Los funcionarios aprovecharon las leyes y mecanismos de la pandemia para comprar equipo, adjudicar contratos sin competencia y hacer pagos sin cumplir las normas
En Bolivia no todos los recursos económicos destinados a la emergencia sanitaria en el año 2020 fueron a cubrir las necesidades en el área de salud. En Tarija, las facilidades normativas habilitadas en ese periodo en compras directas sin fiscalización permitieron la adquisición de costosos equipos para dos fábricas: de néctares y de politubos que hasta la fecha no funcionan.
“Reactivación productiva de las economías locales-covid”, es el nombre del programa que utilizó recursos del presupuesto departamental de emergencia para el coronavirus en Tarija, Bolivia en el año 2020, para la compra de un equipo de proceso para la producción de jugos y de extrusoras para la producción de politubos.
El primer equipo adquirido es para el proceso de producción de jugos y néctares, según especifica el contrato.
En el segundo caso, se adquirieron extrusoras que son máquinas industriales que aplican presión sobre medios sólidos y viscosos para forzar su paso a través de la abertura de una boquilla.
La extrusión o trefilado, es una tecnología utilizada para producir todo tipo de productos. En este caso, según el contrato, estas máquinas servirían para la producción de politubos que se convierten en un tipo de tuberías flexibles.
Al hacer una revisión a los datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se detectaron algunos contratos de Tarija que fueron utilizados en adquisiciones directas con el presupuesto de emergencia por la pandemia de covid-19 que no tenía relación con la emergencia sanitaria.
El Gobierno Departamental de Tarija no solo adquirió insumos o equipos médicos por la emergencia de la pandemia con los recursos destinados a la pandemia de covid-19, también compró de forma directa maquinaria que no tiene ninguna relación con el tema sanitario, como son las extrusoras y el equipo de producción de néctares.
Estos datos fueron extraídos del Sicoes por el Lab TecnoSocial y subidos a la plataforma Contratos Abiertos, utilizando una metodología de filtros que es explicada en este enlace y que ha permitido encontrar diversas irregularidades en el gasto público durante la emergencias sanitaria.
Adquisiciones con presupuesto covid, pero sin relación con la emergencia sanitaria
“Crisis” fue la palabra más recurrente en los discursos de Adrián Oliva Alcázar y sus colaboradores en su gestión como gobernador de Tarija entre 2015 y 2021. El término tomó más fuerza en la emergencia sanitaria, el cual sirvió de argumento para una serie de adquisiciones que no permitían ningún tipo de cuestionamiento, pues se tomaba como “atentatorio” a la salud.
Pasado el periodo “atentatorio”, el argumento de la administración de Adrián Oliva Alcázar, fue que las fábricas formaban parte del plan de “reactivación económica”, tomando en cuenta el daño que habían sufrido los productores locales por la cuarentena.
Este plan fue presentado para combatir la crisis económica en la región. El mismo contaba con cuatro ejes: el primero estaba vinculado con el salvataje con programas de empleo temporal; el segundo con la seguridad alimentaria; el tercero con la competitividad y el cuarto con la atracción de inversión privada en las alianzas público privadas.
Para el sector empresarial, este plan debía disminuir el gasto público y diversificar los ingresos fiscales, pero eso no ocurrió.
Las compras fueron realizadas dentro del “Programa departamental previsión para la reactivación productiva de las economías locales-covid”.
El programa dependiente de la Secretaría de Desarrollo tenía como fin reactivar la economía en periodo de emergencia con apoyo centrado a los productores locales.
El principal sustento era la Ley 409 “de reactivación económica, salvataje financiero y apoyo a la salud” que fue promulgada en junio de 2020.
Algunos insumos de estas fábricas que se pretendían hacer estuvieron desde noviembre de 2020 hasta mediados de 2022 en depósitos de la Aduana Nacional. Dos años desde la emergencia sanitaria.
Para el equipo de proceso de la planta procesadora de jugos y néctares, el Gobierno Departamental de Tarija invirtió Bs 91 mil (13 mil dólares), según establece el contrato del 30 de noviembre de 2020.
El documento de compra indica que este equipo es para la producción de jugos de fruta, aceites esenciales y néctares.
El segundo caso es de máquinas extrusoras con un costo de Bs 82 980 (12 mil dólares aproximadamente), mismas que sirven para montar una fábrica de producción de politubos, según indica el contrato del 30 de noviembre de 2020.
Las compras se hicieron de manera directa con recursos de la emergencia sanitaria por medio de las secretarías de Desarrollo Productivo y de Economía que estaban a la cabeza de Lily Morales y Manuel Figueroa de los Ríos respectivamente.
El exsecretario de Economía Manuel Figueroa respondió a Verdad con Tinta que él solo firmaba los contratos que eran aprobados por las secretarías, en este caso de Desarrollo Productivo. Dijo desconocer el uso de estos equipos, solo que se regían dentro de las normativas que permitían este tipo de compras en el periodo de la emergencia sanitaria.
¿Dónde están las fábricas de politubos y néctares?
“No están en funcionamiento”, fue la primera respuesta que recibió el equipo de Verdad con Tinta cuando visitó las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija.
En la visita a las fábricas se encontraron dos galpones blancos de 10 x 52 metros con las puertas cerradas con candado y de paredes enchapadas de seis metros de alto. Una se encuentra en la comunidad de Muturayo y otra en Calamuchita.
La fábrica de néctares se encuentra en medio de la zona de La Ventolera en un sitio descampado, lleno de tierra, cerca de la carretera nacional N 1 que une al país con la Argentina.
El fuerte silbido del viento retumba en la oreja del visitante. Alrededor solo se encuentran desparramadas algunas partes no utilizadas en la construcción del galpón. El sitio es impenetrable.
“Recién llevaron algunas máquinas”, dice uno de los comunarios consultados, quien no sabe responder quién tiene las llaves del lugar.
Tras consultar en diferentes casas, nos indican que el dirigente de las seis comunidades de la zona tiene las llaves de ambas fábricas, pero el hombre no pudo ser ubicado.
Imágenes de la Planta Procesadora de Jugos y Néctares, ubicada en Muturayo, La Ventolera
La planta de politubos se encuentra en la comunidad de Calamuchita, en un pequeño monte erosionado, de donde se tiene una vista envidiable del poblado y los cultivos de vid.
La situación es similar a la de néctares, sus puertas están cerradas con pequeños candados.
Por un estrecho espacio entre la puerta pudimos divisar la fábrica por dentro. La mayoría del espacio del interior se encuentra vacío y en el fondo, hay un cúmulo de cajas y bolsas.
Imágenes de la Planta de Politubos, ubicada en la comunidad de Calamuchita
No solo es la curiosidad que ambas fábricas adquirieron maquinaria que no tenían relación con la emergencia sanitaria, sino que también eran parte de un programa que venía antes de la pandemia.
Las fábricas eran parte del Programa Solidario Comunal (Prosol), el cual se rige bajo una ley departamental que consiste en la entrega de recursos de la Gobernación tarijeña a comunidades campesinas para la ejecución de proyectos productivos.
El entonces gobernador Adrián Oliva resaltaba que los proyectos habían sido encarados por las comunidades con recursos del Prosol y una contraparte de la Gobernación, aunque no había aclarado que parte de estos fondos venían del presupuesto de emergencia sanitaria por covid-19.
“Son fábricas que no tenían desde un principio un estudio económico, de mercado, no sabían cuánto iba a ser el costo de producción, no sabían si los precios del producto iban a ser competitivos o no”, describe Norman Lazarte Calisaya, quien es el actual director del Prosol.
El director departamental del Prosol cree que estos proyectos han sido pensados “para beneficiar a algunas personas”, porque desde un inicio no tuvieron un norte claro.
Norman Lazarte no solo confirmó que estas fábricas no están en funcionamiento, sino que no cuentan con todos los implementos. Hubo compras que fueron paralizadas por una auditoría interna y otros equipos que aún se encuentran en depósitos aduaneros al hallarse una serie de irregularidades en su transporte. Lo que impide que las fábricas entren en funcionamiento y ayuden a la “reactivación económica”.
En su informe de gestión presentado el año 2021, el entonces gobernador Adrián Oliva indicaba que estas fábricas eran parte del “nuevo modelo productivo del departamento”.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
Si bien, en los medios de comunicación locales y las propias publicaciones de la Gobernación se mostraban imágenes del gobernador junto a los equipos, lo cierto es que estas fábricas nunca han funcionado.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
En la Asamblea Departamental de Tarija también se encontraron irregularidades en este tipo de contratos.
“Si bien se promulgaron decretos departamentales para hacer este tipo de compras en ese periodo, las mismas debían regirse a la emergencia de covid y creo que este no es el caso”, analizó el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, quien forma parte de la bancada de Unidos para Renovar (Unir), actual frente gobernante.
Al ver los contratos, Mauricio Lea Plaza considera que puede ser una situación que requiere investigación, pues se develan faltas “muy graves”.
El asambleísta Lea Plaza, quien fue uno de los principales opositores a la gestión de Adrián Oliva, se refiere a estas fábricas como “fantasmas” porque nunca terminaron de ser montadas, aunque en este caso, son dos elefantes blancos porque sí existen, pero nunca entraron en funcionamiento.
Pero las irregularidades no solo tienen que ver con la falta de insumos o que las adquisiciones no tengan relación con la emergencia sanitaria, también hay pagos que han sido efectuados sin contratos, ni sustento para el transporte de estos equipos.
La actual administración del Prosol reveló a Verdad con Tinta que, en la adquisición de uno de los equipos para la planta procesadora de néctares, está establecido el traslado desde el sitio de fabricación en Taiwán hasta Tarija; pero a la vez, existe un pago extra a una empresa para que realice el transporte por un monto de 18 mil dólares aproximadamente.
“Mágicamente aparece otra empresa de logística, a la cual se le paga más de Bs 125 000 (18.345 dólares)”, dice el director del Prosol, quien agrega que el dinero fue entregado desde la Gobernación sin un contrato, ni una factura.
