Andrea

Sobrevivir en el extranjero sin documentos y con el corazón roto

Un par de mantas acomodadas pulcramente en el piso y una frazada con la que se cubren del frío de junio, son los elementos indispensables para pasar el día en la calle.

Tres cubrebocas hacen el intento de protegerlos de la amenaza del virus que ha ido cobrando fuerza en el país, pero en la calzada la pandemia no da tregua y es difícil mantener las medidas básicas establecidas por las autoridades de salud: no hay agua, jabón, ni posibilidad de estar en aislamiento.

Pese a los peligros, aseguran sentirse más seguros allí, haciendo de la Arenales  y Junín su segundo hogar en Sucre, la capital constitucional de Bolivia.

Después de todo,  quedarse en casa no tiene sentido, cuando tuviste que abandonar la tuya.

“Como a todos, nos ha impulsado a salir la situación”, dice sin más preámbulos Andrea, mientras guarda debajo de las mantas una bolsa de plátanos que le acaba de entregar una joven, y que promete ser su abastecimiento para todo el día.

“Era cada vez más difícil, pero es más difícil estar en el extranjero”, agrega intentando disimular esa voz impregnada de nostalgia que se empieza a quebrar.

Se hace llamar simplemente Andrea, pues teme que su testimonio ponga más piedras a su camino; uno que ya se había complicado en marzo, cuando llegó al país apenas unos días antes de que se declarara la cuarentena con encapsulamiento total, provocando que todas las instituciones cerraran y  que en las calles fuese casi imposible ganarse unos pesos.

“Son muchos los motivos… yo soy madre y obviamente no voy a dejar que mi hijo muera de hambre”, explica sobre las dificultades en su Venezuela natal. Esta vez, a la voz quebrada, se suman borbotones de agua que empiezan a inundar sus pupilas.

Precisamente fue él, su hijo, quien la motivó a dejar su país.

Un mejor futuro para él valía el intento y aquel futuro que ella soñaba no era posible en la Venezuela de hoy.  Una Venezuela en la que dormir con la “tripa” vacía era el pan de cada día y en la que caminar por las calles daba miedo, por la creciente inseguridad que, a la fecha, posiciona al país entre los más peligrosos del mundo según la encuesta Ley y Orden Global de 2018.

“El salario mínimo es 400 soberanos al mes, mientras que un pollo cuesta 1000 soberanos”, dice evidenciando la difícil situación económica en su país. Pero el hambre no entiende de economía cuando tienes dos bocas que alimentar.

Fue así como a finales de 2018 decidió vender todo lo que tenía para dejar Maracaibo, “la tierra del sol amado”, y probar suerte en el extranjero; aunque reconoce que el camino ha sido difícil.

A pie. Así es como salió de su país, cargando su vida en un par de maletas y mochilas que su hijo, su pareja y ella, arrastraron durante meses con la esperanza de llegar a un lugar al que finalmente puedan llamar hogar.

Para quienes deciden migrar, la motivación no es solo personal, también piensan en quienes quedan allá, pues la mayoría de ellos sobreviven con el dinero que logran mandar sus familiares desde otros países.

“Yo tengo a mi papá, mis hermanos, mis sobrinos…” Andrea intenta continuar, pero no aguanta más. Se cubre con la mano lo poco que queda de su rostro a la vista a causa del barbijo, y se funde en un sollozo. “Es difícil… es difícil salir y estar en esto”, se limita a decir, buscando fuerzas para continuar.

Luego de haber pasado por Colombia, Perú y  en un intento fallido por ingresar a Chile, Andrea desvió su andar a Bolivia.

Sí, su andar, porque su “libertad”, como ella describe a esta búsqueda, es un camino que se labra con los pies.

“Tengo otro hijo que está allá”, dice refiriéndose a Chile, mientras acaricia la cabeza del menor, “el mayor se encuentra en Santiago junto a su padre”, agrega.

Hasta junio, eran seis meses los que Andrea llevaba sin ver a su primogénito, con quien esperaba reencontrarse en la capital chilena, pero no lograron ingresar al país a causa de los duros controles migratorios que ha implementado el país en 2019. Fue así que  optaron por desviarse hacia Bolivia, donde llegaron con las manos vacías y el corazón roto.

Su ingreso al país de la tricolor fue irregular. Explica que no tenían los documentos necesarios y tampoco el dinero que les pedían las autoridades migratorias, aunque tanto la visa humanitaria, la de turismo y la solicitud de refugio, no tienen costo para ellos.

