Debido a la vulnerabilidad de los controles fronterizos y a las negociaciones que se establecen en las rutas de transporte, el contrabando ha encontrado en Bolivia más formas de expandirse afectando a industrias clave para el desarrollo productivo local del vino, harina y cerveza. El crimen organizado se ha fortalecido.
“No saques el celular que están armados”, dice en voz baja el hombre que hace las veces de guía, después de pasar un amplio portón de calamina, mientras su mirada se dirige a los cinco tipos que están en ronda a escasos metros, charlando, mirando, pero especialmente…vigilando.
Este es uno de los 120 pasos ilegales identificados a lo largo de las fronteras bolivianas. En el sur del país hay más de 50 y se encuentran por la quebrada Internacional que separa a Bolivia de Argentina. De un lado está la población de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, mientras que a tan solo unos metros, el poblado argentino de Salvador Mazza en la provincia argentina de Salta.
La vegetación bordea el sendero por donde pasan a diario miles de personas de forma ilegal, en un camino totalmente transitable. Un vigilante con gorra y camiseta roja mira con atención a cada uno de los peatones. Ahí está prohibido sacar el teléfono celular o una cámara. Su tarea es evitar que quede algún registro que pueda comprometer su actividad. Para ello, no dudan en pedir el celular a los peatones.
El hombre se encuentra a mitad del camino, al borde de la quebrada, llevando un arma de fuego guardada en la cintura, aunque levemente visible para el caminante.
El sendero lleva por la quebrada hasta la puerta trasera de un domicilio, que siempre está abierta dando paso a un patio donde aún se ve colgada la ropa en el tendedero. Hay dos perros durmiendo sobre cartones y una mesa cerca al baño. La casa es como cualquier otra, pero con la particularidad de que por ella pasan miles de personas.
Estos domicilios son conocidos como casas binacionales, debido a su estratégica posición para transitar de un país a otro. En la mesa están los dos dueños, quienes cobran el derecho de paso a los improvisados viajeros. “37 pesos”, dicen al alargar la mano. El monto equivale a 2 bolivianos o 0,28 dólares. Se puede pagar en moneda boliviana o argentina, lo importante para ellos es cobrar.
Los dueños de casa solo se encargan de la lucrativa recaudación, considerando que pasan hasta 500 personas al día, pueden recaudar alrededor de 1000 bolivianos o 143,68 dólares, pero hay todo un equipo de centinelas que hace un control en cada uno de estos pasos.
Del lado argentino, a escasos metros de la casa y en una calle llena de galpones, se encuentra la oficina policial de Salvador Mazza, donde sus oficiales son testigos del movimiento ilegal, sin decir ni hacer nada. A lado, unos hombres descargan productos que ingresan por contrabando a Bolivia. Al frente, ocurre lo mismo con otro camión. El silencio se hace cómplice.
Situación similar ocurre en la misma frontera, pero en los límites del río Bermejo, a 194 kilómetros de Pocitos aproximadamente.
“Nosotros no tenemos un día normal, no dependemos de un horario, dependemos de una demanda de clientela y de un producto”, responde “El Diablo”, uno de los transportistas de mercadería que cruza ilegalmente por el río Bermejo.
El “Diablo” encabeza una de las asociaciones que transporta mercadería por medio de los denominados “gomones”, es decir grandes gomas de neumático que sirven como botes de carga.
El argumento del “Diablo” es que del lado boliviano no hay industrias, pero sí la necesidad de satisfacer el consumo de la población. Dice que trabaja independiente y que es parte de una asociación que espera sacar su personería jurídica.
Se muestra expectante tras haber sostenido reuniones con representantes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. “Ya tenemos la documentación adelantada”, agrega sobre el trámite para legalizar su organización, que cuenta con 40 socios.
El acuerdo es que estas asociaciones dejen de utilizar las gomas como vehículo de transporte y las cambien por botes que cumplan las condiciones mínimas de seguridad, aunque llamativamente no establece ningún tipo de prohibición para el tráfico de productos de contrabando.
Como en Salvador Mazza, la mercadería ilegal pasa por el río Bermejo sobre las gomas a simple vista del puente internacional donde se encuentran las oficinas fronterizas de ambos países.
En la otra orilla está Ángel C., quien también encabeza una asociación de transporte fluvial, que lleva personas y mercadería desde Bermejo del lado boliviano hacia el argentino. Su organización tiene 45 socios y también espera obtener la personería jurídica.
Ángel argumenta que en el municipio de Bermejo, entre un 70 a 80% de la población vive del comercio informal. Recuerda que su hijo trabajaba en la zafra azucarera, pero que la crisis de esta industria en la región dejó a cientos de personas sin trabajo, entre ellas a su familia. “Esta es la situación que lleva a mucha gente a arriesgarse”.
“Esa gente es abandonada por nuestras autoridades, no se les da nada, entonces, no nos queda otro camino más que recurrir al trabajo este que lo tenemos a mano, porque es una frontera”, complementa. No tiene un horario fijo, depende de los “clientes”, dice, aunque generalmente hace el transporte de productos entre las 6.00 y las 15.00.
Ambos transportistas pusieron como ejemplo la planta procesadora de cítricos de Bermejo, la cual fue construida el año 2012, demandó una inversión estatal de 76 millones de bolivianos, equivalentes a casi 11 millones de dólares, y hasta la fecha no entró en funcionamiento. “No hay industria ni trabajo, todo está frenado”, indica uno de ellos.
Para la activista Clemencia Romero el microcontrabando se ha convertido en una forma de subsistencia en esta región ante la falta de incentivos para los diferentes rubros de la economía, pese a que la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija ha sido una de las más beneficiadas con el boom de los hidrocarburos desde el año 2006 a la fecha.
“De esa plata nadie sabe cuál ha sido el destino, las autoridades la administran, pero el comercio es lo que mantiene a Yacuiba”. Romero indica en cada familia de Yacuiba, “por lo menos hay un comerciante que se dedica a la venta de contrabando”.
Las calles de Bermejo y Yacuiba, en el sureño departamento de Tarija, están colmadas por el comercio informal. Toldos, maniquíes y cajas de cerveza, están al paso del peatón por las veredas; la mayoría cubiertas del sol por nylon o plástico azul que evite el desgaste de los productos.
Según Migraciones de Bolivia, el flujo migratorio regular que pasa por Bermejo de manera legal, es de 3.500 personas por día. Se considera que un número similar o mayor de personas, usa los pasos ilegales.
El paso migratorio legal suele elevarse por encima de los 100 bolivianos, unos 14,37 dólares, para cumplir con los diferentes trámites. Si una persona pasará en vehículo, el costo sube dependiendo el tipo y cargamento que lleva, además, el trámite es más moroso.
20 piscinas olímpicas llenas de bebidas de contrabando
Un estudio realizado en 2019 por Euromonitor International señala que en Bolivia se consume anualmente 669.664,1 hectolitros en bebidas alcohólicas ilegales, lo que representa un volumen cercano a 20 piscinas olímpicas llenas. Para obtener el dato se toma en cuenta que una piscina olímpica mide 50 metros de largo, 25 de ancho y tiene 2,7 de profundidad.
Del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, el 68,6% proviene del contrabando. De ese total, la cerveza representa el 77,9%.
El contrabando, además de significar cuantiosas pérdidas para la industria boliviana, representa una caída importante en recaudaciones para el Estado. De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solo el sector de alimentos y bebidas genera pérdidas que alcanzan los 551 millones de dólares. El impacto en el producto interno bruto (PIB) es del 3,5%.“Además hay una evasión fiscal de al menos 150 millones de dólares”, explica Ían Miranda y agrega, que el impacto fiscal directo ronda los 359 millones de dólares.
El contrabando también se ha convertido en una amenaza para el empleo en el país, poniendo en riesgo 125 mil puestos de trabajo en el territorio nacional. Esta situación se ha empezado a sentir en las zonas productoras del país como Tarija, que concentra el 75% de los cultivos de vid a nivel nacional.
“El sector genera alrededor de 5000 empleos directos y permanentes tanto en bodega como en campo; sin embargo, son cerca de 3000 o 3500 familias que se benefician del cultivo”, detalla el gerente de ANIV, Fernando Galarza Castellanos.
Pese a la importancia de este cultivo para la economía de la región, Fernando explica que “muchos” productores empezaron a sustituir el cultivo de vid por otros, ante la baja en la demanda de uva a causa del contrabando y la pandemia.
Según describe el representante del sector vitivinícola, si bien Bolivia tiene una capacidad de producir 28 millones de litros de vino, en los últimos años solo fueron 15 millones, generando que la demanda de uva se “estanque” y afecte de manera directa a los productores, con una “producción 30% menos que en años anteriores”.
Ante la baja en la demanda, el precio de la uva también cayó, traduciéndose en el batacazo final para los productores, quienes pasaron de vender la caja de uva entre 29 y 36 dólares cada una, a 6 dólares en la última gestión.
En el sector vitivinícola, el contrabando ha copado el 40% del mercado, lo que significa que 4 de cada 10 botellas de vino que se compran en el país, son de procedencia ilegal.
La devaluación de la moneda en Argentina y la competitividad que genera la producción de vinos a gran escala en Chile, son dos factores que inciden en el contrabando de vino desde los vecinos países, afectando a la producción nacional.
Por otro lado, cerveza se ha convertido en el producto por excelencia del contrabando, representando el 50% del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según un estudio realizado por Euromonitor Internacional en 2019. Así, el contrabando de esta bebida ha generado pérdidas equivalentes a 72 millones de dólares para el sector y por ende, para el país.
Por su parte el factor impositivo juega un papel importante en el precio de este, como en otros productos, impidiendo su competitividad frente a las cervezas de contrabando, cuyos precios oscilan entre los 5 y 6 bolivianos, equivalentes a 0,71 y 0,86 dólares.
En Bolivia, los impuestos que debe pagar una cerveza de litro de 10 bolivianos (1,44 dólares), equivalen a 5,082 bolivianos o 0,73 dólares. Es decir, más del 50% del valor del producto, está destinado a cubrir el impuesto al consumo específico (ICE), Impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la transferencia (IT).
Esos 10 bolivianos, contemplan 0,10 que están destinados al Proleche, un fondo de apoyo al complejo productivo lácteo. Según la ley 204, del 15 de diciembre de 2011, el aporte de las empresas cerveceras debía ser por un periodo de ocho años, pero fue ampliado por cinco años más.
Si la cerveza boliviana no pagara impuestos, como sucede con la cerveza de contrabando, su precio de venta podría ser de 4.92 bolivianos o 0,71 dólares, siendo igual o más competitiva que esta última.
