“Tarija hacia una ciudad inteligente” fue uno de los proyectos que protagonizaron la agenda de la gestión del exalcalde Rodrigo Paz Pereira, quien ejerció el cargo entre 2017 y 2020.
Verdad con Tinta investiga cuál fue el impacto de este proyecto ¿Cómo se utilizaron los recursos? ¿Qué impacto tuvo en seguridad ciudadana? ¿Tarija es una ciudad inteligente?, son algunas de las preguntas que abordamos en cada uno de los capítulos de este trabajo.
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Publicado el 31 de mayo, 2022
Aunque el objetivo era brindar al municipio un salto tecnológico que permitiera un mejor control de la ciudad y sus reparticiones; el proyecto terminó reduciéndose por falta de recursos económicos, dejando en status quo su conclusión total debido a cambios importantes en el contrato.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como ciudades inteligentes a aquellas que usan la tecnología como una herramienta para optimizar la eficiencia de la urbe y de su economía, “siempre y cuando sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, además de proteger la naturaleza”.
Ciudades europeas como Róterdam en Países Bajos, Glasgow en Reino Unido y Umeå en Suecia se convirtieron en “faros de ciudades inteligentes” gracias al proyecto Ruggedised.
Ruggedised es un proyecto de ciudad inteligente financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Este proyecto combina las tecnologías de información y la comunicación (TIC), la movilidad eléctrica y las soluciones energéticas, para diseñar ciudades inteligentes.
La Comisión Europea define la ciudad inteligente como: “Un lugar donde las redes y servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de tecnologías digitales y de telecomunicaciones, en beneficio de sus habitantes y empresas”.
“Tarija hacia una Ciudad Inteligente” fue el nombre de uno de los ambiciosos proyectos encarados por la gestión del alcalde Rodrigo Paz Pereira, quien indica que el concepto se toma en base a los objetivos de desarrollo de ONU Hábitat.
Con este proyecto, el alcalde prometía convertir al pequeño municipio sureño en la primera ciudad inteligente de Bolivia, bajo la propuesta de resolver problemas estructurales, gracias a la implementación y uso de la tecnología.
Fibra óptica, cámaras de seguridad, wifi gratis, digitalización del sistema de salud y educativo, fueron presentados como piezas claves para luchar contra la burocracia, la falta de conectividad y, por supuesto, la inseguridad, que se abordaría en la primera fase del proyecto.
“La lógica era darle a Tarija en una primera fase un salto de interconectividad para diferentes necesidades que tenía el ciudadano”, resalta Rodrigo Paz Pereira, quien fue el alcalde de esta ciudad entre 2015 y 2020, periodo en el que se implementó el citado proyecto.
Juan Carlos Yáñez, quien es el actual jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía de Tarija, explica a Verdad con Tinta que este proyecto se dividió en “tres pilares importantes”.
Estos pilares fueron seguridad ciudadana, adquisición de tecnología y una plataforma para desarrollar softwares.
Un proyecto manejado al calor político
El sueño de colarse en la selecta lista de ciudades inteligentes alrededor del mundo, se fue desmoronando por falta de presupuesto, cuando el 24 de julio de 2018 la Dirección Jurídica del Gobierno Departamental de Tarija informó de la resolución del convenio intergubernativo 017/2016.
Con este convenio, la Gobernación tarijeña se comprometía a financiar el 50% de la obra, cuya adjudicación fue realizada a la empresa Datec Ltda. por un monto inicial de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, explica Yamil García Delfín a Verdad con Tinta, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
“No hicieron bien los cálculos para tener los recursos necesarios”, dice Rodrigo Paz a Verdad con Tinta con referencia a la sorpresiva determinación que tomó esa vez la gestión del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar.
El exalcalde niega que la determinación tenga que ver con el momento político de aquel periodo, tomando en cuenta que Paz y Oliva, que hasta ahí iban en la misma línea, empezaban a tomar caminos diferentes con miras a las próximas elecciones, tanto nacionales como regionales.
“Se ha perdido muchísimo”, confiesa Juan Carlos Yañez, para quien técnicamente esta acción de la Gobernación cambió completamente lo proyectado.
Parecía que el proyecto se caía, pero la gestión municipal decidió seguir, haciendo un recorte en los componentes, siendo sacrificados los de salud y de educación.
Así, la seguridad se convirtió en la prioridad; según informaron en ese momento desde la Alcaldía.
“Se readecúa el proyecto”, responde Paz Pereira a la consulta del por qué se decidió continuar cuando no se contaba con todos los recursos previstos.
El proyecto siguió adelante, aunque dividido en “fases”, porque la Alcaldía no podía cubrir el 100% de su costo.
“¿Dónde está el dinero de los tarijeños?”, se cuestiona el exconcejal Sergio Gallardo Tárraga, quien fue uno de los principales opositores del proyecto durante su gestión en el municipio.
Para Gallardo, el proyecto no se debió haber realizado “nunca”, ya que el Gobierno Municipal no tenía el dinero para financiar la obra en su totalidad, por una parte, y porque había otras prioridades que atender, como el acceso al agua, la salud, la educación y la productividad.
Sin embargo, los presupuestos en aquellas áreas no se equiparaban al del proyecto licitado en la gestión 2017 por más de Bs 88 millones.
Las circunstancias llevaron al recorte, pero también a una resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda., a través de la cual se eliminó la Fase 4, correspondiente a la implementación del software, reduciendo el monto del proyecto a Bs 53 millones 326 mil 300 y alejando cada vez más a Tarija de la defición de una ciudad inteligente.
Estos recursos serían destinados casi en su totalidad a los componentes reservados a convertir a Tarija en una “ciudad segura”, como se prometía en diferentes notas de prensa en medios de comunicación locales publicadas ese 2018.
Eso sí, lo que no se redujo, fue el plazo de entrega de 700 días, pese a que el 30% del proyecto fue quitado con dicha resolución parcial.
Han pasado más de 500 días desde que el municipio recibió la obra, y Tarija no ha logrado optimizar la eficiencia de la urbe ni de su economía a través de la tecnología implementada, haciendo que su destino como una ciudad inteligente, sea cada vez más incierto.
Publicado el 31 de mayo, 2022
El presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana en 2018 fue el más alto de los últimos 10 años. Entre 2018 y 2020, el proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente se llevó el 68% de aquel presupuesto, pero el municipio sureño sigue siendo el que mayor tasa de delitos contra la propiedad acumula en el departamento y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
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El puesto policial convertido en un depósito de mangueras. La medida no gustó para nada a los vecinos del barrio San Jerónimo de la ciudad de Tarija, pero cedieron ante la promesa de que el publicitado proyecto Ciudad Inteligente cubriría las demandas de seguridad en la zona.
Acá te contamos la historia de lo que costó y lo que quedó de este proyecto.
Nunca antes el área de seguridad ciudadana en el municipio de Tarija había tenido tanto dinero como en el año 2018, más de 50 millones de bolivianos invertidos en un proyecto que prometía cambiar la vida de sus ciudadanos, cuyo nombre por sí solo los conquistaba: Ciudad Inteligente.
Ante la creciente inseguridad, los ciudadanos y organizaciones civiles han empezado a actuar por cuenta propia. Este es el caso de la dirigencia del barrio San Jerónimo, uno de los más antiguos de la ciudad.
En este barrio, la Alcaldía quitó el puesto policial que se encontraba en su plaza para convertirlo en un depósito de mangueras, a cambio, se prometió a los vecinos tecnología avanzada con el proyecto Ciudad Inteligente con el fin de disminuir los índices de delitos.
“Fue todo un show… la verdad una pérdida de tiempo”, revela Cristina Garzón, la actual presidenta del barrio San Jerónimo, sobre la presentación del proyecto en la zona. Aquella exposición ocurrió en el año 2018.
Garzón cuenta que en esa audiencia pública los funcionarios municipales llevaron diapositivas, hicieron un recorrido junto con los policías y los vecinos por las zonas identificadas como conflictivas, donde indicaron que se haría la instalación de las cámaras de video vigilancia. “Todo para nada…no nos han dado nada”, se lamenta.
Cristina habla con Verdad con Tinta en un pequeño salón barrial donde la acompañan unos seis jóvenes vestidos de negro de pies a cabeza. Algunos llevan toletes, otros guantes o simplemente un palo. Ellos son los brigadistas barriales.
Este pequeño grupo cumple la función de hacer recorridos nocturnos por las calles del barrio, haciendo vibrar sus pitos en señal de alerta. Cuando ven un caso sospechoso, silban con todas sus fuerzas, como si fuese un árbitro de fútbol cobrando una falta.
