previsor, de ponderación, de coadyuvar a impedir conflictos y ejercer una justicia real pasó por las manos de los magistrados del Tribunal Constitucional, pero que lamentablemente sólo echaron más gasolina al fuego.
Fue vergonzoso leer y releer la Sentencia Constitucional Nº 0084/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, cuando hace dos años atrás; a través de 81 hojas el “máximo intérprete de la Constitución y garante de los derechos humanos” , rompía con toda lógica constitucional mínima, optando por una interpretación forzada, sesgada y partidaria de la misma, teniendo por efecto la modificación de la Constitución vía interpretación -lejísimos de su rol y marco legal-; ponderando el derecho de Evo Morales como supremo e inalcanzable por encima de la voluntad expresada un 21 de febrero vía referéndum. Esto significó el quiebre a la democracia, el Estado de Derecho, la supremacía constitucional, la interpretación antojadiza y distorsionada del principio de convencionalidad y cualquier lógica racional de justicia y sentido común.
Dicen que “nunca es tarde para hacer lo correcto”, el pasado 12 de octubre los magistrados del Tribunal Constitucional optaron por aquel camino, pidiendo perdón a través de un Comunicado por el polémico fallo que luego serviría como “comodín” a Morales para habilitarse a las elecciones.
También es cierto que la justicia que llega tarde, ya no puede denominarse ni sentirse como tal, el saldo y los efectos colaterales y directos retumbarán por mucho tiempo en los corazones de los bolivianos.
La justicia no puede ser moldeada como arcilla de acuerdo a intereses oscuros, el Tribunal Constitucional aún tiene deudas que pagar, ha sido esta misma instancia que emitió polémicos fallos en contra de los intereses colectivos como es el caso del TIPNIS, sentencias constitucionales que pisotearon el derecho a la consulta previa, generando mas dudas que certezas.
Es urgente sanear el sistema judicial boliviano, para recuperar la confianza en la justicia y apremia educarnos en valores para que desde el rol que nos toque en la sociedad actuemos conforme a la verdad y el bien común.