La harina también es ampliamente contrabandeada desde Argentina. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE, las importaciones de harina en la gestión 2021 fueron de 266.241.538 kilogramos, equivalentes a 5,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos, por lo que el contrabando cubriría las 1,7 millones de bolsas faltantes para satisfacer la demanda nacional. Es decir, al menos el 17% del mercado.
Al margen de su procedencia ilegal, estos productos atentan contra las normas bolivianas y la salud pública, ya que la mayoría poseen bromato, un compuesto prohibido en este insumo por las normativas nacionales.
Pero el impacto en el empleo también es significativo. Según explica Juan Torrez Muriel, gerente de la Asociación de Industriales Molineros, el sector genera más mil empleos directos, aunque la cadena tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta el transporte, intermediarios, vendedores y equipos comerciales, entre otros.
Aunque Juan Torres explica que el rubro atraviesa dificultades desde “hace varios años” debido a las harinas subvencionadas que produce el país, el panorama se puso más difícil a causa del contrabando y la suba en el precio del trigo por la guerra en Ucrania, el mayor productor de ese producto a nivel mundial.
Si bien Bolivia produce trigo, el país solo satisface el 30% de la demanda interna, por lo que el resto debe ser importado de Argentina, al precio internacional. Esta realidad ha provocado que el sector se encuentre al 29% de su capacidad, produciendo únicamente 3 millones, de los 10 millones de sacos de harina que necesita el país para satisfacer su demanda interna. El contrabando, es una de las vías por las que se suple el faltante.
“No sabemos en qué condiciones ingresa al país o si cumple las normas y condiciones higiénicas”, lamenta Juan Torrez.
Precios de Feria
Los precios están por debajo de los productos nacionales. Por ejemplo, un vino de alta gama boliviano está por encima de los 200 bolivianos (28,7 dólares), mientras que un argentino que ingresa por contrabando llega a 125 bolivianos (17,9 dólares).
En el caso de las cervezas, las de procedencia argentina se encuentran a 6,83 bolivianos (0,98842 dólares), mientras que las bolivianas llegan a un valor de 9 bolivianos la unidad (1,3025 dólar).
Con la harina la diferencia también es importante. La que llega por contrabando desde Argentina tiene un costo de 130 bolivianos (18,67 dólares) el quintal, mientras que la nacional tiene un precio cercano a los 200 bolivianos (28,7 dólares).
Un informe de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras indica que en el caso de las cervezas y gaseosas los precios del contrabando son 30% más baratos que los productos locales.
Vinos argentinos de alta gama como Mosquita Muerta, que han recibido diferentes premios internacionales, se encuentran en ferias callejeras y licorerías a precio de “mosquita muerta”, como refiere su nombre. Este tipo de vinos puede hallarse hasta en 100 bolivianos, un equivalente a 15 dólares aproximadamente.
Claribel Vilte Quiroga, quien es propietaria de Bodegas Vilte, una de las empresas vitivinícolas del sur del país relata que hace unos cuatro a cinco años se tenía mercado en municipios como Villazón, pero que ahora ya no se vende un solo vino boliviano en esas zonas. “Incluso encuentras vinos de cartón a 3 bolivianos, con eso ya es imposible competir en precios”, dice.
Claribel quien también es presidenta de Bodegas Unidas de Uriondo dice que este sector se encuentra en “emergencia”, pues se está dando un cambio en la matriz productiva, debido al contrabando no solo de vinos, sino también de uva, procedente de Argentina, Chile y Perú.
Parte de los productores del Valle Central de Tarija, la principal zona productora de vid de Bolivia, están empezando a optar por la plantación de papa y tomate ante el masivo contrabando de uva que redujo el costo de este producto.
Uno de estos casos lo expone Jenny Justiniano, parte de una familia productora de vid, la cual ha determinado vender su propiedad. “Hace más de diez años entregamos la producción a –bodegas- Kohlberg y tenemos un socio con el que trabajamos a medias, pues se hace bastante inversión para mantener la viña; son muchos días, horas de trabajo… antes de la pandemia sí valía la pena toda esta inversión”, describe.
Las bodegas no solo están pagando menos por el quintal de uva, sino que algunas ya ni siquiera les recibieron el producto este 2022. “Este año directamente nos rechazaron-las bodegas-, argumentando que no tenían recursos ni dinero para pagar, porque el contrabando había entrado a una fase crítica”. La situación fue tan difícil que decidieron regalar su producción a las bodegas para que esta no quede botada.
Los productores del Valle Central critican que las autoridades de la Alcaldía de Tarija, capital del sureño departamento, hablan a diario del fomento a la industria local como al turismo, pero es esta misma instancia que no hace controles y permite ferias de contrabando en la ciudad. Incluso, productos argentinos sin registro del Senasag se pueden encontrar en licorerías y supermercados de esta capital.
28 mil hectáreas en manos del crimen organizado
Con centinelas, rutas clandestinas, hombres armados y un complejo mecanismo para mover la mercancía, el contrabando se mueve “a sus anchas” en la frontera con Argentina.
Pero la mayor parte del contrabando no fluye a través de los gomones como los que opera El Diablo, ni en senderos disfrazados con casas de baño en la frontera, sino a través de mayoristas que operan desde el exterior, pero que tienen contactos en Bolivia, quienes facilitan documentación falsa para pasar las fronteras o les alertan de “puntos ciegos” en el paso.
Una vez en el país, el producto es llevado a mayoristas legales, ilegales o bodegas clandestinas, desde donde son distribuidos a minoristas y finalmente llegan al consumidor final.
“Entra por todas partes, por bagallaje (comercio informal), por pequeños contrabandistas y también en camiones con ingentes cantidades, el contrabando es como un cartel, está creciendo, está organizado… mueve mucha plata”, asegura Fernando Galarza Castellanos, quien es gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Según un comunicado de la Aduana del 23 de mayo de 2022, reporta que en lo que va del año hay cuatro personas fallecidas como resultado de la lucha contra el contrabando. Dos suboficiales que participaban de una redada contra el contrabando en la zona alta del departamento de Tarija fallecieron el 22 de mayo.
Los informes de la Aduana, entre 2021 y 2022 indican que cinco funcionarios fallecieron en la lucha contra el contrabando combatiendo ante bandas armadas que actúan contra la ley. Además, hay más de 10 personas heridas y un daño estimado de 46 millones de bolivianos o 6.6 millones de dólares.
Los propios funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), reconocen que falta personal y apoyo de otras instituciones para ingresar a estos lugares.
“En cada acción que hacemos hay repercusiones de los dueños de la mercadería que agreden físicamente, verbalmente y con amenazas a nuestro personal”, expresa Gilberto Alvarado Palacios, responsable departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag Tarija.
Verdad con Tinta y CONNECTAS accedieron a dos causas judiciales en Argentina que derivaron en 2020 en el decomiso de 28.000 hectáreas que se encuentran en la provincia Salta en la frontera sur de Bolivia, a la altura del municipio de Yacuiba. Según indica el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estos terrenos eran utilizados para el tráfico de 4.000 kilos de cocaína por mes, además de diferentes productos de contrabando.
Los terrenos pertenecían a Reinaldo Delfín Castedo, considerado como el narcotraficante más poderoso de Argentina, que es apodado como el “Patrón del Norte”, quien, mediante la compra sistemática de terrenos junto a sus hermanos y otros familiares, según el expediente judicial, pretende tener el control total de la frontera sur de Bolivia. El caso salió a la luz tras el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006, una mujer que se había negado a vender sus terrenos en Salvador Mazza al supuesto clan, señala el fallo de la Cámara en lo Criminal de Orán-Argentina.
Los terrenos identificados son las fincas El Pajeal y El Aybal ubicadas en la frontera entre Argentina y Bolivia, los que fueron embargados por el delito de lavado de activos. En la misma causa se indica que el “clan Castedo” tiene conexiones y propiedades en Bolivia.
Reinaldo Castedo se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, pero según las investigaciones judiciales de ese país, sigue operando desde ahí.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se benefició con estos terrenos, ha denunciado en junio de este 2022 que se identificaron actividades ilegales de tala en el lugar para abrir nuevos caminos a favor del contrabando.
Flotas “fantasma”
Los transportistas en Yacuiba han identificado grandes buses que viajan sin pasajeros con destino a Santa Cruz, que no salen de la terminal de buses, ni cumplen con los procedimientos de control y que van cargadas de productos de contrabando, a los que llaman “flotas fantasmas”.
“Estamos siendo avasallados por las flotas clandestinas que hacen el servicio de pasajeros y cargan sin control alguno”, dice un pronunciamiento público del 18 de marzo de 2022 de los trabajadores de la terminal de buses de Yacuiba.
“A ellos nadie les controla, pero sí a las flotas que van con pasajeros”, reclama la activista y periodista yacuibeña Clemencia Romero, quien incluso subió un video de cómo personal aduanero hace los decomisos de productos en las diferentes trancas en la carretera Yacuiba-Santa Cruz a personas que llevan “pequeñas cantidades” de productos.
“Son instituciones de asalto contra el microcontrabando”, dice con respecto a los controles a los que apoda como “aduanillas”.
La denuncia refiere que flotas con nombres de empresas que no existen o no están registradas, usan la feria callejera de productos de contrabando denominada “Feria Argentina” como una parada clandestina, lugar del cual salen cargadas únicamente de productos de contrabando y no de pasajeros. “Todo mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, agrega Clemencia.
En la feria mañanera de Yacuiba o “Feria Argentina”, ubicada en el barrio Héroes del Chaco, se encuentran productos argentinos en oferta y galpones con cientos de cajas listas para ser embaladas. En mayor cantidad se halla: vinos, cervezas y gaseosas.
Los transportistas entregaron a Verdad con Tinta el manifiesto público, donde se formaliza este reclamo. Flotas con nombre como “La Querida”, salen con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cargamentos de contrabando, denuncia Clemencia.
“Operan desde diferentes garajes de la feria mañanera”, indica el documento presentado por los transportistas de Yacuiba.
En las calles adyacentes de esta feria, también se encontraron flotas estacionadas dentro de amplios patios de tierra, a las que cargaban cajas de productos. Esta tarea se repite tanto en la mañana como en la noche.
Un recorrido nocturno también evidenció flotas estacionadas a orillas de la quebrada internacional cargando cajas de productos. Posteriormente, los vehículos salían con dirección a la carretera nacional, rumbo a Campo Pajoso, que conecta con la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.