Sus ojos se han convertido en los reemplazantes de las “cámaras inteligentes”, ante la promesa incumplida.
Cada vecino aporta la suma mensual de Bs 20 para el pago de estos ocasionales guardias.
La dirigente barrial cuenta que esta acción es realizada con el visto bueno de los propios policías, quienes al no tener las herramientas suficientes para cubrir la demanda en la zona, han optado por capacitar a los guardias civiles.
de la ciudad, de las más de mil requeridas.
En todo el distrito 11 de la ciudad de Tarija, donde se encuentra el barrio San Jerónimo, la Policía tiene un solo vehículo patrullero, “pese a que estamos hablando de una de las zonas más pobladas”, cuenta la dirigente con una potente voz mientras entrega al periodista un pequeño mapa de la zona; sí, realizado por ella misma.
El precio de la inseguridad
El proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente tuvo un costo total de Bs 53 millones 326 mil 300 invertidos bajo la premisa de resolver problemas estructurales en el municipio sureño de Tarija, aunque inicialmente debía tener un costo de Bs 86 millones 422 mil 518, según el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
El proyecto inicial contemplaba componentes para salud, educación e implementación de softwares.
Según el reporte histórico de presupuestos municipales de 2012 a 2021 publicado por la Fundación Jubileo, el presupuesto de la Alcaldía tarijeña se acercaba a los Bs 541 millones.
El 8,45% de ese presupuesto, estaba destinado a la partida de seguridad ciudadana, la cual contempla recursos para gastos de funcionamiento y proyectos de inversión.
El año 2018, el apartado de proyectos de inversión de seguridad ciudadana recibió su presupuesto más alto en los últimos diez años, superando los Bs 30 millones aproximadamente.
6 de cada 10 bolivianos de esos recursos, fueron destinados a Tarija hacia una Ciudad inteligente.
Según el informe de la Secretaría Municipal de Planificación, entre 2018 y 2019, el proyecto en cuestión se llevó el 68% del dinero de inversión en esta área. El monto alcanzó los Bs 19 millones 740 mil 983. Solo en 2018, el 63% de los recursos fueron destinados a Ciudad Inteligente.
Blanca Peñaloza, quien es la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana, afirma que esta instancia, tres años después de esa inversión, se encuentra sin recursos y sin resultados palpables.
Para Peñaloza, los recursos destinados al proyecto Tarija hacia una Ciudad Inteligente, podrían haber sido utilizados a fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio con más insumos como personal para la Policía, institución que según informa, entre el 2019 y 2021, fue privada de presupuesto para mantenimiento de sus unidades, entre otros.
Verdad con Tinta hizo una solicitud formal a la Secretaría Municipal de Planificación del presupuesto disgregado en seguridad ciudadana de las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020.
Con la respuesta de esta instancia municipal se pudo constatar que, entre 2018 y 2019, la mayor cantidad del dinero del área de seguridad ciudadana fue destinada al citado proyecto.
El año 2020 el presupuesto de proyectos de inversión en seguridad ciudadana fue “0”, precisamente, cuando la Alcaldía ya había dejado de lado a “Ciudad Inteligente”.
Cifras poco alentadorass
“Ahora, la sensación que me da es que Tarija sigue siendo, con todos los problemas que hay, comparativamente con el resto del país, con las capitales, la ciudad más segura de Bolivia”; ese es el análisis del exalcalde Rodrigo Paz Pereira al momento de hablar sobre la implementación del proyecto.
Para verificar este extremo, Verdad con Tinta solicitó formalmente al Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), las tablas estadísticas de criminalidad de delitos contra la propiedad de los 340 municipios de Bolivia en los años 2019, 2020 y 2021. Los delitos en cuestion son: robo, robo agravado, abigateo y hurto.
Al hacer un análisis comparativo, se pudo constatar que el municipio de Tarija se encuentra entre las cuatro capitales departamentales que más casos de delitos registra por cada 10 mil habitantes.
Tarija se encuentra por encima de urbes como Santa Cruz de la Sierra o La Paz, cuyas poblaciones son superiores a los 2 millones y un millón de habitantes respectivamente, mientras que la población de Tarija, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 2022 cuenta con 264 mil habitantes.
En 2021, en Tarija se registraron 31 casos de delitos por cada 10 mil habitantes, convirtiéndola en la cuarta ciudad capital más peligrosa, siendo solo superada por Cobija con 53 casos por cada 10 mil habitantes, Trinidad con 32 casos y Sucre con 31,5.
Cerrando más los datos a nivel departamental, por cada 10 mil habitantes, el municipio de Tarija presenta 31 casos de delitos hasta 2021, muy por encima del segundo que es Villa Montes que tiene 20 y Yacuiba 17, que son los de mayor índice de inseguridad.
Se invirtió gran cantidad de dinero público en este proyecto, pero las estadísticas en seguridad ciudadana no reflejan mejoras.
Con las pantallas encendidas, pero sin nadie que las vigile. A dos años de su conclusión, el proyecto no solo no ha resuelto la inseguridad, sino que un porcentaje importante de cámaras no funciona, y no hay suficientes recursos humanos para el centro de monitoreo, ni dinero para el mantenimiento de los equipos.
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En las instalaciones policiales se encuentra el moderno centro de monitoreo instalado como parte del componente de seguridad del proyecto Ciudad Inteligente. En este sitio están instaladas las pantallas que muestran en calidad full HD imágenes de diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia.
En él, los modernos equipos que fueron instalados como parte del mencionado proyecto, procesan la información que llega por el anillo de fibra óptica desde las cámaras situadas en diferentes puntos de la ciudad, considerados como “estratégicos”.
Sin embargo, frente a los monitores, cuya pulcritud rinde cuenta de su reciente instalación, se torna evidente que en lugar de personas, los mismos son monitoreados y custodiados por sillas vacías.
En el centro de monitoreo dos factores impiden prevenir o detectar el robo: el primero, la falta de personal para el control; el segundo, las cámaras instaladas solo cubren el 10% de la ciudad, según explican a Verdad con Tinta desde el propio Comando Departamental de la Policía.
De acuerdo a la información que maneja la institución sobre el proyecto, la ciudad de Tarija necesita alrededor de 1111 cámaras de vigilancia. Pese a eso, solo hay 151 instaladas y al menos 43 de ellas no funcionan.
De doce pantallas que se encuentran en la sala de monitoreo, solo cinco están encendidas, es decir, que se tiene vigilancia en vivo de cinco zonas de la ciudad, de las más de mil requeridas.
Pero el hecho más alarmante es que estas cinco pantallas muestran lo que sucede en vivo a un grupo de sillas vacías.
Ni una sola persona hace seguimiento a lo que transmiten las cámaras. Solo se tiene a dos policías en una pequeña y angosta sala contigua de donde se pueden ver las pantallas por la pared de vidrio, pero existe otro detalle: Ambos están sentados de espaldas.
Esta pequeña sala es de atención de llamadas de emergencia al 911, pero los teléfonos y radios de comunicación con las patrullas están conectados en un largo escritorio que da la espalda a los monitores.
Entonces, los dos únicos policías que están sobre el escritorio atendiendo las llamadas, no pueden ver en tiempo real lo que muestran los monitores.
El inicio de Ciudad Inteligente
El proyecto arrancó el año 2018, destinando importantes recursos de seguridad ciudadana a su ejecución, buscando dotar a la policía de insumos y tecnología que ayudara en la labor de proporcionar más seguridad.
Se trataba de un proyecto concurrente entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal de Tarija, cuyo costo inicial era de Bs 86 millones 422 mil 518, según consta en el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.
La coyuntura política lo cambió todo. La Gobernación tarijeña a la cabeza del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar, decidió retirar la contraparte que había prometido por falta de recursos económicos, poniendo en peligro la continuidad del proyecto.
“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, argumenta Yamil García Delfín, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.
García negó en la entrevista que esta cláusula hubiese sido motivada por factores políticos. Y es que en ese entonces, gobernador y alcalde tomaban caminos diferentes con miras a las elecciones subnacionales.
Aún sin tener los recursos para la implementación total del proyecto, la Alcaldía decidió darle continuidad, eliminando componentes del mismo y reduciendo el precio a Bs 53 millones.
“El proyecto se ha completado en lo que corresponde a seguridad ciudadana, se ha implementado un anillo de fibra óptica de 30 kilómetros alrededor de la ciudad donde se transmite información a las radios bases”, es la explicación de Juan Carlos Yañez, que es jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía tarijeña.
