Debido a la vulnerabilidad de los controles fronterizos y a las negociaciones que se establecen en las rutas de transporte, el contrabando ha encontrado en Bolivia más formas de expandirse afectando a industrias clave para el desarrollo productivo local del vino, harina y cerveza. El crimen organizado se ha fortalecido.
“No saques el celular que están armados”, dice en voz baja el hombre que hace las veces de guía, después de pasar un amplio portón de calamina, mientras su mirada se dirige a los cinco tipos que están en ronda a escasos metros, charlando, mirando, pero especialmente…vigilando.
Este es uno de los 120 pasos ilegales identificados a lo largo de las fronteras bolivianas. En el sur del país hay más de 50 y se encuentran por la quebrada Internacional que separa a Bolivia de Argentina. De un lado está la población de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, mientras que a tan solo unos metros, el poblado argentino de Salvador Mazza en la provincia argentina de Salta.
La vegetación bordea el sendero por donde pasan a diario miles de personas de forma ilegal, en un camino totalmente transitable. Un vigilante con gorra y camiseta roja mira con atención a cada uno de los peatones. Ahí está prohibido sacar el teléfono celular o una cámara. Su tarea es evitar que quede algún registro que pueda comprometer su actividad. Para ello, no dudan en pedir el celular a los peatones.
El hombre se encuentra a mitad del camino, al borde de la quebrada, llevando un arma de fuego guardada en la cintura, aunque levemente visible para el caminante.
El sendero lleva por la quebrada hasta la puerta trasera de un domicilio, que siempre está abierta dando paso a un patio donde aún se ve colgada la ropa en el tendedero. Hay dos perros durmiendo sobre cartones y una mesa cerca al baño. La casa es como cualquier otra, pero con la particularidad de que por ella pasan miles de personas.
Estos domicilios son conocidos como casas binacionales, debido a su estratégica posición para transitar de un país a otro. En la mesa están los dos dueños, quienes cobran el derecho de paso a los improvisados viajeros. “37 pesos”, dicen al alargar la mano. El monto equivale a 2 bolivianos o 0,28 dólares. Se puede pagar en moneda boliviana o argentina, lo importante para ellos es cobrar.
Los dueños de casa solo se encargan de la lucrativa recaudación, considerando que pasan hasta 500 personas al día, pueden recaudar alrededor de 1000 bolivianos o 143,68 dólares, pero hay todo un equipo de centinelas que hace un control en cada uno de estos pasos.
Del lado argentino, a escasos metros de la casa y en una calle llena de galpones, se encuentra la oficina policial de Salvador Mazza, donde sus oficiales son testigos del movimiento ilegal, sin decir ni hacer nada. A lado, unos hombres descargan productos que ingresan por contrabando a Bolivia. Al frente, ocurre lo mismo con otro camión. El silencio se hace cómplice.
Situación similar ocurre en la misma frontera, pero en los límites del río Bermejo, a 194 kilómetros de Pocitos aproximadamente.
“Nosotros no tenemos un día normal, no dependemos de un horario, dependemos de una demanda de clientela y de un producto”, responde “El Diablo”, uno de los transportistas de mercadería que cruza ilegalmente por el río Bermejo.
El “Diablo” encabeza una de las asociaciones que transporta mercadería por medio de los denominados “gomones”, es decir grandes gomas de neumático que sirven como botes de carga.
El argumento del “Diablo” es que del lado boliviano no hay industrias, pero sí la necesidad de satisfacer el consumo de la población. Dice que trabaja independiente y que es parte de una asociación que espera sacar su personería jurídica.
Se muestra expectante tras haber sostenido reuniones con representantes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. “Ya tenemos la documentación adelantada”, agrega sobre el trámite para legalizar su organización, que cuenta con 40 socios.
El acuerdo es que estas asociaciones dejen de utilizar las gomas como vehículo de transporte y las cambien por botes que cumplan las condiciones mínimas de seguridad, aunque llamativamente no establece ningún tipo de prohibición para el tráfico de productos de contrabando.
Como en Salvador Mazza, la mercadería ilegal pasa por el río Bermejo sobre las gomas a simple vista del puente internacional donde se encuentran las oficinas fronterizas de ambos países.
En la otra orilla está Ángel C., quien también encabeza una asociación de transporte fluvial, que lleva personas y mercadería desde Bermejo del lado boliviano hacia el argentino. Su organización tiene 45 socios y también espera obtener la personería jurídica.
Ángel argumenta que en el municipio de Bermejo, entre un 70 a 80% de la población vive del comercio informal. Recuerda que su hijo trabajaba en la zafra azucarera, pero que la crisis de esta industria en la región dejó a cientos de personas sin trabajo, entre ellas a su familia. “Esta es la situación que lleva a mucha gente a arriesgarse”.
“Esa gente es abandonada por nuestras autoridades, no se les da nada, entonces, no nos queda otro camino más que recurrir al trabajo este que lo tenemos a mano, porque es una frontera”, complementa. No tiene un horario fijo, depende de los “clientes”, dice, aunque generalmente hace el transporte de productos entre las 6.00 y las 15.00.
Ambos transportistas pusieron como ejemplo la planta procesadora de cítricos de Bermejo, la cual fue construida el año 2012, demandó una inversión estatal de 76 millones de bolivianos, equivalentes a casi 11 millones de dólares, y hasta la fecha no entró en funcionamiento. “No hay industria ni trabajo, todo está frenado”, indica uno de ellos.
Para la activista Clemencia Romero el microcontrabando se ha convertido en una forma de subsistencia en esta región ante la falta de incentivos para los diferentes rubros de la economía, pese a que la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija ha sido una de las más beneficiadas con el boom de los hidrocarburos desde el año 2006 a la fecha.
“De esa plata nadie sabe cuál ha sido el destino, las autoridades la administran, pero el comercio es lo que mantiene a Yacuiba”. Romero indica en cada familia de Yacuiba, “por lo menos hay un comerciante que se dedica a la venta de contrabando”.
Las calles de Bermejo y Yacuiba, en el sureño departamento de Tarija, están colmadas por el comercio informal. Toldos, maniquíes y cajas de cerveza, están al paso del peatón por las veredas; la mayoría cubiertas del sol por nylon o plástico azul que evite el desgaste de los productos.
Según Migraciones de Bolivia, el flujo migratorio regular que pasa por Bermejo de manera legal, es de 3.500 personas por día. Se considera que un número similar o mayor de personas, usa los pasos ilegales.
El paso migratorio legal suele elevarse por encima de los 100 bolivianos, unos 14,37 dólares, para cumplir con los diferentes trámites. Si una persona pasará en vehículo, el costo sube dependiendo el tipo y cargamento que lleva, además, el trámite es más moroso.
20 piscinas olímpicas llenas de bebidas de contrabando
Un estudio realizado en 2019 por Euromonitor International señala que en Bolivia se consume anualmente 669.664,1 hectolitros en bebidas alcohólicas ilegales, lo que representa un volumen cercano a 20 piscinas olímpicas llenas. Para obtener el dato se toma en cuenta que una piscina olímpica mide 50 metros de largo, 25 de ancho y tiene 2,7 de profundidad.
Del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, el 68,6% proviene del contrabando. De ese total, la cerveza representa el 77,9%.
El contrabando, además de significar cuantiosas pérdidas para la industria boliviana, representa una caída importante en recaudaciones para el Estado. De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solo el sector de alimentos y bebidas genera pérdidas que alcanzan los 551 millones de dólares. El impacto en el producto interno bruto (PIB) es del 3,5%.“Además hay una evasión fiscal de al menos 150 millones de dólares”, explica Ían Miranda y agrega, que el impacto fiscal directo ronda los 359 millones de dólares.
El contrabando también se ha convertido en una amenaza para el empleo en el país, poniendo en riesgo 125 mil puestos de trabajo en el territorio nacional. Esta situación se ha empezado a sentir en las zonas productoras del país como Tarija, que concentra el 75% de los cultivos de vid a nivel nacional.
“El sector genera alrededor de 5000 empleos directos y permanentes tanto en bodega como en campo; sin embargo, son cerca de 3000 o 3500 familias que se benefician del cultivo”, detalla el gerente de ANIV, Fernando Galarza Castellanos.
Pese a la importancia de este cultivo para la economía de la región, Fernando explica que “muchos” productores empezaron a sustituir el cultivo de vid por otros, ante la baja en la demanda de uva a causa del contrabando y la pandemia.
Según describe el representante del sector vitivinícola, si bien Bolivia tiene una capacidad de producir 28 millones de litros de vino, en los últimos años solo fueron 15 millones, generando que la demanda de uva se “estanque” y afecte de manera directa a los productores, con una “producción 30% menos que en años anteriores”.
Ante la baja en la demanda, el precio de la uva también cayó, traduciéndose en el batacazo final para los productores, quienes pasaron de vender la caja de uva entre 29 y 36 dólares cada una, a 6 dólares en la última gestión.
En el sector vitivinícola, el contrabando ha copado el 40% del mercado, lo que significa que 4 de cada 10 botellas de vino que se compran en el país, son de procedencia ilegal.
La devaluación de la moneda en Argentina y la competitividad que genera la producción de vinos a gran escala en Chile, son dos factores que inciden en el contrabando de vino desde los vecinos países, afectando a la producción nacional.
Por otro lado, cerveza se ha convertido en el producto por excelencia del contrabando, representando el 50% del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según un estudio realizado por Euromonitor Internacional en 2019. Así, el contrabando de esta bebida ha generado pérdidas equivalentes a 72 millones de dólares para el sector y por ende, para el país.
Por su parte el factor impositivo juega un papel importante en el precio de este, como en otros productos, impidiendo su competitividad frente a las cervezas de contrabando, cuyos precios oscilan entre los 5 y 6 bolivianos, equivalentes a 0,71 y 0,86 dólares.
En Bolivia, los impuestos que debe pagar una cerveza de litro de 10 bolivianos (1,44 dólares), equivalen a 5,082 bolivianos o 0,73 dólares. Es decir, más del 50% del valor del producto, está destinado a cubrir el impuesto al consumo específico (ICE), Impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la transferencia (IT).
Esos 10 bolivianos, contemplan 0,10 que están destinados al Proleche, un fondo de apoyo al complejo productivo lácteo. Según la ley 204, del 15 de diciembre de 2011, el aporte de las empresas cerveceras debía ser por un periodo de ocho años, pero fue ampliado por cinco años más.
Si la cerveza boliviana no pagara impuestos, como sucede con la cerveza de contrabando, su precio de venta podría ser de 4.92 bolivianos o 0,71 dólares, siendo igual o más competitiva que esta última.
La harina también es ampliamente contrabandeada desde Argentina. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE, las importaciones de harina en la gestión 2021 fueron de 266.241.538 kilogramos, equivalentes a 5,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos, por lo que el contrabando cubriría las 1,7 millones de bolsas faltantes para satisfacer la demanda nacional. Es decir, al menos el 17% del mercado.
Al margen de su procedencia ilegal, estos productos atentan contra las normas bolivianas y la salud pública, ya que la mayoría poseen bromato, un compuesto prohibido en este insumo por las normativas nacionales.
Pero el impacto en el empleo también es significativo. Según explica Juan Torrez Muriel, gerente de la Asociación de Industriales Molineros, el sector genera más mil empleos directos, aunque la cadena tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta el transporte, intermediarios, vendedores y equipos comerciales, entre otros.
Aunque Juan Torres explica que el rubro atraviesa dificultades desde “hace varios años” debido a las harinas subvencionadas que produce el país, el panorama se puso más difícil a causa del contrabando y la suba en el precio del trigo por la guerra en Ucrania, el mayor productor de ese producto a nivel mundial.
Si bien Bolivia produce trigo, el país solo satisface el 30% de la demanda interna, por lo que el resto debe ser importado de Argentina, al precio internacional. Esta realidad ha provocado que el sector se encuentre al 29% de su capacidad, produciendo únicamente 3 millones, de los 10 millones de sacos de harina que necesita el país para satisfacer su demanda interna. El contrabando, es una de las vías por las que se suple el faltante.
“No sabemos en qué condiciones ingresa al país o si cumple las normas y condiciones higiénicas”, lamenta Juan Torrez.
Precios de Feria
Los precios están por debajo de los productos nacionales. Por ejemplo, un vino de alta gama boliviano está por encima de los 200 bolivianos (28,7 dólares), mientras que un argentino que ingresa por contrabando llega a 125 bolivianos (17,9 dólares).
