Los funcionarios aprovecharon las leyes y mecanismos de la pandemia para comprar equipo, adjudicar contratos sin competencia y hacer pagos sin cumplir las normas
En Bolivia no todos los recursos económicos destinados a la emergencia sanitaria en el año 2020 fueron a cubrir las necesidades en el área de salud. En Tarija, las facilidades normativas habilitadas en ese periodo en compras directas sin fiscalización permitieron la adquisición de costosos equipos para dos fábricas: de néctares y de politubos que hasta la fecha no funcionan.
“Reactivación productiva de las economías locales-covid”, es el nombre del programa que utilizó recursos del presupuesto departamental de emergencia para el coronavirus en Tarija, Bolivia en el año 2020, para la compra de un equipo de proceso para la producción de jugos y de extrusoras para la producción de politubos.
El primer equipo adquirido es para el proceso de producción de jugos y néctares, según especifica el contrato.
En el segundo caso, se adquirieron extrusoras que son máquinas industriales que aplican presión sobre medios sólidos y viscosos para forzar su paso a través de la abertura de una boquilla.
La extrusión o trefilado, es una tecnología utilizada para producir todo tipo de productos. En este caso, según el contrato, estas máquinas servirían para la producción de politubos que se convierten en un tipo de tuberías flexibles.
Al hacer una revisión a los datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se detectaron algunos contratos de Tarija que fueron utilizados en adquisiciones directas con el presupuesto de emergencia por la pandemia de covid-19 que no tenía relación con la emergencia sanitaria.
El Gobierno Departamental de Tarija no solo adquirió insumos o equipos médicos por la emergencia de la pandemia con los recursos destinados a la pandemia de covid-19, también compró de forma directa maquinaria que no tiene ninguna relación con el tema sanitario, como son las extrusoras y el equipo de producción de néctares.
Estos datos fueron extraídos del Sicoes por el Lab TecnoSocial y subidos a la plataforma Contratos Abiertos, utilizando una metodología de filtros que es explicada en este enlace y que ha permitido encontrar diversas irregularidades en el gasto público durante la emergencias sanitaria.
Adquisiciones con presupuesto covid, pero sin relación con la emergencia sanitaria
“Crisis” fue la palabra más recurrente en los discursos de Adrián Oliva Alcázar y sus colaboradores en su gestión como gobernador de Tarija entre 2015 y 2021. El término tomó más fuerza en la emergencia sanitaria, el cual sirvió de argumento para una serie de adquisiciones que no permitían ningún tipo de cuestionamiento, pues se tomaba como “atentatorio” a la salud.
Pasado el periodo “atentatorio”, el argumento de la administración de Adrián Oliva Alcázar, fue que las fábricas formaban parte del plan de “reactivación económica”, tomando en cuenta el daño que habían sufrido los productores locales por la cuarentena.
Este plan fue presentado para combatir la crisis económica en la región. El mismo contaba con cuatro ejes: el primero estaba vinculado con el salvataje con programas de empleo temporal; el segundo con la seguridad alimentaria; el tercero con la competitividad y el cuarto con la atracción de inversión privada en las alianzas público privadas.
Para el sector empresarial, este plan debía disminuir el gasto público y diversificar los ingresos fiscales, pero eso no ocurrió.
Las compras fueron realizadas dentro del “Programa departamental previsión para la reactivación productiva de las economías locales-covid”.
El programa dependiente de la Secretaría de Desarrollo tenía como fin reactivar la economía en periodo de emergencia con apoyo centrado a los productores locales.
El principal sustento era la Ley 409 “de reactivación económica, salvataje financiero y apoyo a la salud” que fue promulgada en junio de 2020.
Algunos insumos de estas fábricas que se pretendían hacer estuvieron desde noviembre de 2020 hasta mediados de 2022 en depósitos de la Aduana Nacional. Dos años desde la emergencia sanitaria.
Para el equipo de proceso de la planta procesadora de jugos y néctares, el Gobierno Departamental de Tarija invirtió Bs 91 mil (13 mil dólares), según establece el contrato del 30 de noviembre de 2020.
El documento de compra indica que este equipo es para la producción de jugos de fruta, aceites esenciales y néctares.