Los componentes para salud, educación y los softwares fueron sacrificados, aunque según el exalcalde Rodrigo Paz Pereira, “se trabajarían en fases”. Con su mandato finalizado y una nueva gestión municipal con otros objetivos, la implementación de aquellas fases es una incógnita.
Cámaras que fallan e irregularidades en el proceso de contratación
Tras casi dos años de trabajo en Ciudad Inteligente, una serie de fallas técnicas llevaron a que el proyecto no fuera recibido formalmente por la Policía el año 2019, cuando la Alcaldía firmó la recepción.
Sobre el particular el exalcalde Rodrigo Paz dice que no estaba al tanto de esta determinación de la Policía. “Me sorprende esa situación, la verdad que desconocía”, asegura.
A pesar de que la Policía se negó a recibir el proyecto, el documento de recepción final fue firmado únicamente por técnicos de Datec, de la Alcaldía y un miembro de la comisión de recepción, el cual señala que no existen más observaciones al proyecto ejecutado por la empresa contratista.
Las subsanaciones pedidas por la Policía, entre las que resaltan la falta de funcionamiento de cámaras, imágenes pixeladas y cortes en la fibra óptica, no fueron realizadas hasta la fecha por la empresa Datec Ltda., la cual se adjudicó el proyecto, pese a que el plazo de recepción definitiva venció el 18 de septiembre de 2021.
Según explica el actual alcalde Jhonny Torres Terzo, la empresa se comprometió a realizar las subsanaciones si se le paga el monto adeudado en el contrato, el cual asciende a Bs 4.942.251,81 correspondientes a la última planilla de pago, según revela a Verdad con Tinta la concejal Marcela Guerrero.
Para Torres, aquel saldo pendiente depende de la Gobernación, que ha determinado quitar su contraparte, por lo que la situación se encuentra en un “círculo vicioso”.
Aunque no hubo una mejora en las observaciones, los equipos continúan siendo utilizados por la Policía “por necesidad”, como se hacía inclusive antes de la recepción definitiva, pero por motivos que van desde lo técnico hasta lo humano, su uso desde 2018 continúa estando limitado a resolver requerimientos fiscales, especialmente en casos de robos y hurtos principalmente.
“Recibimos de seis a siete requerimientos por día”, aseguran desde la instancia policial.
Es decir, con el inicio del proyecto, los equipos fueron instalados en 2018, pero al detectarse las fallas e irregularidades mencionadas, el Comando Departamental de la Policía se negó a firmar la recepción definitiva.
Para la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana Blanca Peñaloza, el proyecto no cumple con su objetivo.
Uno de los motivos que señala, es la falta de mantenimiento, pues pese a la recepción del proyecto por la gestión anterior, no se han destinado ni recursos humanos ni económicos para este fin.
Blanca Peñaloza asegura que tampoco reciben informes sobre los robos o casos registrados por las cámaras, siendo complejo analizar así la eficacia del trabajo.
Sobre los objetivos, la concejal Marcela Guerrero explica que en el “informe de diagnóstico del proyecto de implementación Tarija hacia una Ciudad Inteligente”, realizado por un equipo multidisciplinario del Concejo Municipal, se evidencia que en la resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda. el 11 de diciembre de 2018, se dejan de cumplir los objetivos del documento base de contratación.
En pocas palabras, se pierde el objetivo y la finalidad del proyecto.
Guerrero denunció que solo 43 de las 151 cámaras instaladas estaban en funcionamiento.
La cifra de cámaras en funcionamiento habría mejorado en el último mes tras un mantenimiento realizado a los equipos, aunque la autoridad aclara que el costo es elevado y no hay recursos garantizados para aquello.
Entre otras deficiencias, Peñaloza señala que cuando se corta la luz, hay térmicos que deben ser activados de forma manual para que vuelvan a funcionar los equipos, al margen de cámaras cuyas imágenes están pixeladas por un “deficiente funcionamiento de la fibra óptica”.
Además, el contrato fue firmado sin que la empresa Datec Ltda. hubiese presentado el diseño de pre inversión, contradiciendo al Decreto Supremo 0181 de normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos.
El artículo 40 de ese decreto prohíbe “iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no actualizados y realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a un año, que no cuenten con financiamiento para el total de la inversión”. En su momento, nadie hizo observaciones a este punto, ni siquiera las instancias encargadas de la fiscalización como el Concejo Municipal.
La exdirectora municipal de Seguridad Ciudadana Susana Pantoja Ballivián, quien apoyaba el proyecto desde su área, se negó a dar explicaciones sobre las presuntas anomalías, pese al requerimiento de entrevista que hizo Verdad con Tinta.
La exdirectora sí hizo un descargo mientras se debatía la implementación de Ciudad Inteligente en un programa de la cadena televisiva Plus TLT que era transmitido en vivo por Facebook.
Según Pantoja, la Ley Nacional 264 del sistema de seguridad ciudadana respalda la tecnología en las cámaras, también la reglamentación, además de aclarar que al culminar la gestión de Rodrigo Paz se cumplieron con todos los requisitos técnicos-legales. “Se dejaron funcionando las cámaras”, dice en el texto que publicó en esta red social.
Para la exfuncionaria, el fracaso de este proyecto es responsabilidad de la actual gestión municipal que encabeza el alcalde Jhonny Torrez Terzo, porque no lo está haciendo funcionar.
Sin plan, sin estudios y sin licencia
¿Por qué se implementó el proyecto de ciudad inteligente? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Cuál era el plan de seguridad ciudadana? Son preguntas de las que no se encontraron respuestas científicas, pues no se hicieron estudios para su ejecución.
La concejal Marcela Guerrero revela que no existe, ni existió, un estudio sobre la necesidad de ciudad inteligente para Tarija, en el cual se puedan sustentar las bases del proyecto.
Al hacer una revisión, este proyecto no se encuentra ni siquiera en el plan de trabajo de la fuerza política que presentó la candidatura a la Alcaldía de Paz Pereira en 2015, según se constató en una revisión en los archivos del Tribunal Electoral Departamental (TED).
En aquella oportunidad, Paz se presentó a la Alcaldía con la fuerza política Unidos Para Renovar (Unir), cuyo plan de trabajo resaltaba en el área de seguridad el fortalecimiento de la Policía en Tarija con infraestructura y equipamiento.
Curiosamente, la nueva gestión municipal a la cabeza de Jhonny Torres tiene a la misma fuerza política como su principal aliada, pero se desliga públicamente de la anterior administración.
¿Cuál fue el criterio de la instalación de cámaras? “No tienes un policía en cada esquina. La lógica de la cámara es como un policía, la tienes en lugares específicos”, es la explicación del exalcalde Paz Pereira sobre este componente que terminó por consumirse el presupuesto de seguridad ciudadana en los últimos cinco años.
Paz refiere que Tarija es la ciudad con más cámaras por habitante de las ciudades capitales del país, “que sean del municipio”.
Con la cantidad actual, Tarija tiene 60,4 cámaras por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Si bien no es la ciudad capital con más equipos instalados, pues está por debajo de La Paz, que tiene 84,67 por cada 100 mil habitantes, sí es una de las ciudades con mayor número como estima Rodrigo Paz.
El número de cámaras instaladas no fue la solución al problema de la inseguridad.
Para conocer cuál es el promedio ideal de cámaras de video vigilancia por habitantes, se buscó a un experto en seguridad en América Latina, de esta forma, se contactó con el mexicano Ernesto López Portillo, quien accedió a una entrevista vía Zoom.
Ernesto López es coordinador del Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La respuesta a nuestra duda en específico, no tiene un número.
Para responder, López toma como ejemplo el modelo incremental, el cual, como su nombre lo dice, propone más recursos para tener más seguridad. Es decir, que los gobiernos buscan más recursos para la seguridad, pero no necesariamente estos traen mejores resultados.
“Usted me consulta por cámaras, bueno yo le preguntaría primero cuál es el modelo o la estrategia de seguridad que está detrás de la instalación de las cámaras, cómo se va a evaluar y cómo se va a rendir cuentas”, cuestiona el experto.
Al hacer esta investigación se constató por medio de los informes del Concejo Municipal, de la Secretaría Municipal de Planificación y de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, que no existe un estudio concreto para la instalación de las cámaras en la ciudad de Tarija, no se tiene tampoco una estrategia de seguridad, ni se elaboró un plan para evaluar impacto, menos de rendición de cuentas.
