Los funcionarios aprovecharon las leyes y mecanismos de la pandemia para comprar equipo, adjudicar contratos sin competencia y hacer pagos sin cumplir las normas
Por: Jesús Vargas Villena y Mercedes Bluske Moscoso
En Bolivia no todos los recursos económicos destinados a la emergencia sanitaria en el año 2020 fueron a cubrir las necesidades en el área de salud. En Tarija, las facilidades normativas habilitadas en ese periodo en compras directas sin fiscalización permitieron la adquisición de costosos equipos para dos fábricas: de néctares y de politubos que hasta la fecha no funcionan.
“Reactivación productiva de las economías locales-covid”, es el nombre del programa que utilizó recursos del presupuesto departamental de emergencia para el coronavirus en Tarija, Bolivia en el año 2020, para la compra de un equipo de proceso para la producción de jugos y de extrusoras para la producción de politubos.
El primer equipo adquirido es para el proceso de producción de jugos y néctares, según especifica el contrato.
Planta para procesar jugos industriales (Imagen Referencial)
En el segundo caso, se adquirieron extrusoras que son máquinas industriales que aplican presión sobre medios sólidos y viscosos para forzar su paso a través de la abertura de una boquilla.
La extrusión o trefilado, es una tecnología utilizada para producir todo tipo de productos. En este caso, según el contrato, estas máquinas servirían para la producción de politubos que se convierten en un tipo de tuberías flexibles.
Politubos o tuberías flexibles. (Imagen referencial)
Al hacer una revisión a los datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), se detectaron algunos contratos de Tarija que fueron utilizados en adquisiciones directas con el presupuesto de emergencia por la pandemia de covid-19 que no tenía relación con la emergencia sanitaria.
El Gobierno Departamental de Tarija no solo adquirió insumos o equipos médicos por la emergencia de la pandemia con los recursos destinados a la pandemia de covid-19, también compró de forma directa maquinaria que no tiene ninguna relación con el tema sanitario, como son las extrusoras y el equipo de producción de néctares.
Estos datos fueron extraídos del Sicoes por el Lab TecnoSocial y subidos a la plataforma Contratos Abiertos, utilizando una metodología de filtros que es explicada en este enlace y que ha permitido encontrar diversas irregularidades en el gasto público durante la emergencias sanitaria.
Adquisiciones con presupuesto covid, pero sin relación con la emergencia sanitaria
“Crisis” fue la palabra más recurrente en los discursos de Adrián Oliva Alcázar y sus colaboradores en su gestión como gobernador de Tarija entre 2015 y 2021. El término tomó más fuerza en la emergencia sanitaria, el cual sirvió de argumento para una serie de adquisiciones que no permitían ningún tipo de cuestionamiento, pues se tomaba como “atentatorio” a la salud.
Pasado el periodo “atentatorio”, el argumento de la administración de Adrián Oliva Alcázar, fue que las fábricas formaban parte del plan de “reactivación económica”, tomando en cuenta el daño que habían sufrido los productores locales por la cuarentena.
Este plan fue presentado para combatir la crisis económica en la región. El mismo contaba con cuatro ejes: el primero estaba vinculado con el salvataje con programas de empleo temporal; el segundo con la seguridad alimentaria; el tercero con la competitividad y el cuarto con la atracción de inversión privada en las alianzas público privadas.
Para el sector empresarial, este plan debía disminuir el gasto público y diversificar los ingresos fiscales, pero eso no ocurrió.
Las compras fueron realizadas dentro del “Programa departamental previsión para la reactivación productiva de las economías locales-covid”.
El programa dependiente de la Secretaría de Desarrollo tenía como fin reactivar la economía en periodo de emergencia con apoyo centrado a los productores locales.
El principal sustento era la Ley 409 “de reactivación económica, salvataje financiero y apoyo a la salud” que fue promulgada en junio de 2020.
Algunos insumos de estas fábricas que se pretendían hacer estuvieron desde noviembre de 2020 hasta mediados de 2022 en depósitos de la Aduana Nacional. Dos años desde la emergencia sanitaria.
Para el equipo de proceso de la planta procesadora de jugos y néctares, el Gobierno Departamental de Tarija invirtió Bs 91 mil (13 mil dólares), según establece el contrato del 30 de noviembre de 2020.
El documento de compra indica que este equipo es para la producción de jugos de fruta, aceites esenciales y néctares.
Contrato de la compra de un equipo de proceso para la planta de jugos y néctares.
El segundo caso es de máquinas extrusoras con un costo de Bs 82 980 (12 mil dólares aproximadamente), mismas que sirven para montar una fábrica de producción de politubos, según indica el contrato del 30 de noviembre de 2020.
Contrato de adquisición de máquinas extrusoras para la planta de politubos.
Las compras se hicieron de manera directa con recursos de la emergencia sanitaria por medio de las secretarías de Desarrollo Productivo y de Economía que estaban a la cabeza de Lily Morales y Manuel Figueroa de los Ríos respectivamente.
El exsecretario de Economía Manuel Figueroa respondió a Verdad con Tinta que él solo firmaba los contratos que eran aprobados por las secretarías, en este caso de Desarrollo Productivo. Dijo desconocer el uso de estos equipos, solo que se regían dentro de las normativas que permitían este tipo de compras en el periodo de la emergencia sanitaria.
¿Dónde están las fábricas de politubos y néctares?
“No están en funcionamiento”, fue la primera respuesta que recibió el equipo de Verdad con Tinta cuando visitó las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija.
En la visita a las fábricas se encontraron dos galpones blancos de 10 x 52 metros con las puertas cerradas con candado y de paredes enchapadas de seis metros de alto. Una se encuentra en la comunidad de Muturayo y otra en Calamuchita.
La fábrica de néctares se encuentra en medio de la zona de La Ventolera en un sitio descampado, lleno de tierra, cerca de la carretera nacional N 1 que une al país con la Argentina.
El fuerte silbido del viento retumba en la oreja del visitante. Alrededor solo se encuentran desparramadas algunas partes no utilizadas en la construcción del galpón. El sitio es impenetrable.
“Recién llevaron algunas máquinas”, dice uno de los comunarios consultados, quien no sabe responder quién tiene las llaves del lugar.
Tras consultar en diferentes casas, nos indican que el dirigente de las seis comunidades de la zona tiene las llaves de ambas fábricas, pero el hombre no pudo ser ubicado.
Imágenes de la Planta Procesadora de Jugos y Néctares, ubicada en Muturayo, La Ventolera
La planta de politubos se encuentra en la comunidad de Calamuchita, en un pequeño monte erosionado, de donde se tiene una vista envidiable del poblado y los cultivos de vid.
La situación es similar a la de néctares, sus puertas están cerradas con pequeños candados.
Por un estrecho espacio entre la puerta pudimos divisar la fábrica por dentro. La mayoría del espacio del interior se encuentra vacío y en el fondo, hay un cúmulo de cajas y bolsas.
Imágenes de la Planta de Politubos, ubicada en la comunidad de Calamuchita
No solo es la curiosidad que ambas fábricas adquirieron maquinaria que no tenían relación con la emergencia sanitaria, sino que también eran parte de un programa que venía antes de la pandemia.
Las fábricas eran parte del Programa Solidario Comunal (Prosol), el cual se rige bajo una ley departamental que consiste en la entrega de recursos de la Gobernación tarijeña a comunidades campesinas para la ejecución de proyectos productivos.
El entonces gobernador Adrián Oliva resaltaba que los proyectos habían sido encarados por las comunidades con recursos del Prosol y una contraparte de la Gobernación, aunque no había aclarado que parte de estos fondos venían del presupuesto de emergencia sanitaria por covid-19.
“Son fábricas que no tenían desde un principio un estudio económico, de mercado, no sabían cuánto iba a ser el costo de producción, no sabían si los precios del producto iban a ser competitivos o no”, describe Norman Lazarte Calisaya, quien es el actual director del Prosol.
El director departamental del Prosol cree que estos proyectos han sido pensados “para beneficiar a algunas personas”, porque desde un inicio no tuvieron un norte claro.
Norman Lazarte no solo confirmó que estas fábricas no están en funcionamiento, sino que no cuentan con todos los implementos. Hubo compras que fueron paralizadas por una auditoría interna y otros equipos que aún se encuentran en depósitos aduaneros al hallarse una serie de irregularidades en su transporte. Lo que impide que las fábricas entren en funcionamiento y ayuden a la “reactivación económica”.
En su informe de gestión presentado el año 2021, el entonces gobernador Adrián Oliva indicaba que estas fábricas eran parte del “nuevo modelo productivo del departamento”.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
La comunidad de Muturayo donde está la planta de néctares se encuentra a 36.7 kilómetros de distancia de la ciudad de Tarija.
La distancia entre la comunidad de Calamuchita y la ciudad de Tarija es de 32.5 kilómetros. En esta zona se encuentra la planta de politubos. Imágenes: Google Maps.
Si bien, en los medios de comunicación locales y las propias publicaciones de la Gobernación se mostraban imágenes del gobernador junto a los equipos, lo cierto es que estas fábricas nunca han funcionado.
