En las instalaciones policiales se encuentra el moderno centro de monitoreo instalado como parte del componente de seguridad del proyecto Ciudad Inteligente. En este sitio están instaladas las pantallas que muestran en calidad full HD imágenes de diferentes puntos estratégicos de la ciudad de Tarija, ubicada al sur de Bolivia.

En él, los modernos equipos que fueron instalados como parte del mencionado proyecto, procesan la información que llega por el anillo de fibra óptica desde las cámaras situadas en diferentes puntos de la ciudad, considerados como “estratégicos”.

Sin embargo, frente a los monitores, cuya pulcritud rinde cuenta de su reciente instalación, se torna evidente que en lugar de personas, los mismos son monitoreados y custodiados por sillas vacías.

En el centro de monitoreo dos factores impiden prevenir o detectar el robo: el primero, la falta de personal para el control; el segundo, las cámaras instaladas solo cubren el 10% de la ciudad, según explican a Verdad con Tinta desde el propio Comando Departamental de la Policía.

De acuerdo a la información que maneja la institución sobre el proyecto, la ciudad de Tarija necesita alrededor de 1111 cámaras de vigilancia. Pese a eso, solo hay 151 instaladas y al menos 43 de ellas no funcionan.

De doce pantallas que se encuentran en la sala de monitoreo, solo cinco están encendidas, es decir, que se tiene vigilancia en vivo de cinco zonas de la ciudad, de las más de mil requeridas.

Pero el hecho más alarmante es que estas cinco pantallas muestran lo que sucede en vivo a un grupo de sillas vacías.

Ni una sola persona hace seguimiento a lo que transmiten las cámaras. Solo se tiene a dos policías en una pequeña y angosta sala contigua de donde se pueden ver las pantallas por la pared de vidrio, pero existe otro detalle: Ambos están sentados de espaldas.

Esta pequeña sala es de atención de llamadas de emergencia al 911, pero los teléfonos y radios de comunicación con las patrullas están conectados en un largo escritorio que da la espalda a los monitores.

Entonces, los dos únicos policías que están sobre el escritorio atendiendo las llamadas, no pueden ver en tiempo real lo que muestran los monitores.

El inicio de Ciudad Inteligente

El proyecto arrancó el año 2018, destinando importantes recursos de seguridad ciudadana a su ejecución, buscando dotar a la policía de insumos y tecnología que ayudara en la labor de proporcionar más seguridad.

Se trataba de un proyecto concurrente entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal de Tarija, cuyo costo inicial era de Bs 86 millones 422 mil 518, según consta en el contrato suscrito el 09 de octubre de 2017.

La coyuntura política lo cambió todo. La Gobernación tarijeña a la cabeza del entonces gobernador Adrián Oliva Alcázar, decidió retirar la contraparte que había prometido por falta de recursos económicos, poniendo en peligro la continuidad del proyecto.

“La cláusula del convenio y la misma ley, establecen que existen causas de fuerza mayor que son imposibilidades que en un inicio no se tenían previstas, que hacen materialmente difícil concluir con el compromiso pactado”, argumenta Yamil García Delfín, quien fuera secretario de Justicia de la Gobernación en ese entonces.

García negó en la entrevista que esta cláusula hubiese sido motivada por factores políticos. Y es que en ese entonces, gobernador y alcalde tomaban caminos diferentes con miras a las elecciones subnacionales.

Aún sin tener los recursos para la implementación total del proyecto, la Alcaldía decidió darle continuidad, eliminando componentes del mismo y reduciendo el precio a Bs 53 millones.

“El proyecto se ha completado en lo que corresponde a seguridad ciudadana, se ha implementado un anillo de fibra óptica de 30 kilómetros alrededor de la ciudad donde se transmite información a las radios bases”, es la explicación de Juan Carlos Yañez, que es jefe de la Unidad de Sistemas y Modernización de la Alcaldía tarijeña.

Los componentes para salud, educación y los softwares fueron sacrificados, aunque según el exalcalde Rodrigo Paz Pereira, “se trabajarían en fases”. Con su mandato finalizado y una nueva gestión municipal con otros objetivos, la implementación de aquellas fases es una incógnita.