Según explica el director regional de Migraciones en Chuquisaca, Tomás Urioste,  para ingresar al país de forma regular deben tener pasaporte vigente  y acceder a una visa de turismo, la cual, según indican inicialmente en esta oficina, tiene un costo aproximado de 160  Unidades de Fomento a la Vivienda –UFV- equivales a Bs 377. 

Los miembros de la Comunidad Andina-CAN-, del Mercado Común del Sur- Mercosur-, así como ciudadanos de Estados Unidos, estarían exentos de este pago.  Venezuela, al haber abandonado el Mercosur, no tendría este beneficio.

Sin embargo, unos minutos después suena el teléfono y aquella misma funcionaria que aseguraba que el costo de la visa de turismo para los venezolanos era de 160 UFV, aclara al director regional que éstos acceden a la misma de manera gratuita e inclusive pueden hacerlo presentando pasaportes vencidos, aunque esta última disposición se aprobó recién en agosto de este año.

Andrea, por su parte, no puedo acogerse a este beneficio, pues su ingreso al país fue en marzo, cuando la normativa aún no estaba vigente. En la frontera les exigían documentos vigentes y un elevado costo para el ingreso. La desinformación es moneda corriente y el cambio en las normas constante.

La información ofrecida a los migrantes y refugiados venezolanos varía de ciudad en ciudad y de frontera en frontera, lo cual dificulta el  acceso a una vía certera para poner en regla su situación.

Tras su ingreso irregular, la joven mujer apeló a una visa humanitaria, pues según información que le dieron las autoridades migratorias, podía acogerse a ésta para regularizar su situación y la de su familia.  

Desde Migraciones, una vez más, se contradicen asegurando que la visa humanitaria puede ser tramitada únicamente en la ciudad de La Paz, a través de la Comisión Nacional de Refugiados- Conare.

“Les dan una nota, una carta, un documento que les permite estar en el país en condición de refugiados por 60 días. Son unos requisitos muy sencillos y no tiene costo”, explica el funcionario.

“Eso les permite de alguna forma estar 60 días y generar algún recurso para después  hacer un trámite con migración”, asegura Urioste sobre la visa humanitaria.

En realidad, los requisitos mencionados por Urioste corresponden a la Resolución 242/2020, que permite la permanencia transitoria durante 60 días sin costo. Luego de ese tiempo, tienen un plazo inicial para encontrar trabajo y demostrar que no son una carga social para el Estado.

Posteriormente se puede optar a la permanencia con visas por estudio, trabajo, familia, o humanitaria.

De acuerdo a la Ley 370 de migraciones, la visa humanitaria mencionada anteriormente puede ser solicitada en cualquier punto de ingreso al país, así como en las oficinas de migración de cualquier departamento, entre otros.

Los extranjeros, según los fines de su visita, pueden solicitar una visa de turismo, de tránsito, de cortesía, humanitaria, de objeto determinado, de estudiante o múltiple.

Ya en el interior del país, pueden apelar a una permanencia temporal, permanente o indefinida, según la actividad que van a desarrollar en el país. También pueden solicitar el refugio.

Para los migrantes y refugiados, los caminos más “viables”, según las autoridades migratorias, son ingresar como turistas, para posteriormente cambiar su estado migratorio a través de una permanencia temporal. Otra de las opciones es solicitar una visa humanitaria, para luego tramitar una permanencia humanitaria o temporal o, caso contrario, solicitar el refugio ya que, según la definición de refugiado descrita en el Acuerdo de Cartagena, los venezolanos, en su mayoría, deben ser considerados refugiados.

De vuelta en las oficinas migratorias, Urioste asegura que tanto la permanencia humanitaria como la solicitud de refugio son trámites que se realizan ante la Conare, en la ciudad de La Paz. Nuevamente hay contradicciones entre lo que versa la Ley 370 y la información que brindan las autoridades.

El desconocimiento de los procesos como de la normativa, deja a los migrantes y refugiados en el limbo entre la burocracia y la expulsión, avivando sus vulnerabilidades.

Según información de la Agencia de la ONU para los Refugiados- ANUR– obtenida en base a la Ley 370. Los refugiados pueden realizar la solicitud de refugio en  la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), cualquier oficina o delegación de la Dirección General de Migración, en frontera, ante los puestos de control migratorio, reparticiones policiales o militares.