En ese informe resaltó la puesta en marcha de seis fábricas, entre esas la planta de producción de jugos de uvas y néctares sin azúcar en la comunidad de Muturayo y la planta de producción de tubería de alta densidad en la comunidad de Calamuchita, ambos en el valle central del departamento de Tarija.
En enero de 2021 se publicaron imágenes del gobernador Adrián Oliva junto a los equipos en la fábrica de politubos. Imagen publicada por la Gobernación y replicada en diferentes medios.
En la Asamblea Departamental de Tarija también se encontraron irregularidades en este tipo de contratos.
“Si bien se promulgaron decretos departamentales para hacer este tipo de compras en ese periodo, las mismas debían regirse a la emergencia de covid y creo que este no es el caso”, analizó el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, quien forma parte de la bancada de Unidos para Renovar (Unir), actual frente gobernante.
Al ver los contratos, Mauricio Lea Plaza considera que puede ser una situación que requiere investigación, pues se develan faltas “muy graves”.
El asambleísta Lea Plaza, quien fue uno de los principales opositores a la gestión de Adrián Oliva, se refiere a estas fábricas como “fantasmas” porque nunca terminaron de ser montadas, aunque en este caso, son dos elefantes blancos porque sí existen, pero nunca entraron en funcionamiento.
El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza al revisar los contratos para la adquisición de estos equipos.
Pero las irregularidades no solo tienen que ver con la falta de insumos o que las adquisiciones no tengan relación con la emergencia sanitaria, también hay pagos que han sido efectuados sin contratos, ni sustento para el transporte de estos equipos.
La actual administración del Prosol reveló a Verdad con Tinta que, en la adquisición de uno de los equipos para la planta procesadora de néctares, está establecido el traslado desde el sitio de fabricación en Taiwán hasta Tarija; pero a la vez, existe un pago extra a una empresa para que realice el transporte por un monto de 18 mil dólares aproximadamente.
“Mágicamente aparece otra empresa de logística, a la cual se le paga más de Bs 125 000 (18.345 dólares)”, dice el director del Prosol, quien agrega que el dinero fue entregado desde la Gobernación sin un contrato, ni una factura.
Verdad con Tinta solicitó al director del Prosol Norman Lazarte un documento que pruebe este pago, pero respondió que la nueva administración gubernamental se enteró por la propia empresa beneficiada, cuando esta quiso hacer un nuevo cobro para sacar de la Aduana los equipos.
Norman Lazarte Calisaya, actual director del Prosol.
¿Quién pidió las fábricas?
Uno de los dirigentes de Muturayo Vidal Sagredo reveló a Verdad con Tinta que ambas fábricas no fueron propuestas por los pobladores, pese a que el Prosol establece que los proyectos deben ser iniciativas de las comunidades.
“Prácticamente nos las impusieron, nos dijeron que nos convenía y que, si no aceptábamos, no nos iban a aprobar las carpetas del Prosol”.
En la visita a las comunidades de Calamuchita y Muturayo donde se encuentran ambas fábricas, los comunarios indicaron que las mismas fueron propuestas por las propias autoridades de la Gobernación. Las negociaciones en ese entonces eran lideradas por el secretario de Desarrollo Productivo Fernando Barrientos, quien falleció en 2020.
Para recibir el beneficio del Prosol, las comunidades deben tener sus carpetas aprobadas por la Gobernación. Vidal agrega que, en este caso, les advirtieron que, si no proponían estos proyectos, no les aprobarían sus carpetas.
Cada carpeta tiene las propuestas de desarrollo de la comunidad.
Las casas en Muturayo están alejadas de la fábrica, la cual permanece sola en medio de un fuerte cruce de viento en un pequeño monte, visible desde el poblado, desde la carretera, pero siempre con las puertas cerradas.
La zona es productora de cítricos y de vid, lo que abre una esperanza en que esta fábrica alguna vez pueda operar y generar movimiento económico, aunque, los mismos comunarios reconocen que no saben cómo la van a manejar, porque tampoco existen técnicos especializados en el manejo de ese tipo de equipos.
La situación en la otra fábrica es similar, con las puertas cerradas con candado. También se encuentra en un pequeño monte de tierra en la comunidad de Calamuchita, en el valle central de Tarija.
Parte del piso desgastado de la planta de politubos.
La mirada de los pobladores de Calamuchita es más discreta, no conocen a cabalidad la funcionalidad ni cómo pueda operarse la planta de politubos. Además, son conscientes que esta fábrica no tiene todos los equipos requeridos para entrar en funcionamiento. Un elefante blanco.
Reportaje Realizado por:
Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena
Desarrollo, Diseño y Edición de Video
Eduardo Ávila Sánchez
Debido a la vulnerabilidad de los controles fronterizos y a las negociaciones que se establecen en las rutas de transporte, el contrabando ha encontrado en Bolivia más formas de expandirse afectando a industrias clave para el desarrollo productivo local del vino, harina y cerveza. El crimen organizado se ha fortalecido.
Por: Jesús Vargas Villena y Mercedes Bluske Moscoso
“No saques el celular que están armados”, dice en voz baja el hombre que hace las veces de guía, después de pasar un amplio portón de calamina, mientras su mirada se dirige a los cinco tipos que están en ronda a escasos metros, charlando, mirando, pero especialmente…vigilando.
Este es uno de los 120 pasos ilegales identificados a lo largo de las fronteras bolivianas. En el sur del país hay más de 50 y se encuentran por la quebrada Internacional que separa a Bolivia de Argentina. De un lado está la población de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, mientras que a tan solo unos metros, el poblado argentino de Salvador Mazza en la provincia argentina de Salta.
La vegetación bordea el sendero por donde pasan a diario miles de personas de forma ilegal, en un camino totalmente transitable. Un vigilante con gorra y camiseta roja mira con atención a cada uno de los peatones. Ahí está prohibido sacar el teléfono celular o una cámara. Su tarea es evitar que quede algún registro que pueda comprometer su actividad. Para ello, no dudan en pedir el celular a los peatones.
El hombre se encuentra a mitad del camino, al borde de la quebrada, llevando un arma de fuego guardada en la cintura, aunque levemente visible para el caminante.
El sendero lleva por la quebrada hasta la puerta trasera de un domicilio, que siempre está abierta dando paso a un patio donde aún se ve colgada la ropa en el tendedero. Hay dos perros durmiendo sobre cartones y una mesa cerca al baño. La casa es como cualquier otra, pero con la particularidad de que por ella pasan miles de personas.
Estos domicilios son conocidos como casas binacionales, debido a su estratégica posición para transitar de un país a otro. En la mesa están los dos dueños, quienes cobran el derecho de paso a los improvisados viajeros. “37 pesos”, dicen al alargar la mano. El monto equivale a 2 bolivianos o 0,28 dólares. Se puede pagar en moneda boliviana o argentina, lo importante para ellos es cobrar.
Los dueños de casa solo se encargan de la lucrativa recaudación, considerando que pasan hasta 500 personas al día, pueden recaudar alrededor de 1000 bolivianos o 143,68 dólares, pero hay todo un equipo de centinelas que hace un control en cada uno de estos pasos.
Del lado argentino, a escasos metros de la casa y en una calle llena de galpones, se encuentra la oficina policial de Salvador Mazza, donde sus oficiales son testigos del movimiento ilegal, sin decir ni hacer nada. A lado, unos hombres descargan productos que ingresan por contrabando a Bolivia. Al frente, ocurre lo mismo con otro camión. El silencio se hace cómplice.
Situación similar ocurre en la misma frontera, pero en los límites del río Bermejo, a 194 kilómetros de Pocitos aproximadamente.
“Nosotros no tenemos un día normal, no dependemos de un horario, dependemos de una demanda de clientela y de un producto”, responde “El Diablo”, uno de los transportistas de mercadería que cruza ilegalmente por el río Bermejo.
El “Diablo” encabeza una de las asociaciones que transporta mercadería por medio de los denominados “gomones”, es decir grandes gomas de neumático que sirven como botes de carga.
El argumento del “Diablo” es que del lado boliviano no hay industrias, pero sí la necesidad de satisfacer el consumo de la población. Dice que trabaja independiente y que es parte de una asociación que espera sacar su personería jurídica.
Contrabando de vino sobre el río Bermejo por medio de botes improvisados de gomas. Crédito: Maura Quispe Castro.
Se muestra expectante tras haber sostenido reuniones con representantes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. “Ya tenemos la documentación adelantada”, agrega sobre el trámite para legalizar su organización, que cuenta con 40 socios.
El acuerdo es que estas asociaciones dejen de utilizar las gomas como vehículo de transporte y las cambien por botes que cumplan las condiciones mínimas de seguridad, aunque llamativamente no establece ningún tipo de prohibición para el tráfico de productos de contrabando.
Como en Salvador Mazza, la mercadería ilegal pasa por el río Bermejo sobre las gomas a simple vista del puente internacional donde se encuentran las oficinas fronterizas de ambos países.
