La condonación porcentual de alquileres, las garantías constitucionales y el estado de excepción

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 28 de abril en grande y en detalle el proyecto de ley N 636 de condonación de pago de alquileres, propuesto por los diputados Amilcar Barral Cabero, Víctor Borda Belzu  y Lidia Patty Mullisaca.

La norma ahora debe pasar a la Cámara de Senadores, donde también deberá ser aprobada, y finalmente al Ejecutivo, para ser promulgada.

En medio de su tratamiento, el proyecto de ley ha despertado un debate interno en el mundo de los constitucionalistas, respecto  si la norma va en contra de las garantías constitucionales y, en su defecto, si la misma es pertinente dentro  del estado de excepción.

“Cualquier medida que se vaya a tomar o asumir por el Gobierno en esta situación de cuarentena, tiende a limitar y vulnerar varios derechos”, explica el abogado constitucionalista Javier Conzelmann Castellanos, haciendo énfasis en que la propia cuarentena limita el derecho a la locomoción y al trabajo.

“Sin embargo, esa limitación a los derechos tiene un fin mayor, que es evitar que nos contagiemos o que el virus se propague más rápido”, agrega.

Según el abogado, en estados de excepción como el que se vive mundialmente a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus, siempre hay vulneración a los derechos por medidas que se toman por un fin mayor.

La libertad contractual, la buena fe de los contratantes y la seguridad jurídica, serían derechos constitucionales que entrarían en juego en este caso, si se  aprueba la ley. 

“Ahora, ¿es por un bien mayor?”, cuestiona el abogado Javier Conzelmann.“Pareciera que sí”, se responde en un monólogo explicativo, “porque la gente no está produciendo, y eso  hace que tenga que haber medidas económicas que vayan a solucionar la vida de esta gente que no puede trabajar”.

El jurisconsulto aclara que en condiciones normales, iría en contra de varios artículos de la constitución, pero dentro de un estado de excepción, probablemente sea válida.

En el ámbito político, la normativa también tiene interrogantes. “Es una renta que surge de un contrato entre privados y mucha gente vive de ella”, cuestiona el líder de Unidad Nacional (UN)y empresario , Samuel Doria Medina en su cuenta oficial de Twitter.

Para Doria Medina, esta normativa empeorará la situación de miles de familias bolivianas  en esta época de crisis por la cuarentena. Su punto de vista fue respaldado por cientos de usuarios en cuestión de pocas horas en la red social del pajarito, y también fue compartida en grupos de WhatsApp.

De esta forma, el debate también llegó al escenario de las redes sociales, donde quienes están pagando alquileres de vivienda o comercial, aplauden el proyecto, mientras que los arrendadores critican la medida, ya que en muchos casos, el alquiler es su única fuente de ingresos y la norma atentaría contra su seguridad económica.

¿Cómo se controla su cumplimiento?

 En caso de ser aprobada, la segunda interrogante que entra en juego está relacionada a su operatividad.

El artículo 2 de la normativa dice  que se condonará el 50% para propiedades que son usadas como vivienda, mientras que el artículo 5, donde se refiere a «otros beneficiarios», expresa que la norma “podrá” extenderse a locales comerciales, previo acuerdo con el propietario.

“Ese ‘podrá’ ya no es imperativo, sino que lo dejan a la voluntad de las partes”, resalta Conzelmann, quien cuestiona si en estos casos los propietarios realmente estarán abiertos a la negociación.

“Pero realmente lo que me preocupa, es como vas a poner en práctica, porque la ley no lo dice  y tampoco está claro”, agrega respecto a la implementación de la normativa.

¿Será automático?, ¿Se modificarán los contratos de alquiler?, ¿a quién le corresponde hacer el seguimiento? Esas son algunas interrogantes que surgen en este nuevo escenario, en caso de su aprobación.

“Si no hay un mecanismo para efectivizar y poner en práctica esta ley, puede llegar a ser simplemente una declaración de buena voluntad y no tener ningún efecto jurídico concreto”, analiza el abogado constitucionalista respecto a los vacíos que identifica en la norma.