Una de estas flotas llevaba el nombre de La Rioja. Curiosamente, entre sus destinos ofertados no figuraba Yacuiba. En el mismo recorrido se encontró otra flota de la empresa Trans Carrasco estacionada en la citada feria, al igual que el anterior bus no tenía pasajeros, pero cargaban cajas en su depósito.
Trans Carrasco sí está dentro de los operadores regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pero no así La Rioja, según se pudo verificar en la lista publicada por esta institución estatal.
En los barrios Nuevo y África, en la localidad fronteriza de Pocitos, se encontraron camiones donde cargaban productos de contrabando a orillas de la quebrada internacional. En estos lugares, se volvió a identificar a los “centinelas” y en ninguna se evidenció control policial.
El rol del Estado
Si bien son más frecuentes las noticias sobre incautaciones de productos para contrabando con un rol más activo del Estado, el gerente de Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas-ANIV, Fernando Galarza, asegura que se trata solo de la punta de un iceberg.
Y es que la problemática es tan compleja, que Bolivia es el único país de la región que ha creado un viceministerio que se dedica de manera exclusiva en atender los asuntos relacionados al contrabando: el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
A lo largo de sus 7000 kilómetros de frontera en Bolivia el contrabando entra en mochilas, carretillas, autos, lanchas improvisadas, camiones y flotas. Pese a que los volúmenes son importantes, pasan cual fantasmas por los puntos de control, sin ser percibidos o, al menos, sin ser interrumpidos.
Si bien el Senasag Tarija decomisó 176.915 kilogramos de productos de contrabando entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2022, entre los que figuran carne, cerveza, embutidos, maíz y pescado, lo cierto es que desde la propia entidad reconocen que este rebasa su capacidad de respuesta.
“Como Senasag tenemos limitaciones en la parte técnica y los controles que se hacen en ciudad como en centros de expendio son competencia de los municipios con la intendencia y odecos (oficinas del consumidor)”. “El Senasag ayuda y acompaña en los operativos”, argumenta Gilberto Alvarado.
Los controles del Senasag se limitan a los puntos de control que establecen en las zonas fronterizas, caminos intermedios y recintos aduaneros, donde su personal hace verificaciones de la mercadería que pasa e inspecciona las importaciones legales, aunque el contrabando suele evitar las carreteras troncales donde se encuentran estos controles.
Fernando Galarza explica que el sector privado de los vinos en Tarija propuso al Gobierno nacional instalar cámaras de video vigilancia que contribuyan al control en las rutas provenientes de las fronteras del sur del país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de las autoridades.
El representante del sector dice que el contrabando mueve suficiente dinero como para “comprar voluntades” a lo largo del camino.
Para Ían Miranda, jefe de insvestigación sectorial de la Cámara de Industria y Comercio – Cainco, el Estado debe trabajar en políticas que favorezcan al empresario o comerciante formal, como reducciones en los impuestos que fomenten mayor competitividad.
Las pesadas cargas laborales e impositivas en el país, se han convertido en una suerte de licencia que justifica el contrabando, en detrimento de los emprendedores y empresarios nacionales que generan empleo legal en el país.
Ante esta realidad, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha recomendado a las autoridades tres líneas de acción para frenar el contrabando: la aplicación estricta de la Ley de Aduanas y el fortalecimiento de la Aduana Nacional, facilitación de la importación y campañas de educación ciudadana, haciendo ver que el “contrabando no paga”.
Permisividad y complicidad del Estado
Lo curioso es que en la feria mañanera de Yacuiba, donde solo son ofertados productos de contrabando e incluso se detectaron actividades ilegales, el Gobierno Regional del Gran Chaco le otorgó el año 2021 a sus administradores la personería jurídica que avala su funcionamiento.
“A cambio, los que producimos en la región no solo debemos pagar altos costos para obtener los permisos, sino que son procesos altamente burocráticos”, agrega Clemencia Romero, quien produce mermeladas con su familia.
La familia Romero cuenta que el proceso de legalización de un producto nacional le cuesta al pequeño productor mil dólares, además que es “altamente burocrático”. “Debes ir hasta la ciudad de Tarija a hacer el trámite, que no sale en un día”, critica. La productora dice que no existen los suficientes incentivos.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de 8999 bolivianos equivalentes a 1293 dólares.
Pero esta complicidad también se ve reflejada en el otro lado de la vereda, en Argentina, donde frente a las “casas subnacionales” había un puesto policial del que no solo se puede ver cómo cruzan las personas de forma ilegal, sino también cómo pasa el contrabando.
La Aduana Nacional en una conferencia de prensa realizada el 12 de julio en Tarija anunció el incremento de controles en la frontera sur del país en los puestos de Bermejo, Villa Montes, Villazón y Yacuiba.
La presidenta de la Aduana Karina Serrudo Miranda afirmó que se envió un contingente de 500 efectivos militares, 100 técnicos aduaneros, 50 vehículos, drones y cámaras corporales para la video vigilancia en estos puestos fronterizos.
“No vamos a desfallecer en esta lucha, no vamos a permitir que estos clanes de contrabandistas y de crimen organizado se enriquezcan de manera ilegal; no vamos a dejar que el contrabando ingrese en nuestros mercados”, declaró la presidenta de esta institución a manera de discurso.
La Aduana Nacional ha comisado en la última gestión mercancía de contrabando valuada en 530 millones de bolivianos o 76 millones de dólares.
Verdad con Tinta realizó dos solicitudes de información formal a la Aduana Nacional sobre el número de productos decomisados, puntos de control y personal asignado, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Expertos en economía coinciden en que la lucha contra el contrabando no se gana solamente con poner militares en las fronteras, sino con un cambio del modelo económico que tiene hace diez años el país.
“Resulta de una política pública de mantener el tipo de cambio nominal fijo y el tipo de cambio real apreciado que ha optado el gobierno hace muchos años porque las importaciones legales e ilegales son la esencia del actual modelo económico, que se vuelve rentista”, explica el economista Gonzalo Chávez Álvarez.
“Supongamos que se controla el contrabando, vas a generar un desempleo gigantesco”, acota Gonzalo Chávez, al tomar en cuenta que más del 90% del empleo en el sector comercial de Bolivia viene de la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La solución para el economista está en apoyar al sector productivo, recuperar las exportaciones en productos no convencionales o industrializados, generar una mayor espalda de divisas y de dólares y en el largo plazo, “volver a la flotación del tipo de cambio”.
El contrabando ha invadido las principales ciudades del país, sin que las intendencias hagan un control efectivo, poniendo en jaque a la industria nacional. En el sur no solo aumentan los pasos ilegales, sino también las armas.
CRÉDITOS
Autores
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Edición
Desarrollo
Hugo Loza Guzmán
Diseño Gráfico
Josue López Bernal
Edición de Video
Jonás Michel Valencia
Este trabajo fue realizado por Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena con colaboraciones de Maura Quispe Castro y Carla Bustillo para Verdad con Tinta y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Con el apoyo de:
Cielo Estrella, la niña de dos años asesinada a golpes en un alojamiento de La Paz a manos de su madre y su pareja, es la vigésimo tercera víctima de infanticidio en lo que va del año en el país.
El más reciente reporte del Ministerio Público, revela que hasta la fecha son 23 las víctimas de infanticidio en el país, lo que equivale a que un niño es asesinado cada 10 días.
Los asesinatos no dan tregua. De acuerdo a los datos mensuales, todos los meses se registraron casos de este tipo, con 4 infanticidios en enero, 6 en febrero, 1 en marzo, 2 en abril, 4 en mayo, 4 en junio y 2 en lo que va de julio.
Según las estadísticas oficiales, este año se registraron 3 infanticidios más que en el mismo periodo de 2021, cuando se registraron 20 casos; sin embargo, el año con mayores casos registrados fue el 2020, con 33 víctimas en este mismo periodo de tiempo.
La Paz es el departamento que registra mayor violencia hacia los niños, con un total de 9 infanticidios en los que va del año, seguido por Potosí con 5 casos.
Causas del infanticidio
Si bien determinar las causas que motivan es te crimen es una labor compleja, estudios realizados a nivel internacional refieren que las principales razones que inciden en esto son los embarazos no deseados, la falta de educación, la pobreza extrema y el abandono de alguno de los padres.
Entre otras causas, Humanium, una ONG internacional de apadrinamiento de niños comprometida a acabar con la violación de los derechos infantiles en el mundo, asegura que en algunos países practican el infanticidio debido a creencias derivadas de causas biológicas, como la discapacidad.
En algunas comunidades de Benin, en África se mata a los niños que nacen con algún tipo de discapacidad física, ya que se le atribuyen efectos mágicos negativos o hechizos malignos a su nacimiento. Situación similar ocurre en comunidades próximas al lago Titicaca, según una investigación realizada el año 2013 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Esas mismas creencias son aplicables en nacimientos de gemelos o niños albinos. En el caso de los gemelos, a veces se mata al segundo o se entrega a otra familia como ocurre en Ecuador, en el pueblo de los Quijo.
Protección del Medioambiente Tarija (Prometa) es una de las organizaciones locales que ha trabajado con especies vulnerables amenazadas, entre las que se encuentran el oso jucumari (tremarctos ornatus) y, por su puesto, el cóndor andino (Vultur gryphus), cuya vulnerabilidad ha aumentado en los últimos años especialmente en Tarija, donde en 2021 se registró el biocidio de 34 ejemplares.
El cóndor, con una fuerte presencia en el imaginario boliviano, formando parte inclusive de los símbolos patrios del país, es una de las especies rapaces carroñeras más estudiadas en el país y una de las que más peligro afronta debido a su escasa población, que oscila entre lo 1400 y 1500 ejemplares surcando los cielos bolivianos.
En una entrevista realizada en febrero de 2021 al biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural Diego Méndez, este aseguraba que en base a observaciones realizadas en Tarija, en la región habitan entre 150 y 200 cóndores, es decir alrededor del 15% de la población del país.
Tomando en cuenta la superficie de Tarija en Bolivia, “es una proporción significativa”, explicaba el biólogo evidenciando la importancia de la región para su preservación.
“El ser humano tiene la tendencia a ir haciendo desaparecer los animales grandes”, Rodrigo Ayala
“El ser humano tiene la tendencia a ir haciendo desaparecer los animales grandes”, dice Rodrigo Ayala Bluske, director ejecutivo de Prometa, a escasas horas de conocer el veredicto de la votación del concurso organizado por la plataforma Piensa Verde, en el que compiten con otros tres proyectos.