En la otra orilla está Ángel C., quien también encabeza una asociación de transporte fluvial, que lleva personas y mercadería desde Bermejo del lado boliviano hacia el argentino. Su organización tiene 45 socios y también espera obtener la personería jurídica.
Ángel argumenta que en el municipio de Bermejo, entre un 70 a 80% de la población vive del comercio informal. Recuerda que su hijo trabajaba en la zafra azucarera, pero que la crisis de esta industria en la región dejó a cientos de personas sin trabajo, entre ellas a su familia. “Esta es la situación que lleva a mucha gente a arriesgarse”.
“Esa gente es abandonada por nuestras autoridades, no se les da nada, entonces, no nos queda otro camino más que recurrir al trabajo este que lo tenemos a mano, porque es una frontera”, complementa. No tiene un horario fijo, depende de los “clientes”, dice, aunque generalmente hace el transporte de productos entre las 6.00 y las 15.00.
Ambos transportistas pusieron como ejemplo la planta procesadora de cítricos de Bermejo, la cual fue construida el año 2012, demandó una inversión estatal de 76 millones de bolivianos, equivalentes a casi 11 millones de dólares, y hasta la fecha no entró en funcionamiento. “No hay industria ni trabajo, todo está frenado”, indica uno de ellos.
Para la activista Clemencia Romero el microcontrabando se ha convertido en una forma de subsistencia en esta región ante la falta de incentivos para los diferentes rubros de la economía, pese a que la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija ha sido una de las más beneficiadas con el boom de los hidrocarburos desde el año 2006 a la fecha.
“De esa plata nadie sabe cuál ha sido el destino, las autoridades la administran, pero el comercio es lo que mantiene a Yacuiba”. Romero indica en cada familia de Yacuiba, “por lo menos hay un comerciante que se dedica a la venta de contrabando”.
Las calles de Yacuiba colmadas por el comercio informal. Crédito: Jesús Vargas Villena
Las calles de Bermejo y Yacuiba, en el sureño departamento de Tarija, están colmadas por el comercio informal. Toldos, maniquíes y cajas de cerveza, están al paso del peatón por las veredas; la mayoría cubiertas del sol por nylon o plástico azul que evite el desgaste de los productos.
Según Migraciones de Bolivia, el flujo migratorio regular que pasa por Bermejo de manera legal, es de 3.500 personas por día. Se considera que un número similar o mayor de personas, usa los pasos ilegales.
El paso migratorio legal suele elevarse por encima de los 100 bolivianos, unos 14,37 dólares, para cumplir con los diferentes trámites. Si una persona pasará en vehículo, el costo sube dependiendo el tipo y cargamento que lleva, además, el trámite es más moroso.
20 piscinas olímpicas llenas de bebidas de contrabando
Un estudio realizado en 2019 por Euromonitor International señala que en Bolivia se consume anualmente 669.664,1 hectolitros en bebidas alcohólicas ilegales, lo que representa un volumen cercano a 20 piscinas olímpicas llenas. Para obtener el dato se toma en cuenta que una piscina olímpica mide 50 metros de largo, 25 de ancho y tiene 2,7 de profundidad.
Del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, el 68,6% proviene del contrabando. De ese total, la cerveza representa el 77,9%.
El contrabando, además de significar cuantiosas pérdidas para la industria boliviana, representa una caída importante en recaudaciones para el Estado. De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solo el sector de alimentos y bebidas genera pérdidas que alcanzan los 551 millones de dólares. El impacto en el producto interno bruto (PIB) es del 3,5%.“Además hay una evasión fiscal de al menos 150 millones de dólares”, explica Ían Miranda y agrega, que el impacto fiscal directo ronda los 359 millones de dólares.
El contrabando también se ha convertido en una amenaza para el empleo en el país, poniendo en riesgo 125 mil puestos de trabajo en el territorio nacional. Esta situación se ha empezado a sentir en las zonas productoras del país como Tarija, que concentra el 75% de los cultivos de vid a nivel nacional.
“El sector genera alrededor de 5000 empleos directos y permanentes tanto en bodega como en campo; sin embargo, son cerca de 3000 o 3500 familias que se benefician del cultivo”, detalla el gerente de ANIV, Fernando Galarza Castellanos.
Pese a la importancia de este cultivo para la economía de la región, Fernando explica que “muchos” productores empezaron a sustituir el cultivo de vid por otros, ante la baja en la demanda de uva a causa del contrabando y la pandemia.
Según describe el representante del sector vitivinícola, si bien Bolivia tiene una capacidad de producir 28 millones de litros de vino, en los últimos años solo fueron 15 millones, generando que la demanda de uva se “estanque” y afecte de manera directa a los productores, con una “producción 30% menos que en años anteriores”.
Ante la baja en la demanda, el precio de la uva también cayó, traduciéndose en el batacazo final para los productores, quienes pasaron de vender la caja de uva entre 29 y 36 dólares cada una, a 6 dólares en la última gestión.
En el sector vitivinícola, el contrabando ha copado el 40% del mercado, lo que significa que 4 de cada 10 botellas de vino que se compran en el país, son de procedencia ilegal.
La devaluación de la moneda en Argentina y la competitividad que genera la producción de vinos a gran escala en Chile, son dos factores que inciden en el contrabando de vino desde los vecinos países, afectando a la producción nacional.
Por otro lado, cerveza se ha convertido en el producto por excelencia del contrabando, representando el 50% del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según un estudio realizado por Euromonitor Internacional en 2019. Así, el contrabando de esta bebida ha generado pérdidas equivalentes a 72 millones de dólares para el sector y por ende, para el país.
Por su parte el factor impositivo juega un papel importante en el precio de este, como en otros productos, impidiendo su competitividad frente a las cervezas de contrabando, cuyos precios oscilan entre los 5 y 6 bolivianos, equivalentes a 0,71 y 0,86 dólares.
En Bolivia, los impuestos que debe pagar una cerveza de litro de 10 bolivianos (1,44 dólares), equivalen a 5,082 bolivianos o 0,73 dólares. Es decir, más del 50% del valor del producto, está destinado a cubrir el impuesto al consumo específico (ICE), Impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la transferencia (IT).
Esos 10 bolivianos, contemplan 0,10 que están destinados al Proleche, un fondo de apoyo al complejo productivo lácteo. Según la ley 204, del 15 de diciembre de 2011, el aporte de las empresas cerveceras debía ser por un periodo de ocho años, pero fue ampliado por cinco años más.
Si la cerveza boliviana no pagara impuestos, como sucede con la cerveza de contrabando, su precio de venta podría ser de 4.92 bolivianos o 0,71 dólares, siendo igual o más competitiva que esta última.
La harina también es ampliamente contrabandeada desde Argentina. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE, las importaciones de harina en la gestión 2021 fueron de 266.241.538 kilogramos, equivalentes a 5,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos, por lo que el contrabando cubriría las 1,7 millones de bolsas faltantes para satisfacer la demanda nacional. Es decir, al menos el 17% del mercado.
Al margen de su procedencia ilegal, estos productos atentan contra las normas bolivianas y la salud pública, ya que la mayoría poseen bromato, un compuesto prohibido en este insumo por las normativas nacionales.
Pero el impacto en el empleo también es significativo. Según explica Juan Torrez Muriel, gerente de la Asociación de Industriales Molineros, el sector genera más mil empleos directos, aunque la cadena tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta el transporte, intermediarios, vendedores y equipos comerciales, entre otros.
Aunque Juan Torres explica que el rubro atraviesa dificultades desde “hace varios años” debido a las harinas subvencionadas que produce el país, el panorama se puso más difícil a causa del contrabando y la suba en el precio del trigo por la guerra en Ucrania, el mayor productor de ese producto a nivel mundial.
Si bien Bolivia produce trigo, el país solo satisface el 30% de la demanda interna, por lo que el resto debe ser importado de Argentina, al precio internacional. Esta realidad ha provocado que el sector se encuentre al 29% de su capacidad, produciendo únicamente 3 millones, de los 10 millones de sacos de harina que necesita el país para satisfacer su demanda interna. El contrabando, es una de las vías por las que se suple el faltante.
“No sabemos en qué condiciones ingresa al país o si cumple las normas y condiciones higiénicas”, lamenta Juan Torrez.
Precios de feria
Los precios están por debajo de los productos nacionales. Por ejemplo, un vino de alta gama boliviano está por encima de los 200 bolivianos (28,7 dólares), mientras que un argentino que ingresa por contrabando llega a 125 bolivianos (17,9 dólares).
En el caso de las cervezas, las de procedencia argentina se encuentran a 6,83 bolivianos (0,98842 dólares), mientras que las bolivianas llegan a un valor de 9 bolivianos la unidad (1,3025 dólar).
Con la harina la diferencia también es importante. La que llega por contrabando desde Argentina tiene un costo de 130 bolivianos (18,67 dólares) el quintal, mientras que la nacional tiene un precio cercano a los 200 bolivianos (28,7 dólares).
Los productos de contrabando son ofertados en las calles de Yacuiba a la vista de todos. En municipios fronterizos, es casi nulo el consumo de productos nacionales. Crédito: Jesús Vargas Villena.