Verdad con Tinta solicitó al director del Prosol Norman Lazarte un documento que pruebe este pago, pero respondió que la nueva administración gubernamental se enteró por la propia empresa beneficiada, cuando esta quiso hacer un nuevo cobro para sacar de la Aduana los equipos.
¿Quién pidió las fábricas?
Uno de los dirigentes de Muturayo Vidal Sagredo reveló a Verdad con Tinta que ambas fábricas no fueron propuestas por los pobladores, pese a que el Prosol establece que los proyectos deben ser iniciativas de las comunidades.
“Prácticamente nos las impusieron, nos dijeron que nos convenía y que, si no aceptábamos, no nos iban a aprobar las carpetas del Prosol”.
En la visita a las comunidades de Calamuchita y Muturayo donde se encuentran ambas fábricas, los comunarios indicaron que las mismas fueron propuestas por las propias autoridades de la Gobernación. Las negociaciones en ese entonces eran lideradas por el secretario de Desarrollo Productivo Fernando Barrientos, quien falleció en 2020.
Para recibir el beneficio del Prosol, las comunidades deben tener sus carpetas aprobadas por la Gobernación. Vidal agrega que, en este caso, les advirtieron que, si no proponían estos proyectos, no les aprobarían sus carpetas.
Cada carpeta tiene las propuestas de desarrollo de la comunidad.
Las casas en Muturayo están alejadas de la fábrica, la cual permanece sola en medio de un fuerte cruce de viento en un pequeño monte, visible desde el poblado, desde la carretera, pero siempre con las puertas cerradas.
La zona es productora de cítricos y de vid, lo que abre una esperanza en que esta fábrica alguna vez pueda operar y generar movimiento económico, aunque, los mismos comunarios reconocen que no saben cómo la van a manejar, porque tampoco existen técnicos especializados en el manejo de ese tipo de equipos.
La situación en la otra fábrica es similar, con las puertas cerradas con candado. También se encuentra en un pequeño monte de tierra en la comunidad de Calamuchita, en el valle central de Tarija.
La mirada de los pobladores de Calamuchita es más discreta, no conocen a cabalidad la funcionalidad ni cómo pueda operarse la planta de politubos. Además, son conscientes que esta fábrica no tiene todos los equipos requeridos para entrar en funcionamiento. Un elefante blanco.
Reportaje Realizado Por:
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Desarrollo, Diseño y Edición de Video
Eduardo Ávila Sánchez
¡Es un transformer! Bumblebee, el popular personaje de la película Transformers ha cobrado vida en Uyuni. Decenas de personas se toman fotos con el gigante de tres metros que resplandece con su color amarillo en medio del paisaje árido del lugar. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí?
Rodrigo Llampa Condori ha demostrado que la basura de unos, es el tesoro de otros. Tiene 33 años, y los últimos tres, ha dedicado parte de su vida a convertir chatarra metálica en imponentes monumentos que recrean famosos personajes de ficción, figuras mitológicas y animales, entre otros. Bumblebee es uno de ellos.
Si se puede soldar, se puede hacer arte. Con el metal como su principal insumo, este ingeniero mecánico ha fusionado en sus obras el cuidado al medioambiente el reciclaje y el arte, dando vida a llamativas piezas que hoy se exhiben en el cementerio de trenes de Uyuni y que se han convertido en un atractivo turístico más en la región, bajo la firma y sello de su marca: Metal Art Uyuni.
En su taller ubicado en la zona Progreso de Uyuni, las humildes herramientas de un soldador se convierten en el elixir que da vida a estas criaturas metálicas que nada tienen que envidiar a artistas internacionales. Apelando a tuercas, tubos, cadenas y cualquier otra pieza de metal que se cruza en su camino, Rodrigo se convierte en una especie de Frankenstein del metal. Eso sí, todo el material que utiliza, es reciclado.
Sus pausas laborales en el taller son al calor del fuego de su soldadora, uniendo piezas de metal hasta materializar los diseños que visualiza en su mente.
“Hace tres años empezamos este proyecto con distintos objetivos, uno es contribuir con el medioambiente reciclando chatarra y otro es seguir proyectando el turismo aquí en Uyuni, que vive prácticamente del turismo”, dice en diálogo con Verdad con Tinta.
Bajo el nombre de Metal Art Uyuni, Rodrigo Llampa ha logrado consolidar una especie de museo, donde se erigen sus llamativas piezas que oscilan entre los dos y cuatro metros.
La chatarra, que otrora estaría tirada, esperando degradarse en los próximos 200 o 500 años, ahora tiene un lugar y un sentido. Es arte.
“El museo está en el Cementerio de Trenes y está a la vista de los turistas, hemos puesto unos diez trabajos grandes”, explica Rodrigo, quien hace énfasis en que el acceso es libre y gratuito. “Queremos que el turista vaya y se saque fotos”.
Para Rodrigo no hay límites. Su próximo desafío es crear un gorila de ocho metros, como el de la película King Kong, convirtiéndose en la pieza más grande que haya trabajado y, una vez más, reciclando la mayor cantidad de chatarra metálica que, de no ser por él, estaría contaminando.
La palabra menospausia deriva del griego mens, que significa “mensualmente”, y pause, que significa “cese”; en otras palabras, el fin de la menstruación.
Si bien se trata de un proceso natural, así como respirar o menstruar, ¿por qué resulta tan incómodo hablar sobre el tema?
Como sucede con la menstruación, la menopausia está rodeada de una serie de mitos y constructos sociales que se han encargado de convertir este tema en motivo de vergüenza y, por ende, un tabú para las mujeres.
“La menopausia está asociada a la vejez y a no ser capaz de vivir la sexualidad, por lo tanto, se convierte en una vergüenza, en algo negativo, como si fuera una enfermedad y que encima te condena”, explica la sexóloga Denisse Suárez sobre la etapa en que las mujeres dejan de menstruar.
“Sos menopáusica, ya no podés tener hijos, sos vieja, aburrida, mal humorada, se te va la juventud, se te va la vida”, agrega sobre los estereotipos que pesan sobre las mujeres.
Aunque más de 700 millones de mujeres atraviesan por la menopausia en el mundo, los mitos entorno a esta no han cambiado con el paso de los años, solventando la asociación de la menopausia con la enfermedad y convirtiéndola en casi el fin de la vida de la mujer.
Coincidiendo con lo anterior, la psicóloga Ximena Montaño explica que estamos inmersos en una cultura llena de prejuicios en torno a la vejez, donde se cree que es natural que las personas mayores tengan cansancio, olvidos, incontinencia, depresión, entre otros, llevando a tipificar a la menopausia como una enfermedad, y no como un proceso natural.
Los síntomas físicos de la menopausia pueden aumentar por el estrés
“Sentía vergüenza de los calores y sofocos que tenía. No sabía cómo disimular, venían de golpe, empezaban en el cuello y se esparcía por todo el cuerpo, provocándome sudoración en el rostro especialmente”, dice sobre su experiencia Paola. Si bien ella sabía que no era una enfermedad, estaba dispuesta a medicarse para controlar aquellos síntomas que, confiesa, la atormentaban.
“La desinformación, las empresas médicas y los medios de comunicación, pueden influir en la mirada y estereotipos relacionados con el envejecimiento y el miedo que puede generar esto en las mujeres, pudiendo condicionar un mensaje de necesidad de consumo de medicación para transitar la menopausia”, agrega Ximena Montaño.
Como ejemplo de lo anterior, la profesional apela a la portada de la revista Menopause Medicine, en los años 90, donde aparece una mujer de espaldas junto a una ventana abierta, contemplando un pasaje árido de hojas muertas y tierra seca, acompañado de una inscripción que dice: “el destino de la menopausia no tratada”.
Si bien es cierto que miles de personas experimentan algunos síntomas físicos con el paso del tiempo, como el cansancio, no es algo que sea natural del envejecimiento, si no ligado con nuestras creencias colectivas acerca del envejecimiento.
“Lo que experimenta la mujer en este periodo dependerá de muchos factores: herencia, expectativas, autoestima, alimentación y el aspecto cultural”, explica la psicóloga.
Para Ximena Montaño, los síntomas físicos de la menopausia, como los sofocos y resequedad vaginal, están relacionados a un tema hormonal y que puede aumentar por el estrés, por el aumento de producción de cortisol.
La antropóloga Ann Wright realizó un estudio sobre los síntomas menopáusicos, el cual sugiere que los síntomas menopáusicos están causados por un estrés psíquico, no físico.
Para Paola, lo más desafiante fue intentar hablar sobre el tema con su esposo y sus hijos adolescentes sin sentirse juzgada o estereotipada con frases que se han instalado desde lo social, como: “está menopaúsica” o “le llegó la vejez”.
Desde su experiencia, el abordaje de la menopausia necesita ser instalado desde la familia; célula de la sociedad, si se quiere generar un cambio que rompa con el silencio y los prejuicios a futuro.
El sexo después de la menopausia
¿Es el fin de la vida sexual? Acompañada de la idea de que la menopausia es el inicio de la vejez, viene la idea de que la menopausia es el fin de la vida sexual porque “los viejos” ya no pueden sentir placer. Aunque según las expertas, no hay edad límite para sentir placer y disfrutar del sexo.
Si bien la vida sexual de una mujer se puede ver afectada por los cambios fisiológicos por los que se atraviesa durante la menopausia, como la sequedad vaginal; existen opciones, como los lubricantes que pueden ayudar a resolver estas dificultades.
Más allá de los cambios fisiológicos, este periodo permite a las mujeres hacer cambios para disfrutar de su sexualidad. “El punto de partida debe ser aprender que aunque es el fin de la vida fértil de la mujer, no tiene nada que ver con el placer; debemos reconocer que merecemos placer y que este no desaparece en ninguna etapa de nuestras vidas”, asegura Denisse Suárez.
Denisse agrega que explorar la sexualidad sin la presión de un embarazo y con la experiencia y seguridad que le dan los años, puede ser más placentero.
Mitos sobre la menopausia
Para la sexóloga Denisse Suárez, hay una serie de mitos alrededor de la menopausia que se han solventado a base de desinformación.
