En sus páginas Beatriz Ofelia Michel Rico hace una propuesta de contra demanda ante el conflicto jurídico que atraviesan Bolivia y Chile sobre el derecho a uso y aprovechamiento de las aguas del Silala.
Años de investigación y más de tres de redacción del libro, la autora expone argumentos técnicos y jurídicos demostrando que se trata de un manantial-y no de un río internacional, o curso continuo de agua, como expone el gobierno chileno- y que se encuentra en territorio boliviano, por lo que Bolivia tiene el derecho propietario.
“Es una propuesta de contrademanda en vista de que el año 2016 Chile, que nos roba el agua de la frontera, nos demanda en la Corte Internacional de Justicia-CIJ-”, explica la autora, quien desde hace 15 años se dedica a la investigación del conflicto marítimo y del Silala entre ambos países.
Michel elaboró una contrademanda para presentar ante la CIJ, tras la petición realizada por Chile. La misma fue presentada al Gobierno de Evo Morales Ayma en abril de 2018 para que pudiera ser utilizada como respuesta oficial, con todos los argumentos históricos, técnico-científicos y jurídicos ante el organismo internacional.
Sin embargo, Michel asegura que la presentación de Bolivia fue el mismo documento de contramemoria que pensaban entregar desde un inicio, pero cambiando el título a contrademanda. “Eso es traición a la patria”, repite varias veces a lo largo de la entrevista la autora.
“Cuando yo dije que si el gobierno no contrademandaba era traición a la patria, el Gobierno de Morales contrademandó, pero solo le cambió el título. No cambió el contenido”.
La experta explica que la empresa de ferrocarriles Bolivian Railway habría pedido permiso para el uso de las aguas del Silala a Chile, la cual otorga el permiso e ilegalmente comercia con los fluidos del manantial boliviano, al margen de desviar su curso para abastecer a los pueblos de la zona hasta llegar a la región de Antofagasta.
Curiosamente, dos años después de haber solicitado el permiso a Chile, la ferroviaria habría pedido el permiso a Bolivia, reconociendo que las aguas son de soberanía boliviana.
“Las locomotoras necesitaban medio litro por segundo, pero se les daba 600 litros por segundo. Toda el agua que sobraba, fue negociada en territorio chileno para venderla en las comunidades ”, explica Ofelia.
Para tener acceso a las aguas del Silala, según el libro de Michel, Chile tuvo que perforar los acuíferos del manantial en territorio boliviano y construir canales para desviar el curso hacia territorio chileno.
“No son pendientes ni cursos naturales, como el gobierno chileno quiere hacer ver, son construcciones artificiales”, asegura, explicando que estudios técnico-científicos determinaron que los bolsones del Silala son cerrados, por lo que no podrían haber corrientes de agua superficial de forma natural. “Tampoco corren por gravedad, eso es mentira”, acota.
La recarga de estos bolsones, de acuerdo a los estudios que componen la investigación, se daría por infiltración en el altiplano boliviano, lo que descarta la posibilidad de que se tratase de un río.
La Universidad Tomás Frías también habría presentado al Gobierno Nacional un estudio que trabajó durante más de una década sobre el tema, para que este lo pudiera presentar ante la CIJ, pero las autoridades lo descartaron. En su lugar, utilizaron otro trabajado en Dinamarca en un par de años.
De cara a la presentación de los alegatos orales de Bolivia en enero en la Corte Internacional de Justicia, Michel cuenta que le escribió una carta a la presidente Jeannine Añez Chávez, pidiendo que no sea el equipo de trabajo que fracasó ante La Haya, el mismo que represente al país en este caso.
“Le escribí una carta diciendo que se tiene que retomar el tema, pero con otros interventores tanto en La Haya como aquí, en la dirección del Silala”, expresa la autora, quien espera que se pueda corregir el sentido de la contrademanda para favorecer los intereses de los bolivianos.