Denuncias de acoso y violencia política contra mujeres aumentaron un 146%  entre 2016 y 2020

El año 2012, Bolivia se convirtió en un referente en la región, al ser pionero en aprobar una ley que sancionara el acoso y la violencia política hacia las mujeres.

La Ley 243 le ha valido al país una serie de reconocimientos, como la mención de honor en el Premio de Políticas del Futuro 2014, otorgado por la ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria, reconociendo las mejores leyes y políticas en contra de la violencia ejercida a  mujeres y niñas.

En medio de reconocimientos y de un sólido esfuerzo por sacar a flote la normativa, en ocho años de vigencia, solo una denuncia ha recibido sentencia penal bajo esta ley, mientras que el número de casos ha aumentado un 146% entre 2016 y 2020, según datos de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), dejando en evidencia que la impunidad está por encima de la norma.

“De acuerdo a los informes, las denuncias más frecuentes corresponden a la fiscalización, a la retención injustificada de sueldos y a la gestión compartida”, explica la concejala Josefina Teresa Velásquez Correa, del municipio de Caracollo, departamento de Oruro, quien asumió el cargo el pasado 20 de agosto.

Respecto a la gestión compartida, aunque es de cinco años, Velásquez asegura que bajo la denominada “gestión compartida”, inclusive se ha llegado a hacer firmar a las autoridades documentos de renuncia que son contrarios a la ley.

“Para que uno renuncie a su cargo, bien lo establece la ley, debe ser por muerte, por sentencia ejecutoriada o renuncia”, aclara la presidenta de Acobol, en rechazo a las presiones ejercidas en nombre de la denominada “gestión compartida”.

A las causas de acoso ya mencionadas anteriormente, se suman la fiscalización, la presión para la aprobación de actas y proyectos, las diferencias políticas y el conflicto de atribuciones.

Según datos del Centro de Atención y Monitoreo de Acobol, se registraron 585 denuncias de acoso y violencia política a nivel nacional desde la gestión 2016, hasta julio de la gestión 2021.

De las 585 denuncias registradas a nivel nacional, 65 pertenecen a la gestión 2016, 64 a la gestión 2017, 117 a la gestión 2018, 127 al 2019, 160 al 2020 y 52 en lo que va del 2021.

Entre 2016 y 2020, hay un aumento del 146% en las denuncias.

Pese a que las cifras van en aumento de gestión en gestión, Velásquez lamenta que solo se tenga una sentencia bajo la Ley 243.

Consultada sobre los motivos por los que el número de demandas va en ascenso, la representante de Acobol aseguró que esto se debe a que las mujeres que ocupan cargos en la política, cada vez toman más conciencia sobre los mecanismos de denuncia que tienen.

Si bien en el pasado existía el acoso y la violencia contra las autoridades, estas no se animaban a denunciar, desconocían que podía hacerlo, o no sabían que estaban siendo acosadas, lo cual también era un problema.

Desde el año 2016, y hasta julio de 2021, Tarija acumula un total de 20 denuncias de acoso y violencia política; sin embargo, el departamento con más denuncias acumuladas es La Paz, con una suma de 236.