Eso sí, será la Conare la instancia que determine la aprobación o rechazo de dicha solicitud.

La mayoría de los migrantes venezolanos, como Andrea, desconocen la normativa migratoria. La realidad en las oficinas públicas tampoco es diferente, lo que deriva en que los migrantes venezolanos afronten la amenaza de la expulsión.

Ni refugio ni humanitaria: familiar

Ante las trabas para solicitar un refugio o permanencia humanitaria, a Andrea “le dijeron” que podía acceder a una permanencia familiar cuyo costo ascendía a los Bs 1400, pero de acuerdo a la Ley 370, la permanencia familiar es para extranjeros “que se encuentren en territorio boliviano por vínculos de parentesco consanguíneo, civil o de adopción, por dependencia económica, afinidad o por matrimonio, bajo solicitud debidamente fundada”.

Una vez más, la información a la que tuvo acceso, fue errónea.

Su mejor opción era apelar a una permanencia temporal de uno, dos o tres años, cuyo costo es de Bs 2232, Bs 2937 y Bs 3642 respectivamente.

En su caso, los montos se multiplicaban por tres. Juntar ese dinero en los 60 días otorgados en la Resolución 242 -asumiendo que se apegaban a ella- se le hacía imposible.

 “Se te parte el corazón de estar tirada aquí, pidiendo limosna, cuando eres profesional”, continúa la administradora de empresas, “pero no te dan la oportunidad para trabajar”.

Según explica, para tener una permanencia temporal tienes que demostrar ingresos o un trabajo, pero al mismo tiempo, para tener un puesto laboral, generalmente el empleador exige documentos al día, lo que resulta una contradicción para los solicitantes.

“¿A quién le gusta estar pidiendo en la calle?”, cuestiona. Sin embargo no tiene otra alternativa. Su pareja había empezado a vender dulces y “baratijas” para ganarse unos pesos, pero pronto la policía los amenazó con detenerlos si continuaban haciéndolo, pues no tenían permiso para trabajar en el país.

“¿Y qué hacemos entonces?”, vuelve a cuestionar la mujer. “Es mejor que mendigue”, fue la respuesta del oficial. Desde entonces, las calles son su segundo hogar y estirar la mano se ha convertido en su oficio.

Un oficio al que acude para pagar su hospedaje, alimentarse e intentar juntar los centavos restantes para el pago de los trámites.

De acuerdo a la Ley 370, uno de los requisitos par acceder a la permanencia temporal, es demostrar “solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada documentalmente. Excepto para la permanencia temporal humanitaria”.

Lo mismo ocurre en el caso de quienes se acogen a la Resolución 242, que aunque permite la estadía durante 60 días sin costo alguno, los migrantes deben conseguir empleo en ese plazo y demostrar que no son una carga para el Estado.

Según Urioste, vender dulces es considerado un trabajo y puede constar como tal en su declaración jurada de ingresos, la que debe estar acompañada de un informe socioeconómico realizado por una trabajadora social.

Sin embargo, este informe socioeconómico no aparece como requisito en  la Ley 370. Aunque puede que se trate de una de las “nuevas disposiciones”, este medio no pudo encontrar un documento que lo respalde. 

“Ellos, para sacar su visa, vienen y traen una declaración jurada y un certificado de trabajo, entonces se les puede dar”, insiste Urioste.

Para quienes no consiguen regularizar su situación a tiempo, hay un plazo de tres días para  apelar, caso contrario, su destino es la expulsión del país o, en términos legales, “el procedimiento administrativo de salida obligatoria”.

“Se les da una conminatoria y tres días para salir, si se los pilla a la siguiente, entonces se los lleva”, dice Urioste.

Lo que no explica la autoridad migratoria es que los migrantes tienen un plazo de tres días para impugnar la medida y, en caso de ser rechazada, hay otros tres días para interponer un recurso jerárquico.

Aquello que calla, por lo general, es lo que desconocen lo migrantes, quienes se resignan a su suerte.

Tras peregrinar entre las calles y las oficinas migratorias por partes iguales, Andrea, su pareja y su hijo, dejaron de frecuentar su lugar habitual en Arenales y Junín, después del encapsulamiento que inició en la ciudad de Sucre el 30 de julio de 2020. Una corazonada nos dice que partieron como llegaron: arrastrando sus bultos por la carretera, y con el corazón roto.