Un informe de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras indica que en el caso de las cervezas y gaseosas los precios del contrabando son 30% más baratos que los productos locales.
Vinos argentinos de alta gama como Mosquita Muerta, que han recibido diferentes premios internacionales, se encuentran en ferias callejeras y licorerías a precio de “mosquita muerta”, como refiere su nombre. Este tipo de vinos puede hallarse hasta en 100 bolivianos, un equivalente a 15 dólares aproximadamente.
Claribel Vilte Quiroga, quien es propietaria de Bodegas Vilte, una de las empresas vitivinícolas del sur del país relata que hace unos cuatro a cinco años se tenía mercado en municipios como Villazón, pero que ahora ya no se vende un solo vino boliviano en esas zonas. “Incluso encuentras vinos de cartón a 3 bolivianos, con eso ya es imposible competir en precios”, dice.
Claribel quien también es presidenta de Bodegas Unidas de Uriondo dice que este sector se encuentra en “emergencia”, pues se está dando un cambio en la matriz productiva, debido al contrabando no solo de vinos, sino también de uva, procedente de Argentina, Chile y Perú.
Parte de los productores del Valle Central de Tarija, la principal zona productora de vid de Bolivia, están empezando a optar por la plantación de papa y tomate ante el masivo contrabando de uva que redujo el costo de este producto.
Uno de estos casos lo expone Jenny Justiniano, parte de una familia productora de vid, la cual ha determinado vender su propiedad. “Hace más de diez años entregamos la producción a –bodegas- Kohlberg y tenemos un socio con el que trabajamos a medias, pues se hace bastante inversión para mantener la viña; son muchos días, horas de trabajo… antes de la pandemia sí valía la pena toda esta inversión”, describe.
Las bodegas no solo están pagando menos por el quintal de uva, sino que algunas ya ni siquiera les recibieron el producto este 2022. “Este año directamente nos rechazaron-las bodegas-, argumentando que no tenían recursos ni dinero para pagar, porque el contrabando había entrado a una fase crítica”. La situación fue tan difícil que decidieron regalar su producción a las bodegas para que esta no quede botada.
Los productores del Valle Central critican que las autoridades de la Alcaldía de Tarija, capital del sureño departamento, hablan a diario del fomento a la industria local como al turismo, pero es esta misma instancia que no hace controles y permite ferias de contrabando en la ciudad. Incluso, productos argentinos sin registro del Senasag se pueden encontrar en licorerías y supermercados de esta capital.
En las licorerías en la ciudad de Tarija se encuentran vinos argentinos de alta gama que ingresan de contrabando y compiten con precios iguales o más bajos que los bolivianos. Las intendencias municipales no hacen los controles de estos productos. Crédito: Jesús Vargas Villena.
28 mil hectáreas en manos del crimen organizado
Con centinelas, rutas clandestinas, hombres armados y un complejo mecanismo para mover la mercancía, el contrabando se mueve “a sus anchas” en la frontera con Argentina.
Pero la mayor parte del contrabando no fluye a través de los gomones como los que opera El Diablo, ni en senderos disfrazados con casas de baño en la frontera, sino a través de mayoristas que operan desde el exterior, pero que tienen contactos en Bolivia, quienes facilitan documentación falsa para pasar las fronteras o les alertan de “puntos ciegos” en el paso.
Una vez en el país, el producto es llevado a mayoristas legales, ilegales o bodegas clandestinas, desde donde son distribuidos a minoristas y finalmente llegan al consumidor final.
“Entra por todas partes, por bagallaje (comercio informal), por pequeños contrabandistas y también en camiones con ingentes cantidades, el contrabando es como un cartel, está creciendo, está organizado… mueve mucha plata”, asegura Fernando Galarza Castellanos, quien es gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Según un comunicado de la Aduana del 23 de mayo de 2022, reporta que en lo que va del año hay cuatro personas fallecidas como resultado de la lucha contra el contrabando. Dos suboficiales que participaban de una redada contra el contrabando en la zona alta del departamento de Tarija fallecieron el 22 de mayo.
Los informes de la Aduana, entre 2021 y 2022 indican que cinco funcionarios fallecieron en la lucha contra el contrabando combatiendo ante bandas armadas que actúan contra la ley. Además, hay más de 10 personas heridas y un daño estimado de 46 millones de bolivianos o 6.6 millones de dólares.
Los propios funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), reconocen que falta personal y apoyo de otras instituciones para ingresar a estos lugares.
“En cada acción que hacemos hay repercusiones de los dueños de la mercadería que agreden físicamente, verbalmente y con amenazas a nuestro personal”, expresa Gilberto Alvarado Palacios, responsable departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag Tarija.
Verdad con Tinta y CONNECTAS accedieron a dos causas judiciales en Argentina que derivaron en 2020 en el decomiso de 28.000 hectáreas que se encuentran en la provincia Salta en la frontera sur de Bolivia, a la altura del municipio de Yacuiba. Según indica el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estos terrenos eran utilizados para el tráfico de 4.000 kilos de cocaína por mes, además de diferentes productos de contrabando.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que sigue la tala y uso de estos terrenos por grupos irregulares en el límite fronterizo.
Los terrenos pertenecían a Reinaldo Delfín Castedo, considerado como el narcotraficante más poderoso de Argentina, que es apodado como el “Patrón del Norte”, quien, mediante la compra sistemática de terrenos junto a sus hermanos y otros familiares, según el expediente judicial, pretende tener el control total de la frontera sur de Bolivia. El caso salió a la luz tras el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006, una mujer que se había negado a vender sus terrenos en Salvador Mazza al supuesto clan, señala el fallo de la Cámara en lo Criminal de Orán-Argentina.
Los terrenos identificados son las fincas El Pajeal y El Aybal ubicadas en la frontera entre Argentina y Bolivia, los que fueron embargados por el delito de lavado de activos. En la misma causa se indica que el “clan Castedo” tiene conexiones y propiedades en Bolivia.
Una foto del expediente que muestra uno de los pasos ilegales que usaba el crimen organizado en la frontera entre Argentina con Bolivia.
Reinaldo Castedo se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, pero según las investigaciones judiciales de ese país, sigue operando desde ahí.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se benefició con estos terrenos, ha denunciado en junio de este 2022 que se identificaron actividades ilegales de tala en el lugar para abrir nuevos caminos a favor del contrabando.
Flotas “fantasma”
Los transportistas en Yacuiba han identificado grandes buses que viajan sin pasajeros con destino a Santa Cruz, que no salen de la terminal de buses, ni cumplen con los procedimientos de control y que van cargadas de productos de contrabando, a los que llaman “flotas fantasmas”.
“Estamos siendo avasallados por las flotas clandestinas que hacen el servicio de pasajeros y cargan sin control alguno”, dice un pronunciamiento público del 18 de marzo de 2022 de los trabajadores de la terminal de buses de Yacuiba.
“A ellos nadie les controla, pero sí a las flotas que van con pasajeros”, reclama la activista y periodista yacuibeña Clemencia Romero, quien incluso subió un video de cómo personal aduanero hace los decomisos de productos en las diferentes trancas en la carretera Yacuiba-Santa Cruz a personas que llevan “pequeñas cantidades” de productos.
“Son instituciones de asalto contra el microcontrabando”, dice con respecto a los controles a los que apoda como “aduanillas”.
La denuncia refiere que flotas con nombres de empresas que no existen o no están registradas, usan la feria callejera de productos de contrabando denominada “Feria Argentina” como una parada clandestina, lugar del cual salen cargadas únicamente de productos de contrabando y no de pasajeros. “Todo mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, agrega Clemencia.
En la feria mañanera de Yacuiba o “Feria Argentina”, ubicada en el barrio Héroes del Chaco, se encuentran productos argentinos en oferta y galpones con cientos de cajas listas para ser embaladas. En mayor cantidad se halla: vinos, cervezas y gaseosas.
Los transportistas entregaron a Verdad con Tinta el manifiesto público, donde se formaliza este reclamo. Flotas con nombre como “La Querida”, salen con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cargamentos de contrabando, denuncia Clemencia.
“Operan desde diferentes garajes de la feria mañanera”, indica el documento presentado por los transportistas de Yacuiba.
En las calles adyacentes de esta feria, también se encontraron flotas estacionadas dentro de amplios patios de tierra, a las que cargaban cajas de productos. Esta tarea se repite tanto en la mañana como en la noche.
Un recorrido nocturno también evidenció flotas estacionadas a orillas de la quebrada internacional cargando cajas de productos. Posteriormente, los vehículos salían con dirección a la carretera nacional, rumbo a Campo Pajoso, que conecta con la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.
Las flotas son estacionadas en terrenos cercanos a la quebrada Internacional donde en lugar de pasajeros, se cargan cajas. Crédito: Jesús Vargas Villena.
Una de estas flotas llevaba el nombre de La Rioja. Curiosamente, entre sus destinos ofertados no figuraba Yacuiba. En el mismo recorrido se encontró otra flota de la empresa Trans Carrasco estacionada en la citada feria, al igual que el anterior bus no tenía pasajeros, pero cargaban cajas en su depósito.