Cámaras que fallan e irregularidades en el proceso de contratación

Tras casi dos años de trabajo en Ciudad Inteligente, una serie de fallas técnicas llevaron a que el proyecto no fuera recibido formalmente por la Policía el año 2019, cuando la Alcaldía firmó la recepción.

Sobre el particular el exalcalde Rodrigo Paz dice que no estaba al tanto de esta determinación de la Policía. “Me sorprende esa situación, la verdad que desconocía”, asegura.

A pesar de que la Policía se negó a recibir el proyecto, el documento de recepción final fue firmado únicamente por técnicos de Datec, de la Alcaldía y un miembro de la comisión de recepción, el cual señala que no existen más observaciones al proyecto ejecutado por la empresa contratista.

Las subsanaciones pedidas por la Policía, entre las que resaltan la falta de funcionamiento de cámaras, imágenes pixeladas y cortes en la fibra óptica, no fueron realizadas hasta la fecha por la empresa Datec Ltda., la cual se adjudicó el proyecto, pese a que el plazo de recepción definitiva venció el 18 de septiembre de 2021.

Según explica el actual alcalde Jhonny Torres Terzo, la empresa se comprometió a realizar las subsanaciones si se le paga el monto adeudado en el contrato, el cual asciende a Bs 4.942.251,81 correspondientes a la última planilla de pago, según revela a Verdad con Tinta la concejal Marcela Guerrero.

Para  Torres, aquel saldo pendiente depende de la Gobernación, que ha determinado quitar su contraparte, por lo que la situación se encuentra en un “círculo vicioso”.

Aunque no hubo una mejora en las observaciones, los equipos continúan siendo utilizados por la Policía “por necesidad”, como se hacía inclusive antes de la recepción definitiva, pero por motivos que van desde lo técnico hasta lo humano, su uso desde 2018 continúa estando limitado a resolver requerimientos fiscales, especialmente en casos de robos y hurtos principalmente.

“Recibimos de seis a siete requerimientos por día”, aseguran desde la instancia policial.

Es decir, con el inicio del proyecto, los equipos fueron instalados en 2018, pero al detectarse las fallas e irregularidades mencionadas, el Comando Departamental de la Policía se negó a firmar la recepción definitiva.

Para la actual directora municipal de Seguridad Ciudadana Blanca Peñaloza, el proyecto no cumple con su objetivo.

Uno de los motivos que señala, es la falta de mantenimiento, pues pese a la recepción del proyecto por la gestión anterior, no se han destinado ni recursos humanos ni económicos para este fin.

Blanca Peñaloza asegura que tampoco reciben informes sobre los robos o casos registrados por las cámaras, siendo complejo analizar así la eficacia del trabajo.

Sobre los objetivos, la concejal Marcela Guerrero explica que en el “informe de diagnóstico del proyecto de implementación Tarija hacia una Ciudad Inteligente”, realizado por un equipo multidisciplinario del Concejo Municipal, se evidencia que en la resolución parcial del contrato con la empresa Datec Ltda. el 11 de diciembre de 2018, se dejan de cumplir los objetivos del documento base de contratación.

En pocas palabras, se pierde el objetivo y la finalidad del proyecto.

Guerrero denunció que solo 43 de las 151 cámaras instaladas estaban en funcionamiento.

La cifra de cámaras en funcionamiento habría mejorado en el último mes tras un mantenimiento realizado a los equipos, aunque la autoridad aclara que el costo es elevado y no hay recursos garantizados para aquello.

Entre otras deficiencias, Peñaloza señala que cuando se corta la luz, hay térmicos que deben ser activados de forma manual para que vuelvan a funcionar los equipos, al margen de cámaras cuyas imágenes están pixeladas por un “deficiente funcionamiento de la fibra óptica”.

Además, el contrato fue firmado sin que la empresa Datec Ltda. hubiese presentado el diseño de pre inversión, contradiciendo al Decreto Supremo 0181 de normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Públicos.

El artículo 40 de ese decreto prohíbe “iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no actualizados y realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a un año, que no cuenten con financiamiento para el total de la inversión”. En su momento, nadie hizo observaciones a este punto, ni siquiera las instancias encargadas de la fiscalización como el Concejo Municipal.

La exdirectora municipal de Seguridad Ciudadana Susana Pantoja Ballivián, quien apoyaba el proyecto desde su área, se negó a dar explicaciones sobre las presuntas anomalías, pese al requerimiento de entrevista que hizo Verdad con Tinta.