En el caso de las cervezas, las de procedencia argentina se encuentran a 6,83 bolivianos (0,98842 dólares), mientras que las bolivianas llegan a un valor de 9 bolivianos la unidad (1,3025 dólar).
Con la harina la diferencia también es importante. La que llega por contrabando desde Argentina tiene un costo de 130 bolivianos (18,67 dólares) el quintal, mientras que la nacional tiene un precio cercano a los 200 bolivianos (28,7 dólares).
Un informe de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras indica que en el caso de las cervezas y gaseosas los precios del contrabando son 30% más baratos que los productos locales.
Vinos argentinos de alta gama como Mosquita Muerta, que han recibido diferentes premios internacionales, se encuentran en ferias callejeras y licorerías a precio de “mosquita muerta”, como refiere su nombre. Este tipo de vinos puede hallarse hasta en 100 bolivianos, un equivalente a 15 dólares aproximadamente.
Claribel Vilte Quiroga, quien es propietaria de Bodegas Vilte, una de las empresas vitivinícolas del sur del país relata que hace unos cuatro a cinco años se tenía mercado en municipios como Villazón, pero que ahora ya no se vende un solo vino boliviano en esas zonas. “Incluso encuentras vinos de cartón a 3 bolivianos, con eso ya es imposible competir en precios”, dice.
Claribel quien también es presidenta de Bodegas Unidas de Uriondo dice que este sector se encuentra en “emergencia”, pues se está dando un cambio en la matriz productiva, debido al contrabando no solo de vinos, sino también de uva, procedente de Argentina, Chile y Perú.
Parte de los productores del Valle Central de Tarija, la principal zona productora de vid de Bolivia, están empezando a optar por la plantación de papa y tomate ante el masivo contrabando de uva que redujo el costo de este producto.
Uno de estos casos lo expone Jenny Justiniano, parte de una familia productora de vid, la cual ha determinado vender su propiedad. “Hace más de diez años entregamos la producción a –bodegas- Kohlberg y tenemos un socio con el que trabajamos a medias, pues se hace bastante inversión para mantener la viña; son muchos días, horas de trabajo… antes de la pandemia sí valía la pena toda esta inversión”, describe.
Las bodegas no solo están pagando menos por el quintal de uva, sino que algunas ya ni siquiera les recibieron el producto este 2022. “Este año directamente nos rechazaron-las bodegas-, argumentando que no tenían recursos ni dinero para pagar, porque el contrabando había entrado a una fase crítica”. La situación fue tan difícil que decidieron regalar su producción a las bodegas para que esta no quede botada.
Los productores del Valle Central critican que las autoridades de la Alcaldía de Tarija, capital del sureño departamento, hablan a diario del fomento a la industria local como al turismo, pero es esta misma instancia que no hace controles y permite ferias de contrabando en la ciudad. Incluso, productos argentinos sin registro del Senasag se pueden encontrar en licorerías y supermercados de esta capital.
28 mil hectáreas en manos del crimen organizado
Con centinelas, rutas clandestinas, hombres armados y un complejo mecanismo para mover la mercancía, el contrabando se mueve “a sus anchas” en la frontera con Argentina.
Pero la mayor parte del contrabando no fluye a través de los gomones como los que opera El Diablo, ni en senderos disfrazados con casas de baño en la frontera, sino a través de mayoristas que operan desde el exterior, pero que tienen contactos en Bolivia, quienes facilitan documentación falsa para pasar las fronteras o les alertan de “puntos ciegos” en el paso.
Una vez en el país, el producto es llevado a mayoristas legales, ilegales o bodegas clandestinas, desde donde son distribuidos a minoristas y finalmente llegan al consumidor final.
“Entra por todas partes, por bagallaje (comercio informal), por pequeños contrabandistas y también en camiones con ingentes cantidades, el contrabando es como un cartel, está creciendo, está organizado… mueve mucha plata”, asegura Fernando Galarza Castellanos, quien es gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Según un comunicado de la Aduana del 23 de mayo de 2022, reporta que en lo que va del año hay cuatro personas fallecidas como resultado de la lucha contra el contrabando. Dos suboficiales que participaban de una redada contra el contrabando en la zona alta del departamento de Tarija fallecieron el 22 de mayo.
Los informes de la Aduana, entre 2021 y 2022 indican que cinco funcionarios fallecieron en la lucha contra el contrabando combatiendo ante bandas armadas que actúan contra la ley. Además, hay más de 10 personas heridas y un daño estimado de 46 millones de bolivianos o 6.6 millones de dólares.
Los propios funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), reconocen que falta personal y apoyo de otras instituciones para ingresar a estos lugares.
“En cada acción que hacemos hay repercusiones de los dueños de la mercadería que agreden físicamente, verbalmente y con amenazas a nuestro personal”, expresa Gilberto Alvarado Palacios, responsable departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag Tarija.
Verdad con Tinta y CONNECTAS accedieron a dos causas judiciales en Argentina que derivaron en 2020 en el decomiso de 28.000 hectáreas que se encuentran en la provincia Salta en la frontera sur de Bolivia, a la altura del municipio de Yacuiba. Según indica el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estos terrenos eran utilizados para el tráfico de 4.000 kilos de cocaína por mes, además de diferentes productos de contrabando.
Los terrenos pertenecían a Reinaldo Delfín Castedo, considerado como el narcotraficante más poderoso de Argentina, que es apodado como el “Patrón del Norte”, quien, mediante la compra sistemática de terrenos junto a sus hermanos y otros familiares, según el expediente judicial, pretende tener el control total de la frontera sur de Bolivia. El caso salió a la luz tras el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006, una mujer que se había negado a vender sus terrenos en Salvador Mazza al supuesto clan, señala el fallo de la Cámara en lo Criminal de Orán-Argentina.
Los terrenos identificados son las fincas El Pajeal y El Aybal ubicadas en la frontera entre Argentina y Bolivia, los que fueron embargados por el delito de lavado de activos. En la misma causa se indica que el “clan Castedo” tiene conexiones y propiedades en Bolivia.
Reinaldo Castedo se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, pero según las investigaciones judiciales de ese país, sigue operando desde ahí.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se benefició con estos terrenos, ha denunciado en junio de este 2022 que se identificaron actividades ilegales de tala en el lugar para abrir nuevos caminos a favor del contrabando.
Flotas “fantasma”
Los transportistas en Yacuiba han identificado grandes buses que viajan sin pasajeros con destino a Santa Cruz, que no salen de la terminal de buses, ni cumplen con los procedimientos de control y que van cargadas de productos de contrabando, a los que llaman “flotas fantasmas”.
“Estamos siendo avasallados por las flotas clandestinas que hacen el servicio de pasajeros y cargan sin control alguno”, dice un pronunciamiento público del 18 de marzo de 2022 de los trabajadores de la terminal de buses de Yacuiba.
“A ellos nadie les controla, pero sí a las flotas que van con pasajeros”, reclama la activista y periodista yacuibeña Clemencia Romero, quien incluso subió un video de cómo personal aduanero hace los decomisos de productos en las diferentes trancas en la carretera Yacuiba-Santa Cruz a personas que llevan “pequeñas cantidades” de productos.
“Son instituciones de asalto contra el microcontrabando”, dice con respecto a los controles a los que apoda como “aduanillas”.
La denuncia refiere que flotas con nombres de empresas que no existen o no están registradas, usan la feria callejera de productos de contrabando denominada “Feria Argentina” como una parada clandestina, lugar del cual salen cargadas únicamente de productos de contrabando y no de pasajeros. “Todo mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, agrega Clemencia.
En la feria mañanera de Yacuiba o “Feria Argentina”, ubicada en el barrio Héroes del Chaco, se encuentran productos argentinos en oferta y galpones con cientos de cajas listas para ser embaladas. En mayor cantidad se halla: vinos, cervezas y gaseosas.
Los transportistas entregaron a Verdad con Tinta el manifiesto público, donde se formaliza este reclamo. Flotas con nombre como “La Querida”, salen con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cargamentos de contrabando, denuncia Clemencia.
“Operan desde diferentes garajes de la feria mañanera”, indica el documento presentado por los transportistas de Yacuiba.
En las calles adyacentes de esta feria, también se encontraron flotas estacionadas dentro de amplios patios de tierra, a las que cargaban cajas de productos. Esta tarea se repite tanto en la mañana como en la noche.
Un recorrido nocturno también evidenció flotas estacionadas a orillas de la quebrada internacional cargando cajas de productos. Posteriormente, los vehículos salían con dirección a la carretera nacional, rumbo a Campo Pajoso, que conecta con la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.
Una de estas flotas llevaba el nombre de La Rioja. Curiosamente, entre sus destinos ofertados no figuraba Yacuiba. En el mismo recorrido se encontró otra flota de la empresa Trans Carrasco estacionada en la citada feria, al igual que el anterior bus no tenía pasajeros, pero cargaban cajas en su depósito.
Trans Carrasco sí está dentro de los operadores regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pero no así La Rioja, según se pudo verificar en la lista publicada por esta institución estatal.
En los barrios Nuevo y África, en la localidad fronteriza de Pocitos, se encontraron camiones donde cargaban productos de contrabando a orillas de la quebrada internacional. En estos lugares, se volvió a identificar a los “centinelas” y en ninguna se evidenció control policial.
El rol del Estado
Si bien son más frecuentes las noticias sobre incautaciones de productos para contrabando con un rol más activo del Estado, el gerente de Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas-ANIV, Fernando Galarza, asegura que se trata solo de la punta de un iceberg.
Y es que la problemática es tan compleja, que Bolivia es el único país de la región que ha creado un viceministerio que se dedica de manera exclusiva en atender los asuntos relacionados al contrabando: el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
A lo largo de sus 7000 kilómetros de frontera en Bolivia el contrabando entra en mochilas, carretillas, autos, lanchas improvisadas, camiones y flotas. Pese a que los volúmenes son importantes, pasan cual fantasmas por los puntos de control, sin ser percibidos o, al menos, sin ser interrumpidos.
Si bien el Senasag Tarija decomisó 176.915 kilogramos de productos de contrabando entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2022, entre los que figuran carne, cerveza, embutidos, maíz y pescado, lo cierto es que desde la propia entidad reconocen que este rebasa su capacidad de respuesta.
“Como Senasag tenemos limitaciones en la parte técnica y los controles que se hacen en ciudad como en centros de expendio son competencia de los municipios con la intendencia y odecos (oficinas del consumidor)”. “El Senasag ayuda y acompaña en los operativos”, argumenta Gilberto Alvarado.
Los controles del Senasag se limitan a los puntos de control que establecen en las zonas fronterizas, caminos intermedios y recintos aduaneros, donde su personal hace verificaciones de la mercadería que pasa e inspecciona las importaciones legales, aunque el contrabando suele evitar las carreteras troncales donde se encuentran estos controles.
Fernando Galarza explica que el sector privado de los vinos en Tarija propuso al Gobierno nacional instalar cámaras de video vigilancia que contribuyan al control en las rutas provenientes de las fronteras del sur del país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de las autoridades.
El representante del sector dice que el contrabando mueve suficiente dinero como para “comprar voluntades” a lo largo del camino.
Para Ían Miranda, jefe de insvestigación sectorial de la Cámara de Industria y Comercio – Cainco, el Estado debe trabajar en políticas que favorezcan al empresario o comerciante formal, como reducciones en los impuestos que fomenten mayor competitividad.
Las pesadas cargas laborales e impositivas en el país, se han convertido en una suerte de licencia que justifica el contrabando, en detrimento de los emprendedores y empresarios nacionales que generan empleo legal en el país.
Ante esta realidad, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha recomendado a las autoridades tres líneas de acción para frenar el contrabando: la aplicación estricta de la Ley de Aduanas y el fortalecimiento de la Aduana Nacional, facilitación de la importación y campañas de educación ciudadana, haciendo ver que el “contrabando no paga”.
Permisividad y complicidad del Estado
Lo curioso es que en la feria mañanera de Yacuiba, donde solo son ofertados productos de contrabando e incluso se detectaron actividades ilegales, el Gobierno Regional del Gran Chaco le otorgó el año 2021 a sus administradores la personería jurídica que avala su funcionamiento.
“A cambio, los que producimos en la región no solo debemos pagar altos costos para obtener los permisos, sino que son procesos altamente burocráticos”, agrega Clemencia Romero, quien produce mermeladas con su familia.