Mito 1: Fin de la vida sexual, se acabó el sexo
Realidad: La menopausia como tal no tiene nada que ver con vivir plenamente tu sexualidad. La menopausia es el cese de la fertilidad, pero no del disfrute del goce ni del placer.
Mito 2: Ya no se necesita ir al ginecólogo
Realidad: Los controles ginecológicos ahora son igual de importantes que en todas las etapas de desarrollo de la mujer para preservar su salud y prevenir enfermedades.
Mito 3: Ya no soy atractiva, no tengo deseo sexual ni soy deseable
Realidad: Esta nueva fase puede ser la más interesante y enriquecedora para una mujer, por la cantidad de conocimientos que posee, por su madurez y el liderazgo que puede llegar a ejercer gracias a la confianza de ser libre para gozar, sin pensar en un embarazo no deseado. Tener atracción y ser atractiva no tiene que ver con tener la menstruación.
Aunque no pueda quedar embarazada, igualmente debe cuidarse de infecciones y enfermedades de transmisión sexual usando preservativos.
Mito 4: Aumento de peso seguro
Realidad: No todas las mujeres aumentan de peso, algunas disminuyen y todo tiene que ver con los cambios fisiológicos que experimenta el organismo.
Lo que hace subir o bajar de peso, es no controlar nuestra alimentación con los nutrientes adecuados, no ejercitarnos y movernos más, no dormir ni hidratarnos lo necesario, no recibir ayuda profesional para el manejo de estrés y las emociones en esta época.
Mito 5.- La menopausia es como una enfermedad
Realidad: Todos los síntomas que se experimentan desde la perimenopausia (periodo de transición menopáusica) se dan de a poquito y no son una enfermedad, es más, esta etapa tiene ventajas en muchas mujeres, porque se sienten libres de evitar un embarazo, más libres de alguna molestia emocional del periodo cíclico y también desparecen molestias físicas cómo dolores de cabeza, cadera, bajo vientre, migrañas o, jaquecas que sufrían durante el tiempo que tuvieron su menstruación.
La pandemia fue el semillero de este proyecto que buscó resolver la necesidad de abastecimiento que tenía la población en medio del encierro; muchos de ellos sin empleo y sin ingresos para comprar alimentos.
“Veíamos que habían donaciones, pero no era sostenible en el tiempo”, dice José Humacata, presidente de la plataforma Jóvenes Ambientalistas por Bolivia.
Ante esta realidad, desde la plataforma lideraron una iniciativa que buscó llevar las huertas a los hogares de las familias que lo necesitaban, como una solución a largo plazo al problema de abastecimiento que afrontaban muchas familias, enseñándoles a producir sus alimentos.
La iniciativa empezó con 70 familias, pero a lo largo del proyecto se fueron sumando más, superando las 200 beneficiarias.
El proyecto fue instalado en el barrio Tabladita II , donde el grupo de jóvenes ambientalistas logró la dotación de un terreno por un par de meses, para instalar lo que denominan como la “Escuela de Campo Barrial”; un lugar que sirve para enseñar el cultivo de diferentes hortalizas y alimentos a los vecinos, para que posteriormente sea replicado en sus hogares.
Cada familia recibió diez variedades de semillas entre las que se encontraban lechuga, coles, brócoli, acelga y otras hortalizas para plantarlas en sus hogares con los conocimientos adquiridos en la Escuela de Campo Barrial.
Además, recibieron asesoría constante de la plataforma a lo largo del tiempo, con el fin de garantizar el éxito de sus cultivos.
“Los hemos asesorado hasta inicios de esta gestión sobre cómo trasplantar, cuándo hacerlo, qué tipo de abono usar y demás”, explica Humacata.
Humacata resalta que contrario a lo que se cree, no es necesario tener un espacio de grandes dimensiones para tener una huerta, de hecho, explica que algunas personas plantan las semillas en macetas, recibiendo abundantes cosechas, o al menos, lo necesario para el abastecimiento familiar.
Ante la recepción del programa, la organización busca instalar este año el proyecto en el distrito 13, abarcando los barrios Alto Senac, San Antonio, Senac, Tabladita, Tabladita I y Tabladita II, tomando en cuenta que esta zona se encuentra en cabecera de cuenca.
“Por esta zona pasan quebradas muy importantes, las que estamos planteando recuperar como áreas verdes, dándoles un sentido agroforestal acompañado de lo que son las huertas barriales” asegura.
Aunque aún no disponen de un terreno para instalar la escuela, que generalmente es prestado por un par de meses por algún vecino, la plataforma se encuentra coordinando con los presidentes de cada barrio para resolver de manera positiva esta carencia.
Además de los beneficios económicos que representan las huertas urbanas a la hora de paliar los costos de alimentación, Humacata resalta su valor para una alimentación saludable, al tener constancia de que se trata de alimentos libres de químicos.
Las huertas se pueden adecuar a cualquier tamaño de superficie, siendo posible plantar las semillas también en macetas, en aquellos casos en los que no se cuenta con un jardín o superficie de plantación.
La plataforma cuenta también con una escuela en la comunidad de San Andrés, bajo el objetivo de desarrollar horticultira, abonos, fungicidas y plaguicidas orgánicos, lombricultura, caldos bordaleses y harina de roca, entre otros.
A modo de apoyar y fomentar los huertos urbanos, la plataforma también trabajó en tres breves videos útiles para quienes desean aprender cómo cuidar de las huertas a través de la preparación de abono orgánico, transplantar plantas y almacigado de semillas. Los videos se encuentran disponibles en Youtube y puedes acceder a ellos a continuación
Debido a la vulnerabilidad de los controles fronterizos y a las negociaciones que se establecen en las rutas de transporte, el contrabando ha encontrado en Bolivia más formas de expandirse afectando a industrias clave para el desarrollo productivo local del vino, harina y cerveza. El crimen organizado se ha fortalecido.
“No saques el celular que están armados”, dice en voz baja el hombre que hace las veces de guía, después de pasar un amplio portón de calamina, mientras su mirada se dirige a los cinco tipos que están en ronda a escasos metros, charlando, mirando, pero especialmente…vigilando.
Este es uno de los 120 pasos ilegales identificados a lo largo de las fronteras bolivianas. En el sur del país hay más de 50 y se encuentran por la quebrada Internacional que separa a Bolivia de Argentina. De un lado está la población de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, mientras que a tan solo unos metros, el poblado argentino de Salvador Mazza en la provincia argentina de Salta.
La vegetación bordea el sendero por donde pasan a diario miles de personas de forma ilegal, en un camino totalmente transitable. Un vigilante con gorra y camiseta roja mira con atención a cada uno de los peatones. Ahí está prohibido sacar el teléfono celular o una cámara. Su tarea es evitar que quede algún registro que pueda comprometer su actividad. Para ello, no dudan en pedir el celular a los peatones.
El hombre se encuentra a mitad del camino, al borde de la quebrada, llevando un arma de fuego guardada en la cintura, aunque levemente visible para el caminante.
El sendero lleva por la quebrada hasta la puerta trasera de un domicilio, que siempre está abierta dando paso a un patio donde aún se ve colgada la ropa en el tendedero. Hay dos perros durmiendo sobre cartones y una mesa cerca al baño. La casa es como cualquier otra, pero con la particularidad de que por ella pasan miles de personas.
Estos domicilios son conocidos como casas binacionales, debido a su estratégica posición para transitar de un país a otro. En la mesa están los dos dueños, quienes cobran el derecho de paso a los improvisados viajeros. “37 pesos”, dicen al alargar la mano. El monto equivale a 2 bolivianos o 0,28 dólares. Se puede pagar en moneda boliviana o argentina, lo importante para ellos es cobrar.
Los dueños de casa solo se encargan de la lucrativa recaudación, considerando que pasan hasta 500 personas al día, pueden recaudar alrededor de 1000 bolivianos o 143,68 dólares, pero hay todo un equipo de centinelas que hace un control en cada uno de estos pasos.
Del lado argentino, a escasos metros de la casa y en una calle llena de galpones, se encuentra la oficina policial de Salvador Mazza, donde sus oficiales son testigos del movimiento ilegal, sin decir ni hacer nada. A lado, unos hombres descargan productos que ingresan por contrabando a Bolivia. Al frente, ocurre lo mismo con otro camión. El silencio se hace cómplice.
Situación similar ocurre en la misma frontera, pero en los límites del río Bermejo, a 194 kilómetros de Pocitos aproximadamente.
“Nosotros no tenemos un día normal, no dependemos de un horario, dependemos de una demanda de clientela y de un producto”, responde “El Diablo”, uno de los transportistas de mercadería que cruza ilegalmente por el río Bermejo.
El “Diablo” encabeza una de las asociaciones que transporta mercadería por medio de los denominados “gomones”, es decir grandes gomas de neumático que sirven como botes de carga.
El argumento del “Diablo” es que del lado boliviano no hay industrias, pero sí la necesidad de satisfacer el consumo de la población. Dice que trabaja independiente y que es parte de una asociación que espera sacar su personería jurídica.
Se muestra expectante tras haber sostenido reuniones con representantes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. “Ya tenemos la documentación adelantada”, agrega sobre el trámite para legalizar su organización, que cuenta con 40 socios.
El acuerdo es que estas asociaciones dejen de utilizar las gomas como vehículo de transporte y las cambien por botes que cumplan las condiciones mínimas de seguridad, aunque llamativamente no establece ningún tipo de prohibición para el tráfico de productos de contrabando.
Como en Salvador Mazza, la mercadería ilegal pasa por el río Bermejo sobre las gomas a simple vista del puente internacional donde se encuentran las oficinas fronterizas de ambos países.
En la otra orilla está Ángel C., quien también encabeza una asociación de transporte fluvial, que lleva personas y mercadería desde Bermejo del lado boliviano hacia el argentino. Su organización tiene 45 socios y también espera obtener la personería jurídica.
