Exfiscal revela que el 2010 hubo una orden “superior” para detener a Cossío

Dentro de un cuarto frígido y oscuro con el sueño secuestrado, así recuerda Ramiro Ugarte Calisaya, aquella primera noche de enero de 2011 en el penal de Morros Blancos, cuando pensaba cómo había llegado a este extremo; afuera, un grupo de internos intentaba prender fuego a la celda usando gasolina.

Solo un año atrás, él presentaba su renuncia  al cargo de fiscal de distrito, la máxima autoridad del Ministerio Público en el departamento de Tarija.

Ugarte fue designado fiscal de distrito el 25 de enero del año 2005 por la Cámara de Diputados, como ocurrió con los de otros departamentos. Su gestión  vencía oficialmente el 25 de enero de 2010.

En el tramo final de esta gestión, surgió una propuesta que marcaría su vida, según revela.

El exfiscal recuerda que de septiembre de 2009 a enero de 2010, recibió fuerte presión para dar celeridad a una de las investigaciones en contra del entonces candidato a gobernador, Mario Cossío Cortez.

Cossío en ese entonces era el principal rival del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que postulaba a Carlos Cabrera Iñiguez en la elección departamental. El control de la Gobernación que más dinero administraría en el país era “vital”.

El caso al que se refería el exfiscal es  Imbolsur, aquel que tenía mayor avance de los procesos iniciados en contra del opositor.

Casos como Imbolsur, de las presas El Molino o Huacata, tenían diferentes denunciantes en contra de un mismo objetivo, Mario Cossío. Estos proyectos eran de su última gestión de prefecto entre 2006 y 2009.

“Obviamente la presión venía de que tenía que apurarse el trámite correspondiente, pero además conseguir un resultado positivo para el Ministerio Público”, revela Ugarte. En otras palabras, el proceso debía terminar con una detención.

Una detención preventiva dejaba el camino allanado para el MAS en la elección departamental, algo que finalmente no ocurrió, pues la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC), que postulaba a Cossío se impuso en abril de 2010 de forma apretada en las urnas.

Los procesos penales continuaron su camino regular, pero más allá de las elecciones, la gestión de Cossío ya tenía sentencia de muerte.

Ramiro Ugarte recuerda que en la primera quincena de enero de 2010 recibió una llamada, cuya respuesta podría marcarlo.

“Recibo una llamada de un alto funcionario de la Fiscalía General de la República y se me indica que iba a ser el único ratificado de los fiscales distritales de todo el país, pero lógicamente, todo esto era a cambio de la cabeza de don Mario Cossío”, cuenta a Verdad con Tinta.

Ramiro Ugarte saca un cúmulo de documentos, entre los que se encuentran denuncias, parte de sus procesos, resoluciones y recortes de periódicos entre otros.

Se pone los lentes, y con un semblante bastante diferente al que tenía el 2009, se presta a contar su historia, su versión de los hechos que fueron contados a lo largo de estos años por sus juzgadores o por quienes lo denunciaron.

Mucho más flaco y con algunas señas en la piel que le dejaron de por vida en la cárcel de Morros Blancos, Ramiro Ugarte tiene en este momento libertad condicional con arraigo nacional, después de ser sentenciado el 2016 a cinco años de prisión por los delitos de concusión y uso indebido de influencias.

Por buen comportamiento, logró salir de prisión con libertad condicional, aunque debe firmar cada semana en las oficinas del Tribunal Departamental de Justicia.

En la mesa lo acompaña su esposa, quien hasta ahora también estuvo con la voz “embargada” por orden del propio Ugarte. “Prohibí a toda mi familia de que no comente nada del particular”, cuenta.

Esta orden se debió al inicio de procesos penales en contra de sus hijos, como de su misma esposa.

El detonante que lo llevó a esta determinación fue el proceso penal en contra de sus familiares.  “Yo estaba cuando a mis hijos los llevan a medidas cautelares pidiendo su detención preventiva”, recuerda aquel momento.