Esta tendencia se debe a que miles de pobladores los consideran una amenaza para sus animales, por lo que los cazan o envenenan, aumentando la vulnerabilidad de la especie y poniendo en riesgo su conservación.
Para Ayala, esta situación se suma al hecho de que los animales grandes son de reproducción más difícil, pues en el caso de los cóndores sólo tienen una cría a la vez y no se reproducen hasta que el pichón sale definitivamente del nido, lo cual puede llevar casi 14 meses.
Además, no hay garantías de que el pichón sobreviva.
Ante esta realidad, Prometa trabajó en una investigación para proteger a la especie, logrando identificar la localidad de Peña Rajada; un lugar al que describen como “ideal” para convertirse en un refugio de vida silvestre.
“Es un sitio de grandes profundidades donde los cóndores anidan, no es de fácil acceso, alberga también a otras especies y tiene una gran belleza paisajística, lo que aumenta su potencial turístico”, dice sobre el lugar el director de Prometa.
Sin embargo, la zona, ubicada en el municipio de Yunchará no ha quedado exenta al crecimiento de la frontera agrícola y también existe el temor de que el lugar pueda ser intervenido por el ser humano para la explotación o para obras infraestructurales.
Por este motivo, este organismo no gubernamental (ONG) se planteó la creación de un área protegida en la zona, bajo la categoría de “Santuario Nacional”.
Esta categoría estipula protección estricta y permanente de aquellos sitios que albergan especies de flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinguirse, una comunidad natural o un ecosistema singular.
“Buscamos que al margen de proteger a la especie, sea un sitio fuerte de atracción turística”, agrega Ayala, quien explica que el proyecto tiene tres componentes: completar los estudios científicos, la creación de cuerpos de protección y un programa de turismo de observación de aves.
El proyecto “Red de áreas protegidas conectadas para conservar al cóndor andino y fauna altoandina de los Andes Sur de Bolivia” compite con otros tres proyectos presentados por Biota, Faunagua y Comunidad Inti Wara Yassi- CIWY.
El proyecto con más votos será el ganador de los fondos concursables de la Albombra Verde 2022, de Piensa Verde.
El veredicto se conocerá la noche de este miércoles 13 de julio, a las 18:30 en el evento denominado Alfombra Verde 2022 que tendrá lugar en la Manzana 40 en Santa Cruz de la Sierra, y que contará con la presencia de personalidades de diferentes rubros.
Para conocer los proyectos finalistas e ingresar a votar por tu favorito, haz click en este enlace
Sobre Piensa Verde
Piensa Verde es la primera plataforma medioambiental e intersectorial que a través de un modelo innovador y pionero en el país, busca construir alianzas entre distintos sectores que estén comprometidos con la conservación de los bosques, áreas protegidas y especies.
Para eso, la plataforma busca canalizar recursos del sector empresarial privado y la población boliviana en general, para apoyar proyectos de conservación de bosques, especies y áreas protegidas; atender emergencias por la coyuntura como incendios forestales; e incrementar el grado de conciencia e información sobre esta problemática ambiental ligada a la conservación de los bosques en Bolivia.
La plataforma Piensa Verde está conformada por seis ONG medioambientales: Conservation Strategy Fund (CSF), Conservación Internacional Boivia (CI), Wildlife Conservation Society (WCS), Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), ACEAA – Conservación Amazónica y la Fundación Amigos de la Naturaleza.
También cuenta con el apoyo de nueve instituciones del sector privado que son: Laboratorios Bagó de Bolivia S.A., el Banco de Crédito de Bolivia BCP, la Fundación Estás Vivo, Farmacias Chávez, Servicios Ambientales S.A., Quantum Motors S.A, SPK-MedLab, Bob Constructores y Casa Ideas; la Embajada Británica como parte de la Cooperación Internacional.
La Alfombra Verde
El evento Alfombra Verde, es una iniciativa lanzada por Piensa Verde el año 2021, convirtiéndose en la primera y mayor campaña de recaudación de fondos a favor de los bosques, las especies y las áreas protegidas, a partir de un evento de gala con moda sostenible.
Según explican en su portal web, “en su segunda versión, la Alfombra Verde pretende concientizar a la población sobre las principales problemáticas ambientales del país y recaudar fondos para financiar proyectos de gestión y prevención de incendios, manejo integral y sustentable de bosques, gestión de áreas protegidas y conservación de especies amenazadas”.
Además, el evento cuenta con la particularidad de que los asistentes lucen las propuestas de moda sustentable de los mejores diseñadores del país.
El Día del Sobregiro de la Tierra es un recordatorio de cómo la demanda del hombre ha superado la capacidad que tiene el planeta para abastecernos.
Cada año, la Global Footprint Network calcula la cantidad de días en que la biocapacidad de la Tierra es suficiente para satisfacer la huella ecológica de la humanidad, también conocida como su demanda. El resto del año corresponde a sobregiro global.
¿Cómo se calcula? El Día del Sobregiro de la Tierra se calcula dividiendo la cantidad de recursos ecológicos que el planeta puede generar ese año, por la demanda de la humanidad para ese mismo periodo de tiempo, y multiplicando por 365 el número de días en un año. Una fórmula tan sencilla como:
(Biocapacidad del planeta / Huella ecológica de la humanidad) x 365 = Día del sobregiro de la Tierra
Sin embargo, hay un complejo proceso detrás de esta simple fórmula.
Para mantener la coherencia con los datos y la ciencia, las métricas de la huella ecológica de todos los años anteriores, desde 1961, se recalculan cada año.
Por ende, las métricas de cada año comparten un conjunto de datos en común y exactamente el mismo método de contabilidad.
Así, según la medición de este año, el Día del Sobregiro de la Tierra llegará este 28 julio. Utilizando la misma fórmula contable, este día llegaría dos días antes que el año anterior, cuya fecha de sobregiro fue el 30 de julio.
Según estos datos, la humanidad necesita el equivalente a 1,75 planetas Tierra para abastecerse, lo que evidencia la sobreexplotación a la que es sometida.
El estudio también realiza un cálculo por país, estableciendo la fecha de sobregiro de cada uno de manera individual, es decir, el tiempo en que caería el Día del Sobregiro de la Tierra si toda la humanidad consumiera como la gente de este país.
En el caso de Bolivia, la fecha de sobregiro de este año fue el 5 de julio, lo que significa que la humanidad necesitaría el equivalente a dos planetas tierra para abastecerse si todo el mundo tuviese un consumo como el de este país.
En los extremos se encuentra Qatar, con una fecha de sobregiro del 10 de febrero, mientras que Jamaica es el país con mayor capacidad de abastecimiento, llegando al 20 de diciembre.
Por primera vez la película estrenada en 2021 se presentará en la capital como parte de la programación del cineclub Teixidó, organizado por el cineasta sucrense Alejandro Pereira.
“Me emociona mucho que es la primera presentación de la película en Sucre”, asegura Richter, quien estrenó el largometraje en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el 25 de noviembre de 2021.
98 segundos sin sombra está basada en la novela del mismo nombre, de la escritora cruceña Giovana Rivera. Su historia se centra en el personaje de Genoveva, una adolescente de 16 años que vive en un pueblo del oriente boliviano, donde la violencia es moneda corriente y el narcotráfico empieza a pisar fuerte. La joven trata de sobrevivir a las monjas de su colegio, a sus hostiles compañeras de curso, a sus padres sin esperanza y a los hombres con armas, mientras que el narcotráfico irrumpe en “Culo del Mundo”, su pueblo.
“Es un retrato de esta adolescente, su relación con sus amigas, con la violencia, con su familia rota”, agrega Richter, quien explica que el relato se hace desde la imaginación de Genoveva, su forma de ver el mundo y su manera de afrontar la realidad que la rodea.
El director boliviano espera que el público se deje llevar por el viaje que la protagonista de la historia invita a realizar, pues asegura que por su valentía, inteligencia y visión, es un viaje del que vale la pena ser testigos.
La película, tendrá una única proyección, este jueves 30 de junio a las 19:00 en el cine Magnus de la ciudad de Sucre.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
La montañosa topografía de la ciudad de Sucre, ubicada en el corazón de Bolivia, tiene la capacidad de maravillar a turistas y locales gracias a las impactantes vistas que ofrece tanto en el centro de la ciudad, como desde los puntos más altos de la urbe.
El centro conquista por su impoluta arquitectura colonial engalanada por el blanco que la reviste y que la hace brillar con la majestuosidad de la plata.
En sus alrededores, la ciudad es un mirador que impone presencia con el brillo de sus luces, especialmente cuando cae la noche y el cielo invita a descansar.
Sin embargo, de día, las vistas pierden su encanto en algunas zonas a causa de la basura que se desborda por los cerros deslizándose hacia ríos y quebradas, no sólo arruinando el paisaje, sino constituyéndose en focos de infección, amenazando la salud de los pobladores y contaminando el medioambiente.
Si bien la problemática de la basura ha cobrado fuerza en los últimos meses a raíz del debate sobre el próximo e inevitable colapso del botadero municipal situado en la zona de Lechuguillas, la basura es un conflicto de larga data en el municipio, como en la mayoría de las municipios del país.
Un reportaje realizado en 2018 por los medios de la Compañía de Jesús, da cuenta que de los 337 municipios del país, solo 23 tenían un relleno sanitario para dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, sin provocar un daño al medio ambiente.
En el caso de Chuquisaca, los únicos dos rellenos sanitarios del departamento se encuentran en los municipios de Villa Abecia y Tarabuco. Sucre, a pesar de ser la urbe más grande, poblada y con mayores recursos económicos del departamento, dispone de su basura en un botadero controlado.
La basura parece no ser una prioridad para las autoridades, pues en las últimas 3 gestiones municipales, ninguno de los alcaldes incluyó está temática en sus propuestas electorales, según pudo constatar este medio en la página de Órgano Electoral Departamental de Chuquisaca.
El actual alcalde, Enrique Leaño, pese a haber asumido el cargo en la gestión en la que el botadero de Lechuguillas llegaría al fin de su vida útil, se limitó a mencionar en su propuesta electoral “plan y proyectos de factorías de basura” como parte de su propuesta de planificación urbana sostenible.
Por su parte, en sus programas para empresas con participación municipal, agrega que se encargará de la modernización y equipamiento de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS; algo que tampoco ha sucedido.
Sin embargo, su plan no mencionó acciones sobre el actual botadero de Lechuguillas y tampoco sobre la identificación y gestión de un nuevo predio que resuelva el problema a largo plazo.
