Leyes del Rosquete y de campeonatos se impusieron a las productivas

Tan frágiles como la crema de la empanada blanqueada, así son las leyes protocolares que marcan una tendencia en la Asamblea tarijeña, pero no logran cambiar la vida de sus ciudadanos

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Mercedes Bluske y Jesús Vargas Villena

(Verdadcontinta-diciembre/2017) Un campeonato campesino que se consolide cada año con el aporte de Bs 20 mil de la Gobernación, la designación de instituciones meritorias a ligas provinciales de fútbol, la consolidación de nuevas industrias públicas como la fábrica de vidrio y cientos de nombramientos de “personalidades ilustres”, como leyes de declaraciones como la del rosquete,  priman en la agenda de la Asamblea.

Tres artículos tiene la Ley del Rosquete, en los que se insta al Gobierno Departamental a fomentar la preservación de este producto regional.

“La finalidad de la presente ley es la preservación, el fomento, el rescate, la revalorización, la difusión  y conservación del rosquete como patrimonio cultural”, dice en uno de sus artículos.

“La autonomía se hizo para cambiar la vida de la gente, para mejorar su situación, pero con estas leyes protocolares,  no habrá ningún cambio sustancial”, criticó el abogado y doctor en Derecho Autonómico, Freddy Esteban Ortuño Cassón.

La realidad es que los proyectos de ley presentados hace dos meses por la Agencia del Desarrollo a iniciativa del sector empresarial, ni siquiera entraron en agenda.

“Revisando la documentación, no entró ese proyecto”, confirmó el secretario de la Directiva de la Asamblea Departamental, Abel Guzmán Murguía.

“Hemos tenido muchos problemas con la Asamblea”, lamentó Farfán. “Presentar esta ley  a la Asamblea es como presentar la teoría de la relatividad a Einstein”, dijo irónicamente el delegado de la Agencia para el Desarrollo.

El proyecto de ley de diversificación económica productiva del departamento, fue elaborado por la Agencia del Desarrollo, contando con asesoramiento del sector empresarial, como también de expertos internacionales o financiadores.

Este proyecto tiene 3 capítulos y 50 artículos.

La finalidad de la norma es desarrollar el marco normativo de los regímenes de las asociaciones públicas privadas; de las empresas públicas departamentales de servicios; de la sociedad de inversiones para financiamiento de capital en empresas; del Fondo Fiduciario para la pre-inversión y del Fondo  de Estabilización como de previsión para el desarrollo.

Con este proyecto,  pretenden hacer alianzas estratégicas entre el sector público con el empresarial para dar un salto en el desarrollo productivo, dejando de ser una sociedad estatista, sino productiva.

El principal objetivo es que los recursos públicos, sirvan como una inyección al sector productivo, pero al mismo tiempo,  la administración de los principales servicios, esté en manos del privado, con el control del Estado, como ocurre en las grandes potencias mundiales.

Sin embargo, se contraponen a este proyecto, leyes como la de la creación de la fábrica de vidrios en la provincia Méndez.

“Por más que esté la Ley,  no hay cómo ejecutarla,  porque no existen los recursos”, indicó el delegado de la Agencia de Desarrollo, Oscar Farfán Mealla.

Este tipo de normativas van en contra de la lógica de una asociación estratégica entre el sector empresarial con el público. “Está comprobado que la empresa pública no ha dado buen resultado”, acotó.

La empresa pública generalmente depende de la autoridad y el partido de turno que llega a determinada institución, pesando por encima del debate técnico.

“Las leyes orgánicas son las que en la teoría del desarrollo autonómico se tienen que procurar”, explicó Ortuño, acotando que las declarativas son más un “show político”.

Dentro de las leyes declarativas,  se encuentra la del rosquete o de las nominaciones de personajes o instituciones meritorias, que desde la perspectiva del analista, no cambian el estilo de vida de las personas.

Las leyes orgánicas son aquellas que marcan una regulación,  modificando el estilo de vida de las personas.

También están las leyes financieras, que son aquellas que aprueban presupuestos o partidas que se requieren para la vida orgánica de las instituciones.

Ortuño  es asesor de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, donde asegura priman las leyes orgánicas, poniendo como ejemplo  las normas referidas a la salud.

Entre los resultados de los estudios que hizo sobre las leyes aprobadas en Santa Cruz,  pudo comprobar que el porcentaje de las leyes declarativas está por debajo a comparación de otros departamentos.

“Estamos hablando de un 70% contra un 30%, es decir, de una mayoría de leyes orgánicas; siendo algo bastante aceptable para el desarrollo autonómico”, aseguró.

Entre estas leyes efectivas están las que regulan la mejora de vida de la calidad de las personas. “En el tema de salud, hay normas que ordenan al ejecutivo aumentar los recursos para dar mayor atención en esta área”.  Entonces desde la Gobernación, en su presupuesto debe primar el destino de recursos al sector mencionado.

En Tarija, estaría ocurriendo lo contrario, con normativas que estarían generando un gasto a la región.

A eso, debe sumarse que la consolidación de la autonomía en sí, marca un gasto administrativo para el mantenimiento de la misma Asamblea de Bs 28,9 millones.

“La autonomía le está costando cara a Tarija”, refiere el analista. Sobre esta situación se buscó a la presidente de la Asamblea, Sara Armella Rueda, quien por sesiones y reuniones, no se dio tiempo para atendernos.

“Son las 12.00, a partir de esta hora no se atiende a nadie, debe saber de eso”, dijo uno de los policías en la puerta, indicando que el horario de oficina se cumple a cabalidad, aunque, las gestiones con la asambleísta,  fueron realizadas dos días atrás, buscándola en diferentes horas, donde los funcionarios indicaban en diferentes momentos que estaba “ocupada”.