“Ahí prácticamente me quiebran del todo, por eso decidí no denunciar más, mantenerme en silencio hasta hoy”.  Ese duro episodio para el exfiscal ocurrió el 2013, desde aquel entonces se mantuvo callado con sus familiares sobre lo que les pasaba, como de aquello que sabía.

Sus hijos fueron procesados por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en grado de complicidad, saliendo finalmente impunes.

¿Qué había entre el silencio?

“Una red de extorsión”. Así describe el exfiscal de distrito de Tarija a un grupo de funcionarios del Ministerio Público que le pedían dinero a cambio de su libertad.

Antes de que le impongan la detención preventiva, indica que había recibido llamadas a su teléfono fijo, donde le decían que debía pagar tal cantidad de dinero “o me iban a mandar al penal de Morros Blancos”.

Las llamadas telefónicas eran realizadas a nombre de los fiscales que estaban a cargo de sus casos. Revela que las sumas que le pedían eran de 30 mil y 50 mil dólares. “Obviamente que también involucraba el tema de los jueces”, acusa.

Para Ramiro Ugarte, el caso Cossío o el suyo es prácticamente “calcado” a los procesos que en ese entonces fueron iniciados en contra del expresidente cívico de Santa Cruz, Branko Marinković Jovićevic, quien se refugió en Brasil por 10 años,  del excívico cruceño Zvonko Matković Ribera, que estuvo preso por 8 años en el penal de Palmasola por el caso “Terrorismo”, y del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, este último apresado por un año y medio a causa de una acusación por blanqueo de dinero, pese a que no pesaban cargos en su contra, posteriormente logró huir a Estados Unidos el año 2013.

“Son las acciones absolutamente calcadas”, recalca al hacer un repaso uno por uno a estos casos, desglosando los  documentos que están esparcidos en la mesa del comedor de su domicilio.

En síntesis, refiere que no solo fue el exfiscal Marcelo Sosa Álvarez, quien lideraba una presunta red de extorsión en el eje central del país, sino que en diferentes regiones se extendían redes de fiscales que se dedicaban a presionar a los imputados para sonsacarles dinero, como el caso de Tarija.

Sosa tiene una sentencia vigente de 12 años de presidio por los delitos de concusión y uso indebido de influencias, pena que no está cumpliendo al encontrarse asilado en Brasil.

En el caso de Tarija, el mismo Ugarte inició un proceso penal en contra del exfiscal Wilfredo Urbano, además  denunció por una serie de irregularidades a Iván Montellano, este último dependiente de la Fiscalía General. También menciona a la fiscal Carla Oller Molina, que estuvo a cargo de uno de estos casos,  que finalmente no tuvo resultados.

Carla Oller este 2020 asumió como fiscal departamental de Tarija.

Estas actuaciones se dieron especialmente durante la gestión del fiscal general Mario Uribe Melendres, quien ingresó de forma interina al cargo el año 2006 tras la salida de Pedro Gareca Perales.

Uribe fue ratificado el año 2010 por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, para seguir en ese cargo hasta el 2012.

En el 2018, Uribe volvió a postularse para ocupar el cargo de fiscal general, pero la Asamblea Plurinacional eligió a Juan Lanchipa Ponce, un extribuno designado  por Evo Morales Ayma.

Intento de asesinato

Ugarte asegura que el no acceder a la extorsión de los fiscales le costó finalmente la detención, pero no solo eso, sino que hubo un intento de asesinato al interior de este centro penitenciario.

Con lujo de detalles, recuerda el momento en que fue trasladado por primera vez a Morros Blancos.

Eran entre las diez y las once de la noche de un día de enero.  “Cabalmente me trasladan con el doctor Armando Lema a una celda de castigo que se llamaba ‘El 7’, en un lugar altamente peligroso en el penal de Morros Blancos”.