La esperanza de la basura
Resolver el problema de la basura ha sido el desafío para las sociedades del mundo y Sucre no fue la excepción, aunque en algún momento, tuvo la esperanza de lograrlo.
En 1989 un proyecto se erigía como una luz para poner fin al problema de la basura. Se trataba de la propuesta de crear el relleno sanitario en la ciudad, en la zona Santa Catalina, bajo el nombre de La Esperanza.
Aquel proyecto fue gestionado por el entonces alcalde Omar Montalvo Gallardo, quien ocupó el cargo entre 1989 y 1992, gracias a recursos conseguidos de la Generalitat de Valencia, en España.
“Todo eso costó 150 mil dólares”, explica Montalvo en entrevista con Verdad con Tinta, sobre el proyecto que constaba de un muro de contención, un enmallado alrededor del relleno, un tractor, una casa para las herramientas y una vivienda para los cuidadores, en un predio de 14.8 hectáreas aproximadamente, según describe el entonces burgomaestre.
Por aquellos años Sucre tenía un promedio de 100 mil habitantes y la generación de basura, por regla matemática, era menor. Sin embargo la disposición final de los residuos era tan compleja como ahora y la contaminación era inminente.
“En la época de verano especialmente, venían oleadas de moscas que invadían la ciudad, porque tenías un criadero”, relata Montalvo. “No podíamos continuar así”, agrega.
Si bien el proyecto fue concebido de aquella manera, lo que se constituía como una esperanza para la ciudad, terminó convirtiéndose en otro foco de infección a causa de un manejo deficiente, falta de condiciones técnicas y recursos económicos para llegar a convertirse en el relleno sanitario.
La Esperanza se convirtió en un botadero a cielo abierto, con montañas de basura que se apilaban una a lado de otra. De hecho, este botadero operó de manera ilegal desde su apertura hasta el cese de sus operaciones, pues fue recién en el año 2015 cuando recibió su licencia ambiental, cuando la basura ya se disponía en la zona de Lechuguillas.
Un estudio realizado por la Sociedad Sucrense de Ecología en 2012, determinó que ninguna de las tres zonas de este botadero (la zona de residuos domiciliarios, hospitalarios y lixiviados) cumplía con los requisitos técnicos ambientales para minimizar el impacto en el medioambiente.
El estudio concluyó que el botadero La Esperanza estaba provocando un impacto ambiental negativo, generando impacto ecológico del 61%, contaminación ambiental en un 91%, factores estéticos en un 80% y en los aspectos de interés humano 84,3%, haciendo un promedio de 78,6% de impactos ambientales negativos en sus 14 años de funcionamiento.
Por falta de recursos destinados al cierre del botadero, ya sea por parte del municipio o del nivel central, en este lugar nunca se realizó un cierre adecuado, únicamente se llevó adelante una primera fase en la gestión 2017, que es la captación de lixiviados.
Lechuguillas
Tras el cierre del botadero La Esperanza, en diciembre de 2011 se iniciaron las operaciones en el botadero de Lechuguillas, situado en la zona que lleva el mismo nombre, en un predio de 44 hectáreas de las cuales 16 se encuentran en operación a la fecha.
Por aquellos años, Lechuguillas empezó a funcionar como un botadero a cielo abierto, contradiciendo una vez más lo establecido en la Ley de Medioambiente de 1992 y posteriormente, la ley 755 de Gestión de Residuos, de 2015, la cual habla de rellenos sanitarios para la disposición de residuos.
Sus operaciones, al igual que en el caso de La Esperanza, fueron ilegales en sus primeros años de vida, pues fue recién el año 2016 cuando recibió su licencia ambiental bajo el título de botadero controlado.
“Si bien no habían recursos económicos para realizar las actividades según la normativa ambiental, con el tiempo se han suscrito convenios con el gobierno municipal para readecuar este botadero y obtener la licencia ambiental”, dice al respecto Gustavo Cuellar Calderón, director del área técnica y planificación de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS.
El botadero lleva más de 10 años operando y afronta su etapa de cierre. En la actualidad , el lugar recibe las 150 toneladas diarias de basura provenientes del municipio de Sucre, cuya población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para este 2022, es de 360 mil habitantes.
Según explica el director técnico de la entidad, la celda que se utiliza actualmente, y que sería la última, tiene un tiempo de vida máximo hasta diciembre de 2022. Sin embargo, la empresa ha presentado al municipio un proyecto para la ampliación de la macro-celda, ampliando la vida útil del botadero entre 2 y 5 años.
La construcción de este espacio tomaría alrededor de 4 meses y la inversión tiene un costo de caso Bs 9 millones. Si bien el proyecto ya habría sido aprobado según indica Cuellar, el municipio aún no ha logrado los recursos para su ejecución.
Pero el problema no sería sólo financiero. “Hace muchas gestiones no se ha tomado en cuenta que no contamos con el derecho propietario”, explica Gustavo Cuellar, quien trabaja hace más de 12 años en EMAS.
Aunque el trámite se encuentra en la firma de la minuta de transferencia al municipio, al tratarse de predios que permanecen a nombre de particulares, el municipio no puede invertir en ellos.
Mientras la burocracia camina sin prisa, quedan 6 meses de vida para el botadero y la ampliación de la celda tomaría 4. La próxima batalla, es contra el reloj.
De todas maneras, Emas ya presentó al municipio su plan de cierre, el cual consiste en realizar un diagnóstico para determinar las acciones que se deban tomar. En el caso de cierre, se deberá realizar la cobertura final, la captación de lixiviados, de biogases, construir franjas de coronación y realizar una cobertura con vegetación, entre otros.
La concejal Maria Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medioambiente, explica que el alcalde Enrique Leaño presentó un informe para el cierre del botadero, el cual, según su criterio, ya de debería haber realizado.
Empero, el informe fue rechazado por irregularidades, ya que fue presentado sin la firma del alcalde, no estipula dónde se emplazará el nuevo botadero, así como tampoco informes técnicos ni legales sobre la actual situación del botadero por parte de la dirección de Gestión de Riesgos, según establece la norma, entre otros.
¿Una amenaza para el río Chico?
El botadero de Lechuguillas está establecido en la cabecera de una quebrada que aporta aguas pluviales al Río Chico.
“Es una quebrada que cuando llueve y crecen lo niveles de agua, aporta directamente hasta la cuenca del río Chico, que es parte del río Grande que desemboca en el departamento de Santa Cruz y se dirige hasta el río Amazonas”, explica el ingeniero ambiental Saul Leyva, del Colegio de Ingenieros Ambientales.
El río Chico es la principal fuente de riego del valle sucrense, donde se producen hortalizas y frutas tanto para el consumo humano como para la venta posterior en la ciudad.
“Por la ubicación del botadero, algunos especialistas asumen que habría un grado de contaminación por lixiviados”, dice Leyva al respecto aunque para él es poco probable que esto suceda.
Los lixiviados son un residuo líquido contaminante que se produce por la descomposición de la basura.
Por su parte, el director Técnico y de Planeación de EMAS, Gustavo Cuellar, descarta que los lixiviados sean una amenaza, no sólo por el trabajo de contención que se realiza, sino porque así o indican los resultados de los estudios que realizan semestralmente en las aguas de la quebrada, los cuales indican que los niveles de contaminación se encuntran por debajo de los límites permisibles que señala la normativa.
Para Leyva, es importante tener en cuenta que a lo largo de la quebrada y del Río Chico, hay poblaciones que no sólo arrojan directamente su basura a estos lugares, sino cuyas aguas servidas son vaciadas de manera directa a estos afluentes, constituyéndose también en una fuente de contaminación.
Microbasurales, un gran problema
Diferentes factores han incidido en la proliferación de microbasurales en diferentes zonas de la ciudad. Las causas oscilan entre falta el crecimiento acelerado de los barrios, insuficiente capacidad de recojo por parte de la empresa de aseo, falta de educación y falta de recursos para dar una solución a la problemática.
Morgan López es vecino del barrio Bajo Tucsupaya situado en el Distrito 3 de la ciudad; el más grande del municipio en cuanto a extensión.
“La alcaldía no se hace cargo de sus áreas verdes. En la medida que no se consolidan, se convierten en basurales”, dice señalando un pequeño terreno, en el que predomina la basura. Sin embargo, reconoce que el factor cultural también es un problema, y que los vecinos no ayudan a mantener limpios estos espacios.
“Hoy es lunes, tendría que haber pasado el carro basurero, pero no pasó”, dice Alfredo Vidal, presidente del Distrito 3, quien agrega que lo esperaban entre las 8:00 y 8:30 de la mañana.
Si bien el recojo está programado tres veces por semana, los vecinos explican que no siempre es así. Este lunes es prueba de aquello. Lo que llega sin demora, es el cobro por el servicio y no hay descuentos por más que el carro no pase las tres veces a la semana por las que se cobra a este barrio.
Vidal explica que si bien el servicio no es estable, los contenedores han ayudado a reducir el deshecho de basura en terrenos baldíos o áreas verdes municipales no consolidadas.
Contrario a la visión de Vidal, una vecina explica que los contenedores se llenan y las bolsas se acumulan a su alrededor, provocando que los perros la esparzan y creando focos de infección.
Para Carlos García Barrón, director de proyectos de gestión ambiental municipal en Helvetas Bolivia, el principal desafío es que a población pueda comprender su corresponsabilidad en la prestación del servicio.
Sin embargo es necesario hacer un análisis constante para mejorar el servicio.
“Cada cierto tiempo se debe hacer un mapeo para poder ver nuevas zonas de recolección de residuos y nuevas zonas de emplazamiento de contenedores”, explica García.
En ese sentido, si bien la empresa de aseo cuenta con un total del 700 contenedores esparcidos en los diferentes distritos, reconocen que no son suficientes.
Rilber Rioja lleva dos semanas como gerente general a.i de EMAS. Desde su oficina situada en ese mismo distrito, explica que los contenedores están precisamente en zonas en las que el recojo no es diario. O al menos eso intentan.
A pocos minutos de las oficinas de Emas, se encuentra el barrio Alto Villa Rosario. En los cerros que lo rodean, hay al menos 3 microbasurales que se han convertido en focos de infección y alimento para los cerdos. Efraín Anarata Mamani, representante del barrio, explica que no tienen contenedores y que el servicio de recojo es deficiente, por lo que los vecinos optan por tirar sus deshechos a los basurales que se ven alrededor.
Situación similar ocurre en el barrio Miraflores Norte, así como en otros de la ciudad, según los representantes de los barrios y distritos con los que conversó este medio.
