Oídos sordos a los problemas de educación para personas con discapacidad auditiva

Joaquín Rojas Sosa se encuentra a la cabeza de la Asociación de Familias y Amigos de Estudiantes con Discapacidad Auditiva. Aunque su rol en la asociación es primordial, su trabajo más importante es estar a la cabeza de su familia y “empoderar” a su hijo, quien tiene un problema auditivo de nacimiento.

“La que estaba a cargo de mi hijo era su mamá, yo me dedicaba a trabajar, pero cuando ella falleció me vi obligado a hacerme cargo y aprender la lengua de señas”, dice el hombre desde su Santa Cruz de la Sierra natal.

Para Joaquín, Bolivia tiene ciertas limitantes en lo que respecta la educación especial para personas con discapacidad auditiva, no solo porque es de los pocos países en los que aprender lengua de señas  tiene un costo, sino que tampoco está reconocido como una lengua oficial.

En el contexto de la pandemia la educación de las personas sordas se vio interrumpida y vulnerada, ante la falta de condiciones que garantizaran su aprendizaje.

“Quiero que estudie para que sea un hombre útil para la sociedad”, dice el cruceño sobre su hijo que en 2020 cursaba el bachillerato y se preparaba para ingresar a la universidad.

Pero el sueño de su padre de alguna forma se vio truncado cuando empezó la pandemia y, con ella, las clases virtuales.

“No habían las condiciones. Exigían computadoras y no habían intérpretes”, explica sobre la difícil situación que afrontaron los estudiantes con discapacidad auditiva con la nueva modalidad. “Tampoco los capacitaron para la modalidad virtual”, dice sobre el panorama en aquel 2020.

Según explica, el nuevo año no vino con mejoras. Este 2021 tampoco se ha capacitado a los intérpretes ni a los profesores de educación especial. Rojas va más allá y explica que en la página del Ministerio de Educación no se ha publicado nada sobre cómo será la educación virtual para este grupo, faltando apenas una semana para el inicio de las clases.

“Estamos hablando de que solo en primaria e inicial hay 240 estudiantes”, explica Rojas. En la ciudad de Santa Cruz existen alrededor de 9000 personas con discapacidad auditiva, pero solo siete colegios trabajan con esta población; todos se encuentran en la capital del departamento, mientras que en las provincias no existe ni uno solo.

La realidad en otros departamentos es similar, sobretodo respecto a la falta de atención en las provincias y a la ausencia de una enseñanza gratuita de la lengua de señas.

En la provincia Cercado de Tarija solo existen dos centros educativos que albergan a esta población: el Jorge Luis Campero, una escuela normal que les abre las puertas a los alumnos y a sus intérpretes, y el Centro de Educación Alternativa (CEA) San Roque.

“En el campo, en las provincias, hay muchos sordos, pero no hay educación especial”

Patricia Caero

Patricia Caero, quien es presidente de la Federación Boliviana de Sordos (Febos), evidencia que la mayor limitante a la hora de hablar de inclusión escolar, es que los maestros de la educación regular no están capacitados en lengua de señas y no hay suficientes intérpretes.

A través de  una video llamada, y con una intérprete que hace el nexo para el diálogo, Patricia asegura que las provincias son las más afectadas ante la falta de una educación inclusiva.

“En el campo, en las provincias, hay muchos sordos, pero no hay educación especial”, explica, aunque asegura que los esfuerzos en las ciudades tampoco son suficientes, pues no se satisface la demanda.

Además, Caero confiesa que no se conoce el número exacto de personas con discapacidad auditiva en edad escolar en el país, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia hay  50.562 personas sordas.

Aunque el Ministerio de Educación hizo la adaptación curricular para que las personas con discapacidad puedan ingresar a la educación regular, los profesores no saben lenguaje de señas y tampoco existen cambios en el currículo de los colegios.

“Quieren enseñar con personas oyentes a los niños sordos”, insiste la presidente de Febos.

Además, desde las instancias públicas, no se promueve la enseñanza del lenguaje de señas de manera gratuita, dice constatando lo mencionado anteriormente por Joaquín Rojas Sosa.