El segundo caso es de máquinas extrusoras con un costo de Bs 82 980 (12 mil dólares aproximadamente), mismas que sirven para montar una fábrica de producción de politubos, según indica el contrato del 30 de noviembre de 2020.
Las compras se hicieron de manera directa con recursos de la emergencia sanitaria por medio de las secretarías de Desarrollo Productivo y de Economía que estaban a la cabeza de Lily Morales y Manuel Figueroa de los Ríos respectivamente.
El exsecretario de Economía Manuel Figueroa respondió a Verdad con Tinta que él solo firmaba los contratos que eran aprobados por las secretarías, en este caso de Desarrollo Productivo. Dijo desconocer el uso de estos equipos, solo que se regían dentro de las normativas que permitían este tipo de compras en el periodo de la emergencia sanitaria.
¿Dónde están las fábricas de politubos y néctares?
“No están en funcionamiento”, fue la primera respuesta que recibió el equipo de Verdad con Tinta cuando visitó las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija.
En la visita a las fábricas se encontraron dos galpones blancos de 10 x 52 metros con las puertas cerradas con candado y de paredes enchapadas de seis metros de alto. Una se encuentra en la comunidad de Muturayo y otra en Calamuchita.
La fábrica de néctares se encuentra en medio de la zona de La Ventolera en un sitio descampado, lleno de tierra, cerca de la carretera nacional N 1 que une al país con la Argentina.
El fuerte silbido del viento retumba en la oreja del visitante. Alrededor solo se encuentran desparramadas algunas partes no utilizadas en la construcción del galpón. El sitio es impenetrable.
“Recién llevaron algunas máquinas”, dice uno de los comunarios consultados, quien no sabe responder quién tiene las llaves del lugar.
Tras consultar en diferentes casas, nos indican que el dirigente de las seis comunidades de la zona tiene las llaves de ambas fábricas, pero el hombre no pudo ser ubicado.
Imágenes de la Planta Procesadora de Jugos y Néctares, ubicada en Muturayo, La Ventolera
La planta de politubos se encuentra en la comunidad de Calamuchita, en un pequeño monte erosionado, de donde se tiene una vista envidiable del poblado y los cultivos de vid.
La situación es similar a la de néctares, sus puertas están cerradas con pequeños candados.
Por un estrecho espacio entre la puerta pudimos divisar la fábrica por dentro. La mayoría del espacio del interior se encuentra vacío y en el fondo, hay un cúmulo de cajas y bolsas.
Imágenes de la Planta de Politubos, ubicada en la comunidad de Calamuchita
No solo es la curiosidad que ambas fábricas adquirieron maquinaria que no tenían relación con la emergencia sanitaria, sino que también eran parte de un programa que venía antes de la pandemia.
Las fábricas eran parte del Programa Solidario Comunal (Prosol), el cual se rige bajo una ley departamental que consiste en la entrega de recursos de la Gobernación tarijeña a comunidades campesinas para la ejecución de proyectos productivos.
El entonces gobernador Adrián Oliva resaltaba que los proyectos habían sido encarados por las comunidades con recursos del Prosol y una contraparte de la Gobernación, aunque no había aclarado que parte de estos fondos venían del presupuesto de emergencia sanitaria por covid-19.
“Son fábricas que no tenían desde un principio un estudio económico, de mercado, no sabían cuánto iba a ser el costo de producción, no sabían si los precios del producto iban a ser competitivos o no”, describe Norman Lazarte Calisaya, quien es el actual director del Prosol.
El director departamental del Prosol cree que estos proyectos han sido pensados “para beneficiar a algunas personas”, porque desde un inicio no tuvieron un norte claro.
Norman Lazarte no solo confirmó que estas fábricas no están en funcionamiento, sino que no cuentan con todos los implementos. Hubo compras que fueron paralizadas por una auditoría interna y otros equipos que aún se encuentran en depósitos aduaneros al hallarse una serie de irregularidades en su transporte. Lo que impide que las fábricas entren en funcionamiento y ayuden a la “reactivación económica”.