La familia Romero cuenta que el proceso de legalización de un producto nacional le cuesta al pequeño productor mil dólares, además que es “altamente burocrático”. “Debes ir hasta la ciudad de Tarija a hacer el trámite, que no sale en un día”, critica. La productora dice que no existen los suficientes incentivos.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de 8999 bolivianos equivalentes a 1293 dólares.
Pero esta complicidad también se ve reflejada en el otro lado de la vereda, en Argentina, donde frente a las “casas subnacionales” había un puesto policial del que no solo se puede ver cómo cruzan las personas de forma ilegal, sino también cómo pasa el contrabando.
La Aduana Nacional en una conferencia de prensa realizada el 12 de julio en Tarija anunció el incremento de controles en la frontera sur del país en los puestos de Bermejo, Villa Montes, Villazón y Yacuiba.
La presidenta de la Aduana Karina Serrudo Miranda afirmó que se envió un contingente de 500 efectivos militares, 100 técnicos aduaneros, 50 vehículos, drones y cámaras corporales para la video vigilancia en estos puestos fronterizos.
“No vamos a desfallecer en esta lucha, no vamos a permitir que estos clanes de contrabandistas y de crimen organizado se enriquezcan de manera ilegal; no vamos a dejar que el contrabando ingrese en nuestros mercados”, declaró la presidenta de esta institución a manera de discurso.
La Aduana Nacional ha comisado en la última gestión mercancía de contrabando valuada en 530 millones de bolivianos o 76 millones de dólares.
Verdad con Tinta realizó dos solicitudes de información formal a la Aduana Nacional sobre el número de productos decomisados, puntos de control y personal asignado, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Expertos en economía coinciden en que la lucha contra el contrabando no se gana solamente con poner militares en las fronteras, sino con un cambio del modelo económico que tiene hace diez años el país.
“Resulta de una política pública de mantener el tipo de cambio nominal fijo y el tipo de cambio real apreciado que ha optado el gobierno hace muchos años porque las importaciones legales e ilegales son la esencia del actual modelo económico, que se vuelve rentista”, explica el economista Gonzalo Chávez Álvarez.
“Supongamos que se controla el contrabando, vas a generar un desempleo gigantesco”, acota Gonzalo Chávez, al tomar en cuenta que más del 90% del empleo en el sector comercial de Bolivia viene de la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La solución para el economista está en apoyar al sector productivo, recuperar las exportaciones en productos no convencionales o industrializados, generar una mayor espalda de divisas y de dólares y en el largo plazo, “volver a la flotación del tipo de cambio”.
El contrabando ha invadido las principales ciudades del país, sin que las intendencias hagan un control efectivo, poniendo en jaque a la industria nacional. En el sur no solo aumentan los pasos ilegales, sino también las armas.
CRÉDITOS
Autores
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Edición
Desarrollo
Hugo Loza Guzmán
Diseño Gráfico
Josue López Bernal
Edición de Video
Jonás Michel Valencia
Este trabajo fue realizado por Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena con colaboraciones de Maura Quispe Castro y Carla Bustillo para Verdad con Tinta y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Con el apoyo de:
Como un episodio de algún documental relacionado con Chernóbil, aparecen tirados los cuerpos negros de los cóndores a lo largo de una pequeña quebrada en la comunidad de Laderas Norte en el área rural de Cercado del departamento de Tarija.
Las alas cerradas para siempre son examinadas por hombres vestidos de blanco con trajes especiales para no contaminar el área.
La calurosa tarde del cinco de febrero de 2021 se nubló. El clima fue un alivio para los investigadores que llevaban estos pesados trajes, pero a la vez, un trago amargo por el motivo en el que se encontraban.
Uno de esos investigadores es Diego Méndez del Museo Nacional de Historia Natural. El biólogo recuerda que en esa oportunidad se había formado un equipo multidisciplinario, cuya tarea era esclarecer por completo el caso. No ocurrió aquello.
No se tienen certezas a más de un año del hecho, sobre qué hizo la Fiscalía con las pruebas obtenidas en ese momento.
El proceso está calificado como “biocidio”, un delito que se encuentra tipificado en la Ley 700 de defensa de los animales. La denuncia la formalizó la Gobernación tarijeña.
Mientras los científicos realizaban la toma de pruebas, encontraron en el cielo una esperanza. Dos cóndores pasaron volando por la zona, como si estuviesen observando el tétrico panorama.
Un viaje sin respuestas
Un planeo perfecto. Las alas extendidas del cóndor reflejan la sombra de su paso por la zona de Laderas Norte en el valle central tarijeño, un sitio marcado con sangre por la historia, pues ahí se produjo hace once meses una de las mayores matanzas mundiales de esta especie.
El sacrificio de 34 cóndores está a punto de quedar en la nada, pese al valor científico que representa, pues el caso para la Fiscalía se pasó volando.
“Esta era evidencia científica que se podía traducir en resultados tangibles y acciones para manejar de una mejor manera la población de cóndores”, se lamenta el biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural Diego Méndez.
El hombre de barba dedicado a la investigación de esta especie dice al otro lado del teléfono sentirse “frustrado” por el curso que tomó este caso que se convirtió en un folder más dentro del archivo de las oficinas de la Fiscalía tarijeña.
“Sé que la justicia es así en Bolivia, pero al ver cómo inició la investigación de este caso, tenía una esperanza”, confiesa casi resignado.
Y es que, para el científico chuquisaqueño, la pérdida de casi el uno por ciento de la población mundial de esta especie debe servir para algo, tomando en cuenta el valor de las muestras que se sacaron aquel cinco de febrero de 2021.
“Que no se pueda dar curso a los análisis de estas muestras en más de siete meses es impensable”, dice el científico con molestia.
Diego explica que es importante que se marque un precedente identificando al responsable de esta matanza, pero más significativo que eso, es rescatar la evidencia colectada para usar los resultados a favor de la preservación de la especie.
Muestras perdidas en la altura
Las muestras se fueron volando a La Paz al laboratorio de la Policía Boliviana.
En la Fiscalía de Tarija indican que no tienen los reactivos suficientes y ese fue el motivo por el que se envió a la sede de Gobierno, la ciudad donde casualmente descansan los gigantes símbolos estáticos de los cóndores en los escudos nacionales.
Las muestras fueron enviadas el martes nueve de febrero de 2021 y se esperaba que los resultados lleguen una semana después.
En realidad, fueron más semanas, ya pasaron dieciséis meses y no se tienen novedades.
Fiscalía con el vuelo en retraso
El Ministerio Público en Tarija solo ha indicado que el proceso por el biocidio de 34 cóndores no se ha cerrado.
Verdad con Tinta ha intentado desde enero conseguir el informe del caso, pero la Fiscalía tarijeña solo ha respondido que está a la “espera” de los resultados para dar el siguiente paso.
Lo curioso es que hasta la fecha, ningún funcionario del Ministerio Público de Tarija se comunicó con los peritos para que estos den su ayuda técnica.
“Son pocos especialistas en esta rama en Bolivia, entonces sorprende que no se haya llamado a ninguno para aportar con la investigación”, critica Diego Méndez.
Ministerio de Medio Ambiente sin informes del caso
“Hemos estado tratando de contactar a la Fiscalía desde hace tiempo y no nos ha dado ninguna novedad”, responde desde el teléfono el abogado del Ministerio de Medio Ambiente y Agua Rodrigo Herrera.
Herrera asegura que están realizando un memorial para tener una copia del cuaderno de investigación, además de saber el estado del proceso.
El Ministerio de Medio Ambiente ya identificó al posible responsable de la matanza, el informe fue remitido a la Fiscalía, pero la investigación sigue frenada, confiesa el funcionario estatal a Verdad con Tinta.
El veterinario del Bioparque Urbano de la ciudad de Tarija Luis Morales, también se lamenta que “ya no se tengan más respuestas del caso de los cóndores”, pese a que formaron equipos técnicos para hacer la entrega de las muestras a la Fiscalía.
La mayor matanza
No es la primera vez que estos animales son envenenados, pero sí la más grande. La muerte de los 34 cóndores en Tarija es la de mayor impacto que se registró jamás en Bolivia y la segunda en el mundo.
Otra matanza de estas características fue registrada en enero de 2018 en la provincia de Mendoza-Argentina.
Los cuerpos de los animales estaban amontonados y parcialmente quemados. Algunos cóndores llevaban pocos días muertos, de otros quedaban “solo los huesos”, pero la hipótesis es que todos murieron envenenados con agroquímicos, informaba en ese entonces la organización “Aves Argentinas”.
Una nota del periódico argentino El Clarín del 25 de enero de 2018 indica que la causa de la muerte de estos cóndores fue por una práctica “tan común” como peligrosa entre los ganaderos de la región.
“Cuando un depredador mata a uno de sus animales, los criadores envenenan los restos del cadáver que estas especies dejan apartadas para continuar comiéndose”, dice la investigación de la Justicia de Argentina.
Entonces, cuando los pumas o zorros regresan y siguen saciando su hambre, ingieren el veneno con que fue rociado a su presa, lo que deriva en su muerte.
“Es una práctica que se usa mucho, pero pone en riesgo también a las especies carroñeras que se alimentan con los restos que dejan los depredadores”, eran las declaraciones de entonces jefe del Departamento de Fauna de la Secretaría de Ambiente de Mendoza Adrián Gorrindo al periódico local Los Andes.
Y aquí entra en escena el cóndor. “A eso se suma el mito urbano que sostiene que los propios cóndores cazan a las crías del ganado. Eso no ocurre”, refería el especialista.
Aquella lección, no serviría para frenar una nueva matanza con el mismo número de víctimas.
El caso se repitió tres años después y con características similares. Envenenamiento, mitos y un problema social. Esta vez fue más al norte, en tierras más altas y donde el animal es considerado un símbolo. Bolivia. Sí, ni ahí puede estar seguro.
Tierras regadas de veneno
A su paso por los valles, los cóndores viven en amenaza constante.
Diego Méndez recuerda que unos meses después de este suceso en Tarija, se encontró con otro caso de envenenamiento en Chuquisaca, pero esta vez ¡Se salvaron!
El biólogo fue alertado de dos cóndores que habían sido envenenados el 24 de agosto en los valles chuquisaqueños a una distancia de 45 minutos en vehículo desde la ciudad de Sucre.
“Este es un nuevo caso de envenenamiento, por suerte los cóndores se están recuperando satisfactoriamente”, relata el biólogo más tranquilo, porque esta vez, los animales van a poder extender sus alas.
Tanto en Tarija como en Chuquisaca se encontraron presas con veneno.
En el caso de Tarija se encontró carbofurano, conocido en el mercado como “furadan”, un tóxico que es utilizado en las plantaciones de alimentos que se prohibió el año 2009 en Estados Unidos.
Este plaguicida es conocido a nivel internacional como el creador del “círculo de la muerte”.
La National Audubon Society alerta que este tóxico interfiere con las enzimas que ayudan a que los nervios se comuniquen entre sí.
“Cuando un animal está expuesto, sufre convulsiones e insuficiencia respiratoria. Es una muerte horrible”, especifica esta organización estadounidense de protección animal sobre los efectos del producto.
El citado plaguicida está prohibido en Estados Unidos desde el año 2009. En España y otros países de Europa su prohibición es desde 2007.
Un estudio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-Perú devela que el uso de este producto también puede generar afecciones en los humanos, especialmente en los hombres. “El carbofurano puede causar daño en el aparato reproductivo masculino”, dice la tesis.
“Es llamativo que aquí –Bolivia- puedas comprarlo en cualquier parte como si fuera un chicle”, critica Diego Méndez.
En el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el carbofurano está clasificado como un plaguicida de tipo “acaricida – insecticida”, el cual se encuentra entre los productos que tienen permitida su distribución en el territorio boliviano.
Un paseo por las nubes
“Somos libres cual libre es el cóndor que el espacio recorre veloz”, dice una de las estrofas del Himno a Tarija, pero ¿qué tan libre es el cóndor en este contexto?
Para Diego Torrico, el cóndor es símbolo de libertad, majestuosidad y elegancia.
Diego es uno de los impulsores del festival “Irupanapente” que es realizado cada año en los Yungas paceños, donde cientos de personas se lanzan al vacío simulando el vuelo de esta ave, tratando de hacer aquel planeo perfecto.
Al deportista se lo ve en fotografías de periódicos nacionales con su traje de Mario Bros y su gigantesca mochila en la espalda con el colorido parapente escondido.
El joven de 1,85 metros de altura trata de emular el vuelo del cóndor en cada una de sus aventuras en parapente y para eso, se trasladó a Tarija a vivir esta experiencia cerca del ave.