Trans Carrasco sí está dentro de los operadores regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pero no así La Rioja, según se pudo verificar en la lista publicada por esta institución estatal.
En los barrios Nuevo y África, en la localidad fronteriza de Pocitos, se encontraron camiones donde cargaban productos de contrabando a orillas de la quebrada internacional. En estos lugares, se volvió a identificar a los “centinelas” y en ninguna se evidenció control policial.
El rol del Estado
Si bien son más frecuentes las noticias sobre incautaciones de productos para contrabando con un rol más activo del Estado, el gerente de Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas-ANIV, Fernando Galarza, asegura que se trata solo de la punta de un iceberg.
Y es que la problemática es tan compleja, que Bolivia es el único país de la región que ha creado un viceministerio que se dedica de manera exclusiva en atender los asuntos relacionados al contrabando: el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
A lo largo de sus 7000 kilómetros de frontera en Bolivia el contrabando entra en mochilas, carretillas, autos, lanchas improvisadas, camiones y flotas. Pese a que los volúmenes son importantes, pasan cual fantasmas por los puntos de control, sin ser percibidos o, al menos, sin ser interrumpidos.
Si bien el Senasag Tarija decomisó 176.915 kilogramos de productos de contrabando entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2022, entre los que figuran carne, cerveza, embutidos, maíz y pescado, lo cierto es que desde la propia entidad reconocen que este rebasa su capacidad de respuesta.
“Como Senasag tenemos limitaciones en la parte técnica y los controles que se hacen en ciudad como en centros de expendio son competencia de los municipios con la intendencia y odecos (oficinas del consumidor)”. “El Senasag ayuda y acompaña en los operativos”, argumenta Gilberto Alvarado.
Los controles del Senasag se limitan a los puntos de control que establecen en las zonas fronterizas, caminos intermedios y recintos aduaneros, donde su personal hace verificaciones de la mercadería que pasa e inspecciona las importaciones legales, aunque el contrabando suele evitar las carreteras troncales donde se encuentran estos controles.
Fernando Galarza explica que el sector privado de los vinos en Tarija propuso al Gobierno nacional instalar cámaras de video vigilancia que contribuyan al control en las rutas provenientes de las fronteras del sur del país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de las autoridades.
El representante del sector dice que el contrabando mueve suficiente dinero como para “comprar voluntades” a lo largo del camino.
Para Ían Miranda, jefe de insvestigación sectorial de la Cámara de Industria y Comercio – Cainco, el Estado debe trabajar en políticas que favorezcan al empresario o comerciante formal, como reducciones en los impuestos que fomenten mayor competitividad.
Las pesadas cargas laborales e impositivas en el país, se han convertido en una suerte de licencia que justifica el contrabando, en detrimento de los emprendedores y empresarios nacionales que generan empleo legal en el país.
Ante esta realidad, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha recomendado a las autoridades tres líneas de acción para frenar el contrabando: la aplicación estricta de la Ley de Aduanas y el fortalecimiento de la Aduana Nacional, facilitación de la importación y campañas de educación ciudadana, haciendo ver que el “contrabando no paga”.
Permisividad y complicidad del Estado
Lo curioso es que en la feria mañanera de Yacuiba, donde solo son ofertados productos de contrabando e incluso se detectaron actividades ilegales, el Gobierno Regional del Gran Chaco le otorgó el año 2021 a sus administradores la personería jurídica que avala su funcionamiento.
“A cambio, los que producimos en la región no solo debemos pagar altos costos para obtener los permisos, sino que son procesos altamente burocráticos”, agrega Clemencia Romero, quien produce mermeladas con su familia.
La familia Romero cuenta que el proceso de legalización de un producto nacional le cuesta al pequeño productor mil dólares, además que es “altamente burocrático”. “Debes ir hasta la ciudad de Tarija a hacer el trámite, que no sale en un día”, critica. La productora dice que no existen los suficientes incentivos.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de 8999 bolivianos equivalentes a 1293 dólares.
Pero esta complicidad también se ve reflejada en el otro lado de la vereda, en Argentina, donde frente a las “casas subnacionales” había un puesto policial del que no solo se puede ver cómo cruzan las personas de forma ilegal, sino también cómo pasa el contrabando.
La Aduana Nacional en una conferencia de prensa realizada el 12 de julio en Tarija anunció el incremento de controles en la frontera sur del país en los puestos de Bermejo, Villa Montes, Villazón y Yacuiba.
La presidenta de la Aduana Karina Serrudo Miranda afirmó que se envió un contingente de 500 efectivos militares, 100 técnicos aduaneros, 50 vehículos, drones y cámaras corporales para la video vigilancia en estos puestos fronterizos.
“No vamos a desfallecer en esta lucha, no vamos a permitir que estos clanes de contrabandistas y de crimen organizado se enriquezcan de manera ilegal; no vamos a dejar que el contrabando ingrese en nuestros mercados”, declaró la presidenta de esta institución a manera de discurso.
La Aduana Nacional ha comisado en la última gestión mercancía de contrabando valuada en 530 millones de bolivianos o 76 millones de dólares.
Verdad con Tinta realizó dos solicitudes de información formal a la Aduana Nacional sobre el número de productos decomisados, puntos de control y personal asignado, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Dos militares fallecieron en mayo un operativo contra el contrabando en la zona alta de Tarija. Imagen extraída de Bolivia Tv.
Expertos en economía coinciden en que la lucha contra el contrabando no se gana solamente con poner militares en las fronteras, sino con un cambio del modelo económico que tiene hace diez años el país.
“Resulta de una política pública de mantener el tipo de cambio nominal fijo y el tipo de cambio real apreciado que ha optado el gobierno hace muchos años porque las importaciones legales e ilegales son la esencia del actual modelo económico, que se vuelve rentista”, explica el economista Gonzalo Chávez Álvarez.
Las bebidas alcohólicas como el vino y la cerveza son las que más se introducen por contrabando a la vista de militares en el río Bermejo. Crédito: Maura Quispe Castro.
“Supongamos que se controla el contrabando, vas a generar un desempleo gigantesco”, acota Gonzalo Chávez, al tomar en cuenta que más del 90% del empleo en el sector comercial de Bolivia viene de la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La solución para el economista está en apoyar al sector productivo, recuperar las exportaciones en productos no convencionales o industrializados, generar una mayor espalda de divisas y de dólares y en el largo plazo, “volver a la flotación del tipo de cambio”.
El contrabando ha invadido las principales ciudades del país, sin que las intendencias hagan un control efectivo, poniendo en jaque a la industria nacional. En el sur no solo aumentan los pasos ilegales, sino también las armas.
Este trabajo fue realizado por Mercedes Bluske Moscoso y Jesús Vargas Villena con colaboraciones de Maura Quispe Castro y Carla Bustillo para Verdad con Tinta y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
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Una vía para bicicletas debió unir a zonas alejadas con el centro de Tarija, emulando la ciclovía del municipio de Brasschaat -Bélgica. Nunca ocurrió. El proyecto, impuesto sin previo aviso en el casco central, ha afectado significativamente la vida cotidiana, disminuyó el trabajo para personas con algún tipo de discapacidad, redujo las ventas de comercios, ralentizó el tráfico y dificultó el acceso al centro de la ciudad. Hasta los mismos ciclistas hoy lo critican. La actual gestión municipal quiere pasarse a las bicicletas eléctricas y los scooters.
La intención fue buena. Reducir del daño ambiental, mejorar la salud de los tarijeños, disminuir el gasto en transporte público o privado, descongestionar la ciudad… Pero dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno
El proyecto nació en 2012, con el apoyo de la cooperación suiza Swisscontact. Empezó con la realización de estudios y análisis para la implementación de una red integrada de ciclovías en la ciudad de Tarija. Desde 2013, se empezó la construcción de las mismas (ya existía una desde 2006, que fue cancelada). La primera ciclovía fue la de la ruta San Jacinto y luego se prosiguió con otras más. Ninguna de ellas conectaban entre sí, así que comenzaron a ser usadas como espacios de esparcimiento al aire libre más que como alternativas al transporte tradicional, contaminante y peligroso. Los asiduos a la bicicleta obtuvieron un lugar dónde practicar este deporte sin mayores peligros.
Mapa de lo que debió ser la red de ciclovías en Tarija.
En la gestión del alcalde Rodrigo Paz (2015-2020), se continuó la idea de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero además se tomó la decisión, que algunos creen que estuvo políticamente motivada, de construir ciclovías no solo en los alrededores de Tarija, sino también en el centro de la urbe. En 2016 se anunció la implementación de una red de ciclovías de 20 kilómetros en la ciudad. El objetivo era llegar a 60 kilómetros, suficiente para cubrir toda la mancha urbana.
El argumento para introducir ciclovías en el casco central fue que así se fomentaría el uso de la bicicleta y disminuiría del tráfico vehicular, ya que los conductores se verían obligados a circular y no parar en ningún sitio, algo que desincentivaría el uso de autos particulares. No existe ningún estudio que indique los marcos de implementación ni establezca variables que permitan medir si estos objetivos eran realistas y cómo se irían cumpliendo.