Para Ernesto López es importante que en este tipo de planeaciones trabajen expertos en seguridad ciudadana, no solo políticos y policías. “La seguridad ciudadana es una política integral, de reducción de violencia que necesita múltiples intervenciones, pero de liderazgo civil de personas formadas, especializadas de aplicar los métodos adecuados”.
Agrega que también es importante la inclusión de la sociedad civil en estos planes, algo que tampoco sucedió, según explicó la concejal Guerrero y confirmaron los dirigentes vecinales a Verdad con Tinta (Ver parte 2).
Uno de los errores identificados en este proyecto es que las cámaras fueron dejadas al Comando policial para que este defina los lugares estratégicos de instalación y su uso, pese a que no cuenta con los suficientes recursos humanos para su manejo.
“Se les entrega las cámaras, los servidores y los sistemas de comunicación; pero es la Policía la que debe valorar el efecto”, argumenta el exalcalde, asegurando que es rol de la entidad policial brindar seguridad.
Tampoco había un conocimiento cabal de la tecnología que se estaba implementando, ni cómo se podía usar de manera más efectiva.
Desde el propio Comando Departamental de la Policía recordaron que en la presentación del proyecto en sus instalaciones, en octubre de 2018, el alcalde se había molestado porque las imágenes captadas por las cámaras no podían hacer una identificación facial. “Le dijimos que ese sistema no lo hace, no reconoce rostros ni placas, ese es otro software”, revelaron desde esta instancia.
Esta escena muestra la improvisación con la que el proyecto se implementó.
Para Ernesto López es clave que las políticas de seguridad estén científicamente evaluadas, como si se estuviese valorando una medicina.
El experto sustenta este postulado comparándolo con el tema de los medicamentos; por ejemplo, ningún país podría aceptar una vacuna covid que no estuviera científicamente autorizada, “supongo que nadie en ningún lugar del mundo pueda decir ‘aplícame una vacuna que no esté probada’; en seguridad tendríamos que decir lo mismo, las políticas de seguridad tendrían que estar comprobadas”.
En el caso específico de Tarija, no se hizo ni se hace eso, las políticas de implementación de este proyecto no fueron comprobadas.
El futuro es incierto
Para el exalcalde Rodrigo Paz el uso de las cámaras, la fibra óptica y el moderno data center ubicado en uno de los edificios municipales, depende de la actual gestión. “Creo que el proyecto es muy útil, que el nuevo alcalde le puede dar una utilidad y un alcance extraordinario”.
El actual alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo responde que el proyecto se encuentra dentro de un “círculo vicioso”.
“Las cosas tienen que ser claras. Para que funcione ciudad inteligente, por lo menos con seguridad ciudadana, la Policía debe recibir el sistema, pero nos dijo que no lo va a hacer porque no se hicieron los ajustes que pedía, pese a que la anterior gestión ha firmado recepción provisional y definitiva”.
Torres dice en una breve entrevista en su despacho que la empresa se comprometió en realizar los ajustes requeridos si se le paga el monto adeudado en el contrato, pero que esos recursos dependen de la Gobernación que ha determinado quitar su contraparte. “Ahí el círculo vicioso”.
El alcalde agrega que se está iniciando una auditoría interna al proyecto, además de que realizó una solicitud de auditoría a la Contraloría General del Estado.
Asegura que es necesario cerrar el proyecto, “se tiene que recibir o rechazar”.
También se pudo conocer por medio de un informe del Comando Departamental de la Policía, que el proyecto se implementó sin licencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el uso de las frecuencias.
Sobre todas estas irregularidades se intentó hablar con la empresa Datec S.R.L que es la encargada del proyecto, pero su única respuesta hasta el cierre de edición fue el silencio.
La Alcaldía y la Policía en Tarija se debaten sobre el presente y futuro del proyecto de ciudad inteligente, pese a que ya fueron invertidos hasta ahora más de Bs 50 millones.
En resumen, el concepto de ciudad inteligente en este proyecto quedó pequeño a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), especialmente aquellos que apuntan a mejorar la calidad de vida. (Ver parte 3).
La improvisación y la falta de un plan en seguridad ciudadana, derivaron en un excesivo gasto de recursos económicos en un proyecto, cuyos resultados no son palpables, ni en las cifras, ni en las calles. Tampoco hay una rendición de cuentas ni una investigación oficial sobre el proyecto.
Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XII de
Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la
Fundación Para el Periodismo.
Virginia tiene 63 años. Con la piel marcada por los años, asegura que hace dos décadas no hubiera sido capaz de imaginar que la tecnología sería tan necesaria para su día a día.
Lejos está de los milenials y más lejos aún de la generación Z, pero Virginia ha aprendido a dominar la aplicación de su banco y hace pedidos de restaurantes a través de su teléfono celular, como lo harían los jóvenes de aquellas generaciones que nacieron con la tecnología en las manos.
“Una vez que aprendes no es tan difícil, el desafío es acordarse”, dice entre risas, evidenciando que su memoria ya no es la que tenía hace dos décadas, cuando el tiempo aún no había marcado su piel y la tecnología no era parte de su vida.
A lo largo de su historia, Bolivia se ha caracterizado por ser un país explotador. Desde tiempos coloniales, su riqueza ha dependido de los minerales y de los recursos naturales.
Con los años, el país consolidó su modelo extractivita, generando dependencia de este último para el crecimiento económico y generación de empleo.
Un informe de la Fundación Jubileo publicado el año 2017, expone que, aunque las estructuras de comercio de algunos países han cambiado, en promedio, América Latina continúa dependiendo de las materias primas como hace 40 años.
Bolivia es considerado como uno de los países de la región que menos ha avanzado en diversificación o dinamización de su economía.
Informe Fundación Jubileo
Los recursos se agotan, pero el talento es infinito.
La diversificación a nivel internacional en el siglo XXI, ha sido marcada por la revolución de las tecnologías de la información; un espacio donde los emprendimientos dinámicos han mostrado tener la capacidad de transformar la industria de la tecnología y los servicios, al mismo tiempo que transforman la economía de los países en base al talento humano.
En esos casos, la articulación con el Estado ha derivado en mejores condiciones para la innovación y el desarrollo.
Sin embargo, Bolivia continúa anclada en la diversificación productiva a base de las riquezas naturales y no del recurso humano, el cual ha demostrado tener la capacidad de generar tantos recursos para los países, como los que son explotados de la tierra.
“En el futuro, los recursos naturales que tenemos van a seguir siendo importantes, pero el gran poder que tienen las tecnologías de información y comunicación –TIC-en general, es que su recurso básico es el cerebro de los bolivianos. Esto va a cambiar la visión de nosotros mismos, con un producto intelectual”, asegura Rolando Sahonero, quien lleva años de trabajo en materia de startups y analizando el ecosistema de emprendimientos dinámicos en Bolivia.
Entonces, ¿cuál es la situación del país en materia de emprendimientos dinámicos?
Gracias a su esencia innovadora, hoy Bolivia ha empezado a consolidar un ecosistema emprendedor que de manera especial en los últimos cinco años se ha nutrido y ha crecido gracias a los diversos actores que en él intervienen: incubadoras, aceleradoras, inversores, instituciones de apoyo, academia, instituciones gubernamentales y, en el centro de todo, las startups.
Para Gonzalo Castellanos Ramallo, quien trabajó en el desarrollo de incubadoras a nivel local y nacional, además de ser consultor en políticas públicas en emprendimientos e innovación, el ecosistema emprendedor ha crecido de manera orgánica a pesar de que las condiciones para emprender son complejas, debido a los altos costos y tiempo que conlleva crear una empresa en el país.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de $1293, equivalentes a Bs 8999.
Crear una empresa de cualquier tipo en el país es desafiante, algo que según Castellanos, en muchos casos, es un factor que incide en la informalidad, pero al mismo tiempo, según otros analistas, es un factor que desalienta la inversión en el país y por ende, en sus startups.
Bolivia figura en el puesto número 150 de 190 países analizados, en cuanto a países con mayor facilidad para hacer negocios, mientras que ocupa el puesto 175 respecto a la facilidad para iniciar un negocio.
En una lucha contra el reloj, crear una empresa puede tomar 39 días o más, mientras que en países como Puerto Rico o Panamá, el trámite puede tomar menos de una semana.
En el área impositiva, Bolivia se encuentra en el puesto 186 a nivel global en cuanto a facilidad para pagar impuestos, siendo superado únicamente por Venezuela dentro los países de Latinoamérica y Caribe, cuyo puesto es el 189; el penúltimo del ranking global.