“Volé en una térmica con al menos diez cóndores a muy poca distancia y creo que hasta ahora fue una de las experiencias más increíbles que me regaló este deporte”, relata la vivencia de esos minutos de adrenalina pura en que la cúpula de su parapente se mimetizó con las impresionantes alas de aquellas aves.
Cuando el parapentista paceño se enteró del caso de envenenamiento en Tarija, sintió como si le hubiesen dado un golpe seco de puño en pleno rostro.
“Fue una de las noticias más dolorosas que recibí ese año… impotencia y rabia es lo que uno siente”, dice con la bronca contenida al recordar los videos de ese episodio que se difundieron en las redes sociales.
Un escudo incompleto
El cóndor andino se acomoda encima del Escudo Nacional dando su toque de majestuosidad al emblema patrio, además de ser la representación más pura de la libertad.
“Remata el escudo el cóndor de los Andes en actitud de levantar vuelo”, reseña sobre este símbolo la página oficial del Ministerio de Defensa.
La imagen del cóndor no solo se encuentra en el escudo, también figura en himnos departamentales como el de Tarija, en la literatura, en el folklore y en leyendas, es una parte importante de la cultura boliviana que puede perderse para siempre.
Los soportes del Escudo Nacional necesitan atención; pues el Cerro Rico que también es parte de sus símbolos como muestra de la riqueza del país, se encuentra al borde del colapso por la explotación minera en su interior y el cóndor está en la “lista roja” de especies en peligro de extinción.
El emblema patrio, puede quedar incompleto, pues ni la riqueza ni la libertad están recibiendo el cuidado adecuado.
La cabra que sirvió de carnada
¿Qué pasó el cinco de febrero en Tarija? La dantesca imagen de los 34 cóndores muertos, uno al lado de otro…impacta.
Las investigaciones de los peritos indican que estas aves fueron envenenadas. En total murieron en esa oportunidad 34 cóndores, cinco pala palas, un sucha y un carcancho.
Según los comunarios de la zona, la intención era matar a un puma que se estaba comiendo su ganado. La carnada fue una pequeña cabra muerta, cuyo cuerpo fue cubierto de veneno. El resultado fue trágico.
Los cóndores atraídos por la carnada, mordieron el anzuelo y en apenas unos minutos de picar en esa carne, empezaron a desfallecer.
Un problema social que se eleva
Mientras pela unos duraznos al pie del horno de barro, una comunaria de Cabrerío, un poblado que se encuentra en el municipio de Culpina en Chuquisaca, justifica el envenenamiento de cóndores.
“Es que se comen el ganado”, dice la mujer mientras extiende la mano a uno de sus ocasionales invitados con un durazno bien pelado. “Son los mejores”, les revela a los visitantes al mostrar el jugoso durazno.
Lo cierto es que esta ave no acostumbra a cazar animales vivos, sino que es carroñera.
Un animal carroñero es aquel que consume cadáveres sin haber participado en su caza.
Diego Méndez dice que este es un problema real que va más allá de un caso en específico.
“Falta información y estrategias de convivencia para que esta no sea la forma de proteger su ganado”, analiza el científico.
Productos tóxicos como “furadan” son ofertados libremente en el país y animales como las aves siguen siendo envenenados.
En la lista roja
Más allá de ser un símbolo nacional, el papel del cóndor en el medio ambiente es primordial, según sustenta el Museo Nacional de Historia Natural.
El cóndor al ser un animal “carroñero” es “fundamental” en el ecosistema, porque evita la proliferación de bacterias que pueden generar enfermedades en los humanos.
Además, “ayuda a controlar la población de otras especies carroñeras” y así contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema, agrega Diego Méndez.
Este animal fue calificado como “vulnerable” de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
En todo el mundo se tiene una población de 6 mil a 7 mil cóndores, de estos, 1.500 se encuentran en Bolivia, lo que representa el 20% de la población mundial.
60 cóndores representan el 1% de la población mundial, cifra que refleja la magnitud del biocidio de las 34 aves.
Si las pruebas fueron contaminadas o simplemente se perdieron, el daño no solo se comete a un caso, sino a la ciencia en su conjunto, porque se pierde información que ayude a mantener de una mejor manera el equilibrio ambiental.
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La alerta roja ya está encendida y si se sigue pasándola por alto, ni un aterrizaje forzado podrá salvar a esta especie.
El reportaje se desarrolló en el marco del Fondo Concursable Spotligth XIV de apoyo a la investigación periodística en medios de comunicación que impulsa la Fundación para el Periodismo.
“Tarija hacia una ciudad inteligente” fue uno de los proyectos que protagonizaron la agenda de la gestión del exalcalde Rodrigo Paz Pereira, quien ejerció el cargo entre 2017 y 2020.
Verdad con Tinta investiga cuál fue el impacto de este proyecto ¿Cómo se utilizaron los recursos? ¿Qué impacto tuvo en seguridad ciudadana? ¿Tarija es una ciudad inteligente?, son algunas de las preguntas que abordamos en cada uno de los capítulos de este trabajo.
Capítulos
Publicado el 31 de mayo, 2022
Aunque el objetivo era brindar al municipio un salto tecnológico que permitiera un mejor control de la ciudad y sus reparticiones; el proyecto terminó reduciéndose por falta de recursos económicos, dejando en status quo su conclusión total debido a cambios importantes en el contrato.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como ciudades inteligentes a aquellas que usan la tecnología como una herramienta para optimizar la eficiencia de la urbe y de su economía, “siempre y cuando sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, además de proteger la naturaleza”.
Ciudades europeas como Róterdam en Países Bajos, Glasgow en Reino Unido y Umeå en Suecia se convirtieron en “faros de ciudades inteligentes” gracias al proyecto Ruggedised.
Ruggedised es un proyecto de ciudad inteligente financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Este proyecto combina las tecnologías de información y la comunicación (TIC), la movilidad eléctrica y las soluciones energéticas, para diseñar ciudades inteligentes.
La Comisión Europea define la ciudad inteligente como: “Un lugar donde las redes y servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de tecnologías digitales y de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes y empresas”.
“Tarija hacia una Ciudad Inteligente” fue el nombre de uno de los ambiciosos proyectos encarados por la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, quien indica que el concepto se toma en base a los objetivos de desarrollo de ONU Hábitat.
Con este proyecto, el alcalde prometía convertir al pequeño municipio sureño en la primera ciudad inteligente de Bolivia, bajo la propuesta de resolver problemas estructurales, gracias a la implementación y uso de la tecnología.
Fibra óptica, cámaras de seguridad, wifi gratis, digitalización del sistema de salud y educativo, fueron presentados como piezas claves para luchar contra la burocracia, la falta de conectividad y, por supuesto, la inseguridad, que se abordaría en la primera fase del proyecto.
“La lógica era darle a Tarija en una primera fase un salto de interconectividad para diferentes necesidades que tenía el ciudadano”, resalta Rodrigo Paz Pereira, quien fue el alcalde de esta ciudad entre 2015 y 2020, periodo en el que se implementó el citado proyecto.
Juan Carlos Yáñez, quien es el actual jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía de Tarija, explica a Verdad con Tinta que este proyecto se dividió en “tres pilares importantes”.
Estos pilares fueron seguridad ciudadana, adquisición de tecnología y una plataforma para desarrollar softwares.
Un proyecto manejado al calor político
El sueño de colarse en la selecta lista de ciudades inteligentes alrededor del mundo, se fue desmoronando por falta de presupuesto, cuando el 24 de julio de 2018 la Dirección Jurídica del Gobierno Departamental de Tarija informó de la resolución del convenio intergubernativo 017/2016.
Con este convenio, la Gobernación tarijeña se comprometía a financiar el 50% de la obra, cuya adjudicación fue realizada a la empresa Datec Ltda. por un monto inicial de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, explica Yamil García Delfín a Verdad con Tinta, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
“No hicieron bien los cálculos para tener los recursos necesarios”, dice Rodrigo Paz a Verdad con Tinta con referencia a la sorpresiva determinación que tomó esa vez la gestión del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar.
El exalcalde niega que la determinación tenga que ver con el momento político de aquel periodo, tomando en cuenta que Paz y Oliva, que hasta ahí iban en la misma línea, empezaban a tomar caminos diferentes con miras a las próximas elecciones, tanto nacionales como regionales.
“Se ha perdido muchísimo”, confiesa Juan Carlos Yañez, para quien técnicamente esta acción de la Gobernación cambió completamente lo proyectado.
Parecía que el proyecto se caía, pero la gestión municipal decidió seguir, haciendo un recorte en los componentes, siendo sacrificados los de salud y de educación.
Así, la seguridad se convirtió en la prioridad; según informaron en ese momento desde la Alcaldía.
“Se readecúa el proyecto”, responde Paz Pereira a la consulta del por qué se decidió continuar cuando no se contaba con todos los recursos previstos.
El proyecto siguió adelante, aunque dividido en “fases”, porque la Alcaldía no podía cubrir el 100% de su costo.
“¿Dónde está el dinero de los tarijeños?”, se cuestiona el exconcejal Sergio Gallardo Tárraga, quien fue uno de los principales opositores del proyecto durante su gestión en el municipio.
Para Gallardo, el proyecto no se debió haber realizado “nunca”, ya que el Gobierno Municipal no tenía el dinero para financiar la obra en su totalidad, por una parte, y porque había otras prioridades que atender, como el acceso al agua, la salud, la educación y la productividad.
Sin embargo, los presupuestos en aquellas áreas no se equiparaban al del proyecto licitado en la gestión 2017 por más de Bs 88 millones.
Las circunstancias llevaron al recorte, pero también a una resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda., a través de la cual se eliminó la Fase 4, correspondiente a la implementación del software, reduciendo el monto del proyecto a Bs 53 millones 326 mil 300 y alejando cada vez más a Tarija de la defición de una ciudad inteligente.
Estos recursos serían destinados casi en su totalidad a los componentes reservados a convertir a Tarija en una “ciudad segura”, como se prometía en diferentes notas de prensa en medios de comunicación locales publicadas ese 2018.
Eso sí, lo que no se redujo, fue el plazo de entrega de 700 días, pese a que el 30% del proyecto fue quitado con dicha resolución parcial.
Han pasado más de 500 días desde que el municipio recibió la obra, y Tarija no ha logrado optimizar la eficiencia de la urbe ni de su economía a través de la tecnología implementada, haciendo que su destino como una ciudad inteligente, sea cada vez más incierto.
Publicado el 31 de mayo, 2022
El presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana en 2018 fue el más alto de los últimos 10 años. Entre 2018 y 2020, el proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente se llevó el 68% de aquel presupuesto, pero el municipio sureño sigue siendo el que mayor tasa de delitos contra la propiedad acumula en el departamento y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
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El puesto policial convertido en un depósito de mangueras. La medida no gustó para nada a los vecinos del barrio San Jerónimo de la ciudad de Tarija, pero cedieron ante la promesa de que el publicitado proyecto Ciudad Inteligente cubriría las demandas de seguridad en la zona.
Acá te contamos la historia de lo que costó y lo que quedó de este proyecto.
Nunca antes el área de seguridad ciudadana en el municipio de Tarija había tenido tanto dinero como en el año 2018, más de 50 millones de bolivianos invertidos en un proyecto que prometía cambiar la vida de sus ciudadanos, cuyo nombre por sí solo los conquistaba: Ciudad Inteligente.
Ante la creciente inseguridad, los ciudadanos y organizaciones civiles han empezado a actuar por cuenta propia. Este es el caso de la dirigencia del barrio San Jerónimo, uno de los más antiguos de la ciudad.
En este barrio, la Alcaldía quitó el puesto policial que se encontraba en su plaza para convertirlo en un depósito de mangueras, a cambio, se prometió a los vecinos tecnología avanzada con el proyecto Ciudad Inteligente con el fin de disminuir los índices de delitos.
“Fue todo un show… la verdad una pérdida de tiempo”, revela Cristina Garzón, la actual presidenta del barrio San Jerónimo, sobre la presentación del proyecto en la zona. Aquella exposición ocurrió en el año 2018.
Garzón cuenta que en esa audiencia pública los funcionarios municipales llevaron diapositivas, hicieron un recorrido junto con los policías y los vecinos por las zonas identificadas como conflictivas, donde indicaron que se haría la instalación de las cámaras de video vigilancia. “Todo para nada…no nos han dado nada”, se lamenta.