La exdirectora sí hizo un descargo mientras se debatía la implementación de Ciudad Inteligente en un programa de la cadena televisiva Plus TLT que era transmitido en vivo por Facebook.

Según Pantoja, la Ley Nacional 264 del sistema de seguridad ciudadana respalda la tecnología en las cámaras, también la reglamentación, además de aclarar que al culminar la gestión de Rodrigo Paz se cumplieron con todos los requisitos técnicos-legales. “Se dejaron funcionando las cámaras”, dice en el texto que publicó en esta red social.

Para la exfuncionaria, el fracaso de este proyecto es responsabilidad de la actual gestión municipal que encabeza el alcalde Jhonny Torrez Terzo, porque no lo está haciendo funcionar.

Sin plan, sin estudios y sin licencia

¿Por qué se implementó el proyecto de ciudad inteligente? ¿Cuáles eran las necesidades? ¿Cuál era el plan de seguridad ciudadana? Son preguntas de las que no se encontraron respuestas científicas, pues no se hicieron estudios para su ejecución.

La concejal Marcela Guerrero revela que no existe, ni existió, un estudio sobre la necesidad de ciudad inteligente para Tarija, en el cual se puedan sustentar las bases del proyecto.

Al hacer una revisión, este proyecto no se encuentra ni siquiera en el plan de trabajo de la fuerza política que presentó la candidatura a la Alcaldía de Paz Pereira en 2015, según se constató en una revisión en los archivos del Tribunal Electoral Departamental (TED).

En aquella oportunidad, Paz se presentó a la Alcaldía con la fuerza política Unidos Para Renovar (Unir), cuyo plan de trabajo resaltaba en el área de seguridad el fortalecimiento de la Policía en Tarija con infraestructura y equipamiento.

Curiosamente, la nueva gestión municipal a la cabeza de Jhonny Torres tiene a la misma fuerza política como su principal aliada, pero se desliga públicamente de la anterior administración.

¿Cuál fue el criterio de la instalación de cámaras? “No tienes un policía en cada esquina. La lógica de la cámara es como un policía, la tienes en lugares específicos”, es la explicación del exalcalde Paz Pereira sobre este componente que terminó por consumirse el presupuesto de seguridad ciudadana en los últimos cinco años.

Paz refiere que Tarija es la ciudad con más cámaras por habitante de las ciudades capitales del país, “que sean del municipio”.

Con la cantidad actual, Tarija tiene 60,4 cámaras por cada 100 mil habitantes, tomando en cuenta las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si bien no es la ciudad capital con más equipos instalados, pues está por debajo de La Paz, que tiene 84,67 por cada 100 mil habitantes, sí es una de las ciudades con mayor número como estima Rodrigo Paz.

El número de cámaras instaladas no fue la solución al problema de la inseguridad.

Para conocer cuál es el promedio ideal de cámaras de video vigilancia por habitantes, se buscó a un experto en seguridad en América Latina, de esta forma, se contactó con el mexicano Ernesto López Portillo, quien accedió a una entrevista vía Zoom.

Ernesto López es coordinador del Programa de Seguridad de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La respuesta a nuestra duda en específico, no tiene un número.

Para responder, López toma como ejemplo el modelo incremental, el cual, como su nombre lo dice, propone más recursos para tener más seguridad. Es decir, que los gobiernos buscan más recursos para la seguridad, pero no necesariamente estos traen mejores resultados.

“Usted me consulta por cámaras, bueno yo le preguntaría primero cuál es el modelo o la estrategia de seguridad que está detrás de la instalación de las cámaras, cómo se va a evaluar y cómo se va a rendir cuentas”, cuestiona el experto.

Al hacer esta investigación se constató por medio de los informes del Concejo Municipal, de la Secretaría Municipal de Planificación y de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, que no existe un estudio concreto para la instalación de las cámaras en la ciudad de Tarija, no se tiene tampoco una estrategia de seguridad, ni se elaboró un plan para evaluar impacto, menos de rendición de cuentas.