Aunque Anarata es consciente de que tirar la basura a las quebradas no es la solución, dice que no tienen alternativa.
Si bien Rioja insiste en que les gustaría poder tener al menos más contenedores, su elevado costo, que oscila entre los 1000 y 500 dólares, se los impide. Además, por las características de las unidades de recojo, no pueden comprar contenedores más grandes y tampoco metálicos, ya que no aguantarían el peso.
Al ser consultado sobre su competencia para limpiar estos microbasurales, el director técnico de EMAS, Gustavo Cuellar, explica que si bien la empresa tenía un presupuesto para esta labor, “hace un tiempo” el municipio se los quitó. Sin embargo, aclara que aunque ellos como
entidad operadora ya no pueden hacerlo, continúa siendo competencia del municipio resolver ese problema.
“Ellos tampoco lo hacen por falta de recursos”, lamenta sobre este hecho, que es de preocupación para la empresa de aseo.
El impacto de estos basurales se minimiza, especialmente por parte de los vecinos, quienes no toman conciencia sobre el peligro que éstos representan para su propia salud, pues reducen la calidad del aire, aumentan los riesgos de contraer infecciones en los ojos y vías respiratorias, así como proliferación de mosquitos que pueden causar enfermedades como el dengue y roedores.
Carmen Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, asegura que desde la comisión han trabajado en el cierre de diferentes basurales en el municipio.
“Lo hemos logrado camino a las Siete Cascadas y en Ornocasa, donde habían basurales grandes”, agrega la autoridad
Si bien un informe realizado por esta misma comisión en la gestión 2018 identificaba 120 microbasulares en la ciudad de Sucre, el número sería mayor.
¿Qué otras posibles soluciones hay? Para el director de Proyectos de Gestión Ambiental Municipal en Helvetas Bolivia, trabajar con los vecinos en compostaje para posteriormente crear huertos urbanos, sería una salida viable, teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos son orgánicos.
El aprovechamiento del plástico, cartón y vidrio, también podría generar recursos para los vecinos si se trabaja de manera organizada.
“Es un desafío, pero hay soluciones”, concluye García.
Esta investigación fue desarrollada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XIV de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación, que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
“Tarija hacia una ciudad inteligente” fue uno de los proyectos que protagonizaron la agenda de la gestión del exalcalde Rodrigo Paz Pereira, quien ejerció el cargo entre 2017 y 2020.
Verdad con Tinta investiga cuál fue el impacto de este proyecto ¿Cómo se utilizaron los recursos? ¿Qué impacto tuvo en seguridad ciudadana? ¿Tarija es una ciudad inteligente?, son algunas de las preguntas que abordamos en cada uno de los capítulos de este trabajo.
Capítulos
Publicado el 31 de mayo, 2022
Aunque el objetivo era brindar al municipio un salto tecnológico que permitiera un mejor control de la ciudad y sus reparticiones; el proyecto terminó reduciéndose por falta de recursos económicos, dejando en status quo su conclusión total debido a cambios importantes en el contrato.
Texto por:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como ciudades inteligentes a aquellas que usan la tecnología como una herramienta para optimizar la eficiencia de la urbe y de su economía, “siempre y cuando sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, además de proteger la naturaleza”.
Ciudades europeas como Róterdam en Países Bajos, Glasgow en Reino Unido y Umeå en Suecia se convirtieron en “faros de ciudades inteligentes” gracias al proyecto Ruggedised.
Ruggedised es un proyecto de ciudad inteligente financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Este proyecto combina las tecnologías de información y la comunicación (TIC), la movilidad eléctrica y las soluciones energéticas, para diseñar ciudades inteligentes.
La Comisión Europea define la ciudad inteligente como: “Un lugar donde las redes y servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de tecnologías digitales y de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes y empresas”.
“Tarija hacia una Ciudad Inteligente” fue el nombre de uno de los ambiciosos proyectos encarados por la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, quien indica que el concepto se toma en base a los objetivos de desarrollo de ONU Hábitat.
Con este proyecto, el alcalde prometía convertir al pequeño municipio sureño en la primera ciudad inteligente de Bolivia, bajo la propuesta de resolver problemas estructurales, gracias a la implementación y uso de la tecnología.
Fibra óptica, cámaras de seguridad, wifi gratis, digitalización del sistema de salud y educativo, fueron presentados como piezas claves para luchar contra la burocracia, la falta de conectividad y, por supuesto, la inseguridad, que se abordaría en la primera fase del proyecto.
“La lógica era darle a Tarija en una primera fase un salto de interconectividad para diferentes necesidades que tenía el ciudadano”, resalta Rodrigo Paz Pereira, quien fue el alcalde de esta ciudad entre 2015 y 2020, periodo en el que se implementó el citado proyecto.
Juan Carlos Yáñez, quien es el actual jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía de Tarija, explica a Verdad con Tinta que este proyecto se dividió en “tres pilares importantes”.
Estos pilares fueron seguridad ciudadana, adquisición de tecnología y una plataforma para desarrollar softwares.
Un proyecto manejado al calor político
El sueño de colarse en la selecta lista de ciudades inteligentes alrededor del mundo, se fue desmoronando por falta de presupuesto, cuando el 24 de julio de 2018 la Dirección Jurídica del Gobierno Departamental de Tarija informó de la resolución del convenio intergubernativo 017/2016.
Con este convenio, la Gobernación tarijeña se comprometía a financiar el 50% de la obra, cuya adjudicación fue realizada a la empresa Datec Ltda. por un monto inicial de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, explica Yamil García Delfín a Verdad con Tinta, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
“No hicieron bien los cálculos para tener los recursos necesarios”, dice Rodrigo Paz a Verdad con Tinta con referencia a la sorpresiva determinación que tomó esa vez la gestión del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar.
El exalcalde niega que la determinación tenga que ver con el momento político de aquel periodo, tomando en cuenta que Paz y Oliva, que hasta ahí iban en la misma línea, empezaban a tomar caminos diferentes con miras a las próximas elecciones, tanto nacionales como regionales.
“Se ha perdido muchísimo”, confiesa Juan Carlos Yañez, para quien técnicamente esta acción de la Gobernación cambió completamente lo proyectado.
Parecía que el proyecto se caía, pero la gestión municipal decidió seguir, haciendo un recorte en los componentes, siendo sacrificados los de salud y de educación.
Así, la seguridad se convirtió en la prioridad; según informaron en ese momento desde la Alcaldía.
“Se readecúa el proyecto”, responde Paz Pereira a la consulta del por qué se decidió continuar cuando no se contaba con todos los recursos previstos.
El proyecto siguió adelante, aunque dividido en “fases”, porque la Alcaldía no podía cubrir el 100% de su costo.
“¿Dónde está el dinero de los tarijeños?”, se cuestiona el exconcejal Sergio Gallardo Tárraga, quien fue uno de los principales opositores del proyecto durante su gestión en el municipio.
Para Gallardo, el proyecto no se debió haber realizado “nunca”, ya que el Gobierno Municipal no tenía el dinero para financiar la obra en su totalidad, por una parte, y porque había otras prioridades que atender, como el acceso al agua, la salud, la educación y la productividad.
Sin embargo, los presupuestos en aquellas áreas no se equiparaban al del proyecto licitado en la gestión 2017 por más de Bs 88 millones.
Las circunstancias llevaron al recorte, pero también a una resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda., a través de la cual se eliminó la Fase 4, correspondiente a la implementación del software, reduciendo el monto del proyecto a Bs 53 millones 326 mil 300 y alejando cada vez más a Tarija de la defición de una ciudad inteligente.
Estos recursos serían destinados casi en su totalidad a los componentes reservados a convertir a Tarija en una “ciudad segura”, como se prometía en diferentes notas de prensa en medios de comunicación locales publicadas ese 2018.
Eso sí, lo que no se redujo, fue el plazo de entrega de 700 días, pese a que el 30% del proyecto fue quitado con dicha resolución parcial.
Han pasado más de 500 días desde que el municipio recibió la obra, y Tarija no ha logrado optimizar la eficiencia de la urbe ni de su economía a través de la tecnología implementada, haciendo que su destino como una ciudad inteligente, sea cada vez más incierto.
Publicado el 31 de mayo, 2022
El presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana en 2018 fue el más alto de los últimos 10 años. Entre 2018 y 2020, el proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente se llevó el 68% de aquel presupuesto, pero el municipio sureño sigue siendo el que mayor tasa de delitos contra la propiedad acumula en el departamento y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
Texto por:
El puesto policial convertido en un depósito de mangueras. La medida no gustó para nada a los vecinos del barrio San Jerónimo de la ciudad de Tarija, pero cedieron ante la promesa de que el publicitado proyecto Ciudad Inteligente cubriría las demandas de seguridad en la zona.
Acá te contamos la historia de lo que costó y lo que quedó de este proyecto.
Nunca antes el área de seguridad ciudadana en el municipio de Tarija había tenido tanto dinero como en el año 2018, más de 50 millones de bolivianos invertidos en un proyecto que prometía cambiar la vida de sus ciudadanos, cuyo nombre por sí solo los conquistaba: Ciudad Inteligente.
Ante la creciente inseguridad, los ciudadanos y organizaciones civiles han empezado a actuar por cuenta propia. Este es el caso de la dirigencia del barrio San Jerónimo, uno de los más antiguos de la ciudad.
En este barrio, la Alcaldía quitó el puesto policial que se encontraba en su plaza para convertirlo en un depósito de mangueras, a cambio, se prometió a los vecinos tecnología avanzada con el proyecto Ciudad Inteligente con el fin de disminuir los índices de delitos.
“Fue todo un show… la verdad una pérdida de tiempo”, revela Cristina Garzón, la actual presidenta del barrio San Jerónimo, sobre la presentación del proyecto en la zona. Aquella exposición ocurrió en el año 2018.
Garzón cuenta que en esa audiencia pública los funcionarios municipales llevaron diapositivas, hicieron un recorrido junto con los policías y los vecinos por las zonas identificadas como conflictivas, donde indicaron que se haría la instalación de las cámaras de video vigilancia. “Todo para nada…no nos han dado nada”, se lamenta.
Cristina habla con Verdad con Tinta en un pequeño salón barrial donde la acompañan unos seis jóvenes vestidos de negro de pies a cabeza. Algunos llevan toletes, otros guantes o simplemente un palo. Ellos son los brigadistas barriales.
Este pequeño grupo cumple la función de hacer recorridos nocturnos por las calles del barrio, haciendo vibrar sus pitos en señal de alerta. Cuando ven un caso sospechoso, silban con todas sus fuerzas, como si fuese un árbitro de fútbol cobrando una falta.