Cristina habla con Verdad con Tinta en un pequeño salón barrial donde la acompañan unos seis jóvenes vestidos de negro de pies a cabeza. Algunos llevan toletes, otros guantes o simplemente un palo. Ellos son los brigadistas barriales.
Este pequeño grupo cumple la función de hacer recorridos nocturnos por las calles del barrio, haciendo vibrar sus pitos en señal de alerta. Cuando ven un caso sospechoso, silban con todas sus fuerzas, como si fuese un árbitro de fútbol cobrando una falta.
Sus ojos se han convertido en los reemplazantes de las “cámaras inteligentes”, ante la promesa incumplida.
Cada vecino aporta la suma mensual de Bs 20 para el pago de estos ocasionales guardias.
La dirigente barrial cuenta que esta acción es realizada con el visto bueno de los propios policías, quienes al no tener las herramientas suficientes para cubrir la demanda en la zona, han optado por capacitar a los guardias civiles.
de la ciudad, de las más de mil requeridas.
En todo el distrito 11 de la ciudad de Tarija, donde se encuentra el barrio San Jerónimo, la Policía tiene un solo vehículo patrullero, “pese a que estamos hablando de una de las zonas más pobladas”, cuenta la dirigente con una potente voz mientras entrega al periodista un pequeño mapa de la zona; sí, realizado por ella misma.
El precio de la inseguridad
El proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente tuvo un costo total de Bs 53 millones 326 mil 300 invertidos bajo la premisa de resolver problemas estructurales en el municipio sureño de Tarija, aunque inicialmente debía tener un costo de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
El proyecto inicial contemplaba componentes para salud, educación e implementación de softwares.
Según el reporte histórico de presupuestos municipales de 2012 a 2021 publicado por la Fundación Jubileo, el presupuesto de la Alcaldía tarijeña se acercaba a los Bs 541 millones.
El 8,45% de ese presupuesto, estaba destinado a la partida de seguridad ciudadana, la cual contempla recursos para gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.
El año 2018, el apartado de proyectos de inversión de seguridad ciudadana recibió su presupuesto más alto en los últimos diez años, superando los Bs 30 millones aproximadamente.
6 de cada 10 bolivianos de esos recursos, fueron destinados a Tarija hacia una Ciudad inteligente.
Según el informe de la Secretaría Municipal de Planificación, entre 2018 y 2019, el proyecto en cuestión se llevó el 68% del dinero de inversión en esta área. El monto alcanzó los Bs 19 millones 740 mil 983. Solo en 2018, el 63% de los recursos fueron destinados a Ciudad Inteligente.
Blanca Peñaloza, quien es la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana, afirma que esta instancia, tres años después de esa inversión, se encuentra sin recursos y sin resultados palpables.
Para Peñaloza, los recursos destinados al proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente, podrían haber sido utilizados a fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio con más insumos como personal para la Policía, institución que según informa, entre el 2019 y 2021, fue privada de presupuesto para mantenimiento de sus unidades, entre otros.
Verdad con Tinta hizo una solicitud formal a la Secretaría Municipal de Planificación del presupuesto disgregado en seguridad ciudadana de las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020.
Con la respuesta de esta instancia municipal se pudo constatar que, entre 2018 y 2019, la mayor cantidad del dinero del área de seguridad ciudadana fue destinada al citado proyecto.
El año 2020 el presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana fue “0”, precisamente, cuando la Alcaldía ya había dejado de lado a “Ciudad Inteligente”.
Cifras poco alentadorass
“Ahora, la sensación que me da es que Tarija sigue siendo, con todos los problemas que hay, comparativamente con el resto del país, con las capitales, la ciudad más segura de Bolivia”; ese es el análisis del exalcalde Rodrigo Paz Pereira al momento de hablar sobre la implementación del proyecto.
Para verificar este extremo, Verdad con Tinta solicitó formalmente al Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), las tablas estadísticas de criminalidad de delitos contra la propiedad de los 340 municipios de Bolivia en los años 2019, 2020 y 2021. Los delitos en cuestion son: robo, robo agravado, abigateo y hurto.
Al hacer un análisis comparativo, se pudo constatar que el municipio de Tarija se encuentra entre las cuatro capitales departamentales que más casos de delitos registra por cada 10 mil habitantes.
Tarija se encuentra por encima de urbes como Santa Cruz de la Sierra o La Paz, cuyas poblaciones son superiores a los 2 millones y un millón de habitantes respectivamente, mientras que la población de Tarija, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 2022 cuenta con 264 mil habitantes.
En 2021, en Tarija se registraron 31 casos de delitos por cada 10 mil habitantes, convirtiéndola en la cuarta ciudad capital más peligrosa, siendo solo superada por Cobija con 53 casos por cada 10 mil habitantes, Trinidad con 32 casos y Sucre con 31,5.
Cerrando más los datos a nivel departamental, por cada 10 mil habitantes, el municipio de Tarija presenta 31 casos de delitos hasta 2021, muy por encima del segundo que es Villa Montes que tiene 20 y Yacuiba 17, que son los de mayor índice de inseguridad.
Se invirtió gran cantidad de dinero público en este proyecto, pero las estadísticas en seguridad ciudadana no reflejan mejoras.
Con las pantallas encendidas, pero sin nadie que las vigile. A dos años de su conclusión, el proyecto no solo no ha resuelto la inseguridad, sino que un porcentaje importante de cámaras no funciona, y no hay suficientes recursos humanos para el centro de monitoreo, ni dinero para el mantenimiento de los equipos.
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En las instalaciones policiales se encuentra el moderno centro de monitoreo instalado como parte del componente de seguridad del proyecto Ciudad Inteligente. En este sitio están instaladas las pantallas que muestran en calidad full HD imágenes de diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia.
En él, los modernos equipos que fueron instalados como parte del mencionado proyecto, procesan la información que llega por el anillo de fibra óptica desde las cámaras situadas en diferentes puntos de la ciudad, considerados como “estratégicos”.
Sin embargo, frente a los monitores, cuya pulcritud rinde cuenta de su reciente instalación, se torna evidente que en lugar de personas, los mismos son monitoreados y custodiados por sillas vacías.
En el centro de monitoreo dos factores impiden prevenir o detectar el robo: el primero, la falta de personal para el control; el segundo, las cámaras instaladas solo cubren el 10% de la ciudad, según explican a Verdad con Tinta desde el propio Comando Departamental de la Policía.
De acuerdo a la información que maneja la institución sobre el proyecto, la ciudad de Tarija necesita alrededor de 1111 cámaras de vigilancia. Pese a eso, solo hay 151 instaladas y al menos 43 de ellas no funcionan.
De doce pantallas que se encuentran en la sala de monitoreo, solo cinco están encendidas, es decir, que se tiene vigilancia en vivo de cinco zonas de la ciudad, de las más de mil requeridas.
Pero el hecho más alarmante es que estas cinco pantallas muestran lo que sucede en vivo a un grupo de sillas vacías.
Ni una sola persona hace seguimiento a lo que transmiten las cámaras. Solo se tiene a dos policías en una pequeña y angosta sala contigua de donde se pueden ver las pantallas por la pared de vidrio, pero existe otro detalle: Ambos están sentados de espaldas.
Esta pequeña sala es de atención de llamadas de emergencia al 911, pero los teléfonos y radios de comunicación con las patrullas están conectados en un largo escritorio que da la espalda a los monitores.
Entonces, los dos únicos policías que están sobre el escritorio atendiendo las llamadas, no pueden ver en tiempo real lo que muestran los monitores.
El inicio de Ciudad Inteligente
El proyecto arrancó el año 2018, destinando importantes recursos de seguridad ciudadana a su ejecución, buscando dotar a la policía de insumos y tecnología que ayudara en la labor de proporcionar más seguridad.
Se trataba de un proyecto concurrente entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal de Tarija, cuyo costo inicial era de Bs 86 millones 422 mil 518, según consta en el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
La coyuntura política lo cambió todo. La Gobernación tarijeña a la cabeza del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar, decidió retirar la contraparte que había prometido por falta de recursos económicos, poniendo en peligro la continuidad del proyecto.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, argumenta Yamil García Delfín, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
García negó en la entrevista que esta cláusula hubiese sido motivada por factores políticos. Y es que en ese entonces, gobernador y alcalde tomaban caminos diferentes con miras a las elecciones subnacionales.
Aún sin tener los recursos para la implementación total del proyecto, la Alcaldía decidió darle continuidad, eliminando componentes del mismo y reduciendo el precio a Bs 53 millones.
“El proyecto se ha completado en lo que corresponde a seguridad ciudadana, se ha implementado un anillo de fibra óptica de 30 kilómetros alrededor de la ciudad donde se transmite información a las radios bases”, es la explicación de Juan Carlos Yañez, que es jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía tarijeña.
Los componentes para salud, educación y los softwares fueron sacrificados, aunque según el exalcalde Rodrigo Paz Pereira, “se trabajarían en fases”. Con su mandato finalizado y una nueva gestión municipal con otros objetivos, la implementación de aquellas fases es una incógnita.
Cámaras que fallan e irregularidades en el proceso de contratación
Tras casi dos años de trabajo en Ciudad Inteligente, una serie de fallas técnicas llevaron a que el proyecto no fuera recibido formalmente por la Policía el año 2019, cuando la Alcaldía firmó la recepción.
Sobre el particular el exalcalde Rodrigo Paz dice que no estaba al tanto de esta determinación de la Policía. “Me sorprende esa situación, la verdad que desconocía”, asegura.
A pesar de que la Policía se negó a recibir el proyecto, el documento de recepción final fue firmado únicamente por técnicos de Datec, de la Alcaldía y un miembro de la comisión de recepción, el cual señala que no existen más observaciones al proyecto ejecutado por la empresa contratista.
Las subsanaciones pedidas por la Policía, entre las que resaltan la falta de funcionamiento de cámaras, imágenes pixeladas y cortes en la fibra óptica, no fueron realizadas hasta la fecha por la empresa Datec Ltda., la cual se adjudicó el proyecto, pese a que el plazo de recepción definitiva venció el 18 de septiembre de 2021.
Según explica el actual alcalde Jhonny Torres Terzo, la empresa se comprometió a realizar las subsanaciones si se le paga el monto adeudado en el contrato, el cual asciende a Bs 4.942.251,81 correspondientes a la última planilla de pago, según revela a Verdad con Tinta la concejal Marcela Guerrero.
Para Torres, aquel saldo pendiente depende de la Gobernación, que ha determinado quitar su contraparte, por lo que la situación se encuentra en un “círculo vicioso”.
Aunque no hubo una mejora en las observaciones, los equipos continúan siendo utilizados por la Policía “por necesidad”, como se hacía inclusive antes de la recepción definitiva, pero por motivos que van desde lo técnico hasta lo humano, su uso desde 2018 continúa estando limitado a resolver requerimientos fiscales, especialmente en casos de robos y hurtos principalmente.
“Recibimos de seis a siete requerimientos por día”, aseguran desde la instancia policial.
Es decir, con el inicio del proyecto, los equipos fueron instalados en 2018, pero al detectarse las fallas e irregularidades mencionadas, el Comando Departamental de la Policía se negó a firmar la recepción definitiva.
Para la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana Blanca Peñaloza, el proyecto no cumple con su objetivo.
Uno de los motivos que señala, es la falta de mantenimiento, pues pese a la recepción del proyecto por la gestión anterior, no se han destinado ni recursos humanos ni económicos para este fin.
Blanca Peñaloza asegura que tampoco reciben informes sobre los robos o casos registrados por las cámaras, siendo complejo analizar así la eficacia del trabajo.
Sobre los objetivos, la concejal Marcela Guerrero explica que en el “informe de diagnóstico del proyecto de implementación Tarija hacia una Ciudad Inteligente”, realizado por un equipo multidisciplinario del Concejo Municipal, se evidencia que en la resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda. el 11 de diciembre de 2018, se dejan de cumplir los objetivos del documento base de contratación.
En pocas palabras, se pierde el objetivo y la finalidad del proyecto.
Guerrero denunció que solo 43 de las 151 cámaras instaladas estaban en funcionamiento.
La cifra de cámaras en funcionamiento habría mejorado en el último mes tras un mantenimiento realizado a los equipos, aunque la autoridad aclara que el costo es elevado y no hay recursos garantizados para aquello.
Entre otras deficiencias, Peñaloza señala que cuando se corta la luz, hay térmicos que deben ser activados de forma manual para que vuelvan a funcionar los equipos, al margen de cámaras cuyas imágenes están pixeladas por un “deficiente funcionamiento de la fibra óptica”.