Mientras el tiempo promedio destinado a pagar impuestos en la región es de 317.1 horas al año, en Bolivia se destinan 1025 horas, siendo el segundo país de la región que más tiempo requiere destinar a este requisito administrativo.
En Bolivia se destinan 1025 horas a pagar impuestos
Banco Mundial
Respecto a las condiciones para emprender en el país, el director general de Tecnologías de la Información y Comunicación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Danilo Ariel Chambi Camacho, destaca que “ya existen algunos beneficios para los emprendedores”.
A modo de ejemplo, explica que en la ciudad de El Alto los emprendedores están exentos de pagar el IUE, también conocido como impuesto a las utilidades, durante las dos primeras gestiones.
Sin embargo, según el análisis de Castellanos, en los últimos diez años no se ha priorizado en la agenda la creación de políticas públicas que favorezcan a los emprendedores y que permitan que estos atraigan capitales de inversión al país.
“En la política impositiva no hay ningún beneficio real para emprendedores”, resalta el experto.
Pero el panorama no es tan negro como se pinta. Para Salomón Eid, presidente de la Asociación de Emprendedores, en Bolivia hay un “mundo” de oportunidades para emprender, ya que el mercado no está saturado.
“Si bien Bolivia tiene dificultades, hay muchas oportunidades y un mercado amplio que no se ha consolidado para empresas de tecnología y emprendedores que quieran darle algo diferente al público”, asegura.
Con la misma visión de Eid, cientos de emprendedores apuestan por innovar y generar oportunidades en el país, logrando importantes resultados no sólo para sus empresas, sino para el país, gracias a los empleos que generan.
El ecosistema, una ventana para el empleo
Esfuerzos realizados desde diferentes sectores han aportado a la consolidación del ecosistema emprendedor en Bolivia; uno que se ha triplicado en los últimos cinco años y cuya capacidad de generar empleo en el país, con el tiempo, ha llegado a duplicarse.
Un mapeo del complejo entramado del ecosistema de tecnología digital en Bolivia realizado por Funda-Pró, Fundación Solydes, Fundación Emprender Futuro, BIM e ICCO Cooperación, expone que Bolivia tiene alrededor de 155 startups o emprendimientos dinámicos.
Si bien la cifra es alentadora por tratarse de un ecosistema tan reciente, para los expertos en la materia resulta aún más alentador que en los últimos dos años han empezado a aparecer más actores en materia de financiamiento, lo cual evidencia una evolución en el ecosistema, porque estos se ubican al final de la cadena.
De acuerdo al Mapeo TIC, Bolivia pasó de tener tres actores de inversión en 2020, a cinco en 2021.
En los últimos cinco años, el escenario se fue consolidando gracias a iniciativas como las aceleradoras Pista 8, Fundación Solydes e Innova Up, entre otras, llevando a que entre 2017 y 2022 el número de startups se triplicara en el país, en relación a los 14 años anteriores.
“En los últimos años se ha visto el surgimiento de más actores. Según el Mapeo de Actores Impulsores del Ecosistema de Emprendimiento e Innovación de Bolivia, alrededor del 35% de las instituciones que impulsan al emprendimiento tienen menos de cinco años de funcionamiento”, explica Fernando Chávez Gomes da Silva, coordinador de Ecosistema e Innovación de Santa Cruz Innova
Una encuesta realizada de manera independiente por Verdad con Tinta a 32 startups del ecosistema de emprendimientos dinámicos, evidencia que entre 2002 y 2016, solo siete habían sido creadas, mientras que las 25 restantes, fueron establecidas entre 2017 y 2022, siendo el año 2020 el de mayor registro, con ocho.
No es casualidad que el aumento de startups haya tenido un salto tan importante en 2020, pues la mayoría de las aceleradoras empezaron a trabajar entre 2019 y 2020.
Santa Cruz, La Paz y Cochabamba respectivamente son las ciudades que lideran el proceso de creación de startups, aunque se han empezado a ver esfuerzos fuera del eje central, desde Tarija y Sucre principalmente, donde pequeños programas de aceleración a nivel subregional han promovido este proceso.
Para el presidente de la Asociación de Emprendedores de Bolivia, Salomón Eid, si bien el fenómeno de las startups ha cobrado un carácter nacional, el hecho de que la mayoría se centren en Santa Cruz se debe a que es un mercado lo suficientemente grande y dispuesto a adoptar este tipo de modelo de negocio, al margen de tener disponibilidad de capital como diversidad demográfica.
En cuanto a creación de empleo, el 66% de las startups al menos duplicaron su personal desde que empezaron sus operaciones, hasta la fecha, generando nuevas oportunidades para los bolivianos.
Tal es el caso de Orden Ya, una startups de servicio de entrega rápida creada en Tarija el año 2017 y que pasó de tener más de cinco empleados el año de su creación, a más de 20 en la actualidad, generando empleos en un departamento cuya tasa de desempleo es del 10%, según estimaciones.
Uno de esos trabajadores es Horacio Soruco, de 28 años. Horacio cuenta que en Orden Ya encontró un empleo que le permitía combinar el trabajo con sus estudios en medio de la pandemia, cuando muchas empresas optaban por los despidos.
Otro ejemplo de la capacidad de generar empleo que poseen las startups es tuGerente, lanzada el año 2018 a la cabeza de Freddy Arredondo Calero, Omaira Saucedo Bendek, Carlos Rodríguez, Javier Román Roig, Juan Miguel Román Roig y Diego Martínez Ferreira, bajo la premisa de proporcionar una herramienta administrativa en línea para las pequeñas y medianas empresas.
tuGerente empezó el 2018 con seis trabajadores, que eran los fundadores. Para finales de año, la startup cerró con un equipo de diez personas. Cuatro años después, la empresa cuenta con alrededor de 40 colaboradores en diferentes áreas, atendiendo demandas que surgen de sus más de 650 clientes, y se preparan para expandirse a otros países.
Generar empleos, para la empresa es un compromiso y las circunstancias no siempre fueron fáciles. “Durante la pandemia tuvimos un desafío muy duro, porque decidimos que no habría despidos. Dimos esa confianza a nuestro equipo”, explica Freddy Arredondo, ejecutivo de la startup.
Aunque el número de empleos generado por las startups aún no es comparable a los empleos generados por otras industrias o por el propio Estado, Gonzalo Castellanos resalta que se trata de un empleo de calidad, sostenible, para profesionales jóvenes, con salarios medio a medio alto y que tienen los efectos secundarios en la economía que son “muy interesantes”.
“Puede aportar hacia la evolución de la economía hacia actividades más intensivas en conocimiento y tecnología, que también es clave para la sostenibilidad de nuestro modelo económico a largo plazo”, asegura.
Coincidiendo con Castellanos, el coordinador de Ecosistema e Innovación de Santa Cruz Innova Fernando Chávez, asegura que las startups tienen un alto componente tecnológico y de innovación, lo que genera nuevas necesidades en recursos humanos como en oportunidades de empleo especializado, de alto valor.
“Si bien no es tan masivo como otros rubros productivos, el valor que genera tiene un efecto económico importante”, concluye.
El papel del Estado
Aunque el ecosistema emprendedor en Bolivia no ha logrado una articulación con el Estado como otros países, el director general de Tecnologías de la Información y Comunicación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Danilo Ariel Chambi Camacho, destaca el trabajo que se viene realizando en cuanto a formación, precisamente reconociendo el potencial de las mismas para contribuir a la economía del país como a la generación de empleo.
“Se está trabajado una formación complementaria desde el Ministerio de Educación, como parte del Plan de Desarrollo Económico y Social”, asegura la autoridad, quien acota que también esta gestión se está actualizando el plan de estudios del sistema educativo, bajo la idea de impulsar desde el bachillerato el aparato productivo con el emprendimiento.
“La idea es que los bachilleres ya salgan con un nivel técnico humanístico con énfasis en emprendimiento tecnológico, con este abordaje que le estamos dando en ciencia y tecnología, pensando en las startups también”, agrega.
Además, la autoridad asegura que hay un acercamiento con el Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa para trabajar en mejorar las condiciones para las startups.
Para esta gestión también están previstas una serie de “hackatones”, donde los emprendedores puedan mostrar su talento y canalizar recursos.
“Estamos viendo mecanismos para fomentar las startups”, concluye Chambi.
Con todas las limitaciones impositivas y burocráticas, el sistema emprendedor en el país empezó una carrera que no pretende frenar.
