Intendente niega denuncia de no aislar a una funcionaria sospechosa de COVID

Una bomba de tiempo. Tanto el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira como la directora de Seguridad Ciudadana, Susana Pantoja Ballivián, tienen en sus manos una denuncia gravitante en contra del actual intendente municipal, Ronald Miranda, por no permitir que una trabajadora que tenía síntomas de coronavirus, fuese aislada, poniendo en riesgo la salud de ella, de sus compañeras y de la población; sin embargo, el aludido negó este extremo indicando que es “víctima de hostigamiento”.

“Es un atentado a la salud”, dice el tenor de la carta dirigida el pasado lunes al alcalde Paz, firmada por los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos Municipales de Tarija y el Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas Municipales.

Con las mismas circunstancias especificadas, existe otra carta que fue dirigida a la directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Susana Pantoja, la misma que está firmada por las trabajadoras de la Intendencia Municipal.

Estas cartas ya están circulando en las redes sociales, especialmente en Facebook.

Verdad con Tinta buscó al intendente, Ronald Miranda, quien desmintió esta situación, asegurando que esta denuncia viene de una cadena de acciones en su contra iniciada por el dirigente de los trabajadores administrativos Iván Mogro Nichols. 

La denuncia

“Como funcionarias de la Intendencia Municipal, estamos cumpliendo nuestro trabajo con eficiencia y responsabilidad en tiempo de cuarentena por COVID-19, hasta que una compañera dio positivo a coronavirus, a fines de junio y la misma que anteriores días estaba trabajando normalmente a pesar de haber presentado síntomas y solicitado permiso, el cual fue negado en fecha 16 de junio”, dice parte de la carta enviada a la directora de Seguridad Ciudadana, que está firmada por un grupo de funcionarias de esta instancia.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos Municipales, Juan Mogro Nichols, confirmó a Verdad con Tinta la denuncia, al indicar que enviaron una carta al alcalde Paz pidiendo la “destitución” del intendente por este caso.

“La señora desde el 15 de junio estuvo con los síntomas, lamentablemente se ha comunicado al intendente y él hizo oídos sordos sin aislarla, así estuvo trabajando hasta el 27 que se hace la prueba  que sale positivo, ahí recién se la aísla con los protocolos”, revela el dirigente de los trabajadores municipales.

Por si fuera poco, la mujer afectada es inspectora, por ende, estuvo haciendo los recorridos  en los diferentes mercados municipales, según dicta la denuncia.

Sus compañeras de trabajo que tuvieron contacto con ella, también pidieron aislarse, además de hacer la solicitud formal para que les hagan las pruebas COVID.

“Hasta ahora no nos hacen las pruebas y nos dicen que vayamos a trabajar normal”, reclama una de las funcionarias municipales que tomó contacto con Verdad con Tinta, quien pidió que su nombre se guarde en reserva, para evitar represalias.

Las trabajadoras de la Intendencia sostuvieron ayer por la noche una reunión vía Zoom, misma que culminó cerca de las 22.30, donde quedaron de no presentarse a su puesto de trabajo, al considerar que están poniendo en riesgo su salud y de las personas.

“16 compañeras quedamos de no ir a trabajar hasta tener la certeza si estamos o no infectadas”, acota la mujer.

El problema se agrava más cuando las trabajadoras de la Intendencia indican que personal de  la Terminal de Buses les estuvieron apoyando en este tiempo de cuarentena en las labores de control. “Ellos también deberían estar aislados”, agrega la funcionaria.

Las funcionarias municipales solicitan que se les haga las pruebas de COVID “con urgencia”, tomando en cuenta que son contactos de la persona que dio positivo.

“Si la prueba sale negativo no tenemos ningún problema en seguir cumpliendo con nuestro trabajo, pero si es positivo debemos ser responsables y aislarnos”, agrega.

La mujer confesó a Verdad con Tinta, que ya existen compañeras que empezaron a sentir “algunos síntomas”, pero no descartan que esta situación también se deba al temor que tienen desde que se enteraron que una de este equipo había dado positivo a la prueba PCR.

“Esto es un delito contra la salud pública que está en el Código Penal, es un acto criminal porque están jugando con la vida de las personas”, denuncia Iván Mogro.  

El artículo 216 del Código Penal que trata los delitos contra la salud pública,  señala que “las personas que propagaren enfermedades graves o contagiosas u ocasionaren epidemias y que realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población, pueden recibir una pena de cárcel de uno a 10 años”.

Intendente

“Si ha tenido síntomas de resfrío, entonces se le ha otorgado  de acuerdo al certificado médico que cursó ella, se le dio el permiso para que esté en su casa, que guarde reposo hasta que sea chequeada por las autoridades competentes”, explica el intendente Ronald Miranda sobre el caso particular.

Indica a Verdad con Tinta que él no puede identificar a simple vista si una persona tiene o no coronavirus, pero ante los síntomas, determinaron darle el permiso correspondiente. “Me sorprende de que haya personas que quieran mentir con estos temas”, responde.

Sobre los contactos de la persona afectada, asegura que existen unas “tres a cuatro” funcionarias que ya fueron aisladas en sus domicilios “hasta que les realicen las pruebas”.

Miranda recalca que ellos trabajan con un protocolo de acción, entones a la alerta de algún síntoma, el trabajador es aislado “inmediatamente”.

“Es sorprendente que existan personas que quieran tergiversas las cosas, jugando con la salud de las personas”, recalca.