Una visa para la arepa venezolana

El sabor de la arepa venezolana se va apropiando de a poco de los paladares bolivianos, encontrando su lugar en la altura.

Carlos Ruiz es uno de los embajadores de la arepa venezolana en Bolivia. Él puso la masa a su mochila y salió de su país junto a su familia con destino a Chile, donde, al igual que Andrea, no los dejaron ingresar ante el endurecimiento de las medidas migratorias.

Sin suficientes recursos, la familia determinó subir miles de kilómetros para llegar a la fría frontera boliviana, donde probarían suerte.

Él hacía arepas y empanadas en su país, pero la crisis económica hizo que el precio de la materia prima se triplique, siendo mayor que su ingreso. “No había equivalencia”, confiesa a Verdad con Tinta, mientras su hijo cuida la caja con la mercadería que será ofertada en las calles de Tarija, en el sur de Bolivia.

Carlos cuenta que en su caso tuvo suerte, pues consiguió una persona boliviana que hizo de garante para la tramitación de su visa; algo que para la mayoría de los migrantes, como en el caso de Andrea, es imposible.

“Pudimos sacar una visa accesible de mil y algo”, recuerda con cierta calma.

Además de pagar la visa, debían depositar Bs 600 por cédula en el Servicio General de Identificación Personal (Segip). “Ese costo es para que te impriman un plástico”, critica todavía incrédulo.

A Ruiz no le termina de cuadrar el por qué los migrantes de otros países del continente que no sean del Mercado Común del Sur -Mercosur-, deban pagar por una visa de trabajo, con precios que van desde los mil hasta los tres mil bolivianos.

“Como si viniéramos de Arabia Saudita”, ironiza. 

Si el motivo de la visa es por trabajo, la persona debe tener un contrato laboral, certificado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen -FELCC-, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico -FELCN-, Rejap -Registro Judicial de Antecedentes Penales-, Policía Internacional -Interpol-, además de demostrar su lugar de residencia.

“Estos requisitos son difíciles de conseguir, por lo menos un contrato de trabajo, no puedes tener si estás de ilegal, ¡pero ellos te lo exigen!,”, reclama el venezolano. Su explicación coincide con la de Andrea, quien desde Sucre, hacía el mismo reclamo. Los protagonistas son diferentes, pero la historia se repite a lo largo y ancho del país.

La abogada tarijeña, Wara Salazar recuerda que un ciudadano venezolano había pagado antes de la cuarentena los Bs 600 que corresponden para hacer el trámite de su carnet en oficinas del Segip; sin embargo, no pudo terminar el proceso legal por las medidas de aislamiento impuestas desde el Gobierno Central.

Cuando las oficinas del Segip reabrieron sus puertas, este ciudadano venezolano trató de continuar su proceso, pero le indicaron que debía pagar nuevamente los Bs 600, porque el anterior ya había vencido. “Es un abuso”, dice cabizbajo aquel ciudadano.

Diego Ruiz indica que el año 2019 hubo maltratos que sufrieron sus compatriotas en las oficinas de Migraciones. 

“Hay muchas denuncias con el anterior gobierno, donde se dice que a  compatriotas míos les hicieron cosas malas”, recuerda tratando de ocultar sus ojos vidriosos con unas gafas oscuras.

Retenciones, encierros, insultos y una carta de expulsión, terminaban una cadena de maltratos en contra de estas personas. Diego tuvo la suerte de conseguir un garante. Una suerte que la mayoría no tuvo y que terminó desviando sus pasos hacia un nuevo rumbo.

Él mantiene el negocio familiar de las arepas. Tiene una conservadora que lleva en un carrito, unos cuantos cartones para la venta en la calle, los ingredientes y un pequeño superhéroe  vestido de Mario Bros listo para ayudarlo, con el que va saltando por las calles.

En la pequeña conservadora, Diego lleva arepas venezolanas y tapas para hacer empanadas. “Con esto pones el relleno, lo tapas y tienes tu propia empanada en cuestión de minutos”, dice a modo de promoción.

Él llegó a Tarija con sus dos hijos y su esposa, uno de ellos lo acompaña vestido de Mario Bros, aquel héroe bigotón que se hizo famoso gracias al Nintendo.

A Diego se lo ve por las calles del centro tarijeño con su pequeña conservadora que maneja acompañado de su niño, su “súper Mario”, quien le da ese gran salto de calidad y abre el camino entre cientos de obstáculos, en este caso…del juego de la vida.