Ángel argumenta que en el municipio de Bermejo, entre un 70 a 80% de la población vive del comercio informal. Recuerda que su hijo trabajaba en la zafra azucarera, pero que la crisis de esta industria en la región dejó a cientos de personas sin trabajo, entre ellas a su familia. “Esta es la situación que lleva a mucha gente a arriesgarse”.
“Esa gente es abandonada por nuestras autoridades, no se les da nada, entonces, no nos queda otro camino más que recurrir al trabajo este que lo tenemos a mano, porque es una frontera”, complementa. No tiene un horario fijo, depende de los “clientes”, dice, aunque generalmente hace el transporte de productos entre las 6.00 y las 15.00.
Ambos transportistas pusieron como ejemplo la planta procesadora de cítricos de Bermejo, la cual fue construida el año 2012, demandó una inversión estatal de 76 millones de bolivianos, equivalentes a casi 11 millones de dólares, y hasta la fecha no entró en funcionamiento. “No hay industria ni trabajo, todo está frenado”, indica uno de ellos.
Para la activista Clemencia Romero el microcontrabando se ha convertido en una forma de subsistencia en esta región ante la falta de incentivos para los diferentes rubros de la economía, pese a que la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija ha sido una de las más beneficiadas con el boom de los hidrocarburos desde el año 2006 a la fecha.
“De esa plata nadie sabe cuál ha sido el destino, las autoridades la administran, pero el comercio es lo que mantiene a Yacuiba”. Romero indica en cada familia de Yacuiba, “por lo menos hay un comerciante que se dedica a la venta de contrabando”.
Las calles de Bermejo y Yacuiba, en el sureño departamento de Tarija, están colmadas por el comercio informal. Toldos, maniquíes y cajas de cerveza, están al paso del peatón por las veredas; la mayoría cubiertas del sol por nylon o plástico azul que evite el desgaste de los productos.
Según Migraciones de Bolivia, el flujo migratorio regular que pasa por Bermejo de manera legal, es de 3.500 personas por día. Se considera que un número similar o mayor de personas, usa los pasos ilegales.
El paso migratorio legal suele elevarse por encima de los 100 bolivianos, unos 14,37 dólares, para cumplir con los diferentes trámites. Si una persona pasará en vehículo, el costo sube dependiendo el tipo y cargamento que lleva, además, el trámite es más moroso.
20 piscinas olímpicas llenas de bebidas de contrabando
Un estudio realizado en 2019 por Euromonitor International señala que en Bolivia se consume anualmente 669.664,1 hectolitros en bebidas alcohólicas ilegales, lo que representa un volumen cercano a 20 piscinas olímpicas llenas. Para obtener el dato se toma en cuenta que una piscina olímpica mide 50 metros de largo, 25 de ancho y tiene 2,7 de profundidad.
Del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, el 68,6% proviene del contrabando. De ese total, la cerveza representa el 77,9%.
El contrabando, además de significar cuantiosas pérdidas para la industria boliviana, representa una caída importante en recaudaciones para el Estado. De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solo el sector de alimentos y bebidas genera pérdidas que alcanzan los 551 millones de dólares. El impacto en el producto interno bruto (PIB) es del 3,5%.“Además hay una evasión fiscal de al menos 150 millones de dólares”, explica Ían Miranda y agrega, que el impacto fiscal directo ronda los 359 millones de dólares.
El contrabando también se ha convertido en una amenaza para el empleo en el país, poniendo en riesgo 125 mil puestos de trabajo en el territorio nacional. Esta situación se ha empezado a sentir en las zonas productoras del país como Tarija, que concentra el 75% de los cultivos de vid a nivel nacional.
“El sector genera alrededor de 5000 empleos directos y permanentes tanto en bodega como en campo; sin embargo, son cerca de 3000 o 3500 familias que se benefician del cultivo”, detalla el gerente de ANIV, Fernando Galarza Castellanos.
Pese a la importancia de este cultivo para la economía de la región, Fernando explica que “muchos” productores empezaron a sustituir el cultivo de vid por otros, ante la baja en la demanda de uva a causa del contrabando y la pandemia.
Según describe el representante del sector vitivinícola, si bien Bolivia tiene una capacidad de producir 28 millones de litros de vino, en los últimos años solo fueron 15 millones, generando que la demanda de uva se “estanque” y afecte de manera directa a los productores, con una “producción 30% menos que en años anteriores”.
Ante la baja en la demanda, el precio de la uva también cayó, traduciéndose en el batacazo final para los productores, quienes pasaron de vender la caja de uva entre 29 y 36 dólares cada una, a 6 dólares en la última gestión.
En el sector vitivinícola, el contrabando ha copado el 40% del mercado, lo que significa que 4 de cada 10 botellas de vino que se compran en el país, son de procedencia ilegal.
La devaluación de la moneda en Argentina y la competitividad que genera la producción de vinos a gran escala en Chile, son dos factores que inciden en el contrabando de vino desde los vecinos países, afectando a la producción nacional.
Por otro lado, cerveza se ha convertido en el producto por excelencia del contrabando, representando el 50% del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según un estudio realizado por Euromonitor Internacional en 2019. Así, el contrabando de esta bebida ha generado pérdidas equivalentes a 72 millones de dólares para el sector y por ende, para el país.
Por su parte el factor impositivo juega un papel importante en el precio de este, como en otros productos, impidiendo su competitividad frente a las cervezas de contrabando, cuyos precios oscilan entre los 5 y 6 bolivianos, equivalentes a 0,71 y 0,86 dólares.
En Bolivia, los impuestos que debe pagar una cerveza de litro de 10 bolivianos (1,44 dólares), equivalen a 5,082 bolivianos o 0,73 dólares. Es decir, más del 50% del valor del producto, está destinado a cubrir el impuesto al consumo específico (ICE), Impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la transferencia (IT).
Esos 10 bolivianos, contemplan 0,10 que están destinados al Proleche, un fondo de apoyo al complejo productivo lácteo. Según la ley 204, del 15 de diciembre de 2011, el aporte de las empresas cerveceras debía ser por un periodo de ocho años, pero fue ampliado por cinco años más.
Si la cerveza boliviana no pagara impuestos, como sucede con la cerveza de contrabando, su precio de venta podría ser de 4.92 bolivianos o 0,71 dólares, siendo igual o más competitiva que esta última.
La harina también es ampliamente contrabandeada desde Argentina. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE, las importaciones de harina en la gestión 2021 fueron de 266.241.538 kilogramos, equivalentes a 5,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos, por lo que el contrabando cubriría las 1,7 millones de bolsas faltantes para satisfacer la demanda nacional. Es decir, al menos el 17% del mercado.
Al margen de su procedencia ilegal, estos productos atentan contra las normas bolivianas y la salud pública, ya que la mayoría poseen bromato, un compuesto prohibido en este insumo por las normativas nacionales.
Pero el impacto en el empleo también es significativo. Según explica Juan Torrez Muriel, gerente de la Asociación de Industriales Molineros, el sector genera más mil empleos directos, aunque la cadena tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta el transporte, intermediarios, vendedores y equipos comerciales, entre otros.
Aunque Juan Torres explica que el rubro atraviesa dificultades desde “hace varios años” debido a las harinas subvencionadas que produce el país, el panorama se puso más difícil a causa del contrabando y la suba en el precio del trigo por la guerra en Ucrania, el mayor productor de ese producto a nivel mundial.
Si bien Bolivia produce trigo, el país solo satisface el 30% de la demanda interna, por lo que el resto debe ser importado de Argentina, al precio internacional. Esta realidad ha provocado que el sector se encuentre al 29% de su capacidad, produciendo únicamente 3 millones, de los 10 millones de sacos de harina que necesita el país para satisfacer su demanda interna. El contrabando, es una de las vías por las que se suple el faltante.
“No sabemos en qué condiciones ingresa al país o si cumple las normas y condiciones higiénicas”, lamenta Juan Torrez.
Precios de Feria
Los precios están por debajo de los productos nacionales. Por ejemplo, un vino de alta gama boliviano está por encima de los 200 bolivianos (28,7 dólares), mientras que un argentino que ingresa por contrabando llega a 125 bolivianos (17,9 dólares).
En el caso de las cervezas, las de procedencia argentina se encuentran a 6,83 bolivianos (0,98842 dólares), mientras que las bolivianas llegan a un valor de 9 bolivianos la unidad (1,3025 dólar).
Con la harina la diferencia también es importante. La que llega por contrabando desde Argentina tiene un costo de 130 bolivianos (18,67 dólares) el quintal, mientras que la nacional tiene un precio cercano a los 200 bolivianos (28,7 dólares).
Un informe de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras indica que en el caso de las cervezas y gaseosas los precios del contrabando son 30% más baratos que los productos locales.
Vinos argentinos de alta gama como Mosquita Muerta, que han recibido diferentes premios internacionales, se encuentran en ferias callejeras y licorerías a precio de “mosquita muerta”, como refiere su nombre. Este tipo de vinos puede hallarse hasta en 100 bolivianos, un equivalente a 15 dólares aproximadamente.
Claribel Vilte Quiroga, quien es propietaria de Bodegas Vilte, una de las empresas vitivinícolas del sur del país relata que hace unos cuatro a cinco años se tenía mercado en municipios como Villazón, pero que ahora ya no se vende un solo vino boliviano en esas zonas. “Incluso encuentras vinos de cartón a 3 bolivianos, con eso ya es imposible competir en precios”, dice.
Claribel quien también es presidenta de Bodegas Unidas de Uriondo dice que este sector se encuentra en “emergencia”, pues se está dando un cambio en la matriz productiva, debido al contrabando no solo de vinos, sino también de uva, procedente de Argentina, Chile y Perú.
Parte de los productores del Valle Central de Tarija, la principal zona productora de vid de Bolivia, están empezando a optar por la plantación de papa y tomate ante el masivo contrabando de uva que redujo el costo de este producto.
Uno de estos casos lo expone Jenny Justiniano, parte de una familia productora de vid, la cual ha determinado vender su propiedad. “Hace más de diez años entregamos la producción a –bodegas- Kohlberg y tenemos un socio con el que trabajamos a medias, pues se hace bastante inversión para mantener la viña; son muchos días, horas de trabajo… antes de la pandemia sí valía la pena toda esta inversión”, describe.