En su informe de gestión presentado el año 2021, el entonces gobernador Adrián Oliva indicaba que estas fábricas eran parte del “nuevo modelo productivo del departamento”.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
Si bien, en los medios de comunicación locales y las propias publicaciones de la Gobernación se mostraban imágenes del gobernador junto a los equipos, lo cierto es que estas fábricas nunca han funcionado.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
En la Asamblea Departamental de Tarija también se encontraron irregularidades en este tipo de contratos.
“Si bien se promulgaron decretos departamentales para hacer este tipo de compras en ese periodo, las mismas debían regirse a la emergencia de covid y creo que este no es el caso”, analizó el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, quien forma parte de la bancada de Unidos para Renovar (Unir), actual frente gobernante.
Al ver los contratos, Mauricio Lea Plaza considera que puede ser una situación que requiere investigación, pues se develan faltas “muy graves”.
El asambleísta Lea Plaza, quien fue uno de los principales opositores a la gestión de Adrián Oliva, se refiere a estas fábricas como “fantasmas” porque nunca terminaron de ser montadas, aunque en este caso, son dos elefantes blancos porque sí existen, pero nunca entraron en funcionamiento.
Pero las irregularidades no solo tienen que ver con la falta de insumos o que las adquisiciones no tengan relación con la emergencia sanitaria, también hay pagos que han sido efectuados sin contratos, ni sustento para el transporte de estos equipos.
La actual administración del Prosol reveló a Verdad con Tinta que, en la adquisición de uno de los equipos para la planta procesadora de néctares, está establecido el traslado desde el sitio de fabricación en Taiwán hasta Tarija; pero a la vez, existe un pago extra a una empresa para que realice el transporte por un monto de 18 mil dólares aproximadamente.
“Mágicamente aparece otra empresa de logística, a la cual se le paga más de Bs 125 000 (18.345 dólares)”, dice el director del Prosol, quien agrega que el dinero fue entregado desde la Gobernación sin un contrato, ni una factura.
Verdad con Tinta solicitó al director del Prosol Norman Lazarte un documento que pruebe este pago, pero respondió que la nueva administración gubernamental se enteró por la propia empresa beneficiada, cuando esta quiso hacer un nuevo cobro para sacar de la Aduana los equipos.
¿Quién pidió las fábricas?
Uno de los dirigentes de Muturayo Vidal Sagredo reveló a Verdad con Tinta que ambas fábricas no fueron propuestas por los pobladores, pese a que el Prosol establece que los proyectos deben ser iniciativas de las comunidades.
“Prácticamente nos las impusieron, nos dijeron que nos convenía y que, si no aceptábamos, no nos iban a aprobar las carpetas del Prosol”.
En la visita a las comunidades de Calamuchita y Muturayo donde se encuentran ambas fábricas, los comunarios indicaron que las mismas fueron propuestas por las propias autoridades de la Gobernación. Las negociaciones en ese entonces eran lideradas por el secretario de Desarrollo Productivo Fernando Barrientos, quien falleció en 2020.
Para recibir el beneficio del Prosol, las comunidades deben tener sus carpetas aprobadas por la Gobernación. Vidal agrega que, en este caso, les advirtieron que, si no proponían estos proyectos, no les aprobarían sus carpetas.
Cada carpeta tiene las propuestas de desarrollo de la comunidad.
Las casas en Muturayo están alejadas de la fábrica, la cual permanece sola en medio de un fuerte cruce de viento en un pequeño monte, visible desde el poblado, desde la carretera, pero siempre con las puertas cerradas.
La zona es productora de cítricos y de vid, lo que abre una esperanza en que esta fábrica alguna vez pueda operar y generar movimiento económico, aunque, los mismos comunarios reconocen que no saben cómo la van a manejar, porque tampoco existen técnicos especializados en el manejo de ese tipo de equipos.
La situación en la otra fábrica es similar, con las puertas cerradas con candado. También se encuentra en un pequeño monte de tierra en la comunidad de Calamuchita, en el valle central de Tarija.
La mirada de los pobladores de Calamuchita es más discreta, no conocen a cabalidad la funcionalidad ni cómo pueda operarse la planta de politubos. Además, son conscientes que esta fábrica no tiene todos los equipos requeridos para entrar en funcionamiento. Un elefante blanco.
Reportaje Realizado Por:
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Desarrollo, Diseño y Edición de Video
Eduardo Ávila Sánchez