Además, el contrato fue firmado sin que la empresa Datec Ltda. hubiese presentado el diseño de pre inversión, contradiciendo al Decreto Supremo 0181 de normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos.
El artículo 40 de ese decreto prohíbe “iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no actualizados y realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a un año, que no cuenten con financiamiento para el total de la inversión”. En su momento, nadie hizo observaciones a este punto, ni siquiera las instancias encargadas de la fiscalización como el Concejo Municipal.
La exdirectora municipal de Seguridad Ciudadana Susana Pantoja Ballivián, quien apoyaba el proyecto desde su área, se negó a dar explicaciones sobre las presuntas anomalías, pese al requerimiento de entrevista que hizo Verdad con Tinta.
La exdirectora sí hizo un descargo mientras se debatía la implementación de Ciudad Inteligente en un programa de la cadena televisiva Plus TLT que era transmitido en vivo por Facebook.
Según Pantoja, la Ley Nacional 264 del sistema de seguridad ciudadana respalda la tecnología en las cámaras, también la reglamentación, además de aclarar que al culminar la gestión de Rodrigo Paz se cumplieron con todos los requisitos técnicos-legales. “Se dejaron funcionando las cámaras”, dice en el texto que publicó en esta red social.
Para la exfuncionaria, el fracaso de este proyecto es responsabilidad de la actual gestión municipal que encabeza el alcalde Jhonny Torrez Terzo, porque no lo está haciendo funcionar.
Sin plan, sin estudios y sin licencia
¿Por qué se implementó el proyecto de ciudad inteligente? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Cuál era el plan de seguridad ciudadana? Son preguntas de las que no se encontraron respuestas científicas, pues no se hicieron estudios para su ejecución.
La concejal Marcela Guerrero revela que no existe, ni existió, un estudio sobre la necesidad de ciudad inteligente para Tarija, en el cual se puedan sustentar las bases del proyecto.
Al hacer una revisión, este proyecto no se encuentra ni siquiera en el plan de trabajo de la fuerza política que presentó la candidatura a la Alcaldía de Paz Pereira en 2015, según se constató en una revisión en los archivos del Tribunal Electoral Departamental (TED).
En aquella oportunidad, Paz se presentó a la Alcaldía con la fuerza política Unidos Para Renovar (Unir), cuyo plan de trabajo resaltaba en el área de seguridad el fortalecimiento de la Policía en Tarija con infraestructura y equipamiento.
Curiosamente, la nueva gestión municipal a la cabeza de Jhonny Torres tiene a la misma fuerza política como su principal aliada, pero se desliga públicamente de la anterior administración.
¿Cuál fue el criterio de la instalación de cámaras? “No tienes un policía en cada esquina. La lógica de la cámara es como un policía, la tienes en lugares específicos”, es la explicación del exalcalde Paz Pereira sobre este componente que terminó por consumirse el presupuesto de seguridad ciudadana en los últimos cinco años.
Paz refiere que Tarija es la ciudad con más cámaras por habitante de las ciudades capitales del país, “que sean del municipio”.
Con la cantidad actual, Tarija tiene 60,4 cámaras por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si bien no es la ciudad capital con más equipos instalados, pues está por debajo de La Paz, que tiene 84,67 por cada 100 mil habitantes, sí es una de las ciudades con mayor número como estima Rodrigo Paz.
El número de cámaras instaladas no fue la solución al problema de la inseguridad.
Para conocer cuál es el promedio ideal de cámaras de video vigilancia por habitantes, se buscó a un experto en seguridad en América Latina, de esta forma, se contactó con el mexicano Ernesto López Portillo, quien accedió a una entrevista vía Zoom.
Ernesto López es coordinador del Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La respuesta a nuestra duda en específico, no tiene un número.
Para responder, López toma como ejemplo el modelo incremental, el cual, como su nombre lo dice, propone más recursos para tener más seguridad. Es decir, que los gobiernos buscan más recursos para la seguridad, pero no necesariamente estos traen mejores resultados.
“Usted me consulta por cámaras, bueno yo le preguntaría primero cuál es el modelo o la estrategia de seguridad que está detrás de la instalación de las cámaras, cómo se va a evaluar y cómo se va a rendir cuentas”, cuestiona el experto.
Al hacer esta investigación se constató por medio de los informes del Concejo Municipal, de la Secretaría Municipal de Planificación y de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, que no existe un estudio concreto para la instalación de las cámaras en la ciudad de Tarija, no se tiene tampoco una estrategia de seguridad, ni se elaboró un plan para evaluar impacto, menos de rendición de cuentas.
Para Ernesto López es importante que en este tipo de planeaciones trabajen expertos en seguridad ciudadana, no solo políticos y policías. “La seguridad ciudadana es una política integral, de reducción de violencia que necesita múltiples intervenciones, pero de liderazgo civil de personas formadas, especializadas de aplicar los métodos adecuados”.
Agrega que también es importante la inclusión de la sociedad civil en estos planes, algo que tampoco sucedió, según explicó la concejal Guerrero y confirmaron los dirigentes vecinales a Verdad con Tinta (Ver parte 2).
Uno de los errores identificados en este proyecto es que las cámaras fueron dejadas al Comando policial para que este defina los lugares estratégicos de instalación y su uso, pese a que no cuenta con los suficientes recursos humanos para su manejo.
“Se les entrega las cámaras, los servidores y los sistemas de comunicación; pero es la Policía la que debe valorar el efecto”, argumenta el exalcalde, asegurando que es rol de la entidad policial brindar seguridad.
Tampoco había un conocimiento cabal de la tecnología que se estaba implementando, ni cómo se podía usar de manera más efectiva.
Desde el propio Comando Departamental de la Policía recordaron que en la presentación del proyecto en sus instalaciones, en octubre de 2018, el alcalde se había molestado porque las imágenes captadas por las cámaras no podían hacer una identificación facial. “Le dijimos que ese sistema no lo hace, no reconoce rostros ni placas, ese es otro software”, revelaron desde esta instancia.
Esta escena muestra la improvisación con la que el proyecto se implementó.
Para Ernesto López es clave que las políticas de seguridad estén científicamente evaluadas, como si se estuviese valorando una medicina.
El experto sustenta este postulado comparándolo con el tema de los medicamentos; por ejemplo, ningún país podría aceptar una vacuna covid que no estuviera científicamente autorizada, “supongo que nadie en ningún lugar del mundo pueda decir ‘aplícame una vacuna que no esté probada’; en seguridad tendríamos que decir lo mismo, las políticas de seguridad tendrían que estar comprobadas”.
En el caso específico de Tarija, no se hizo ni se hace eso, las políticas de implementación de este proyecto no fueron comprobadas.
El futuro es incierto
Para el exalcalde Rodrigo Paz el uso de las cámaras, la fibra óptica y el moderno data center ubicado en uno de los edificios municipales, depende de la actual gestión. “Creo que el proyecto es muy útil, que el nuevo alcalde le puede dar una utilidad y un alcance extraordinario”.
El actual alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo responde que el proyecto se encuentra dentro de un “círculo vicioso”.
“Las cosas tienen que ser claras. Para que funcione ciudad inteligente, por lo menos con seguridad ciudadana, la Policía debe recibir el sistema, pero nos dijo que no lo va a hacer porque no se hicieron los ajustes que pedía, pese a que la anterior gestión ha firmado recepción provisional y definitiva”.
Torres dice en una breve entrevista en su despacho que la empresa se comprometió en realizar los ajustes requeridos si se le paga el monto adeudado en el contrato, pero que esos recursos dependen de la Gobernación que ha determinado quitar su contraparte. “Ahí el círculo vicioso”.
El alcalde agrega que se está iniciando una auditoría interna al proyecto, además de que realizó una solicitud de auditoría a la Contraloría General del Estado.
Asegura que es necesario cerrar el proyecto, “se tiene que recibir o rechazar”.
También se pudo conocer por medio de un informe del Comando Departamental de la Policía, que el proyecto se implementó sin licencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el uso de las frecuencias.
Sobre todas estas irregularidades se intentó hablar con la empresa Datec S.R.L que es la encargada del proyecto, pero su única respuesta hasta el cierre de edición fue el silencio.
La Alcaldía y la Policía en Tarija se debaten sobre el presente y futuro del proyecto de ciudad inteligente, pese a que ya fueron invertidos hasta ahora más de Bs 50 millones.
En resumen, el concepto de ciudad inteligente en este proyecto quedó pequeño a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), especialmente aquellos que apuntan a mejorar la calidad de vida. (Ver parte 3).
La improvisación y la falta de un plan en seguridad ciudadana, derivaron en un excesivo gasto de recursos económicos en un proyecto, cuyos resultados no son palpables, ni en las cifras, ni en las calles. Tampoco hay una rendición de cuentas ni una investigación oficial sobre el proyecto.
La historia de la joven gitana “Paquita”, abrirá el telón para celebrar en Tarija el Día Internacional de la Danza, en un evento que será realizado este 29 de abril a las 19.30 en el Teatro de la Cultura, cuya presentación estará a cargo del estudio Tatiana Sanjinés.
“Es uno de los clásicos del ballet que habla de una historia de amor que básicamente trata de una gitana que toca el tema de las clases sociales”, relata la profesora y bailarina María Angélica Villena Guerrero sobre la puesta en escena de esta obra.
María Angélica relata con detalle esta clásica obra del compositor francés Édouard Deldevez (1817-1897+) y el maestro de ballet de la Ópera de París Joseph Mazilier (1797-1868+), aunque el resumen nos lo guardamos en caso de que no conozcas el argumento, ¡para no hacerte spoiler!
La directora del ballet Tatiana Sanjinés Uribe explica que la puesta en escena de este tipo de obras requiere por lo menos de seis meses de ensayo continuo. Precisamente, María Angélica asiste a la entrevista con indumentaria deportiva, pues minutos después debe volver a los ensayos.
Uno de los encuentros con el equipo de prensa de Verdad con Tinta se da en un domingo por la tarde, día que para los integrantes de este ballet no puede tomarse como descanso, pues en la semana entrante hay una nueva presentación. El ensayo debe continuar.
Las integrantes del ballet vienen de hacer una presentación el pasado sábado 23 de abril en el Castillo Azul, pero más allá de los aplausos y el placer de haber cumplido con las expectativas, al día siguiente ya sin el maquillaje en el rostro, se reencuentran en otra jornada de ensayo.
La experiencia de aquella presentación en el Castillo Azul fue para sus integrantes como “vivir en un cuento de hadas”. Literal.
Atrás quedaron las incomodidades de actuar en un piso que no es un escenario técnicamente adaptado para este tipo de movimientos, pues a sus espaldas no había un montaje de escenario, el paisaje de aquel imponente castillo era real. Aquella mezcla entre la danza y la arquitectura del lugar, le dieron un toque de magia a la presentación.
El ingreso es gratuito, por ende, hay que tomar previsiones para ir temprano y conseguir un lugar.
Situación similar ocurrió en la celebración de la Pascua cuando hicieron la recreación del tradicional zapateo frente a la iglesia Catedral de Tarija. En esa ocasión no importó hacer la puesta de escena a las cuatro de la madrugada, en lo que fue una fusión entre el arte y la cultura local.
Lo que se vivirá este viernes 29 pretende de igual manera trasladar a los espectadores a la España de 1800, vivir situaciones de esa época, sentir a pleno el romance, el desamor y reír junto con los actores en medio de una danza continua e intensa. Sí, la mejor manera de rendir homenaje a uno de los artes que rompe barreras culturales, políticas y éticas.
Día Internacional de la Danza
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó en 1982 al 29 de abril como Día Internacional de la Danza en honor al natalicio del bailarín y coreógrafo francés Jean-Georges Noverre (1727-1810+), conocido como el creador del ballet moderno.
Esta iniciativa surgió con el Consejo Internacional de la Danza (CID) para “deleitarse con la universalidad de esta forma de arte, cruzar todas las barreras políticas, culturales y étnicas” con el fin de unir a las personas en un lenguaje común.
Cuando ella termina de dar sus clases en la universidad, se queda unos momentos más en el aula para recolectar el papel utilizado y que generalmente está destinado al tacho de basura, el cual lo guarda en su mochila.
Este mismo ejercicio lo realiza mientras va caminando por el patio de la universidad o por las calles, o en la propia casa. El fin es reciclarlo y convertirlo nuevamente en papel utilizable o en adornos que puedan ser utilizados en el hogar o en la oficina.