Sus ojos se han convertido en los reemplazantes de las “cámaras inteligentes”, ante la promesa incumplida.
Cada vecino aporta la suma mensual de Bs 20 para el pago de estos ocasionales guardias.
La dirigente barrial cuenta que esta acción es realizada con el visto bueno de los propios policías, quienes al no tener las herramientas suficientes para cubrir la demanda en la zona, han optado por capacitar a los guardias civiles.
de la ciudad, de las más de mil requeridas.
En todo el distrito 11 de la ciudad de Tarija, donde se encuentra el barrio San Jerónimo, la Policía tiene un solo vehículo patrullero, “pese a que estamos hablando de una de las zonas más pobladas”, cuenta la dirigente con una potente voz mientras entrega al periodista un pequeño mapa de la zona; sí, realizado por ella misma.
El precio de la inseguridad
El proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente tuvo un costo total de Bs 53 millones 326 mil 300 invertidos bajo la premisa de resolver problemas estructurales en el municipio sureño de Tarija, aunque inicialmente debía tener un costo de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
El proyecto inicial contemplaba componentes para salud, educación e implementación de softwares.
Según el reporte histórico de presupuestos municipales de 2012 a 2021 publicado por la Fundación Jubileo, el presupuesto de la Alcaldía tarijeña se acercaba a los Bs 541 millones.
El 8,45% de ese presupuesto, estaba destinado a la partida de seguridad ciudadana, la cual contempla recursos para gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.
El año 2018, el apartado de proyectos de inversión de seguridad ciudadana recibió su presupuesto más alto en los últimos diez años, superando los Bs 30 millones aproximadamente.
6 de cada 10 bolivianos de esos recursos, fueron destinados a Tarija hacia una Ciudad inteligente.
Según el informe de la Secretaría Municipal de Planificación, entre 2018 y 2019, el proyecto en cuestión se llevó el 68% del dinero de inversión en esta área. El monto alcanzó los Bs 19 millones 740 mil 983. Solo en 2018, el 63% de los recursos fueron destinados a Ciudad Inteligente.
Blanca Peñaloza, quien es la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana, afirma que esta instancia, tres años después de esa inversión, se encuentra sin recursos y sin resultados palpables.
Para Peñaloza, los recursos destinados al proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente, podrían haber sido utilizados a fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio con más insumos como personal para la Policía, institución que según informa, entre el 2019 y 2021, fue privada de presupuesto para mantenimiento de sus unidades, entre otros.
Verdad con Tinta hizo una solicitud formal a la Secretaría Municipal de Planificación del presupuesto disgregado en seguridad ciudadana de las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020.
Con la respuesta de esta instancia municipal se pudo constatar que, entre 2018 y 2019, la mayor cantidad del dinero del área de seguridad ciudadana fue destinada al citado proyecto.
El año 2020 el presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana fue “0”, precisamente, cuando la Alcaldía ya había dejado de lado a “Ciudad Inteligente”.
Cifras poco alentadorass
“Ahora, la sensación que me da es que Tarija sigue siendo, con todos los problemas que hay, comparativamente con el resto del país, con las capitales, la ciudad más segura de Bolivia”; ese es el análisis del exalcalde Rodrigo Paz Pereira al momento de hablar sobre la implementación del proyecto.
Para verificar este extremo, Verdad con Tinta solicitó formalmente al Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), las tablas estadísticas de criminalidad de delitos contra la propiedad de los 340 municipios de Bolivia en los años 2019, 2020 y 2021. Los delitos en cuestion son: robo, robo agravado, abigateo y hurto.
Al hacer un análisis comparativo, se pudo constatar que el municipio de Tarija se encuentra entre las cuatro capitales departamentales que más casos de delitos registra por cada 10 mil habitantes.
Tarija se encuentra por encima de urbes como Santa Cruz de la Sierra o La Paz, cuyas poblaciones son superiores a los 2 millones y un millón de habitantes respectivamente, mientras que la población de Tarija, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 2022 cuenta con 264 mil habitantes.
En 2021, en Tarija se registraron 31 casos de delitos por cada 10 mil habitantes, convirtiéndola en la cuarta ciudad capital más peligrosa, siendo solo superada por Cobija con 53 casos por cada 10 mil habitantes, Trinidad con 32 casos y Sucre con 31,5.
Cerrando más los datos a nivel departamental, por cada 10 mil habitantes, el municipio de Tarija presenta 31 casos de delitos hasta 2021, muy por encima del segundo que es Villa Montes que tiene 20 y Yacuiba 17, que son los de mayor índice de inseguridad.
Se invirtió gran cantidad de dinero público en este proyecto, pero las estadísticas en seguridad ciudadana no reflejan mejoras.
Con las pantallas encendidas, pero sin nadie que las vigile. A dos años de su conclusión, el proyecto no solo no ha resuelto la inseguridad, sino que un porcentaje importante de cámaras no funciona, y no hay suficientes recursos humanos para el centro de monitoreo, ni dinero para el mantenimiento de los equipos.
Texto por:
En las instalaciones policiales se encuentra el moderno centro de monitoreo instalado como parte del componente de seguridad del proyecto Ciudad Inteligente. En este sitio están instaladas las pantallas que muestran en calidad full HD imágenes de diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia.
En él, los modernos equipos que fueron instalados como parte del mencionado proyecto, procesan la información que llega por el anillo de fibra óptica desde las cámaras situadas en diferentes puntos de la ciudad, considerados como “estratégicos”.
Sin embargo, frente a los monitores, cuya pulcritud rinde cuenta de su reciente instalación, se torna evidente que en lugar de personas, los mismos son monitoreados y custodiados por sillas vacías.
En el centro de monitoreo dos factores impiden prevenir o detectar el robo: el primero, la falta de personal para el control; el segundo, las cámaras instaladas solo cubren el 10% de la ciudad, según explican a Verdad con Tinta desde el propio Comando Departamental de la Policía.
De acuerdo a la información que maneja la institución sobre el proyecto, la ciudad de Tarija necesita alrededor de 1111 cámaras de vigilancia. Pese a eso, solo hay 151 instaladas y al menos 43 de ellas no funcionan.
De doce pantallas que se encuentran en la sala de monitoreo, solo cinco están encendidas, es decir, que se tiene vigilancia en vivo de cinco zonas de la ciudad, de las más de mil requeridas.
Pero el hecho más alarmante es que estas cinco pantallas muestran lo que sucede en vivo a un grupo de sillas vacías.
Ni una sola persona hace seguimiento a lo que transmiten las cámaras. Solo se tiene a dos policías en una pequeña y angosta sala contigua de donde se pueden ver las pantallas por la pared de vidrio, pero existe otro detalle: Ambos están sentados de espaldas.
Esta pequeña sala es de atención de llamadas de emergencia al 911, pero los teléfonos y radios de comunicación con las patrullas están conectados en un largo escritorio que da la espalda a los monitores.
Entonces, los dos únicos policías que están sobre el escritorio atendiendo las llamadas, no pueden ver en tiempo real lo que muestran los monitores.
El inicio de Ciudad Inteligente
El proyecto arrancó el año 2018, destinando importantes recursos de seguridad ciudadana a su ejecución, buscando dotar a la policía de insumos y tecnología que ayudara en la labor de proporcionar más seguridad.
Se trataba de un proyecto concurrente entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal de Tarija, cuyo costo inicial era de Bs 86 millones 422 mil 518, según consta en el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
La coyuntura política lo cambió todo. La Gobernación tarijeña a la cabeza del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar, decidió retirar la contraparte que había prometido por falta de recursos económicos, poniendo en peligro la continuidad del proyecto.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, argumenta Yamil García Delfín, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
García negó en la entrevista que esta cláusula hubiese sido motivada por factores políticos. Y es que en ese entonces, gobernador y alcalde tomaban caminos diferentes con miras a las elecciones subnacionales.
Aún sin tener los recursos para la implementación total del proyecto, la Alcaldía decidió darle continuidad, eliminando componentes del mismo y reduciendo el precio a Bs 53 millones.
“El proyecto se ha completado en lo que corresponde a seguridad ciudadana, se ha implementado un anillo de fibra óptica de 30 kilómetros alrededor de la ciudad donde se transmite información a las radios bases”, es la explicación de Juan Carlos Yañez, que es jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía tarijeña.
Los componentes para salud, educación y los softwares fueron sacrificados, aunque según el exalcalde Rodrigo Paz Pereira, “se trabajarían en fases”. Con su mandato finalizado y una nueva gestión municipal con otros objetivos, la implementación de aquellas fases es una incógnita.
Cámaras que fallan e irregularidades en el proceso de contratación
Tras casi dos años de trabajo en Ciudad Inteligente, una serie de fallas técnicas llevaron a que el proyecto no fuera recibido formalmente por la Policía el año 2019, cuando la Alcaldía firmó la recepción.
Sobre el particular el exalcalde Rodrigo Paz dice que no estaba al tanto de esta determinación de la Policía. “Me sorprende esa situación, la verdad que desconocía”, asegura.
A pesar de que la Policía se negó a recibir el proyecto, el documento de recepción final fue firmado únicamente por técnicos de Datec, de la Alcaldía y un miembro de la comisión de recepción, el cual señala que no existen más observaciones al proyecto ejecutado por la empresa contratista.
Las subsanaciones pedidas por la Policía, entre las que resaltan la falta de funcionamiento de cámaras, imágenes pixeladas y cortes en la fibra óptica, no fueron realizadas hasta la fecha por la empresa Datec Ltda., la cual se adjudicó el proyecto, pese a que el plazo de recepción definitiva venció el 18 de septiembre de 2021.
Según explica el actual alcalde Jhonny Torres Terzo, la empresa se comprometió a realizar las subsanaciones si se le paga el monto adeudado en el contrato, el cual asciende a Bs 4.942.251,81 correspondientes a la última planilla de pago, según revela a Verdad con Tinta la concejal Marcela Guerrero.
Para Torres, aquel saldo pendiente depende de la Gobernación, que ha determinado quitar su contraparte, por lo que la situación se encuentra en un “círculo vicioso”.
Aunque no hubo una mejora en las observaciones, los equipos continúan siendo utilizados por la Policía “por necesidad”, como se hacía inclusive antes de la recepción definitiva, pero por motivos que van desde lo técnico hasta lo humano, su uso desde 2018 continúa estando limitado a resolver requerimientos fiscales, especialmente en casos de robos y hurtos principalmente.