Para Ernesto López es importante que en este tipo de planeaciones trabajen expertos en seguridad ciudadana, no solo políticos y policías. “La seguridad ciudadana es una política integral, de reducción de violencia que necesita múltiples intervenciones, pero de liderazgo civil de personas formadas, especializadas de aplicar los métodos adecuados”.

Agrega que también es importante la inclusión de la sociedad civil en estos planes, algo que tampoco sucedió, según explicó la concejal Guerrero y confirmaron los dirigentes vecinales a Verdad con Tinta (Ver parte 2).

Uno de los errores identificados en este proyecto es que las cámaras fueron dejadas al Comando policial para que este defina los lugares estratégicos de instalación y su uso, pese a que no cuenta con los suficientes recursos humanos para su manejo.

“Se les entrega las cámaras, los servidores y los sistemas de comunicación; pero es la Policía la que debe valorar el efecto”, argumenta el exalcalde, asegurando que es rol de la entidad policial brindar seguridad.

Tampoco había un conocimiento cabal de la tecnología que se estaba implementando, ni cómo se podía usar de manera más efectiva.

Desde el propio Comando Departamental de la Policía recordaron que en la presentación del proyecto en sus instalaciones, en octubre de 2018, el alcalde se había molestado porque las imágenes captadas por las cámaras no podían hacer una identificación facial. “Le dijimos que ese sistema no lo hace, no reconoce rostros ni placas, ese es otro software”, revelaron desde esta instancia.

Esta escena muestra la improvisación con la que el proyecto se implementó.

Para Ernesto López es clave que las políticas de seguridad estén científicamente evaluadas, como si se estuviese valorando una medicina.

El experto sustenta este postulado comparándolo con el tema de los medicamentos; por ejemplo, ningún país podría aceptar una vacuna covid que no estuviera científicamente autorizada, “supongo que nadie en ningún lugar del mundo pueda decir ‘aplícame una vacuna que no esté probada’; en seguridad tendríamos que decir lo mismo, las políticas de seguridad tendrían que estar comprobadas”.

En el caso específico de Tarija, no se hizo ni se hace eso, las políticas de implementación de este proyecto no fueron comprobadas.

El futuro es incierto

Para el exalcalde Rodrigo Paz el uso de las cámaras, la fibra óptica y el moderno data center ubicado en uno de los edificios municipales, depende de la actual gestión.  “Creo que el proyecto es muy útil, que el nuevo alcalde le puede dar una utilidad y un alcance extraordinario”.

El actual alcalde de Tarija Johnny Torres Terzo responde que el proyecto se encuentra dentro de un “círculo vicioso”.

“Las cosas tienen que ser claras. Para que funcione ciudad inteligente, por lo menos con seguridad ciudadana, la Policía debe recibir el sistema, pero nos dijo que no lo va a hacer porque no se hicieron los ajustes que pedía, pese a que la anterior gestión ha firmado recepción provisional y definitiva”.

Torres dice en una breve entrevista en su despacho que la empresa se comprometió en realizar los ajustes requeridos si se le paga el monto adeudado en el contrato, pero que esos recursos dependen de la Gobernación que ha determinado quitar su contraparte. “Ahí el círculo vicioso”.

El alcalde agrega que se está iniciando una auditoría interna al proyecto, además de que realizó una solicitud de auditoría a la Contraloría General del Estado.

Asegura que es necesario cerrar el proyecto, “se tiene que recibir o rechazar”.

También se pudo conocer por medio de un informe del Comando Departamental de la Policía, que el proyecto se implementó sin licencia de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para el uso de las frecuencias.

Sobre todas estas irregularidades se intentó hablar con la empresa Datec S.R.L que es la encargada del proyecto, pero su única respuesta hasta el cierre de edición fue el silencio.

La Alcaldía y la Policía en Tarija se debaten sobre el presente y futuro del proyecto de ciudad inteligente, pese a que ya fueron invertidos hasta ahora más de Bs 50 millones.

En resumen, el concepto de ciudad inteligente en este proyecto quedó pequeño a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), especialmente aquellos que apuntan a mejorar la calidad de vida. (Ver parte 3).

La improvisación y la falta de un plan en seguridad ciudadana, derivaron en un excesivo gasto de recursos económicos en un proyecto, cuyos resultados no son palpables, ni en las cifras, ni en las calles. Tampoco hay una rendición de cuentas ni una investigación oficial sobre el proyecto.