(Este reportaje fue elaborado en colaboración entre Verdad con Tinta y la Red Ambiental de Información-RAI)
Todo empezó alrededor del 26 de abril, cuando el caso del puma (Puma concolor) llegó a un veterinario de la ciudad de Sucre bajo la custodia de dos jóvenes del municipio de Icla, ubicado en la provincia Jaime Zudáñez del departamento de Chuquisaca.
El animal fue trasladado para que atendieran una lesión en su pata, pero el veterinario, al notar que no tenía los conocimientos necesarios para atender un caso como tal, decidió contactar con la organización Protectora de Animales S.A., la cual en el último tiempo tuvo una participación activa en el rescate de animales silvestres.
Los miembros de la organización remitieron el caso a un veterinario especializado en traumatología y dieron parte a las autoridades departamentales.
Según el relato de quienes poseían al felino, éste habría llegado a su poder luego de que lo rescataran de la comunidad de Rodeo, cercana a Icla, donde los pobladores estaban teniendo conflictos con los pumas que se comían a sus animales.
“Quienes tenían al animal en custodia cuentan que trabajan en la zona de Icla y que conocen a los comunarios de Rodeo, por lo que les habrían dicho que cuando hayan problemas con alguno de estos animales, les avisaran para poder rescatarlos”, nos relata Mauricio Peñaranda, biólogo especializado en grandes mamíferos, quien fue contactado por Protectora de Animales S.A. cuando el puma llegó a Sucre.
Los comunarios de Rodeo habrían alertado al par de jóvenes de la presencia de un puma que se estaba comiendo sus animales, por lo que fueron para “ahuyentar” al animal, según lo que éstos habrían relatado a Peñaranda y al resto del equipo que se hizo cargo del animal.
La puma tenía dos meses cuando fue sacada de su hábitat por motivos que a la fecha, no están claro.. Foto gentileza Laura Lagrava.
“Ellos decían que el puma estaba con sus crías y que una de ellas se habría quedado atrás, que es la que tenían en su poder”, agrega Mauricio.
Una de las grandes interrogantes es, por qué los jóvenes no dieron parte a las autoridades correspondientes sobre la tenencia del animal antes, pues lo habrían tenido en su poder durante dos semanas antes de trasladarlo al veterinario en la ciudad de Sucre. ¿Su intención era devolverlo a su hábitat, venderlo o conservarlo como si de un animal doméstico se tratara?
Laura Lagrava, quien estuvo a cargo del caso por parte de Protectora de Animales S.A., agrega que uno de los jóvenes habría comentado sobre la existencia de otro puma; un cachorro de esa misma camada que habría sido vendido por los comunarios de Rodeo. Sobre la madre… se desconoce qué pasó realmente con ella.
“Hay muchos vacíos en la historia”, insiste Peñaranda, quién cuestiona cómo llegó realmente el animal a su poder, cuál es su relación con los comunarios de Rodeo, o qué pasó con la mamá del puma.
Uma
Uma, nombre con el que bautizaron al animal los especialistas que la atendieron, presentaba un cuadro complejo, pues al margen de tener la pata fracturada, estaba desnutrida, deshidratada y tenía parásitos en el estómago.
Si bien los jóvenes aseguraron que se dieron cuenta de la fractura recién dos semanas después de haber supuestamente rescatado al animal, Peñaranda insiste en que aquello no es posible, pues la pata se encontraba totalmente fuera de lugar, con una fractura evidente aún para quienes no tienen experiencia.
Lagrava compartió con nosotros un video que fue publicado en redes sociales por algún miembro de la familia de éstos jóvenes, donde se ve a Uma jugando con una lana, como si de un gato doméstico se tratara, y con un yeso en la pata.
Dado que el animal nunca salió de la custodia de la organización de Lagrava una vez que llegó a Sucre, el video es anterior a que el felino fuera trasladado a la capital. El yeso sería evidencia de que tenían conocimiento de la fractura.
Por su parte, el felino tenía las garras cortadas como un gato doméstico. Por las características del corte y la altura del mismo, los expertos aseguran que fue hecho por humanos y no porque el felino las hubiera rasgado sobre alguna superficie, como argumentaron los jóvenes.
Quienes atendieron a Uma describen su estado como “lamentable”. A sus escasos dos meses de vida, tenía la pata fracturada, deshidratación, desnutrición, al mismo tiempo que presentaba un cuadro de diarrea y vómitos. “Era realmente crítico”, describe el biólogo.
Los animales silvestres deben ser entregados a las autoridades, para ser devueltos a su hábitat o ser enviados a centros especializados en su atención.
Los especialistas en gatos silvestres explican que sustituir la leche para un felino de este tipo, es muy difícil. Ante el descuido de quienes lo habían “rescatado”, el animal no estaba recibiendo los suplementos que necesitaba y que los veterinarios suelen utilizar en estos casos.
Según relata Lagrava, el animal había sido alimentado por sus supuestos rescatistas con leche y sopa de arroz, como si se tratara de un gato doméstico.
Esta alimentación le habría provocado diarrea y desnutrición, pues una cría de puma necesita la leche de su madre al menos hasta los tres meses, tiempo en el que la madre empieza a proveerles alimento sólido de sus presas. Sin embargo, el amamantamiento puede continuar hasta los seis meses, tiempo en el que los felinos ya son capaces de capturar pequeñas presas por cuenta propia.
Durante cuatro días el grupo de rescate, el veterinario y el biólogo, intentaron poner al puma en la mejor condición posible, pero el tiempo apremiaba y había que operar antes de que la fractura hiciera callo.
El primero de mayo Uma fue intervenida. Si bien el animal sobrevivió, salió más debilitado de lo que estaba.
“El veterinario salió en media operación para decirnos que sus huesos eran como arena, que se deshacían”, cuenta Lagrava mientras explica que debido al estado de sus huesos, no fue posible ponerle una placa de platino como inicialmente estaba previsto, ya que ésta no requiere ser extraída posteriormente.
“Luego entendimos que todo eso fue por la desnutrición”, lamenta.
Los días siguientes su cuadro empeoró, y el tres de mayo el felino silvestre tuvo que ser internado, pues había dejado de comer por cuenta propia a causa de su debilidad.
“Lo alimentábamos con jeringas”, relata Peñaranda. La rutina de turnarse para monitorear al animal, mantenerlo en temperatura y alimentarlo cada dos o tres horas, duró hasta el 10 de mayo; día en que el animal murió por fallas en su organismo, pero principalmente por el estado deteriorado de su aparato digestivo.
“La mala alimentación que recibió después de ser separado de su mamá le hizo mucho daño”, coinciden Lagrava y Peñaranda.
La ausencia de las autoridades
“Referimos el caso a la Gobernación”, asegura Laura Lagrava. Sin embargo, ellos ya tenían conocimiento, puesto que inicialmente los dos jóvenes habían acudido a ellos y a Pofoma en busca de ayuda.
“Ellos querían trasladar al felino al Bioparque de Tarija, pero no se encontraba estable de salud como para hacer ese viaje”, agrega Laura. Puesto que el Bioparque de Tarija trabaja con animales silvestres, entre los que se encuentran los felinos, aquel sería un refugio temporal hasta que Uma mejorara, pero en su estado, no era viable que realizara un viaje de esas características.
Lagrava explica que dado que la Gobernación no contaba con los recursos para ocuparse del animal, la institución estuvo de acuerdo en que Protectora de Animales S.A. se hiciera cargo de los gastos y de su cuidado.
Dado que Sucre no cuenta con refugios temporales ni permanentes para vida silvestre, estos casos suelen ser atendidos por organizaciones como Protectora de Animales S.A., que en el pasado se hizo cargo de cuatro cóndores envenenados, monos, tortugas y zorros, entre otros.
Iván Vera, quien en principio estuvo a cargo del caso por parte de la Gobernación, asegura que la mayoría de casos de animales de vida silvestre se atienden a través de organizaciones como Protectora de Animales S.A.
“Tenemos algunas partidas que nos permiten hacer traslados a lugares donde puedan estar en mejores condiciones”, agrega Vera.
El funcionario explica que si bien no tienen recursos para hacerse cargo de la totalidad de los gastos, como cirugías, sí pueden cubrir una parte, y pueden hacer gestiones ante otras instancias que pueden cooperar.
Sin embargo, Lagrava reclama la ausencia de los funcionarios de las entidades correspondientes. “No vinieron a ver al animal hasta un día antes de su muerte”, dice sobre la participación de la Gobernación.