“Recibimos de seis a siete requerimientos por día”, aseguran desde la instancia policial.
Es decir, con el inicio del proyecto, los equipos fueron instalados en 2018, pero al detectarse las fallas e irregularidades mencionadas, el Comando Departamental de la Policía se negó a firmar la recepción definitiva.
Para la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana Blanca Peñaloza, el proyecto no cumple con su objetivo.
Uno de los motivos que señala, es la falta de mantenimiento, pues pese a la recepción del proyecto por la gestión anterior, no se han destinado ni recursos humanos ni económicos para este fin.
Blanca Peñaloza asegura que tampoco reciben informes sobre los robos o casos registrados por las cámaras, siendo complejo analizar así la eficacia del trabajo.
Sobre los objetivos, la concejal Marcela Guerrero explica que en el “informe de diagnóstico del proyecto de implementación Tarija hacia una Ciudad Inteligente”, realizado por un equipo multidisciplinario del Concejo Municipal, se evidencia que en la resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda. el 11 de diciembre de 2018, se dejan de cumplir los objetivos del documento base de contratación.
En pocas palabras, se pierde el objetivo y la finalidad del proyecto.
Guerrero denunció que solo 43 de las 151 cámaras instaladas estaban en funcionamiento.
La cifra de cámaras en funcionamiento habría mejorado en el último mes tras un mantenimiento realizado a los equipos, aunque la autoridad aclara que el costo es elevado y no hay recursos garantizados para aquello.
Entre otras deficiencias, Peñaloza señala que cuando se corta la luz, hay térmicos que deben ser activados de forma manual para que vuelvan a funcionar los equipos, al margen de cámaras cuyas imágenes están pixeladas por un “deficiente funcionamiento de la fibra óptica”.
Además, el contrato fue firmado sin que la empresa Datec Ltda. hubiese presentado el diseño de pre inversión, contradiciendo al Decreto Supremo 0181 de normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos.
El artículo 40 de ese decreto prohíbe “iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no actualizados y realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a un año, que no cuenten con financiamiento para el total de la inversión”. En su momento, nadie hizo observaciones a este punto, ni siquiera las instancias encargadas de la fiscalización como el Concejo Municipal.
La exdirectora municipal de Seguridad Ciudadana Susana Pantoja Ballivián, quien apoyaba el proyecto desde su área, se negó a dar explicaciones sobre las presuntas anomalías, pese al requerimiento de entrevista que hizo Verdad con Tinta.
La exdirectora sí hizo un descargo mientras se debatía la implementación de Ciudad Inteligente en un programa de la cadena televisiva Plus TLT que era transmitido en vivo por Facebook.
Según Pantoja, la Ley Nacional 264 del sistema de seguridad ciudadana respalda la tecnología en las cámaras, también la reglamentación, además de aclarar que al culminar la gestión de Rodrigo Paz se cumplieron con todos los requisitos técnicos-legales. “Se dejaron funcionando las cámaras”, dice en el texto que publicó en esta red social.
Para la exfuncionaria, el fracaso de este proyecto es responsabilidad de la actual gestión municipal que encabeza el alcalde Jhonny Torrez Terzo, porque no lo está haciendo funcionar.
Sin plan, sin estudios y sin licencia
¿Por qué se implementó el proyecto de ciudad inteligente? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Cuál era el plan de seguridad ciudadana? Son preguntas de las que no se encontraron respuestas científicas, pues no se hicieron estudios para su ejecución.
La concejal Marcela Guerrero revela que no existe, ni existió, un estudio sobre la necesidad de ciudad inteligente para Tarija, en el cual se puedan sustentar las bases del proyecto.
Al hacer una revisión, este proyecto no se encuentra ni siquiera en el plan de trabajo de la fuerza política que presentó la candidatura a la Alcaldía de Paz Pereira en 2015, según se constató en una revisión en los archivos del Tribunal Electoral Departamental (TED).
En aquella oportunidad, Paz se presentó a la Alcaldía con la fuerza política Unidos Para Renovar (Unir), cuyo plan de trabajo resaltaba en el área de seguridad el fortalecimiento de la Policía en Tarija con infraestructura y equipamiento.
Curiosamente, la nueva gestión municipal a la cabeza de Jhonny Torres tiene a la misma fuerza política como su principal aliada, pero se desliga públicamente de la anterior administración.
¿Cuál fue el criterio de la instalación de cámaras? “No tienes un policía en cada esquina. La lógica de la cámara es como un policía, la tienes en lugares específicos”, es la explicación del exalcalde Paz Pereira sobre este componente que terminó por consumirse el presupuesto de seguridad ciudadana en los últimos cinco años.
Paz refiere que Tarija es la ciudad con más cámaras por habitante de las ciudades capitales del país, “que sean del municipio”.
Con la cantidad actual, Tarija tiene 60,4 cámaras por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si bien no es la ciudad capital con más equipos instalados, pues está por debajo de La Paz, que tiene 84,67 por cada 100 mil habitantes, sí es una de las ciudades con mayor número como estima Rodrigo Paz.
El número de cámaras instaladas no fue la solución al problema de la inseguridad.
Para conocer cuál es el promedio ideal de cámaras de video vigilancia por habitantes, se buscó a un experto en seguridad en América Latina, de esta forma, se contactó con el mexicano Ernesto López Portillo, quien accedió a una entrevista vía Zoom.
Ernesto López es coordinador del Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La respuesta a nuestra duda en específico, no tiene un número.
Para responder, López toma como ejemplo el modelo incremental, el cual, como su nombre lo dice, propone más recursos para tener más seguridad. Es decir, que los gobiernos buscan más recursos para la seguridad, pero no necesariamente estos traen mejores resultados.
“Usted me consulta por cámaras, bueno yo le preguntaría primero cuál es el modelo o la estrategia de seguridad que está detrás de la instalación de las cámaras, cómo se va a evaluar y cómo se va a rendir cuentas”, cuestiona el experto.
Al hacer esta investigación se constató por medio de los informes del Concejo Municipal, de la Secretaría Municipal de Planificación y de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, que no existe un estudio concreto para la instalación de las cámaras en la ciudad de Tarija, no se tiene tampoco una estrategia de seguridad, ni se elaboró un plan para evaluar impacto, menos de rendición de cuentas.
Para Ernesto López es importante que en este tipo de planeaciones trabajen expertos en seguridad ciudadana, no solo políticos y policías. “La seguridad ciudadana es una política integral, de reducción de violencia que necesita múltiples intervenciones, pero de liderazgo civil de personas formadas, especializadas de aplicar los métodos adecuados”.
Agrega que también es importante la inclusión de la sociedad civil en estos planes, algo que tampoco sucedió, según explicó la concejal Guerrero y confirmaron los dirigentes vecinales a Verdad con Tinta (Ver parte 2).
Uno de los errores identificados en este proyecto es que las cámaras fueron dejadas al Comando policial para que este defina los lugares estratégicos de instalación y su uso, pese a que no cuenta con los suficientes recursos humanos para su manejo.
“Se les entrega las cámaras, los servidores y los sistemas de comunicación; pero es la Policía la que debe valorar el efecto”, argumenta el exalcalde, asegurando que es rol de la entidad policial brindar seguridad.
Tampoco había un conocimiento cabal de la tecnología que se estaba implementando, ni cómo se podía usar de manera más efectiva.
Desde el propio Comando Departamental de la Policía recordaron que en la presentación del proyecto en sus instalaciones, en octubre de 2018, el alcalde se había molestado porque las imágenes captadas por las cámaras no podían hacer una identificación facial. “Le dijimos que ese sistema no lo hace, no reconoce rostros ni placas, ese es otro software”, revelaron desde esta instancia.
Esta escena muestra la improvisación con la que el proyecto se implementó.
Para Ernesto López es clave que las políticas de seguridad estén científicamente evaluadas, como si se estuviese valorando una medicina.
El experto sustenta este postulado comparándolo con el tema de los medicamentos; por ejemplo, ningún país podría aceptar una vacuna covid que no estuviera científicamente autorizada, “supongo que nadie en ningún lugar del mundo pueda decir ‘aplícame una vacuna que no esté probada’; en seguridad tendríamos que decir lo mismo, las políticas de seguridad tendrían que estar comprobadas”.
En el caso específico de Tarija, no se hizo ni se hace eso, las políticas de implementación de este proyecto no fueron comprobadas.
El futuro es incierto
Para el exalcalde Rodrigo Paz el uso de las cámaras, la fibra óptica y el moderno data center ubicado en uno de los edificios municipales, depende de la actual gestión. “Creo que el proyecto es muy útil, que el nuevo alcalde le puede dar una utilidad y un alcance extraordinario”.
El actual alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo responde que el proyecto se encuentra dentro de un “círculo vicioso”.
“Las cosas tienen que ser claras. Para que funcione ciudad inteligente, por lo menos con seguridad ciudadana, la Policía debe recibir el sistema, pero nos dijo que no lo va a hacer porque no se hicieron los ajustes que pedía, pese a que la anterior gestión ha firmado recepción provisional y definitiva”.
Torres dice en una breve entrevista en su despacho que la empresa se comprometió en realizar los ajustes requeridos si se le paga el monto adeudado en el contrato, pero que esos recursos dependen de la Gobernación que ha determinado quitar su contraparte. “Ahí el círculo vicioso”.
El alcalde agrega que se está iniciando una auditoría interna al proyecto, además de que realizó una solicitud de auditoría a la Contraloría General del Estado.
Asegura que es necesario cerrar el proyecto, “se tiene que recibir o rechazar”.
También se pudo conocer por medio de un informe del Comando Departamental de la Policía, que el proyecto se implementó sin licencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el uso de las frecuencias.
Sobre todas estas irregularidades se intentó hablar con la empresa Datec S.R.L que es la encargada del proyecto, pero su única respuesta hasta el cierre de edición fue el silencio.
La Alcaldía y la Policía en Tarija se debaten sobre el presente y futuro del proyecto de ciudad inteligente, pese a que ya fueron invertidos hasta ahora más de Bs 50 millones.
En resumen, el concepto de ciudad inteligente en este proyecto quedó pequeño a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), especialmente aquellos que apuntan a mejorar la calidad de vida. (Ver parte 3).
La improvisación y la falta de un plan en seguridad ciudadana, derivaron en un excesivo gasto de recursos económicos en un proyecto, cuyos resultados no son palpables, ni en las cifras, ni en las calles. Tampoco hay una rendición de cuentas ni una investigación oficial sobre el proyecto.