Pero en “El 7” no se duerme. Tanto él, como el exfiscal Armando Lema se percataron que un grupo de internos desde el exterior lanzó gasolina al lugar con el fin de incendiarlo con ellos adentro. Ambos lograron alertar a tiempo a los guardias.

Antes de que termine de salir el sol, los policías fueron a recogerlo para trasladarlo a la Gobernación del penal. Pero había un detalle que él no sabía, que toda la población carcelaria había sido sacada al patio principal.

La noticia de que el exfiscal de distrito estaba al interior del penal había generado un fuerte movimiento entre los internos, y no faltaba una sed de venganza. El trayecto de su celda a la Gobernación del penal se hizo interminable.

“Ya se imaginará usted todo lo que trataron de hacerme, me tiraban orines, me llegaban piedras, hubo intentos de acuchillarme con arma blanca, hasta hoy no me explico cómo es de que sigo vivo”, cuenta todavía sorprendido y hasta un poco espantado por lo que vio en ese primer día.

“Cuando logro pasar la malla que divide la Gobernación con el resto de la población penal, tuvieron –los internos- casi a punto de tirarla abajo”, acota.

8 fueron los policías que lo escoltaron a él y su colega frente a más de 400 internos que se les abalanzaron.

Explica que cuando existen intentos de motines, llega hasta el penal personal especializado de la Policía, pero en este caso específico, “no hicieron nada”.

Él está seguro de que el fin era asesinarlo ¿Por qué y quién?

“Hay un cúmulo de cosas que se encuentran mezcladas, que en este momento no podría decir quién”.

Ese cúmulo tendría que ver con la supuesta extorsión de los fiscales, el tema político por la información que tenía del caso Cossío y el proceso por la Cooperativa de Servicios de Telecomunicaciones de Tarija (Cosett), por el que finalmente está cumpliendo una sentencia.

Caso Imbolsur

“Se trataba de ejecutar una boleta de garantía, la máxima autoridad había cumplido y faltaba una notificación”, dice Ugarte sobre el análisis que hizo con los fiscales a cargo del caso antes de dejar el Ministerio Público.

Imbolsur era una empresa contratada para la provisión de cemento asfáltico por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), dependiente de la Gobernación tarijeña para el asfaltado del tramo Puerta El Chaco-Canaletas.

La empresa debía proveer de 2.990 toneladas de cemento para dicha obra, pero hubo una interrupción en la segunda entrega, comunicando la intención de resolución del contrato.

La Gobernación en ese entonces mandó a ejecutar la póliza de garantía, pero la empresa asegurado no cumplió con los pagos. En medio de una serie de recursos administrativos con Imbolsur, la póliza se terminó por vencer, sin poder recuperar los recursos invertidos.

“Recibo una llamada de un alto funcionario de la Fiscalía General y se me indica que iba a ser el único ratificado, pero lógicamente, todo esto era a cambio de la cabeza de don Mario Cossío”.

La defensa de Cossío argumentaba que el gobernador había cumplido con “todos” los procedimientos legales al solicitar la ejecución de la póliza y que la responsabilidad de que la misma no sea ejecutada, era de la unidad ejecutora, en este caso el Sedeca.

En el juicio por este caso que culminó en 2016, Mario Cossío fue absuelto de culpa. Sin embargo, el proceso continúa por la apelación presentada, tanto por el Ministerio Público como por la misma Gobernación.

Ugarte recuerda que de los dos fiscales a cargo, uno de ellos, Jorge Montero,  decía que el proceso no tenía “ni pies ni cabeza”, con quien prácticamente concordaba, pero no pensaba lo mismo Gilbert Muñoz Ortiz, quien sí identificaba responsabilidades del exprefecto, al existir un daño al Estado de Bs 1.3 millones.

Muñoz continuó en la Fiscalía, mientras que Montero quedó a un lado, siendo posteriormente procesado por el Ministerio Público en la gestión del fiscal departamental Rodrigo Antelo Castillo, quien sucedió en el cargo a Ugarte.