Las bodegas no solo están pagando menos por el quintal de uva, sino que algunas ya ni siquiera les recibieron el producto este 2022. “Este año directamente nos rechazaron-las bodegas-, argumentando que no tenían recursos ni dinero para pagar, porque el contrabando había entrado a una fase crítica”. La situación fue tan difícil que decidieron regalar su producción a las bodegas para que esta no quede botada.
Los productores del Valle Central critican que las autoridades de la Alcaldía de Tarija, capital del sureño departamento, hablan a diario del fomento a la industria local como al turismo, pero es esta misma instancia que no hace controles y permite ferias de contrabando en la ciudad. Incluso, productos argentinos sin registro del Senasag se pueden encontrar en licorerías y supermercados de esta capital.
28 mil hectáreas en manos del crimen organizado
Con centinelas, rutas clandestinas, hombres armados y un complejo mecanismo para mover la mercancía, el contrabando se mueve “a sus anchas” en la frontera con Argentina.
Pero la mayor parte del contrabando no fluye a través de los gomones como los que opera El Diablo, ni en senderos disfrazados con casas de baño en la frontera, sino a través de mayoristas que operan desde el exterior, pero que tienen contactos en Bolivia, quienes facilitan documentación falsa para pasar las fronteras o les alertan de “puntos ciegos” en el paso.
Una vez en el país, el producto es llevado a mayoristas legales, ilegales o bodegas clandestinas, desde donde son distribuidos a minoristas y finalmente llegan al consumidor final.
“Entra por todas partes, por bagallaje (comercio informal), por pequeños contrabandistas y también en camiones con ingentes cantidades, el contrabando es como un cartel, está creciendo, está organizado… mueve mucha plata”, asegura Fernando Galarza Castellanos, quien es gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Según un comunicado de la Aduana del 23 de mayo de 2022, reporta que en lo que va del año hay cuatro personas fallecidas como resultado de la lucha contra el contrabando. Dos suboficiales que participaban de una redada contra el contrabando en la zona alta del departamento de Tarija fallecieron el 22 de mayo.
Los informes de la Aduana, entre 2021 y 2022 indican que cinco funcionarios fallecieron en la lucha contra el contrabando combatiendo ante bandas armadas que actúan contra la ley. Además, hay más de 10 personas heridas y un daño estimado de 46 millones de bolivianos o 6.6 millones de dólares.
Los propios funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), reconocen que falta personal y apoyo de otras instituciones para ingresar a estos lugares.
“En cada acción que hacemos hay repercusiones de los dueños de la mercadería que agreden físicamente, verbalmente y con amenazas a nuestro personal”, expresa Gilberto Alvarado Palacios, responsable departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag Tarija.
Verdad con Tinta y CONNECTAS accedieron a dos causas judiciales en Argentina que derivaron en 2020 en el decomiso de 28.000 hectáreas que se encuentran en la provincia Salta en la frontera sur de Bolivia, a la altura del municipio de Yacuiba. Según indica el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estos terrenos eran utilizados para el tráfico de 4.000 kilos de cocaína por mes, además de diferentes productos de contrabando.
Los terrenos pertenecían a Reinaldo Delfín Castedo, considerado como el narcotraficante más poderoso de Argentina, que es apodado como el “Patrón del Norte”, quien, mediante la compra sistemática de terrenos junto a sus hermanos y otros familiares, según el expediente judicial, pretende tener el control total de la frontera sur de Bolivia. El caso salió a la luz tras el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006, una mujer que se había negado a vender sus terrenos en Salvador Mazza al supuesto clan, señala el fallo de la Cámara en lo Criminal de Orán-Argentina.
Los terrenos identificados son las fincas El Pajeal y El Aybal ubicadas en la frontera entre Argentina y Bolivia, los que fueron embargados por el delito de lavado de activos. En la misma causa se indica que el “clan Castedo” tiene conexiones y propiedades en Bolivia.
Reinaldo Castedo se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, pero según las investigaciones judiciales de ese país, sigue operando desde ahí.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se benefició con estos terrenos, ha denunciado en junio de este 2022 que se identificaron actividades ilegales de tala en el lugar para abrir nuevos caminos a favor del contrabando.
Flotas “fantasma”
Los transportistas en Yacuiba han identificado grandes buses que viajan sin pasajeros con destino a Santa Cruz, que no salen de la terminal de buses, ni cumplen con los procedimientos de control y que van cargadas de productos de contrabando, a los que llaman “flotas fantasmas”.
“Estamos siendo avasallados por las flotas clandestinas que hacen el servicio de pasajeros y cargan sin control alguno”, dice un pronunciamiento público del 18 de marzo de 2022 de los trabajadores de la terminal de buses de Yacuiba.
“A ellos nadie les controla, pero sí a las flotas que van con pasajeros”, reclama la activista y periodista yacuibeña Clemencia Romero, quien incluso subió un video de cómo personal aduanero hace los decomisos de productos en las diferentes trancas en la carretera Yacuiba-Santa Cruz a personas que llevan “pequeñas cantidades” de productos.
“Son instituciones de asalto contra el microcontrabando”, dice con respecto a los controles a los que apoda como “aduanillas”.
La denuncia refiere que flotas con nombres de empresas que no existen o no están registradas, usan la feria callejera de productos de contrabando denominada “Feria Argentina” como una parada clandestina, lugar del cual salen cargadas únicamente de productos de contrabando y no de pasajeros. “Todo mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, agrega Clemencia.
En la feria mañanera de Yacuiba o “Feria Argentina”, ubicada en el barrio Héroes del Chaco, se encuentran productos argentinos en oferta y galpones con cientos de cajas listas para ser embaladas. En mayor cantidad se halla: vinos, cervezas y gaseosas.
Los transportistas entregaron a Verdad con Tinta el manifiesto público, donde se formaliza este reclamo. Flotas con nombre como “La Querida”, salen con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cargamentos de contrabando, denuncia Clemencia.
“Operan desde diferentes garajes de la feria mañanera”, indica el documento presentado por los transportistas de Yacuiba.
En las calles adyacentes de esta feria, también se encontraron flotas estacionadas dentro de amplios patios de tierra, a las que cargaban cajas de productos. Esta tarea se repite tanto en la mañana como en la noche.
Un recorrido nocturno también evidenció flotas estacionadas a orillas de la quebrada internacional cargando cajas de productos. Posteriormente, los vehículos salían con dirección a la carretera nacional, rumbo a Campo Pajoso, que conecta con la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.
Una de estas flotas llevaba el nombre de La Rioja. Curiosamente, entre sus destinos ofertados no figuraba Yacuiba. En el mismo recorrido se encontró otra flota de la empresa Trans Carrasco estacionada en la citada feria, al igual que el anterior bus no tenía pasajeros, pero cargaban cajas en su depósito.
Trans Carrasco sí está dentro de los operadores regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pero no así La Rioja, según se pudo verificar en la lista publicada por esta institución estatal.
En los barrios Nuevo y África, en la localidad fronteriza de Pocitos, se encontraron camiones donde cargaban productos de contrabando a orillas de la quebrada internacional. En estos lugares, se volvió a identificar a los “centinelas” y en ninguna se evidenció control policial.
El rol del Estado
Si bien son más frecuentes las noticias sobre incautaciones de productos para contrabando con un rol más activo del Estado, el gerente de Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas-ANIV, Fernando Galarza, asegura que se trata solo de la punta de un iceberg.
Y es que la problemática es tan compleja, que Bolivia es el único país de la región que ha creado un viceministerio que se dedica de manera exclusiva en atender los asuntos relacionados al contrabando: el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
A lo largo de sus 7000 kilómetros de frontera en Bolivia el contrabando entra en mochilas, carretillas, autos, lanchas improvisadas, camiones y flotas. Pese a que los volúmenes son importantes, pasan cual fantasmas por los puntos de control, sin ser percibidos o, al menos, sin ser interrumpidos.
Si bien el Senasag Tarija decomisó 176.915 kilogramos de productos de contrabando entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2022, entre los que figuran carne, cerveza, embutidos, maíz y pescado, lo cierto es que desde la propia entidad reconocen que este rebasa su capacidad de respuesta.
“Como Senasag tenemos limitaciones en la parte técnica y los controles que se hacen en ciudad como en centros de expendio son competencia de los municipios con la intendencia y odecos (oficinas del consumidor)”. “El Senasag ayuda y acompaña en los operativos”, argumenta Gilberto Alvarado.
Los controles del Senasag se limitan a los puntos de control que establecen en las zonas fronterizas, caminos intermedios y recintos aduaneros, donde su personal hace verificaciones de la mercadería que pasa e inspecciona las importaciones legales, aunque el contrabando suele evitar las carreteras troncales donde se encuentran estos controles.
Fernando Galarza explica que el sector privado de los vinos en Tarija propuso al Gobierno nacional instalar cámaras de video vigilancia que contribuyan al control en las rutas provenientes de las fronteras del sur del país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de las autoridades.
El representante del sector dice que el contrabando mueve suficiente dinero como para “comprar voluntades” a lo largo del camino.
Para Ían Miranda, jefe de insvestigación sectorial de la Cámara de Industria y Comercio – Cainco, el Estado debe trabajar en políticas que favorezcan al empresario o comerciante formal, como reducciones en los impuestos que fomenten mayor competitividad.
Las pesadas cargas laborales e impositivas en el país, se han convertido en una suerte de licencia que justifica el contrabando, en detrimento de los emprendedores y empresarios nacionales que generan empleo legal en el país.
Ante esta realidad, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha recomendado a las autoridades tres líneas de acción para frenar el contrabando: la aplicación estricta de la Ley de Aduanas y el fortalecimiento de la Aduana Nacional, facilitación de la importación y campañas de educación ciudadana, haciendo ver que el “contrabando no paga”.