Pese a ello, la ciclovía se hizo realidad en el tiempo de la pandemia, cuando el transporte preferido de la población fueron las motos y las bicicletas, por razones de bioseguridad. La idea venía circulando hacía tiempo y contaba con el apoyo de los activistas y de muchos ciudadanos, pues parecía significar un salto a la modernidad: Tarija se movería con un transporte ecológico que no dañaría el medio ambiente y que sería bueno para la salud.
Según Pedro Vaca, exjefe de la Unidad de Deportes de la Alcaldía de Tarija, la decisión fue tomada por la Secretaría de Vialidad sin mayor consulta, ni siquiera a otras instancias del Gobierno Municipal: “No hubo un proyecto, las cosas se fueron dando, fueron iniciativas de los encargados de vialidad”, señala.
Un periodista tarijeño sostuvo que ese tiempo la bicicleta se puso de moda y que las autoridades reaccionaron para ganar apoyos políticos. Recordemos que en febrero de 2020, mientras las ciclovías del centro comenzaban a volverse realidad, el exalcalde Rodrigo Paz presentó su candidatura a senador por Tarija por Comunidad Ciudadana para las elecciones que finalmente se concretaron en octubre del 2020, y que ganó.
Las estrechas calles tarijeñas que se reducirían aún más fueron, paradójicamente, una de sus cartas electorales.
Así lucen las ciclovías en Tarija, totalmente vacías de bicicletas.
Una vez que las restricciones de circulación por la covid-19 cesaron, el uso de la bicicleta disminuyó. El transporte público y los autos particulares circularon nuevamente. El uso de bicicleta había sido una necesidad en un momento de encierro, pero en este tiempo no hubo una transformación cultural. Entonces, la ciclovía, que debía impedir que los automóviles parqueen, se convirtió en un estacionamiento ilegal. Y la reducción de las vías para motorizados volvió caótico el tráfico en el centro.
¿Qué había pasado? Para implementar el proyecto con éxito, se necesitaba integrar acciones distintas: había que definir qué hacer con el transporte público, dónde se iban a parquear los vehículos privados; había que solucionar el problema del acceso a bicicletas públicas; capacitar personal para que se ocupe del tráfico, la señalización, etc.
Ninguno de estos asuntos fue tomado en cuenta a la hora de implementar este proyecto, según nuestra investigación.
Los “damnificados” de las ciclovías
Salomé Paco Rodríguez, una mujer que usa silla de ruedas, se gana la vida con el cobro por vehículo parqueado en la plazuela Sucre.
Ella cree que “el tráfico está peor, hay mucha movilidad, mucho auto que busca estacionarse, es peligroso para nosotros que estamos en sillas de ruedas: no es como antes, cuando la calle era ancha y de doble vía. Frente a frente podíamos cobrar pero ahora ya no. Ahora han achicado toditas las calles y no se puede, es inadmisible”, protesta.
Hilda Castañón es una vecina que vive al final de la calle 15 de Abril.
La mujer recuerda que al momento de reclamar por la construcción de las ciclovías que pasan por la puerta de negocios y garajes particulares, no fueron atendidos por ningún funcionario edil. También tuvieron unos reñidos encuentros con activistas que defendían la implementación de las nuevas vías. “Nadie piensa que eso afecta a nuestros negocios; ahora es complicado parar ahí, cargar cosas, aquí hay ferreterías y mercado; no se puede parar taxis, micros… Los autos se paran como pueden y no pasa ni una bici ¿De qué ha servido todo esto?”, se pregunta.
La ciclovía pasa por el frontis de varios negocios donde se estacionan vehículos.
Otro sector afectado fue el de los transportistas sindicalizados.
Gabriel Pérez, dirigente ejecutivo del sindicato de transporte 15 de Abril, no oculta su molestia por la implementación del proyecto inconsulto. “Hay que diferenciar las ciclovías del centro de aquellas que están en las afueras de la ciudad. Las del centro son inútiles, no sirven, solo perjudican. No hay dónde estacionar para recoger a los pasajeros. El transporte particular (en referencia a los radiotaxis) no tiene dónde detenerse para recoger un encargo de los comercios. Si una familia viene, no tiene dónde parar para comprar algo. Se forma mucha trancadera”, describe el dirigente.
No existe un estudio que determine cuánto pierde el transporte, pero Pérez cree que la ciclovía «perjudica» porque hay más «trancadera» a la vista. El transportista también dice una obviedad de la que todos se percataron al retornar del encierro obligado: “Las ciclovías tienen que hacerse donde se tenga campo, en el centro de Tarija las calles son angostas; ahí no se puede”.
“A nosotros, como transporte, no nos han consultado, tampoco conocemos ningún proyecto. El anterior alcalde Rodrigo Paz, nunca nos ha abierto las puertas, es más, siempre han estado cerradas. Es como el caso del puente 4 de Julio, el ‘puente millonario’, le dijimos que no lo haga ahí, que no era una obra buena, que eso no iba a descongestionar nada, mira ahora”, ejemplifica el dirigente Gabriel Pérez.
Gabriel Pérez, dirigente ejecutivo del sindicato de transporte 15 de Abril de Tarija. (El Andaluz)
Las críticas también llegan de sectores que exigieron la implementación de estas ciclovías. “Fue muy violento ver ciclovías de la noche a la mañana; no planificadas porque la gente no sabía qué eran (¿un paseo peatonal, para motos, para la gente con capacidades diferentes?) El proyecto no fue consensuado ni socializado. No se hizo educación vial previa. Al final, todos terminaron odiando a las bicicletas”, lamenta el activista del ciclismo Ernesto Vaca. “El acalde Rodrigo Paz tuvo una oportunidad de oro para cambiar completamente la ciudad, pero la perdió”, concluye. El exalcalde Rodrigo Paz no respondió ni a los cuestionarios ni a las solicitudes de entrevistadas que le enviamos.
La nueva gestión edil arrastra el problema
La actual gestión municipal poco o nada sabe de las ciclovías que heredó. Herlán Velásquez, director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Tarija, dijo desconocer los estudios que supuestamente precedieron la implementación de las ciclovías.
“El proyectista es quien debe contestar en base a qué procedió. Para mí, es complicado responder si existe un estudio, lo desconozco”, declaró el funcionario.
“La persona indicada para responder sobre el proyecto es la arquitecta Verónica Justiniano”, añadió. La citada arquitecta también rechazó nuestra solicitud de entrevistarla, pese a que sigue trabajando en la Alcaldía. Ella argumenta que ha dejado toda la información «ahí».
Lo cierto es que nadie ha podido responder cuáles fueron los estudios ambientales y socioeconómicos en los que se inspiró el proyecto. Las fichas técnicas que logramos ver contienen información insuficiente, fragmentaria y, curiosamente, contrarias a las ciclovías.
De Brasschaat a Tarija
El municipio belga de Brasschaat lleva 17 años un convenio de cooperación con el de Tarija en la ejecución de proyectos urbanos. Hasta esa ciudad, ubicada en la provincia de Amberes en Bélgica, viajaron funcionarios de la Alcaldía tarijeña para conocer su sistema de ciclovías y tratar de replicarlo en la ciudad boliviana.
“No hubo funcionario que no haya ido hasta Brasschaat. Viajaron en los tiempos del alcalde -Oscar- Montes, de -Rodrigo- Paz y ahora de -Johnny- Torres, pero, ¿qué han traído? ¿Esto?”, cuestiona el activista Ernesto Vaca.
Según el ciclista Pedro Vaca quien fue funcionario municipal, la relación con Bélgica no solo les trajo conocimientos técnicos sobre el tema, sino que sirvió para capacitar a los policías de tránsito sobre las normas básicas de cuidado a los ciclistas.
También se consiguió equipamiento para los guardias; sin embargo, reconoce que la idea de las ciclovías en Tarija no responden a un proyecto ordenado y a largo plazo, sino más a iniciativas de los funcionarios de turno y a las presiones de los grupos de activistas. Además, la ciudad de Brasschaat tiene apenas 38.206 habitantes y Tarija ya pasó, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los 272.000 habitantes.
“Cada alcalde que viene piensa diferente. Entran, hacen todo lo que piensan que van a hacer y no hay continuidad en las obras”, reflexionó Pedro Vaca.
300 bicicletas guardadas
Si se quería que el proyecto funcionara, había que mejorar el acceso de los ciudadanos, en especial los más pobres, a las bicicletas.
“Nuestra propuesta fue siempre ir de la mano con educación vial, entrar primero por los colegios, hablar con el autotransporte público para concienciar sobre el respeto al ciclista. El 2014, la Alcaldía compró 300 bicicletas que estaban botadas en algún almacén de la Alcaldía. Luego, las repartieron a diferentes unidades educativas, se las prestan a algunos funcionarios, si las pide la población civil también se las prestan, pero no hay una planificación, necesitan mantenimiento, son ocho años que están guardadas, entonces, la gente trata de hacerlas funcionar con lo poco que se puede”, reprocha Vaca.