Mario Cossío fue imputado en noviembre de 2010, y con la vigencia a mediados de ese año de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), fue removido del cargo.

Esta ley en uno de sus artículos indicaba que con solo una imputación, una autoridad ejecutiva podía ser removida parcialmente de su cargo, hasta que esta resuelva su situación jurídica.

Al tener la imputación, la Asamblea Departamental de mayoría del MAS, destituyó en diciembre de ese año del cargo a Cossío y designó interinamente como gobernador, al entonces asambleísta de Yunchará, Lino Condori Aramayo, quien permaneció hasta el 2015 en el ejecutivo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), declaró en el año 2013 “inconstitucionales” a cuatro artículos de la Ley Marco, entre ellos el que había usado la Asamblea para destituir al entonces gobernador electo.

Cossío que ya tenía una orden de aprehensión, logró salir del país y finalmente obtuvo el refugio en Paraguay, donde permaneció hasta el 2019.

Muñoz, las designaciones e Imbolsur

“Debe quedar claro que las asignaciones de los casos las realizó el fiscal de distrito, de ahí en más había plazos por cumplir”, aclara Gilbert Muñoz Ortiz, quien estuviese a cargo del proceso de Imbolsur que derivó en la salida del gobernador de Tarija en el año 2010.

Casi diez años después de aquella imputación que hizo en contra del entonces gobernador, Muñoz recibe al equipo de Verdad con Tinta lejos de los pasillos del Ministerio Público, instancia donde prácticamente hizo parte de su carrera hasta febrero de 2019.

Si bien mantiene las formalidades, esta vez se lo ve más distendido, hasta en la forma de vestir, sin tener que estar a diario de traje y corbata.

“Muñoz y Asociados” es el nombre del estudio jurídico que encabeza el exfiscal departamental, mismo que se encuentra en el barrio San Roque, donde ahora pasa a tomar el rol de defensor.

Sobre las revelaciones de Ramiro Ugarte, en cuanto al ofrecimiento que tuvo desde la Fiscalía General para ser ratificado en el cargo, Muñoz dice que es prácticamente “imposible” que hubiese ocurrido este episodio, por el simple sistema de designaciones que estaba vigente en ese entonces.

“Era por un periodo en el que no podía haber una reelección, no era atribución del entonces fiscal de la República nombrar a los distritales, era una facultad de la Cámara de Diputados”,  aclara.

La Ley Orgánica del Ministerio Público del año 2001 estuvo en vigencia hasta el 2012, esta indicaba que el fiscal general era elegido por la Asamblea Nacional en sus dos cámaras, mientras que los distritales eran designados por la Cámara de Diputados.

En el año 2012 fue promulgada la Ley 260 del Ministerio Público que mantenía el sistema de designación del fiscal general por medio de Asamblea Plurinacional, pero los departamentales eran ya designados directamente por la máxima autoridad de esta institución.

Ugarte refiere que si bien los fiscales distritales en ese entonces debían ser elegidos por la Cámara de Diputados, esa situación no ocurrió, e incluso Uribe fue ratificado interinamente hasta el año 2012, quien finalmente haría las siguientes designaciones.

Muñoz al ser consultado si tuvo algún tipo de presión por los procesos en contra de Mario Cossío, saca un ejemplar de la Ley 004 de lucha contra la corrupción, que entró en vigencia en marzo de 2010.

“Esta ley establece el control de las entidades que forman parte del sistema”, responde escuetamente para posteriormente leer íntegro un artículo en el que cita a las instituciones que son parte del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

La lectura la realiza para tomar en cuenta que instituciones como el entonces Ministerio de Transparencia (hoy viceministerio), el Ministerio de Gobierno, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF),debían hacer seguimiento a los procesos por corrupción, por ende, ejercer presión sobre el cumplimiento de los procedimientos, especialmente en los tiempos.