Permisividad y complicidad del Estado
Lo curioso es que en la feria mañanera de Yacuiba, donde solo son ofertados productos de contrabando e incluso se detectaron actividades ilegales, el Gobierno Regional del Gran Chaco le otorgó el año 2021 a sus administradores la personería jurídica que avala su funcionamiento.
“A cambio, los que producimos en la región no solo debemos pagar altos costos para obtener los permisos, sino que son procesos altamente burocráticos”, agrega Clemencia Romero, quien produce mermeladas con su familia.
La familia Romero cuenta que el proceso de legalización de un producto nacional le cuesta al pequeño productor mil dólares, además que es “altamente burocrático”. “Debes ir hasta la ciudad de Tarija a hacer el trámite, que no sale en un día”, critica. La productora dice que no existen los suficientes incentivos.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de 8999 bolivianos equivalentes a 1293 dólares.
Pero esta complicidad también se ve reflejada en el otro lado de la vereda, en Argentina, donde frente a las “casas subnacionales” había un puesto policial del que no solo se puede ver cómo cruzan las personas de forma ilegal, sino también cómo pasa el contrabando.
La Aduana Nacional en una conferencia de prensa realizada el 12 de julio en Tarija anunció el incremento de controles en la frontera sur del país en los puestos de Bermejo, Villa Montes, Villazón y Yacuiba.
La presidenta de la Aduana Karina Serrudo Miranda afirmó que se envió un contingente de 500 efectivos militares, 100 técnicos aduaneros, 50 vehículos, drones y cámaras corporales para la video vigilancia en estos puestos fronterizos.
“No vamos a desfallecer en esta lucha, no vamos a permitir que estos clanes de contrabandistas y de crimen organizado se enriquezcan de manera ilegal; no vamos a dejar que el contrabando ingrese en nuestros mercados”, declaró la presidenta de esta institución a manera de discurso.
La Aduana Nacional ha comisado en la última gestión mercancía de contrabando valuada en 530 millones de bolivianos o 76 millones de dólares.
Verdad con Tinta realizó dos solicitudes de información formal a la Aduana Nacional sobre el número de productos decomisados, puntos de control y personal asignado, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Expertos en economía coinciden en que la lucha contra el contrabando no se gana solamente con poner militares en las fronteras, sino con un cambio del modelo económico que tiene hace diez años el país.
“Resulta de una política pública de mantener el tipo de cambio nominal fijo y el tipo de cambio real apreciado que ha optado el gobierno hace muchos años porque las importaciones legales e ilegales son la esencia del actual modelo económico, que se vuelve rentista”, explica el economista Gonzalo Chávez Álvarez.
“Supongamos que se controla el contrabando, vas a generar un desempleo gigantesco”, acota Gonzalo Chávez, al tomar en cuenta que más del 90% del empleo en el sector comercial de Bolivia viene de la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La solución para el economista está en apoyar al sector productivo, recuperar las exportaciones en productos no convencionales o industrializados, generar una mayor espalda de divisas y de dólares y en el largo plazo, “volver a la flotación del tipo de cambio”.
El contrabando ha invadido las principales ciudades del país, sin que las intendencias hagan un control efectivo, poniendo en jaque a la industria nacional. En el sur no solo aumentan los pasos ilegales, sino también las armas.
CRÉDITOS
Autores
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Edición
Desarrollo
Hugo Loza Guzmán
Diseño Gráfico
Josue López Bernal
Edición de Video
Jonás Michel Valencia
Este trabajo fue realizado por Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena con colaboraciones de Maura Quispe Castro y Carla Bustillo para Verdad con Tinta y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Con el apoyo de:
Cielo Estrella, la niña de dos años asesinada a golpes en un alojamiento de La Paz a manos de su madre y su pareja, es la vigésimo tercera víctima de infanticidio en lo que va del año en el país.
El más reciente reporte del Ministerio Público, revela que hasta la fecha son 23 las víctimas de infanticidio en el país, lo que equivale a que un niño es asesinado cada 10 días.
Los asesinatos no dan tregua. De acuerdo a los datos mensuales, todos los meses se registraron casos de este tipo, con 4 infanticidios en enero, 6 en febrero, 1 en marzo, 2 en abril, 4 en mayo, 4 en junio y 2 en lo que va de julio.
Según las estadísticas oficiales, este año se registraron 3 infanticidios más que en el mismo periodo de 2021, cuando se registraron 20 casos; sin embargo, el año con mayores casos registrados fue el 2020, con 33 víctimas en este mismo periodo de tiempo.
La Paz es el departamento que registra mayor violencia hacia los niños, con un total de 9 infanticidios en los que va del año, seguido por Potosí con 5 casos.
Causas del infanticidio
Si bien determinar las causas que motivan es te crimen es una labor compleja, estudios realizados a nivel internacional refieren que las principales razones que inciden en esto son los embarazos no deseados, la falta de educación, la pobreza extrema y el abandono de alguno de los padres.
Entre otras causas, Humanium, una ONG internacional de apadrinamiento de niños comprometida a acabar con la violación de los derechos infantiles en el mundo, asegura que en algunos países practican el infanticidio debido a creencias derivadas de causas biológicas, como la discapacidad.
En algunas comunidades de Benin, en África se mata a los niños que nacen con algún tipo de discapacidad física, ya que se le atribuyen efectos mágicos negativos o hechizos malignos a su nacimiento. Situación similar ocurre en comunidades próximas al lago Titicaca, según una investigación realizada el año 2013 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Esas mismas creencias son aplicables en nacimientos de gemelos o niños albinos. En el caso de los gemelos, a veces se mata al segundo o se entrega a otra familia como ocurre en Ecuador, en el pueblo de los Quijo.
Protección del Medioambiente Tarija (Prometa) es una de las organizaciones locales que ha trabajado con especies vulnerables amenazadas, entre las que se encuentran el oso jucumari (tremarctos ornatus) y, por su puesto, el cóndor andino (Vultur gryphus), cuya vulnerabilidad ha aumentado en los últimos años especialmente en Tarija, donde en 2021 se registró el biocidio de 34 ejemplares.
El cóndor, con una fuerte presencia en el imaginario boliviano, formando parte inclusive de los símbolos patrios del país, es una de las especies rapaces carroñeras más estudiadas en el país y una de las que más peligro afronta debido a su escasa población, que oscila entre lo 1400 y 1500 ejemplares surcando los cielos bolivianos.
En una entrevista realizada en febrero de 2021 al biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural Diego Méndez, este aseguraba que en base a observaciones realizadas en Tarija, en la región habitan entre 150 y 200 cóndores, es decir alrededor del 15% de la población del país.
Tomando en cuenta la superficie de Tarija en Bolivia, “es una proporción significativa”, explicaba el biólogo evidenciando la importancia de la región para su preservación.
“El ser humano tiene la tendencia a ir haciendo desaparecer los animales grandes”, Rodrigo Ayala
“El ser humano tiene la tendencia a ir haciendo desaparecer los animales grandes”, dice Rodrigo Ayala Bluske, director ejecutivo de Prometa, a escasas horas de conocer el veredicto de la votación del concurso organizado por la plataforma Piensa Verde, en el que compiten con otros tres proyectos.
Esta tendencia se debe a que miles de pobladores los consideran una amenaza para sus animales, por lo que los cazan o envenenan, aumentando la vulnerabilidad de la especie y poniendo en riesgo su conservación.
Para Ayala, esta situación se suma al hecho de que los animales grandes son de reproducción más difícil, pues en el caso de los cóndores sólo tienen una cría a la vez y no se reproducen hasta que el pichón sale definitivamente del nido, lo cual puede llevar casi 14 meses.
Además, no hay garantías de que el pichón sobreviva.
Ante esta realidad, Prometa trabajó en una investigación para proteger a la especie, logrando identificar la localidad de Peña Rajada; un lugar al que describen como “ideal” para convertirse en un refugio de vida silvestre.
“Es un sitio de grandes profundidades donde los cóndores anidan, no es de fácil acceso, alberga también a otras especies y tiene una gran belleza paisajística, lo que aumenta su potencial turístico”, dice sobre el lugar el director de Prometa.
Sin embargo, la zona, ubicada en el municipio de Yunchará no ha quedado exenta al crecimiento de la frontera agrícola y también existe el temor de que el lugar pueda ser intervenido por el ser humano para la explotación o para obras infraestructurales.
Por este motivo, este organismo no gubernamental (ONG) se planteó la creación de un área protegida en la zona, bajo la categoría de “Santuario Nacional”.
Esta categoría estipula protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinguirse, una comunidad natural o un ecosistema singular.
“Buscamos que al margen de proteger a la especie, sea un sitio fuerte de atracción turística”, agrega Ayala, quien explica que el proyecto tiene tres componentes: completar los estudios científicos, la creación de cuerpos de protección y un programa de turismo de observación de aves.
El proyecto “Red de áreas protegidas conectadas para conservar al cóndor andino y fauna altoandina de los Andes Sur de Bolivia” compite con otros tres proyectos presentados por Biota, Faunagua y Comunidad Inti Wara Yassi- CIWY.
El proyecto con más votos será el ganador de los fondos concursables de la Albombra Verde 2022, de Piensa Verde.
El veredicto se conocerá la noche de este miércoles 13 de julio, a las 18:30 en el evento denominado Alfombra Verde 2022 que tendrá lugar en la Manzana 40 en Santa Cruz de la Sierra, y que contará con la presencia de personalidades de diferentes rubros.
Para conocer los proyectos finalistas e ingresar a votar por tu favorito, haz click en este enlace
Sobre Piensa Verde
Piensa Verde es la primera plataforma medioambiental e intersectorial que a través de un modelo innovador y pionero en el país, busca construir alianzas entre distintos sectores que estén comprometidos con la conservación de los bosques, áreas protegidas y especies.
Para eso, la plataforma busca canalizar recursos del sector empresarial privado y la población boliviana en general, para apoyar proyectos de conservación de bosques, especies y áreas protegidas; atender emergencias por la coyuntura como incendios forestales; e incrementar el grado de conciencia e información sobre esta problemática ambiental ligada a la conservación de los bosques en Bolivia.