Respecto a la procedencia del felino, Vera asegura que “quedó la duda de que hubiese ocurrido como los jóvenes habían manifestado. Sin embargo, agrega que “es un proceso complicado para averiguar”.
Hasta la fecha, la Gobernación no ha iniciado una investigación sobre el caso y tampoco presentó una denuncia para que sea la justicia quien determine cómo llegó realmente el animal al poder de aquellos jóvenes.
El argumento de Vera es que “no tenían los datos para hacerlo”. El funcionario asegura que están coordinando con la Policía Forestal y de Protección al Medioambiente (Pofoma), para poder tomar la medidas necesarias en casos que se llegaran a presentar a futuro.
Se prepara una demanda
El caso llegó a oídos del abogado especialista en medioambiente, Rodrigo Herrera, quien analiza que hay suficientes elementos como para presentar una demanda penal contra quienes mantuvieron al animal en su poder.
“Ha habido personas involucradas en la tenencia irregular de este espécimen y como consecuencia de esa tenencia irregular el individuo habría fallecido”, explica el abogado.
Protectora de Animales S.A será parte de la demanda, que esperan que sea presentada el día lunes 23 de mayo en la ciudad de Sucre bajo la figura jurídica de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza natural, según lo establecen los artículos 350 y 223 del Código Penal Boliviano.
La pena en estos casos va de 2 a 5 años de cárcel en caso de biocidio y de 1 a 6 años en caso de destrucción del patrimonio natural
El Día Internacional del Jazz no es solo una fecha paracelebrar a este género musical, su importancia radica en que es una celebración de la música como un motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua; es un género cuyos ritmos y diversidad han reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y de racismo.
Bajo esa premisa, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha declarado en 2011 al 30 de abril como el Día Internacional del Jazz con el objetivo de sensibilizar sobrelas virtudes de este género musical como herramienta educativa y de integración.
Así, esta celebración se ha extendido a más de 190 países alrededor del globo, y Bolivia no es la excepción.
El 30 de abril es el Día Internacional del Jazz.
“Venimos preparando esta fecha desde hace unos cuatro años”, refiere el violinista y coordinador de la celebración en Bolivia Gustavo Orihuela.
Bolivia se ha sumado a esta plataforma mundial, celebrando la fecha con músicos de alto nivel, promoviendo un diálogo entre el jazz y la música boliviana, según explica Orihuela.
“Esta versión 2022 se ha denominado ‘las lenguas del jazz’, justamente por ese diálogo que estamos generando con los ritmos de los diferentes departamentos”, agrega el violinista.
Las celebraciones de este año tendrán lugar en las ciudades de Tarija, Cochabamba, La Paz y Santa Cruzrespectivamente, iniciando con la primera presentación el 16 de abril a las 19:00 en la capital tarijeña.
Como parte de las actividades del festival cultural “Abril en Tarija”, el Teatro de la Cultura se engalanará con la participación de: Jazz toy yendo quintet, Duo Souvenirs, Gustavo Orihuela Quartet y Big Band Mario Stenssoro.
Además, esta versión del Día Internacional del Jazz, se une a la larga lista de actividades que van a ser desarrolladas a lo largo del año para celebrar los 35 años de vida del Bolivia Festijazz Internacional, un espacio desde el cual diferentes músicos bolivianos pudieron alzar vuelo en este género musical.
Proyecto Fénix es una iniciativa al interior de Misión Internacional de Justicia, cuyo objetivo es darle voz y apoyo a los sobrevivientes de violencia sexual.
Fruto de este trabajo que inició el año 2019, ProyectoGNS Fénix ha encarado diferentes iniciativas que buscan generar cambios en la sociedad y visibilizar la violencia sexual. Así, el año 2020 crearon el podcast “Sin Vergüenza”, mientras que este 2022 hacen una apuesta por la literatura en primera persona.
“Jamás tuve la culpa” es el nombre del libro escrito y publicado por los miembros del Proyecto GNS Fénix Bolivia con el apoyo de Misión Internacional de Justicia Bolivia.
Son aproximadamente 22 miembros de proyecto, que a lo largo de los años han sido capacitados en hacer incidencia pública y generar cambios a partir de su experiencia. Así, nace la idea de escribir un libro en el que cada uno de ellos pudiera compartir su historia.
“Más o menos en junio del año pasado se ha comenzado con el trabajo que ellos habían soñado de contar sus historias, pero no solo lo trágico, sino su proceso de resiliencia, de lucha y de valor”, explica Alejandra Cámara, directora nacional de Misión Internacional Justicia.
El libro cuenta con dieciséis relatos escritos en primera persona por las víctimas y está ilustrado con dibujos trabajados especialmente para cada texto.
“Todavía no es tan fácil para los sobrevivientes ponerse delante de la gente en general, porque vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos prejuicios y tabúes”, agrega Alejandra, quien explica que la idea del libro nació del grupo, como una forma de hacer incidencia a través de sus historias.
De hecho, escribir forma parte de algunas de las terapias que algunos de los miembros del grupo han realizado para superar la violación, mostrando tener efectos positivos en ellos a la hora de resignificar su vida, reconociendo que si bien la violencia sexual es una parte de ellos, no su vida entera.
De alguna manera, este trabajo está inspirado en el libro “Jampikuna”, que cuenta el proceso curativo y sobrevivencia ante la violencia sexual de la que fue víctima Emma Rada, escrito por la pluma de Karen Gil. “Muchos de los chicos han leído su libro”, asegura Alejandra.
Solo en 2021 se denunciaron 2078 violaciones a niños y adolescentes a nivel nacional.
Los autores de Jamás tuve la culpa esperan que otros sobrevivientes se animen a develar y denunciar los abusos que sufrieron, ya que un número importante permanece en el silencio, afectando la vida de las víctimas de diferente manera. También busca ser el espejo de una realidad que muchas personas creen que no pasa, porque no la ven, pero que sí existe.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, solo en 2021 se denunciaron 2078 violaciones a niños y adolescentes a nivel nacional; un promedio de 6 violaciones denunciadas al día, aunque se estima que un número similar nunca llega a formalizarse en una querella.
El factor común en todos estos casos: el sentimiento de culpa que el agresor, o el entorno, genera en las víctimas.
“El agresor siempre va con la idea de ‘esto es tu culpa’, ‘tú me buscabas’, ‘tú has salido de noche’, ‘tú me has hablado’, tú has venido a tomar conmigo’”, explica Alejandra.
Así, desde el título, el libro pretende reforzar la idea de que la víctima nunca es culpable de la agresión, pues la realidad es que nadie tiene derecho a tocarte sin importar las circunstancias.
Los interesados en el libro pueden adquirirlo a través de la página de Proyecto GNS Fénix Bolivia o Misión Internacional Justicia Bolivia, sin embargo, este primer lote está destinado a las personas que los miembros del proyecto creen que deben tenerlo por algún motivo en particular.
Aquella noche del 20 de febrero parecía una más de verano en el territorio indígena, cuando las intensas lluvias se habían presentado desde hace días, incluso semanas atrás, y aquella parecía una noche más en la que el agua lloraba sobre el suelo del Itika Guasu.
A las 23:00, cuando el pueblo dormía y se cobijaba de la lluvia en sus casas, la tragedia comenzó. Una mazamorra, producto de la intensa lluvia, burló el cause de la quebrada Ñaurenda, arrasando con ella todo lo que encontró a su paso: cultivos, sendas, ganado, casas y personas.
Las casas, los refugios en los que los pobladores buscaban refugio, pronto se convirtieron en parte de la mazamorra, provocando la desesperación de los habitantes y magnificando el desastre.
Las comunidades guaraníes de Tomatirenda, Filadelfia, Palmarito, Ñaurenda, Saladito de Ñaurenda, Moko Mokal, Itayuru y Timboy, amanecieron irreconocibles a la mañana siguiente. Hombres, mujeres y niños, entre el pánico y la desesperación, buscaban a sus desaparecidos entre los escombros.
Los niños, fueron los principales afectados. “Llegamos a trabajar en la zona el 23 de febrero”, relata Carmen Molina, coordinadora de proyectos de Aldeas Infantiles, quien forma parte del equipo de programa de emergencia que se instaló en el Itika Guasu desde aquel entonces, empezando a trabajar con 100 cien niños de las familias más afectadas.
“Cuando llegamos, mientras recorríamos la zona, una señora que lavaba el lodo de un bebé de uno seis meses con una botella de agua, me preguntó si ella iba a recordar lo que había vivido, si iba a recordar que estuvo atrapada en el lodo”, relata Carmen, marcada por aquel momento.