“A qué quiero llegar, que ellos de acuerdo a los mandatos de la Constitución, tenían la obligación de hacer seguimiento y fiscalización al trabajo del Ministerio Público, eso no puede ser tomado como una presión, es simplemente el cumplimiento de las leyes”, argumenta.

 ¿No había una orden expresa por los casos de Cossío? Es la pregunta que sigue ante la respuesta del exfiscal.

“La única persona que podía da órdenes a un fiscal de materia, era el de distrito o el departamental en su momento, o el fiscal general del Estado. El Ministerio Público es una institución que se basa en el principio de jerarquía”, responde.

Replicó que los fiscales de materia solo pueden obedecer órdenes de sus autoridades superiores.

Entonces surge una nueva interrogante ¿No hubo orden expresa de ellos?

“Los archivos de la Fiscalía están ahí. Si hubo una instrucción, según la Ley del Ministerio Público, estas órdenes deben ser por escrito en base a las formas”, indica.

Según esta respuesta, de haber existido alguna orden expresa de mandar a detener a alguien, la misma debería estar en los archivos del Ministerio Público.

Al insistir sobre el tema agregó: “instrucciones específicas para que se haga algo en este caso…no. Instrucciones generales en las que se deben acelerar los procesos de investigación sí”.

Muñoz mantiene la postura de que hubo responsabilidad penal en el caso Imbolsur, al tener un daño al Estado. Si bien hay una sentencia que absuelve a Cossío de pena, recordó que de los tres magistrados, uno de ellos falló en contra.

También recordó que el Ministerio Público y la actual administración de la Gobernación tarijeña apelaron esta sentencia, lo que afirma su postura. “Todavía no ha concluido”.

Cossío y su retorno

Cuando cruzaba la frontera boliviana después de estar nueve años en suelo paraguayo, Mario Cossío, afirma que todos los procesos en su contra fueron de carácter político, pero sin sustento jurídico.

Cree que estos procesos van a terminar por cerrarse “solos”, al no tener más argumentos legales, aunque esta vez dice que estará presente en las  citaciones que le hagan desde el Tribunal Departamental de Justicia.

“Son absolutamente secundarios, son recuerdos de la dictadura”, cierra con esta frase el exgobernador, cuando ingresaba casi taciturno al territorio boliviano en una fresca noche veraniega de diciembre.

El presente

Ramiro Ugarte tiene la presión arterial alta, tuvo una pérdida de visión considerable, un inicio de embolia, manifestándose con parálisis facial de la que sigue recuperándose lentamente, situaciones de salud que se dieron conjuntamente con los diferentes procesos penales.

Un poco más tranquilo, tiene libertad condicional, debiendo ir a firmar un libro cada semana al Tribunal Departamental de Justicia. Su pena cumple en 2021.

El exfiscal fue sentenciado en 2016 por los delitos de concusión y uso indebido de influencias, por una extorsión al expresidente de Cosett, Carlos Martínez Paz, a quien según la acusación, habría mandado a pedir 500 000 dólares para que no sea enjuiciado por una múltiple estafa a los socios que era investigada por la Fiscalía.

Ramiro asegura su inocencia, recuerda que en las grabaciones que lo implican en este caso, no aparece su voz, simplemente la de un “examigo” que lo menciona para chantajear al expresidente de Cosett. “Trató de extorsionarlo usando mi nombre”.

Alguna vez apareció ante los medios de comunicación como un “prófugo de la justicia” que fue reencarcelado tras sendos operativos de  la policía, pero él junto a sus familiares califican esa situación como “rara”, pues esa vez gozaba de libertad y todavía no había recibido la notificación de que la sentencia empezaba a ejecutarse.

Un tiempo después, logró salir nuevamente de la cárcel con libertad condicional.   

Lo más extraño de este caso, como de todo lo contado, es que el acta de registro de este juicio, desapareció. Una irregularidad más en un sistema judicial boliviano cuestionado.