La plataforma Piensa Verde está conformada por seis ONG medioambientales: Conservation Strategy Fund (CSF), Conservación Internacional Boivia (CI), Wildlife Conservation Society (WCS), Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), ACEAA – Conservación Amazónica y la Fundación Amigos de la Naturaleza.
También cuenta con el apoyo de nueve instituciones del sector privado que son: Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., el Banco de Crédito de Bolivia BCP, la Fundación Estás Vivo, Farmacias Chávez, Servicios Ambientales S.A., Quantum Motors S.A, SPK-MedLab, Bob Constructores y Casa Ideas; la Embajada Británica como parte de la Cooperación Internacional.
La Alfombra Verde
El evento Alfombra Verde, es una iniciativa lanzada por Piensa Verde el año 2021, convirtiéndose en la primera y mayor campaña de recaudación de fondos a favor de los bosques, las especies y las áreas protegidas, a partir de un evento de gala con moda sostenible.
Según explican en su portal web, “en su segunda versión, la Alfombra Verde pretende concientizar a la población sobre las principales problemáticas ambientales del país y recaudar fondos para financiar proyectos de gestión y prevención de incendios, manejo integral y sustentable de bosques, gestión de áreas protegidas y conservación de especies amenazadas”.
Además, el evento cuenta con la particularidad de que los asistentes lucen las propuestas de moda sustentable de los mejores diseñadores del país.
El Día del Sobregiro de la Tierra es un recordatorio de cómo la demanda del hombre ha superado la capacidad que tiene el planeta para abastecernos.
Cada año, la Global Footprint Network calcula la cantidad de días en que la biocapacidad de la Tierra es suficiente para satisfacer la huella ecológica de la humanidad, también conocida como su demanda. El resto del año corresponde a sobregiro global.
¿Cómo se calcula? El Día del Sobregiro de la Tierra se calcula dividiendo la cantidad de recursos ecológicos que el planeta puede generar ese año, por la demanda de la humanidad para ese mismo periodo de tiempo, y multiplicando por 365 el número de días en un año. Una fórmula tan sencilla como:
(Biocapacidad del planeta / Huella ecológica de la humanidad) x 365 = Día del sobregiro de la Tierra
Sin embargo, hay un complejo proceso detrás de esta simple fórmula.
Para mantener la coherencia con los datos y la ciencia, las métricas de la huella ecológica de todos los años anteriores, desde 1961, se recalculan cada año.
Por ende, las métricas de cada año comparten un conjunto de datos en común y exactamente el mismo método de contabilidad.
Así, según la medición de este año, el Día del Sobregiro de la Tierra llegará este 28 julio. Utilizando la misma fórmula contable, este día llegaría dos días antes que el año anterior, cuya fecha de sobregiro fue el 30 de julio.
Según estos datos, la humanidad necesita el equivalente a 1,75 planetas Tierra para abastecerse, lo que evidencia la sobreexplotación a la que es sometida.
El estudio también realiza un cálculo por país, estableciendo la fecha de sobregiro de cada uno de manera individual, es decir, el tiempo en que caería el Día del Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera como la gente de este país.
En el caso de Bolivia, la fecha de sobregiro de este año fue el 5 de julio, lo que significa que la humanidad necesitaría el equivalente a dos planetas tierra para abastecerse si todo el mundo tuviese un consumo como el de este país.
En los extremos se encuentra Qatar, con una fecha de sobregiro del 10 de febrero, mientras que Jamaica es el país con mayor capacidad de abastecimiento, llegando al 20 de diciembre.
Por primera vez la película estrenada en 2021 se presentará en la capital como parte de la programación del cineclub Teixidó, organizado por el cineasta sucrense Alejandro Pereira.
“Me emociona mucho que es la primera presentación de la película en Sucre”, asegura Richter, quien estrenó el largometraje en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el 25 de noviembre de 2021.
98 segundos sin sombra está basada en la novela del mismo nombre, de la escritora cruceña Giovana Rivera. Su historia se centra en el personaje de Genoveva, una adolescente de 16 años que vive en un pueblo del oriente boliviano, donde la violencia es moneda corriente y el narcotráfico empieza a pisar fuerte. La joven trata de sobrevivir a las monjas de su colegio, a sus hostiles compañeras de curso, a sus padres sin esperanza y a los hombres con armas, mientras que el narcotráfico irrumpe en “Culo del Mundo”, su pueblo.
“Es un retrato de esta adolescente, su relación con sus amigas, con la violencia, con su familia rota”, agrega Richter, quien explica que el relato se hace desde la imaginación de Genoveva, su forma de ver el mundo y su manera de afrontar la realidad que la rodea.
El director boliviano espera que el público se deje llevar por el viaje que la protagonista de la historia invita a realizar, pues asegura que por su valentía, inteligencia y visión, es un viaje del que vale la pena ser testigos.
La película, tendrá una única proyección, este jueves 30 de junio a las 19:00 en el cine Magnus de la ciudad de Sucre.
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La montañosa topografía de la ciudad de Sucre, ubicada en el corazón de Bolivia, tiene la capacidad de maravillar a turistas y locales gracias a las impactantes vistas que ofrece tanto en el centro de la ciudad, como desde los puntos más altos de la urbe.
El centro conquista por su impoluta arquitectura colonial engalanada por el blanco que la reviste y que la hace brillar con la majestuosidad de la plata.
En sus alrededores, la ciudad es un mirador que impone presencia con el brillo de sus luces, especialmente cuando cae la noche y el cielo invita a descansar.
Sin embargo, de día, las vistas pierden su encanto en algunas zonas a causa de la basura que se desborda por los cerros deslizándose hacia ríos y quebradas, no sólo arruinando el paisaje, sino constituyéndose en focos de infección, amenazando la salud de los pobladores y contaminando el medioambiente.
Si bien la problemática de la basura ha cobrado fuerza en los últimos meses a raíz del debate sobre el próximo e inevitable colapso del botadero municipal situado en la zona de Lechuguillas, la basura es un conflicto de larga data en el municipio, como en la mayoría de las municipios del país.
Un reportaje realizado en 2018 por los medios de la Compañía de Jesús, da cuenta que de los 337 municipios del país, solo 23 tenían un relleno sanitario para dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, sin provocar un daño al medio ambiente.
En el caso de Chuquisaca, los únicos dos rellenos sanitarios del departamento se encuentran en los municipios de Villa Abecia y Tarabuco. Sucre, a pesar de ser la urbe más grande, poblada y con mayores recursos económicos del departamento, dispone de su basura en un botadero controlado.
La basura parece no ser una prioridad para las autoridades, pues en las últimas 3 gestiones municipales, ninguno de los alcaldes incluyó está temática en sus propuestas electorales, según pudo constatar este medio en la página de Órgano Electoral Departamental de Chuquisaca.
El actual alcalde, Enrique Leaño, pese a haber asumido el cargo en la gestión en la que el botadero de Lechuguillas llegaría al fin de su vida útil, se limitó a mencionar en su propuesta electoral “plan y proyectos de factorías de basura” como parte de su propuesta de planificación urbana sostenible.
Por su parte, en sus programas para empresas con participación municipal, agrega que se encargará de la modernización y equipamiento de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS; algo que tampoco ha sucedido.
Sin embargo, su plan no mencionó acciones sobre el actual botadero de Lechuguillas y tampoco sobre la identificación y gestión de un nuevo predio que resuelva el problema a largo plazo.
La esperanza de la basura
Resolver el problema de la basura ha sido el desafío para las sociedades del mundo y Sucre no fue la excepción, aunque en algún momento, tuvo la esperanza de lograrlo.
En 1989 un proyecto se erigía como una luz para poner fin al problema de la basura. Se trataba de la propuesta de crear el relleno sanitario en la ciudad, en la zona Santa Catalina, bajo el nombre de La Esperanza.
Aquel proyecto fue gestionado por el entonces alcalde Omar Montalvo Gallardo, quien ocupó el cargo entre 1989 y 1992, gracias a recursos conseguidos de la Generalitat de Valencia, en España.
“Todo eso costó 150 mil dólares”, explica Montalvo en entrevista con Verdad con Tinta, sobre el proyecto que constaba de un muro de contención, un enmallado alrededor del relleno, un tractor, una casa para las herramientas y una vivienda para los cuidadores, en un predio de 14.8 hectáreas aproximadamente, según describe el entonces burgomaestre.
Por aquellos años Sucre tenía un promedio de 100 mil habitantes y la generación de basura, por regla matemática, era menor. Sin embargo la disposición final de los residuos era tan compleja como ahora y la contaminación era inminente.
“En la época de verano especialmente, venían oleadas de moscas que invadían la ciudad, porque tenías un criadero”, relata Montalvo. “No podíamos continuar así”, agrega.
Si bien el proyecto fue concebido de aquella manera, lo que se constituía como una esperanza para la ciudad, terminó convirtiéndose en otro foco de infección a causa de un manejo deficiente, falta de condiciones técnicas y recursos económicos para llegar a convertirse en el relleno sanitario.
La Esperanza se convirtió en un botadero a cielo abierto, con montañas de basura que se apilaban una a lado de otra. De hecho, este botadero operó de manera ilegal desde su apertura hasta el cese de sus operaciones, pues fue recién en el año 2015 cuando recibió su licencia ambiental, cuando la basura ya se disponía en la zona de Lechuguillas.
Un estudio realizado por la Sociedad Sucrense de Ecología en 2012, determinó que ninguna de las tres zonas de este botadero (la zona de residuos domiciliarios, hospitalarios y lixiviados) cumplía con los requisitos técnicos ambientales para minimizar el impacto en el medioambiente.
El estudio concluyó que el botadero La Esperanza estaba provocando un impacto ambiental negativo, generando impacto ecológico del 61%, contaminación ambiental en un 91%, factores estéticos en un 80% y en los aspectos de interés humano 84,3%, haciendo un promedio de 78,6% de impactos ambientales negativos en sus 14 años de funcionamiento.