Ella es Vania Salguero Duchén, quien es docente en la Carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Católica Boliviana en Tarija.
Su pasión por la educación va más allá de las aulas universitarias y más aún, si el fin es a favor del medio ambiente, por eso está iniciando un taller artesanal de reciclado de papel.
Este taller inicia el sábado 2 de abril y culmina el 17 del mismo mes, el cual será realizado de manera presencial, divido en seis clases prácticas. “Aprenderás a hacer papel reciclando hojas viejas”, explica la joven capacitadora.
Vania cuenta que la técnica la aprendió en La Paz de un artista plástico cubano.
“Como tanto papel se desperdicia o se bota, yo los voy recolectando de la universidad, de mis alumnos, de la casa”, relata Vania al recalcar en sus palabras la cantidad de material que es desechado cuando puede ser reutilizable.
Esta técnica, según describe la capacitadora, consiste en seleccionar el papel y prepararlo, para luego hacer un engrudo que al ponerlo en agua, colarlo y secarlo, se convierte en nuevas hojas.
“El taller es básicamente eso, reutilizar hojas viejas para hacer papel nuevo”.
Acota que se pueden hacer papeles con textura, de colores, de flores, “casi de lo que sea”.
Dice que se pueden usar como cualquier hoja bond o cartulina, hacer tarjetas personales, invitaciones, entre otros.
Otro detalle importante es que al ser un trabajo artesanal, la actividad es “bastante relajante” para cualquiera de los participantes.
El costo el curso es de Bs 200, las capacitaciones serán realizadas los días sábados y domingos por las mañanas de 10:00 a 12:30, haciendo un total de seis clases “100% presenciales”.
El taller será efectuado en un domicilio particular ubicado en la calle La Madrid N 457 entre Campero y General Trigo.
¿Y vos qué esperas para hacer tu aporte al medio ambiente?
Trabajo realizado para El Potosí y Verdad con Tinta
Un vehículo que estaba guardado en el garaje de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de Potosí y que según su gerente regional Milton Javier Villa Llanos, era alquilado por Osvaldo Mariscal Barrios, quien fue identificado como uno de los tramitadores de las 41 ambulancias, pertenece en realidad a la empresa de construcción Arce Lema S.R.L., que circunstancialmente tiene un contrato con la estatal caminera por el tramo Uyuni-Atocha-Tupiza.
Siguiendo el rastro de este vehículo, un Mitsubishi tipo L200, modelo 2018 que se encontraba en oficinas de la ABC Potosí y que lo vincula con Mariscal Barrios, se identificó que está registrado a nombre de esta empresa constructora radicada en Tarija, la cual tiene una serie de observaciones en proyectos anteriores.
Para la adjudicación del contrato del tramo caminero Uyuni-Atocha-Tupiza, Arce Lema S.R.L. ingresó como parte de una asociación accidental denominada Constructora Santa Fe.
¿Cómo quedó la camioneta en poder de Osvaldo Mariscal Barrios?
Esta es una respuesta que la empresa constructora se negó a dar.
El equipo de prensa de Verdad con Tinta tocó las puertas de la oficina de la empresa ubicada en el centro de la ciudad de Tarija, donde una secretaria anotó los datos del vehículo y dijo que posteriormente se vería si se tiene o no la información, pero en medio de la conversación, la puerta fue cerrada por una tercera persona sin siquiera dar chance a una despedida.
Se llamó vía telefónica en dos oportunidades a la empresa para conocer la situación de este vehículo, pero la contestación es que no se tiene “ninguna información”. La empresa también se negó a dar cualquier tipo de entrevista.
En una anterior indagación de El Potosí, el director regional de la ABC Milton Javier Villa Llanos, dijo que el vehículo se encontraba en estas oficinas porque era “alquilado” por Mariscal durante el tiempo que permanecía en la capital potosina, tomando en cuenta que esa persona es de Sucre.
El registro del automotor desmentía esta versión, pues figura a nombre de la constructora.
La investigación de El Potosí revela que existe un nexo afectivo entre el director regional de la ABC con uno de los tramitadores en el caso de las 41 ambulancias.
Osvaldo Mariscal Barrios, es conocido como el “tramitador” que, junto a Víctor Neil Arancibia Pradel, se presentó el pasado 18 de noviembre de 2021 en el taller automotriz Zegarra Motors de la capital potosina para conseguir el número de NIT que luego apareció sin consentimiento de los propietarios en el contrato de compra de las ambulancias.
Mariscal es un militante del Movimiento Al Socialismo (MAS), amigo del gerente regional de la ABC-Potosí, Milton Javier Villa Llanos, quien califica a la suya de una amistad “circunstancial”, según admitió en una entrevista con El Potosí.
Denuncias e irregularidades en proyectos
Arce Lema está involucrada en el departamento de Tarija en proyectos que están siendo auditados o que se encuentran en proceso judicial.
Uno de las obras en cuestión es la construcción de la Rotonda de la Bandera en la zona norte de la ciudad de Tarija, la cual es conocida popularmente como el “mástil millonario” por su alto costo que representó de Bs 5 millones.
La obra a cargo de esta empresa fue realizada en la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, la cual no fue oficialmente entregada y cuyo mástil tampoco es utilizado, ni siquiera en fechas cívicas.
El actual alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo, explicó a los periodistas durante las celebraciones cívicas de agosto de 2021, que el mástil no solo costó «5 millones de bolivianos», sino que también le puede significar a este municipio «Bs 200 mil anuales» si se quiere tener una bandera izada los 365 días del año.
El Concejo Municipal de Tarija inició una auditoría a esta obra por una serie de irregularidades, una de ellas que tenía asignado un presupuesto de Bs 20 mil cuando se presentó el proyecto en 2017 y que, por medio de una ley aprobada en 2018, hubo una modificación que incrementó su costo a Bs 5 millones.
Otra de las observaciones tenía que ver con la empresa Arce Lema, que al momento de adjudicarse el proyecto en 2018, estaba legalmente impedida por una sanción que recibió en 2015, debido al “incumplimiento en un proyecto en el departamento de Pando”, según había denunciado en ese entonces el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Gallardo Tárraga.
El concejal había pedido al entonces alcalde que inicie acciones legales contra esa empresa porque estaba sancionada e imposibilitada de adjudicarse cualquier proyecto en el periodo de tres años, tiempo que no había concluido. El proyecto por el que había sido sancionada fue cuando formaba parte de la Sociedad Cocibol S.R.L. y Asociados.
La denuncia indica que es un hecho ocurrido en el departamento de Pando donde, la empresa Arce Lema junto a otra constructora, en sociedad accidental, se adjudicó una obra que no cumplió.
Por este motivo, la asociación de las dos empresas quedó inhabilitada para participar de licitaciones por el periodo de tres años.
En ese entonces, el secretario ejecutivo de la Alcaldía tarijeña Diego Ávila Navajas, argumentó que la inhabilitación estaba en función de la asociación y “no de las empresas por cuenta propia».
Johnny Torres Terzo, actual alcalde de Tarija dijo a Verdad con Tinta que da por “cerrado” el caso del mástil, al indicar que existe una auditoría iniciada por el Concejo Municipal que actualmente se encuentra en pleno proceso.
Otro de los casos observados en los que se encuentra involucrada esta empresa es del tramo carretero Jarcas- Piedra Larga en la ruta al Chaco.
La empresa fue adjudicada en 2015 para la construcción de este tramo carretero.
En este caso, la Fiscalía identificó los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, conducta antieconómica y falsedad ideológica.
Por este proceso, el exgobernador de Tarija Adrián Oliva Alcázar, exfuncionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) y representantes de esta empresa son investigados.
Según la denuncia que fue interpuesta por el entonces asambleísta departamental Abel Guzmán, el Sedeca realizó una contratación por administración directa con la empresa Arce Lema por un monto de Bs 190.286.227,35, donde aparentemente se habrían cometido una serie de irregularidades.
Entre las irregularidades se identifica un anticipo del 20% con fecha 21 de enero 2016 de una de las pólizas de garantía, cuando la orden de proceder recién fue emitida el 25 de febrero 2016.
Mientras en la ciudad de Tarija, el tema del mástil sigue estando dentro del debate público, la misma constructora que se adjudicó el proyecto, se ve vinculada en otro polémico caso en el departamento de Potosí.
El caso de las 41 ambulancias
Una investigación periodística del diario El Deber reveló el 14 de enero que la gestión del gobernador de Potosí Jhonny Mamani Gutiérrez, habría adquirido esos automóviles, pero adjudicando el contrato a una empresa unipersonal Stefals Logistics, recientemente conformada, que, además, era la oferta más cara.
Las ambulancias figuraban como entregadas, pese a que no habían llegado.
Otra irregularidad tiene que ver con el número de identificación tributaria (NIT) presentado por la empresa adjudicada, el cual pertenece en realidad a un taller automotriz de la capital potosina.
La Gobernación de Potosí anunció el 24 de enero la resolución del contrato por Bs 20,5 millones para la compra de 41 ambulancias, además de la ejecución de las boletas de garantía y que se emprenderá acciones legales contra la empresa adjudicada.
Además de los 41 vehículos mencionados, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) observó la compra en la pasada gestión de una ambulancia con sobreprecio. “Esta ambulancia costó 388 mil dólares, hay la probabilidad de sobreprecio”, declaró a los periodistas la presidenta cívica Roxana Graz.
Como un episodio de algún documental relacionado con Chernóbil, aparecen tirados los cuerpos negros de los cóndores a lo largo de una pequeña quebrada en la comunidad de Laderas Norte en el área rural de Cercado del departamento de Tarija.
Las alas cerradas para siempre son examinadas por hombres vestidos de blanco con trajes especiales para no contaminar el área.
La calurosa tarde del cinco de febrero de 2021 se nubló. El clima fue un alivio para los investigadores que llevaban estos pesados trajes, pero a la vez, un trago amargo por el motivo en el que se encontraban.
Uno de esos investigadores es Diego Méndez del Museo Nacional de Historia Natural. El biólogo recuerda que en esa oportunidad se había formado un equipo multidisciplinario, cuya tarea era esclarecer por completo el caso. No ocurrió aquello.
No se tienen certezas a casi un año del hecho, sobre qué hizo la Fiscalía con las pruebas obtenidas en ese momento.
El proceso está calificado como “biocidio”, un delito que se encuentra tipificado en la Ley 700 de defensa de los animales. La denuncia la formalizó la Gobernación tarijeña.
Mientras los científicos realizaban la toma de pruebas, encontraron en el cielo una esperanza. Dos cóndores pasaron volando por la zona, como si estuviesen observando el tétrico panorama.
Un viaje sin respuestas
Un planeo perfecto. Las alas extendidas del cóndor reflejan la sombra de su paso por la zona de Laderas Norte en el valle central tarijeño, un sitio marcado con sangre por la historia, pues ahí se produjo hace once meses una de las mayores matanzas mundiales de esta especie.
El sacrificio de 34 cóndores está a punto de quedar en la nada, pese al valor científico que representa, pues el caso para la Fiscalía se pasó volando.
“Esta era evidencia científica que se podía traducir en resultados tangibles y acciones para manejar de una mejor manera la población de cóndores”, se lamenta el biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural, Diego Méndez.
El hombre de barba, dedicado a la investigación de esta especie, dice al otro lado del teléfono sentirse “frustrado” por el curso que tomó este caso, convirtiéndose en un folder más dentro del archivo de las oficinas de la Fiscalía tarijeña.
“Sé que la justicia es así en Bolivia, pero al ver cómo inició la investigación de este caso, tenía una esperanza”, confiesa casi resignado.
Y es que, para el científico chuquisaqueño, la pérdida de casi el uno por ciento de la población mundial de esta especie debe servir para algo, tomando en cuenta el valor de las muestras que se sacaron aquel cinco de febrero de 2021.
“Que no se pueda dar curso a los análisis de estas muestras en más de siete meses es impensable”, dice el científico con molestia.
Diego explica que es importante que se marque un precedente identificando al responsable de esta matanza, pero más significativo que eso, es rescatar la evidencia colectada para usar los resultados a favor de la preservación de la especie.
Muestras perdidas en la altura
Las muestras se fueron volando a La Paz al laboratorio de la Policía Boliviana.
En la Fiscalía de Tarija indican que no tienen los reactivos suficientes y ese fue el motivo por el que se envió a la sede de Gobierno, la ciudad donde casualmente descansan los gigantes símbolos estáticos de los cóndores en los escudos nacionales.