Para tener derecho a la educación, primero hay que pagar por aprender.

Pese a que la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez N 070 establece que: “La enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de las y los estudiantes que lo requieran en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte de la formación plurilingüe de las maestras y maestros”, esto no se cumple.

La realidad es que no solo los maestros no están aprendiendo lengua de señas, sino que a los maestros sordos, con dominio de la lengua, tampoco se les da la oportunidad de integrarse en las escuelas, según evidencia Caero.

La falta de apoyo se constituye en un problema a la hora de hablar de inclusión de las personas con discapacidad auditiva no solo en la educación, sino también en lo laboral.

“Antes el Ministerio de Educación ha trabajado con nosotros capacitando a los profesores, pero lo que hemos pedido el 2020 es que se capacite a los papás y a las mamás”, explica; sin embargo, por los problemas políticos que aquejaron al país más la propia pandemia, el asunto no prosperó.

Febos está trabajando un proyecto de  ley en la Asamblea Legislativa, para que se reconozca al Lenguaje de Señas de Bolivia como el idioma número 37 del país, de forma que las personas sordas puedan tener accesibilidad a la educación, a la salud y al trabajo. “Garantizando el idioma, las  personas sordas acceden a sus derechos”, concluye Caero.

Un viceministerio sin planes específicos

¿Qué pasó con la educación especial en Bolivia en el periodo de cuarentena? La respuesta de las exautoridades es que sí hubo un plan de avance, pero lo encontrado demuestra lo contrario.

“Obviamente que sí se ha trabajado”, responde a Verdad con Tinta el exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas Conde al ser consultado sobre las acciones efectuadas en la educación alternativa.

Cárdenas refiere que “todas las actividades” en esta área fueron publicadas en el portal web del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial.

Sin embargo, al hacer una revisión al sitio de este viceministerio, solo se encontró convocatorias lanzadas en agosto de 2020 para directores y docentes.

Sí pueden hallarse vigentes guías para la educación alternativa publicadas en el año 2012. Una de estas guías está dirigida a “familias y comunidades de personas sordas”, aunque la misma está desactualizada para usarla en un contexto de pandemia.

Entre las actividades que sí se hicieron en esta área, están las capacitaciones virtuales a docentes, mismas que fueron realizadas en agosto, septiembre y octubre de 2020, después de la clausura del año escolar.

El Gobierno de Jeanine Áñez Chávez promulgó en junio de 2020 el Decreto 4260 de complementariedad de las modalidades de atención en la educación boliviana para reglamentar el trabajo en el sector educativo en época de pandemia.

Bajo esta normativa fue realizado el “Reglamento específico de complementariedad de modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semi presencial de la educación alternativa”.

Este reglamento indica cómo desarrollar las citadas modalidades y la distribución del material educativo, pero no especifica el trabajo en las diferentes áreas de la educación alternativa, por ejemplo, con estudiantes que tengan discapacidad auditiva.

El Gobierno de Luis Arce Catacora presentó este mes de enero la resolución ministerial 001/2021 del subsistema de educación alternativa y especial donde se establecen las “normas generales” en esta área, tomando en cuenta el contexto de la pandemia de coronavirus COVID-19.

El artículo 29 de las “Normas generales para la gestión educativa 2021”,  contempla el apoyo educativo de los centros de educación regular y alternativa.

En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva contempla: a) brindar condiciones comunicativas a través de la interpretación de la lengua oral a la Lengua de Señas Boliviana o viceversa; b) orientar, coordinar y apoyar al maestro de aula o de área de conocimiento en adaptaciones curriculares, metodologías diversas, elaboración de materiales y evaluación de los procesos educativos; c) brindar apoyo con clases complementarias en horario alterno, especialmente en el área de matemáticas, física, química, comunicación y lenguajes, dependiendo de las necesidades educativas del estudiante.

Según Cárdenas, todas estas acciones tienen sustento en lo que se dejó de la anterior gestión. “No han cambiado absolutamente nada”, asegura el exministro al resaltar que unos programas los están continuando y otros están siendo “cerrados”.