Según relata el gerente de Aldeas Infantiles Tarija Marcelo Vargas Amás, los principales afectados fueron los niños, no solo porque perdieron sus espacios, sino porque fueron las principales víctimas del desastre. “La mayoría de los fallecidos y desaparecidos, son niños”, lamenta.
Según explica Vargas, 7 de 10 fallecidos son niños, mientras que 2 de 3 desaparecidos pertenecen al mismo grupo. Ese hecho, los impulsó a trabajar de manera inmediata y con un “compromiso incondicional”.
Una de las características de los pueblos del Itika Guasu, es que tienen una organización comunitaria muy marcada, tienen espacios de encuentro en comunidad y todas las casas conforman una gran familia.
El paso del aluvión destruyó también aquellos espacios, afectando la vida en comunidad especialmente los primeros días y los niños fueron los que más lo sintieron.
Muchos habían perdido su casa, su colegio, su cancha y también los espacios de encuentro con la comunidad.
Sin embargo, de alguna manera, los centros infantiles de cuidado instalados por Aldeas Infantiles, se han convertido en un nuevo espacio de encuentro para la comunidad, permitiendo que allí que congreguen grandes y chicos para compartir, mientras reconstruyen sus espacios.
“Hemos instalado cuatro centros donde garantizamos la nutrición, salud, educación y estimulación y la parte psico-afectiva, que es lo que más a afectado a la gente de allá, para 100 niños”, explica Marcelo Vargas Amás. Aunque se estima que en la zona hay 500 niños, la organización tiene capacidad para trabajar únicamente con 100, por lo que se priorizó a los más afectados por el aluvión.
Si bien las comunidades se van recuperando poco a poco, hay temores que permanecen y que tardarán en sanar. Wilma Mamani, quien también forma parte del programa de emergencia de Aldeas Infantiles, cuenta que los niños manifiestan estos miedos a sus padres, a través de dibujos o en los juegos que realizan en los centros infantiles instalados por Aldeas Infantiles.
“Les ha afectado eso y ha quedado en ellos el miedo que sienten por la lluvia”, continúa Carmen, “cuando el cielo se nubla, cuando hay truenos o empieza a llover, renace el miedo de que llegue la quebrada”.
Pero más allá del miedo y de las pérdidas, en los niños predomina la esperanza, demostrando su gran capacidad de ser resilientes. A modo de ejemplo, Wilma relata que en Tomatirenda, una de las comunidades más afectadas por el aluvión, los niños acuden con entusiasmo a la escuela provisional instalada por el municipio.
“Vemos cómo van con tanto anhelo… creo que son los más valientes porque son muy resilientes y mantienen la esperanza de volver a tener su casa y su escuela”.
Según el testimonio de ambas mujeres que trabajan en la zona desde el 23 de febrero, los niños suelen dibujar casas grandes y con mucho color, demostrando su deseo de recuperar sus viviendas y la esperanza de que pronto lo lograrán.
¿Y cómo será el día del niño en estas comunidades? Si bien Aldeas Infantiles preparará algunas actividades especiales para ellos, la organización insiste en que todos los días deben ser importantes para los niños, en ese sentido, buscan visibilizar que aunque el aluvión ya pasó, la emergencia para ellos continúa y aún hay un largo camino por recorrer pese a los avances.
El Día Mundial de la Salud se celebra cada año con motivo del aniversario de la fundación de la OMS en 1948. Cada año, la celebración se acoge a un lema para trabajar diferentes aspectos relacionados a esta área, este 2022 el lema es: “Nuestro planeta, nuestra salud”, haciendo hincapié en la interconexión que hay entre la salud humana y el medio ambiente.
“Ante la pandemia actual, un planeta contaminado y la creciente incidencia de enfermedades, el lema del Día Mundial de la Salud 2022 es nuestro planeta, nuestra salud”, explica la página de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Con la mirada puesta en esa área de preocupación, la OMS ha planteado una serie de acciones que pueden realizar los gobiernos, empresas, trabajadores del sector de la salud, alcaldes y personas particulares para construir un mañana más saludable para el binomio planeta-humanos.
De hecho, estimaciones del organismo internacional apuntan a que alrededor de un millón de personas mueren en forma prematura cada año por, cuestiones atribuibles a riesgos ambientales conocidos y evitables, como la contaminación del agua, aire y un saneamiento inadecuado.
La falta de políticas públicas y lo que la OMS describe como una “gobernanza en salud débil”, así como las desigualdades a la hora de acceder a servicios en esta área, son factores que agravan las amenazas y riesgos mencionados anteriormente.
Si bien los ciudadanos pueden pasar a la acción con decisiones cotidianas como ir al trabajo en bicicleta al menos una vez a la semana, utilizan el transporte público, usando energías renovables, apagando las luces, comprando sus alimentos de productores locales y evitando el uso de plásticos, son los gobiernos quienes realmente pueden marcar una diferencia en el cuidado del planeta y, por ende, en la salud de sus habitantes.
En este sentido, algunos de los puntos planteados por la OMS para los gobiernos son:
- Priorizar el bienestar humano a largo plazo y la estabilidad ecológica en todas las decisiones.
- Priorizar el bienestar en todos los objetivos empresariales, institucionales, sociales y ecológicos.
- Mantener los combustibles fósiles bajo tierra. Detener las nuevas prospecciones y proyectos relacionados con combustibles fósiles y aplicar políticas de producción y uso de energías limpias.
- Detener las subvenciones a los combustibles fósiles. Reinvertir dichas subvenciones en la salud pública.
- Imponer más impuestos a los contaminadores. Incentivar la reducción del carbono.
- Aplicar las directrices de la OMS sobre la calidad del aire.
- Electrificar los establecimientos de atención de salud con energías renovables.
- Reducir los niveles de contaminación del aire para disminuir la carga de morbilidad derivada de los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias tanto crónicas como agudas, incluida el asma.
- Reorientar las subvenciones agrícolas hacia la producción de alimentos sostenibles y saludables.
- Construir ciudades con espacios verdes que promuevan la actividad física y la salud mental.
¿Qué pasa en Bolivia?
Como parte de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, Bolivia inició su implementación basada en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se alinean con los puntos planteados por la Organización Mundial de la Salud para proteger nuestra salud y la del planeta.
En este sentido, en cuanto a salud, se ha implementado el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito (SUS), que se constituye en una de las principales políticas del Sector.
Esta política, conjuntamente con otros programas complementarios, coadyuvaron a que la tasa de mortalidad infantil se haya reducido de 24,0 por mil nacidos vivos en 2016 a 22.4 en 2020, según explica el Informe Nacional voluntario 2021.
En materia de medioambiente, se han registrado avances en el acceso a fuentes mejoradas de agua, debido a la implementación del programa Mi Agua, y el programa de agua potable y saneamiento en áreas periurbanas.
Los indicadores relacionados con la energía asequible y no contaminante han reportado progresos, especialmente el relacionado al acceso a energía eléctrica. En el 2020, el 80,4% de los hogares a nivel nacional tenían acceso a este servicio, registrándose importantes avances en el área rural.
Según el informe, en la gestión sostenible de bosques, el país exhibe adelantos de la política con enfoque de gestión integral y sustentable basada en la planificación articulada e integral del bosque, suelos forestales y los actores involucrados.
Entre 2015 y 2020 se ha reducido en 10,7 puntos porcentuales la proporción de la deforestación ilegal, de 64,6% en 2015 a 53,9% en 2020.
Sin embargo, en 2019 el país perdió más de 5.7 millones de hectáreas de bosques a causa de los incendios, mientras que en 2020 la cifra superó los 4 millones de hectáreas, ante la mirada indiferente de las autoridades.
Por aquellos años, ciudades como Santa Cruz y Tarija reportaron niveles altos de partículas y contaminantes.
Según reportó el diario El Deber, el 7 de noviembre de 2020 se dio el peor registro alcanzando un índice de 283. Significa que en el aire hay una alta concentración de partículas y contaminantes causados por el humo de los incendios forestales en el departamento.
Los combustibles fósiles en Bolivia son subvencionados y las nuevas prospecciones son constantes, fomentando el uso de energías contaminantes.
Finalmente, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante para mantener una calidad de vida óptima y saludable, en el caso de Tarija estas apenas llegan a 2,5 metros por habitante, de acuerdo al informe del plan de ordenamiento territorial de la gestión 2010.