Las muestras fueron enviadas el martes nueve de febrero de 2021 y se esperaba que los resultados lleguen una semana después.
En realidad, fueron más semanas, ya pasaron once meses y no se tienen novedades.
Vuelo sin retorno
“Hemos estado tratando de contactar a la Fiscalía desde hace tiempo y no nos ha dado ninguna novedad”, responde desde el teléfono el abogado del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Rodrigo Herrera.
Herrera asegura que están realizando un memorial para tener una copia del cuaderno de investigación, además de saber el estado del proceso.
El Ministerio de Medio Ambiente ya identificó al posible responsable de la matanza, el informe fue remitido a la Fiscalía, pero la investigación sigue frenada, confiesa el propio Herrera a Verdad con Tinta.
El veterinario del Bioparque Urbano de la ciudad de Tarija, Luis Morales, también se lamenta que “ya no se tengan más respuestas del caso de los cóndores”, pese a que formaron equipos técnicos para hacer la entrega de las muestras a la Fiscalía.
La mayor matanza
No es la primera vez que estos animales son envenenados, pero sí la más grande. La muerte de los 34 cóndores en Tarija es la de mayor impacto que se registró jamás en Bolivia y la segunda en el mundo.
Otra matanza de estas características fue registrada en enero de 2018 en la provincia de Mendoza-Argentina.
Los cuerpos de los animales estaban amontonados y parcialmente quemados. Algunos cóndores llevaban pocos días muertos, de otros quedaban “solo los huesos”, pero la hipótesis es que todos murieron envenenados con agroquímicos, informaba en ese entonces la organización “Aves Argentinas”.
Una nota del periódico argentino El Clarín del 25 de enero de 2018 indica que la causa de la muerte de estos cóndores fue por una práctica “tan común” como peligrosa entre los ganaderos de la región.
“Cuando un depredador mata a uno de sus animales, los criadores envenenan los restos del cadáver que estas especies dejan apartadas para continuar comiéndose”, dice la investigación de la Justicia de Argentina.
Entonces, cuando los pumas o zorros regresan y siguen saciando su hambre, ingieren el veneno con que fue rociado a su presa, lo que deriva en su muerte.
“Es una práctica que se usa mucho, pero pone en riesgo también a las especies carroñeras que se alimentan con los restos que dejan los depredadores”, eran las declaraciones de entonces jefe del Departamento de Fauna de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, Adrián Gorrindo al periódico local Los Andes.
Y aquí entra en escena el cóndor. “A eso se suma el mito urbano que sostiene que los propios cóndores cazan a las crías del ganado. Eso no ocurre”, refería el especialista.
Aquella lección, no serviría para frenar una nueva matanza con el mismo número de víctimas.
El caso se repitió tres años después y con características similares. Envenenamiento, mitos y un problema social. Esta vez fue más al norte, en tierras más altas y donde el animal es considerado un símbolo. Bolivia. Sí, ni ahí puede estar seguro.
Tierras regadas de veneno
A su paso por los valles, los cóndores viven en amenaza constante.
Diego Méndez recuerda que unos meses después de este suceso en Tarija, se encontró con otro caso de envenenamiento en Chuquisaca, pero esta vez ¡Se salvaron!
El biólogo fue alertado de dos cóndores que habían sido envenenados el 24 de agosto en los valles chuquisaqueños a una distancia de 45 minutos en vehículo desde la ciudad de Sucre.
“Este es un nuevo caso de envenenamiento, por suerte los cóndores se están recuperando satisfactoriamente”, relata el biólogo más tranquilo, porque esta vez, los animales van a poder extender sus alas.
Tanto en Tarija como en Chuquisaca se encontraron presas con veneno.
En el caso de Tarija se encontró carbofurano, conocido en el mercado como “furadan”, un tóxico que es utilizado en las plantaciones de alimentos que se prohibió el año 2009 en Estados Unidos.
Este plaguicida es conocido a nivel internacional como el creador del “círculo de la muerte”.
La National Audubon Society alerta que este tóxico interfiere con las enzimas que ayudan a que los nervios se comuniquen entre sí.
“Cuando un animal está expuesto, sufre convulsiones e insuficiencia respiratoria. Es una muerte horrible”, especifica esta organización estadounidense de protección animal sobre los efectos del producto.
El citado plaguicida está prohibido en Estados Unidos desde el año 2009. En España y otros países de Europa su prohibición es desde 2007.
Un estudio de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa-Perú devela que el uso de este producto también puede generar afecciones en los humanos, especialmente en los hombres. “El carbofurano puede causar daño en el aparato reproductivo masculino”, dice la tesis.
“Es llamativo que aquí –Bolivia- puedas comprarlo en cualquier parte como si fuera un chicle”, critica Diego Méndez.
En el registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), el carbofurano está clasificado como un plaguicida de tipo “acaricida – insecticida”, el cual se encuentra entre los productos que tienen permitida su distribución en el territorio boliviano.
Un paseo por las nubes
“Somos libres cual libre es el cóndor que el espacio recorre veloz”, dice una de las estrofas del Himno a Tarija, pero ¿qué tan libre es el cóndor en este contexto?
Para Diego Torrico, el cóndor es símbolo de libertad, majestuosidad y elegancia.
Diego es uno de los impulsores del festival “Irupanapente” que es realizado cada año en los Yungas paceños, donde cientos de personas se lanzan al vacío simulando el vuelo de esta ave, tratando de hacer aquel planeo perfecto.
Al deportista se lo ve en fotografías de periódicos nacionales con su traje de Mario Bros y su gigantesca mochila en la espalda con el colorido parapente escondido.
El joven de 1,85 metros de altura trata de emular el vuelo del cóndor en cada una de sus aventuras en parapente y para eso, se trasladó a Tarija a vivir esta experiencia cerca del ave.
El cóndor andino se encuentra en la lista roja como una especie vulnerable de extinción.
“Volé en una térmica con al menos diez cóndores a muy poca distancia y creo que hasta ahora fue una de las experiencias más increíbles que me regaló este deporte”, relata la vivencia de esos minutos de adrenalina pura en que la cúpula de su parapente se mimetizó con las impresionantes alas de aquellas aves.
Cuando el parapentista paceño se enteró del caso de envenenamiento en Tarija, sintió como si le hubiesen dado un golpe seco de puño en pleno rostro.
“Fue una de las noticias más dolorosas que recibí ese año… impotencia y rabia es lo que uno siente”, dice con la bronca contenida al recordar los videos de ese episodio que se difundieron en las redes sociales.
Quien no necesita volar para tenerlos cerca a los cóndores y sentir su paso es Vicente Dahier, quien es propietario de un alojamiento en la zona del Valle de los Cóndores en el departamento de Tarija.
Su pequeña estancia no tiene un nombre en específico, pero es conocida como la residencia de los cóndores. Quienes lo visitan, saben que tendrán consigo una de las vistas más privilegiadas de la naturaleza. Un paseo por las nubes.
Quizás, esta vista no tiene la producción de aquella película hollywoodense protagonizada por el canadiense Keanu Reeves, pero cuenta con el paso mágico de los cóndores que se pierden entre las nubes.
Este es el paisaje que conquistó el corazón del francés que hizo de Bolivia su morada. “Ya casi pasó un año de ese drama”, dice el hombre todavía impresionado por lo que vieron sus ojos aquel mes de febrero.
Como la escena de la tragedia de la película mexicana-estadounidense cuando un incendio amenaza con desaparecer aquel paraje mágico, lo ocurrido en Tarija toma otra dimensión y advierte con cortar las alas a este sitio de ensueño.
Y es que para Vicente o para Diego, este sitio sin los cóndores, pierde todo el encanto.
“Los respetamos mucho y enseñamos a la gente a que los respete también”, agrega Vicente, a quien se le escucha todavía afectado tras el teléfono por lo ocurrido en febrero, pero su mayor temor es que esta historia se repita, al no existir aún ningún precedente en el campo jurídico.
Un escudo incompleto
El cóndor andino se acomoda encima del Escudo Nacional dando su toque de majestuosidad al emblema patrio, además de ser la representación más pura de la libertad.
“Remata el escudo el cóndor de los Andes en actitud de levantar vuelo”, reseña sobre este símbolo la página oficial del Ministerio de Defensa.
La imagen del cóndor no solo se encuentra en el escudo, también figura en himnos departamentales como el de Tarija, en la literatura, en el folklore y en leyendas, es una parte importante de la cultura boliviana que puede perderse para siempre.
Los soportes del Escudo Nacional necesitan atención; pues el Cerro Rico que también es parte de sus símbolos como muestra de la riqueza del país, se encuentra al borde del colapso por la explotación minera en su interior y el cóndor está en la “lista roja” de especies en peligro de extinción.
El emblema patrio, puede quedar incompleto, pues ni la riqueza ni la libertad están recibiendo el cuidado adecuado.
La cabra que sirvió de carnada
¿Qué pasó el cinco de febrero en Tarija? La dantesca imagen de los 34 cóndores muertos, uno al lado de otro…impacta.
Las investigaciones de los peritos indican que estas aves fueron envenenadas. En total murieron en esa oportunidad 34 cóndores, cinco pala palas, un sucha y un carcancho.
Vicente Dahier aclara que el número de los cuerpos encontrados en el valle central tarijeño no son absolutos, porque existe la posibilidad que hayan sido más.
“La madre va a su nido a dejar la comida que recoge en el campo, entonces no sabemos cuántos más han sido afectados”, dice Vicente sobre el impacto de este suceso.
Según los comunarios de la zona, la intención era matar a un puma que se estaba comiendo su ganado. La carnada fue una pequeña cabra muerta, cuyo cuerpo fue cubierto de veneno. El resultado fue trágico.
Los cóndores atraídos por la carnada, mordieron el anzuelo y en apenas unos minutos de picar en esa carne, empezaron a desfallecer.
Un problema social que se eleva
Mientras pela unos duraznos al pie del horno de barro, una comunaria de Cabrerío, un poblado que se encuentra en el municipio de Culpina en Chuquisaca, justifica el envenenamiento de cóndores.
“Es que se comen el ganado”, dice la mujer mientras extiende la mano a uno de sus ocasionales invitados con un durazno bien pelado. “Son los mejores”, les revela a los visitantes al mostrar el jugoso durazno.
Lo cierto es que esta ave no acostumbra a cazar animales vivos, sino que es carroñero.
Un animal carroñero es aquel que consume cadáveres sin haber participado en su caza.
Diego Méndez dice que este es un problema real que va más allá de un caso en específico.
“Falta información y estrategias de convivencia para que esta no sea la forma de proteger su ganado”, analiza el científico.
Productos tóxicos como “furadan” son ofertados libremente en el país y animales como las aves siguen siendo envenenados.
En la lista roja
Más allá de ser un símbolo nacional, el papel del cóndor en el medio ambiente es primordial, según sustenta el Museo Nacional de Historia Natural.
El cóndor al ser un animal “carroñero” es “fundamental” en el ecosistema, porque evita la proliferación de bacterias que pueden generar enfermedades en los humanos.
Además, “ayuda a controlar la población de otras especies carroñeras” y así contribuye a mantener el equilibrio del ecosistema, agrega Diego Méndez.
Este animal fue calificado como “vulnerable” de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
En todo el mundo se tiene una población de 6 mil a 7 mil cóndores, de estos, 1.500 se encuentran en Bolivia, lo que representa el 20% de la población mundial.
60 cóndores representan el 1% de la población mundial, cifra que refleja la magnitud del biocidio de las 34 aves.
Fiscalía con el vuelo en retraso
El Ministerio Público en Tarija solo ha indicado que el proceso por el biocidio de 34 cóndores no se ha cerrado.
En la Fiscalía dicen que están a la “espera” de los resultados para dar el siguiente paso.
Lo curioso es que hasta la fecha, ningún funcionario del Ministerio Público de Tarija se comunicó con los peritos para que estos den su ayuda técnica.
“Son pocos especialistas en esta rama en Bolivia, entonces sorprende que no se haya llamado a ninguno para aportar con la investigación”, critica Diego Méndez.
Si las pruebas fueron contaminadas o simplemente se perdieron, el daño no solo se comete a un caso, sino a la ciencia en su conjunto, porque se pierde información que ayude a mantener de una mejor manera el equilibrio ambiental.
La alerta roja ya está encendida y si se sigue pasándola por alto, ni un aterrizaje forzado podrá salvar a esta especie.