Por falta de recursos destinados al cierre del botadero, ya sea por parte del municipio o del nivel central, en este lugar nunca se realizó un cierre adecuado, únicamente se llevó adelante una primera fase en la gestión 2017, que es la captación de lixiviados.
Lechuguillas
Tras el cierre del botadero La Esperanza, en diciembre de 2011 se iniciaron las operaciones en el botadero de Lechuguillas, situado en la zona que lleva el mismo nombre, en un predio de 44 hectáreas de las cuales 16 se encuentran en operación a la fecha.
Por aquellos años, Lechuguillas empezó a funcionar como un botadero a cielo abierto, contradiciendo una vez más lo establecido en la Ley de Medioambiente de 1992 y posteriormente, la ley 755 de Gestión de Residuos, de 2015, la cual habla de rellenos sanitarios para la disposición de residuos.
Sus operaciones, al igual que en el caso de La Esperanza, fueron ilegales en sus primeros años de vida, pues fue recién el año 2016 cuando recibió su licencia ambiental bajo el título de botadero controlado.
“Si bien no habían recursos económicos para realizar las actividades según la normativa ambiental, con el tiempo se han suscrito convenios con el gobierno municipal para readecuar este botadero y obtener la licencia ambiental”, dice al respecto Gustavo Cuellar Calderón, director del área técnica y planificación de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS.
El botadero lleva más de 10 años operando y afronta su etapa de cierre. En la actualidad , el lugar recibe las 150 toneladas diarias de basura provenientes del municipio de Sucre, cuya población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para este 2022, es de 360 mil habitantes.
Según explica el director técnico de la entidad, la celda que se utiliza actualmente, y que sería la última, tiene un tiempo de vida máximo hasta diciembre de 2022. Sin embargo, la empresa ha presentado al municipio un proyecto para la ampliación de la macro-celda, ampliando la vida útil del botadero entre 2 y 5 años.
La construcción de este espacio tomaría alrededor de 4 meses y la inversión tiene un costo de caso Bs 9 millones. Si bien el proyecto ya habría sido aprobado según indica Cuellar, el municipio aún no ha logrado los recursos para su ejecución.
Pero el problema no sería sólo financiero. “Hace muchas gestiones no se ha tomado en cuenta que no contamos con el derecho propietario”, explica Gustavo Cuellar, quien trabaja hace más de 12 años en EMAS.
Aunque el trámite se encuentra en la firma de la minuta de transferencia al municipio, al tratarse de predios que permanecen a nombre de particulares, el municipio no puede invertir en ellos.
Mientras la burocracia camina sin prisa, quedan 6 meses de vida para el botadero y la ampliación de la celda tomaría 4. La próxima batalla, es contra el reloj.
De todas maneras, Emas ya presentó al municipio su plan de cierre, el cual consiste en realizar un diagnóstico para determinar las acciones que se deban tomar. En el caso de cierre, se deberá realizar la cobertura final, la captación de lixiviados, de biogases, construir franjas de coronación y realizar una cobertura con vegetación, entre otros.
La concejal Maria Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medioambiente, explica que el alcalde Enrique Leaño presentó un informe para el cierre del botadero, el cual, según su criterio, ya de debería haber realizado.
Empero, el informe fue rechazado por irregularidades, ya que fue presentado sin la firma del alcalde, no estipula dónde se emplazará el nuevo botadero, así como tampoco informes técnicos ni legales sobre la actual situación del botadero por parte de la dirección de Gestión de Riesgos, según establece la norma, entre otros.
¿Una amenaza para el río Chico?
El botadero de Lechuguillas está establecido en la cabecera de una quebrada que aporta aguas pluviales al Río Chico.
“Es una quebrada que cuando llueve y crecen lo niveles de agua, aporta directamente hasta la cuenca del río Chico, que es parte del río Grande que desemboca en el departamento de Santa Cruz y se dirige hasta el río Amazonas”, explica el ingeniero ambiental Saul Leyva, del Colegio de Ingenieros Ambientales.
El río Chico es la principal fuente de riego del valle sucrense, donde se producen hortalizas y frutas tanto para el consumo humano como para la venta posterior en la ciudad.
“Por la ubicación del botadero, algunos especialistas asumen que habría un grado de contaminación por lixiviados”, dice Leyva al respecto aunque para él es poco probable que esto suceda.
Los lixiviados son un residuo líquido contaminante que se produce por la descomposición de la basura.
Por su parte, el director Técnico y de Planeación de EMAS, Gustavo Cuellar, descarta que los lixiviados sean una amenaza, no sólo por el trabajo de contención que se realiza, sino porque así o indican los resultados de los estudios que realizan semestralmente en las aguas de la quebrada, los cuales indican que los niveles de contaminación se encuntran por debajo de los límites permisibles que señala la normativa.
Para Leyva, es importante tener en cuenta que a lo largo de la quebrada y del Río Chico, hay poblaciones que no sólo arrojan directamente su basura a estos lugares, sino cuyas aguas servidas son vaciadas de manera directa a estos afluentes, constituyéndose también en una fuente de contaminación.
Microbasurales, un gran problema
Diferentes factores han incidido en la proliferación de microbasurales en diferentes zonas de la ciudad. Las causas oscilan entre falta el crecimiento acelerado de los barrios, insuficiente capacidad de recojo por parte de la empresa de aseo, falta de educación y falta de recursos para dar una solución a la problemática.
Morgan López es vecino del barrio Bajo Tucsupaya situado en el Distrito 3 de la ciudad; el más grande del municipio en cuanto a extensión.
“La alcaldía no se hace cargo de sus áreas verdes. En la medida que no se consolidan, se convierten en basurales”, dice señalando un pequeño terreno, en el que predomina la basura. Sin embargo, reconoce que el factor cultural también es un problema, y que los vecinos no ayudan a mantener limpios estos espacios.
“Hoy es lunes, tendría que haber pasado el carro basurero, pero no pasó”, dice Alfredo Vidal, presidente del Distrito 3, quien agrega que lo esperaban entre las 8:00 y 8:30 de la mañana.
Si bien el recojo está programado tres veces por semana, los vecinos explican que no siempre es así. Este lunes es prueba de aquello. Lo que llega sin demora, es el cobro por el servicio y no hay descuentos por más que el carro no pase las tres veces a la semana por las que se cobra a este barrio.
Vidal explica que si bien el servicio no es estable, los contenedores han ayudado a reducir el deshecho de basura en terrenos baldíos o áreas verdes municipales no consolidadas.
Contrario a la visión de Vidal, una vecina explica que los contenedores se llenan y las bolsas se acumulan a su alrededor, provocando que los perros la esparzan y creando focos de infección.
Para Carlos García Barrón, director de proyectos de gestión ambiental municipal en Helvetas Bolivia, el principal desafío es que a población pueda comprender su corresponsabilidad en la prestación del servicio.
Sin embargo es necesario hacer un análisis constante para mejorar el servicio.
“Cada cierto tiempo se debe hacer un mapeo para poder ver nuevas zonas de recolección de residuos y nuevas zonas de emplazamiento de contenedores”, explica García.
En ese sentido, si bien la empresa de aseo cuenta con un total del 700 contenedores esparcidos en los diferentes distritos, reconocen que no son suficientes.
Rilber Rioja lleva dos semanas como gerente general a.i de EMAS. Desde su oficina situada en ese mismo distrito, explica que los contenedores están precisamente en zonas en las que el recojo no es diario. O al menos eso intentan.
A pocos minutos de las oficinas de Emas, se encuentra el barrio Alto Villa Rosario. En los cerros que lo rodean, hay al menos 3 microbasurales que se han convertido en focos de infección y alimento para los cerdos. Efraín Anarata Mamani, representante del barrio, explica que no tienen contenedores y que el servicio de recojo es deficiente, por lo que los vecinos optan por tirar sus deshechos a los basurales que se ven alrededor.
Situación similar ocurre en el barrio Miraflores Norte, así como en otros de la ciudad, según los representantes de los barrios y distritos con los que conversó este medio.
Aunque Anarata es consciente de que tirar la basura a las quebradas no es la solución, dice que no tienen alternativa.
Si bien Rioja insiste en que les gustaría poder tener al menos más contenedores, su elevado costo, que oscila entre los 1000 y 500 dólares, se los impide. Además, por las características de las unidades de recojo, no pueden comprar contenedores más grandes y tampoco metálicos, ya que no aguantarían el peso.
Al ser consultado sobre su competencia para limpiar estos microbasurales, el director técnico de EMAS, Gustavo Cuellar, explica que si bien la empresa tenía un presupuesto para esta labor, “hace un tiempo” el municipio se los quitó. Sin embargo, aclara que aunque ellos como
entidad operadora ya no pueden hacerlo, continúa siendo competencia del municipio resolver ese problema.
“Ellos tampoco lo hacen por falta de recursos”, lamenta sobre este hecho, que es de preocupación para la empresa de aseo.
El impacto de estos basurales se minimiza, especialmente por parte de los vecinos, quienes no toman conciencia sobre el peligro que éstos representan para su propia salud, pues reducen la calidad del aire, aumentan los riesgos de contraer infecciones en los ojos y vías respiratorias, así como proliferación de mosquitos que pueden causar enfermedades como el dengue y roedores.
Carmen Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, asegura que desde la comisión han trabajado en el cierre de diferentes basurales en el municipio.
“Lo hemos logrado camino a las Siete Cascadas y en Ornocasa, donde habían basurales grandes”, agrega la autoridad
Si bien un informe realizado por esta misma comisión en la gestión 2018 identificaba 120 microbasulares en la ciudad de Sucre, el número sería mayor.
¿Qué otras posibles soluciones hay? Para el director de Proyectos de Gestión Ambiental Municipal en Helvetas Bolivia, trabajar con los vecinos en compostaje para posteriormente crear huertos urbanos, sería una salida viable, teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos son orgánicos.
El aprovechamiento del plástico, cartón y vidrio, también podría generar recursos para los vecinos si se trabaja de manera organizada.
“Es un desafío, pero hay soluciones”, concluye García.
Esta investigación fue desarrollada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XIV de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación, que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP).
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