Según un documento de Swisscontact, que data del año 2012 se recomendó la compra de 200 bicicletas para alquilar a turistas. El costo unitario recomendado fue de 200 dólares, con lo que el total debía ascender a 10.000 dólares. Sin embargo, en 2014, se compró 300 bicicletas en Bs 848.000 (121.664 dólares, a un precio unitario de 405 dólares).
La recomendación de Swisscontact dice de comprar 200 bicicletas, se adquirieron 300.
Compramos una gran cantidad de bicicletas para promocionar su uso, tanto como transporte y como deporte. Mi trabajo era la promoción de la bicicleta dentro del municipio de Cercado; fue mi labor durante cinco o seis años”, explica Pedro Vaca, exjefe de la Unidad de Deportes.
Vaca, a la vez, defiende el costo de las bicicletas, dice que las adquiridas por la Alcaldía cumplían con las características de calidad.
Ernesto Vaca tiene una opinión diferente: “La Alcaldía compró 300 bicicletas que estaban botadas en algún almacén. Luego, las repartieron a diferentes unidades municipales, se las prestan a algunos funcionarios; si las pide la población civil también se las prestan, pero no hay una planificación; son bicicletas que necesitan mantenimiento; hace ocho años que están guardadas; la gente trata de hacerlas funcionar con lo poco que se puede”, reprocha el activista del ciclismo, que a su vez reconoce que sí son de buena calidad.
Las 300 bicis debieron servir para el paseo de turistas en la ciclovía del Parque Urbano Central, un espacio verde de 26 hectáreas, pero no pudieron ser usadas allí porque podían perturbar a los animales, nos relata Pedro Vaca.
Durante la pandemia, estas bicicletas fueron usadas por funcionarios ediles todos los días. Hoy, según Ernesto Vaca, no estén disponibles para la población de manera regular, sino que se prestan de vez en cuando y como «un favor».
Muy pocas bicicletas usan las ciclovías en Tarija.
¿Bicicletas eléctricas y scooters?
Quizá como respuesta al problema que hemos retratado, la Alcaldía acaba de anunciar el ingreso de scooters, motos y bicicletas eléctricas, bajo el nombre de “sistema de transporte turístico sostenible”, que será realidad tras la firma de un convenio entre el alcalde Johnny Torres Terzo y los representantes de la empresa boliviana MOBI.
Estos vehículos serán alquilados por una tarifa que no supera los 15 centavos por minuto. “Este sistema de transporte es amigable con el medio ambiente, no es contaminante, porque las motos, bicis y scooters son eléctricos… Esta es nuestra inscripción al futuro. Estoy muy feliz porque esto nace a raíz del ‘emprendedurismo’ de gente joven”, dijo Torres en abril pasado.
“Hace tres semanas se firmó un convenio con una empresa de Santa Cruz para traer bicicletas eléctricas y scooters para Tarija. Nos preguntamos dónde nos vamos a mover, por qué se están haciendo las cosas así. También vendrá una empresa de Cochabamba con scooters. Tarija está siendo invadida sin planificación y sin saber por dónde circularán estos vehículos. No hay lineamiento del Código de Tránsito. Ha desaparecido la Policía Ciclística Municipal, que fue capacitada en base a Bélgica”, cuestiona el activista Ernesto Vaca.
No es la implementación de ciclovías el mayor de los problemas que se atravesó en el municipio de Tarija, sino la falta de planificación, inconcebible en tareas municipales. Un proyecto, cualquiera que sea este, no puedo ejecutarse sin medir y discutir todos sus alcances.
El proyecto de implementar ciclovías conectadas en Tarija y que estas puedan servir para ser usadas como medios alternativos de transporte aún está a tiempo de recuperarse, pero no se puede volver a perder de vista a todos los factores y actores que implican la correcta implementación de un proyecto de estas características. Dar un paso atrás para dar dos adelante, dice un viejo dicho.
El reportaje se desarrolló en el marco del Fondo Concursable Spotligth XIV de apoyo a la investigación periodística en medios de comunicación que impulsa la Fundación para el Periodismo.
El año 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Las ganancias de la venta de este inmenso cargamento de carne benefició a unas pocas manos ganaderas que percibieron un ingreso superior a los 60 millones de dólares.
El año 2020, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Foto: Eduardo Franco Berton
Este despegue en las exportaciones coincidió, además, con dos temporadas de incendios forestales que arrasaron con más de 10 millones de hectáreas en Bolivia. Una emergencia que estuvo asociada a una serie de decretos supremos que promovía, precisamente, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en las regiones de Santa Cruz y el Beni —las más afectadas por el fuego— y las quemas controladas.
Recientemente, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) acaba de terminar un estudio que calcula la deforestación en Bolivia entre los años 1986 y 2019. La cifra es de 6 millones 922 mil hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales.
Casi en ese mismo periodo de tiempo, entre 1985 y el 2019, la actividad agroindustrial (especialmente soja y ganadera) se incrementó en un 229% en el país, pasando de ocupar 2 120 430 a 6 974 510 hectáreas en todo Bolivia.
“A partir del 2005, la ganadería empezó a tomar mayor protagonismo en el tema de la frontera agrícola superando a la agroindustria. Esto debido a que los suelos no son altamente productivos y la agricultura requiere de suelos profundos, mientras que la ganadería es menos exigente en ese sentido”, explica Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de FAN. La especialista precisa que este crecimiento se ha dado a costa de los bosques.
La Agenda Patriótica 2025 establecida por el gobierno nacional, tiene entre sus metas triplicar la población de ganado en Bolivia, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante. Foto: Eduardo Franco Berton
El nuevo gobierno del MAS, liderado por Luis Arce, ha dejado en claro que seguirá la hoja de ruta trazada por Evo Morales y que se resume en la Agenda Patriótica 2025 desarrollada por el ex presidente. En el pilar seis de este documento —que regirá parte de la política económica del gobierno en los próximos cuatro años— se establece como meta triplicar la población de ganado en el país, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante.
El departamento de Santa Cruz ya tiene incorporado este modelo. Las cabezas de ganado duplican la población del departamento. Y para los empresarios ganaderos del Beni, este parece ser el “modelo a seguir”. Así lo manifestaron quienes aplaudieron la modificación del Plan de Uso de Suelo que habilita más de ocho millones de hectáreas para la agroindustria.
¿Quiénes están detrás del negocio ganadero en Bolivia? ¿Cuáles son los planes de expansión del gobierno? ¿Qué ecosistemas son los más amenazados?
En el departamento de Santa Cruz se estima que existen más de 24 mil productores de ganado, según datos del 2020 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, solo 42 de ellos tienen permiso de exportación de carne. De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina. Los bajos costos de la tierra en Bolivia, en comparación con los países vecinos, atraen esta inversión.
Algunos de los negocios manejados por empresas extranjeras se manejan casi en piloto automático, con dueños que no viven en el país y se limitan a recibir las ganancias, como constatamos conversando con administradores vía telefónica.
Bolivia ocupó el cuarto lugar entre los países que más bosques primarios han perdido en 2019, esta devastación es atribuida a la ganadería y siembra de soja, de acuerdo con datos de Global Forest Watch. Foto: Eduardo Franco Berton
El 10 por ciento de las estancias que cuentan con permisos de exportación están en manos de grandes grupos empresariales bolivianos, cuyas inversiones no solo están concentradas en la ganadería, sino en otros rubros como medios de comunicación, bancos, productos comestibles o aceites, según consta en un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 90 por ciento restante está repartido entre empresarios locales que invierten en vacas, en grandes plantaciones de soja, sorgo y girasol, e incluso en la venta de agroquímicos.
El siguiente eslabón en la cadena son los frigoríficos. Existen más de 100 en el país, pero solo dos cuentan con permisos para exportar a China: Frigor y Fridosa. Estas empresas se han asegurado toda la cadena productiva con destino a uno de los mercados más rentables, considerando el auge de las exportaciones de carne al país asiático.
Frigor pertenece al grupo Monasterio, que es propietario de un banco, un medio de comunicación y es accionista de otras empresas exportadoras de oleaginosas, entre otros rubros. Fridosa es propiedad del ciudadano francés Bertrand de Lassus, quien tiene cuatro estancias habilitadas para la exportación de carne, además de empresas de servicios petroleros, insumos agrícolas y agroquímicos.
Estudios indican que entre los años 1986 y 2019, Bolivia perdió 6 millones 922 mil hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales. Foto: Eduardo Franco Berton
Estos dos frigoríficos autorizados para exportar a China usan los puertos de Arica e Iquique (Chile) para salir del continente con la carne y atracar 45 días después en el puerto de Shanghái (China), el más activo del mundo. Allí reciben la carne las empresas importadoras que buscan saciar la demanda de la clase media china que se esmera en reivindicar la era de la carne: la vaca en el plato como estandarte de poder adquisitivo.
Pero, además, venden su producción a otras empresas importadoras de carne en la región. Toda la producción que es exportada proviene de estancias habilitadas para ese fin por el Estado.
Entre el año 2019 y el 2020, el número de estancias habilitadas por SENASAG para sacar carne de res de Bolivia se incrementó en un 44%, pasando de 29 a 42 estancias con pase libre para vender hasta el 2025.
El Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia indica que, entre 2010 y 2020, la carne boliviana fue exportada a Perú, China, Ecuador, Venezuela y Vietnam.
Una sexta parte de la carne de res que sale de Bolivia se destina a McDonald’s y a Burger King, en Perú y Ecuador. Foto: Eduardo Franco Berton
Y al menos una sexta parte de todo lo exportado en la última década fue a parar a los gigantes de la comida rápida. En el caso de Ecuador, McDonald’s, y en el de Perú, Burger King, así lo indica un diagnóstico elaborado por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones Santa Cruz (CADEX).
Pero quien realmente está detrás del auge en las exportaciones de carne vacuna de Bolivia, es China. En el 2020, la demanda del país asiático hizo que Bolivia cuadruplicara sus volúmenes anuales de exportación: pasando de exportar 5 mil a 14 mil toneladas.
Ganado vacuno en una estancia en el municipio de Concepción. En el departamento de Santa Cruz, las cabezas de ganado ya duplican la población del departamento. Foto: Eduardo Franco Berton
“El negocio está cerrado entre los frigoríficos y las empresas importadoras alimenticias chinas que comercializan la carne en su país”, explica Javier Landívar, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Es un negocio entre privados chinos y privados bolivianos, pero son los propios gobiernos los encargados de poner la mesa para los acercamientos.
Las cifras indican que se trata de un negocio que va en ascenso pero que es asociado por científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil con la deforestación y los incendios forestales de los últimos dos años.
Buscamos a las empresas Fridosa y Frigor para saber cómo evalúan el impacto de sus actividades en los bosques, considerando que ambas manejan estancias ganaderas y a la vez son las encargadas de los frigoríficos, pero hasta el cierre de esta publicación no nos respondieron.
Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y es el segundo en América Latina, después de Brasil, entre los países que más bosques primarios han perdido en el 2019, según datos de Global Forest Watch. Esta devastación es atribuida ala actividad agropecuaria, especialmente a la ganadería y siembra de soja.
El análisis realizado por FAN indica, además, que Santa Cruz es el departamento que más deforesta: concentra el 75 % de la pérdida de bosque entre los años 1976 y 2019. El siguiente es el Beni con el 6 %, Cochabamba 5 %, La Paz 4 % y, finalmente, Tarija y Pando con el 3 %.
Entre las principales causas para la deforestación en el país, están la producción a gran escala de granos para exportación y para consumo interno, y la ganadería atraída con exportaciones de carne a China, según declaró el año pasado, Victor Hugo Áñez, ex director de la ABT.
Fotografía tomada durante los incendios en la Chiquitanía, en 2019. La superficie quemada ese año alcanzó los 3.7 millones de hectáreas sólo en Santa Cruz, donde el 60% fue cobertura boscosa. Foto: Eduardo Franco Berton
Según datos del Centro de Investigaciones del Campesinado (CIPCA), durante la última década se han elaborado normativas “demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio”, que han significado una amenaza ambiental, precisan, por carecer de justificación técnica, avalar el desmonte y promover los incendios.
CIPCA se refiere a tres leyes —337/13, 502/14 y 739/15—, aprobadas entre 2013 y 2015, que fueron criticadas por perdonar la deforestación ilegal causada por algunas empresas y ampliar los plazos para que pudieran subsanar este delito. A esta lista se sumó, en septiembre de 2015, la Ley 741 que autorizó los desmontes hasta en 20 hectáreas en pequeñas propiedades —antes estaba prohibido que sobrepasaran las 5. Finalmente, el 9 de julio de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3973 que permitía la ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal, el mismo que fue derogado cuando se decretó el estado de emergencia nacional por los incendios del 2020.
Para el abogado ambientalista, Diego Gutiérrez, estos decretos y leyes siguen la lógica que señala que para que la tierra sea productiva hay que desmontar y plantar soja o meter vacas. Además, indica el experto, hay un uso político del territorio.
“En el fondo la tierra tiene un componente político muy alto…El MAS ha consolidado su poder político durante todos estos años, precisamente con la posibilidad de distribuir el suelo”, manifiesta el abogado. Por ello señala que es necesario que las Autoridades de Bosques y Tierras sean independientes, “para que actúen acorde a lo correcto y no, por lineamientos políticos”.
Por su parte, el ingeniero forestal e investigador boliviano, con Maestría en Gobernanza Ambiental y Doctorado en Manejo de Recursos Naturales en la Universidad de Friburgo (Alemania), Juan Carlos Montero, detecta cinco factores que promueven la expansión ganadera en la Chiquitanía por sobre la conservación de los bosques: la plusvalía de la tierra (incremento en el precio de las tierras), los beneficios tributarios, las normativas de uso de suelo, el apoyo del gobierno con las negociaciones y las jugosas ganancias. Es decir, hay condiciones dentro de nuestro contexto que promocionan la expansión de la ganadería por encima de la conservación forestal.
La plusvalía de la tierra, los beneficios tributarios, las normativas de uso de suelo, el apoyo del gobierno con las negociaciones y las jugosas ganancias, están entre los factores que promueve la expansión ganadera, afirma un estudio. Foto: Eduardo Franco Berton
Robert Müller, geógrafo y biólogo alemán, quien ha analizado la deforestación en Bolivia durante los últimos 20 años, pone el problema en perspectiva. Para el investigador, como lo indica en un estudio publicado con otros colegas en el 2014, la ganadería desplazó a la soja como la principal causa de deforestación en el 2000. Esta afirmación se evidencia en las cifras: el 60% de la pérdida de bosque entre el 2005 y 2010 fue generado por la ganadería. “Es probable que esta tendencia siguió aumentando, aunque los cultivos agroindustriales también se han expandido de manera acelerada en los últimos años”, señala Müller.
El investigador también explica que “la exportación anual de 10 000 toneladas de carne bovina a China implica aproximadamente una destrucción adicional de unas 100 000 hectáreas de bosque para habilitar pastizales, ya que la nueva demanda de carne se suma a la demanda existente”.
Müller señala que son cuatro los municipios cruceños que albergan 35 de los 42 predios habilitados para la exportación de carne: Pailón, San Ignacio de Velasco, Charagua y El Carmen Rivero Torrez.
“Más del 20% de la deforestación ocurrida en toda Bolivia entre 2013 y 2019 ocurrió en estos municipios. El incremento reciente fue muy grande. Entre 2016 y 2018 se deforestaron 917 mil 215 hectáreas, cuatro veces más que entre 2013 y 2015”, afirma el investigador con datos de FAN.
Estas cifras dan cuenta que el circuito de las vacas no empieza con la adquisición del ternero sino con la tala de un árbol. Por ello, señalan los expertos, el sector ganadero estrechó relación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde el año 2014, paradójicamente, la autoridad encargada de velar por los bosques en Bolivia. “El Estado debe seguir asumiendo el reto de ser el viabilizador para que la Frontera Agrícola crezca y para eso se necesita modificar leyes”, declaró el expresidente de Fegasacruz, según consta en el portal de la ABT.
Solicitamos a la ABT datos sobre cambio de uso de suelo, tipos de bosque afectado por la deforestación, impacto de los incendios y extensión de terreno aprobado para uso ganadero. Nos aseguraron que las consultas serían atendidas luego de una revisión técnica pero hasta el cierre de este reportaje no brindaron nada de lo solicitado.
Cultivos agrícolas en el municipio de Charagua. Los últimos años, una serie de decretos supremos promovió la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Foto: Eduardo Franco Berton
Cuando uno observa la curva de deforestación en el país, encuentra dos picos llamativos, uno a inicios de los 90 y otro antes del 2020. El boom de la agroindustria en la década del 90 y la apertura de mercados ganaderos en el exterior, sobre todo a partir de 2017.
Esta arremetida directa contra los bosques ha implicado afectación y presión constante sobre las áreas protegidas.
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano detectó que entre 1986 y 2019, la extensión del territorio con área antrópica (frontera agrícola, ganadera y de apertura de caminos) dentro de áreas protegidas fue de 223 mil hectáreasen el departamento de Santa Cruz.
La mayor pérdida de cobertura vegetal se dio en el Parque Amboró (8,1%), que posee la categoría de protección nacional. A nivel departamental, Lomas de Arena (37,7%) y la Laguna Concepción (26,2%) fueron las más afectadas, mientras que en la categoría municipal las lagunas Esmeralda (49,2%) y Sacuará (37%).
Si este ritmo de devastación continúa, los especialistas del Observatorio estiman que para el 2050 el total de cobertura boscosa en áreas protegidas se habrá reducido a 6,3 millones de hectáreas. Es decir, casi la mitad del total de las áreas protegidas del departamento —11,7 millones hasta el 2019.
“Se está generando el cambio de uso de suelo, no sólo para convertir el bosque en pastura sino también transformando los humedales para abastecer a la ganadería. Una vaca por día necesita 40 litros de agua”, advierte Quintanilla de FAN.
Según una reciente investigación llevada a cabo por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la situación hidroclimática también es un problema que hay que considerar. Está cambiando en el continente y particularmente en la Amazonía. Una muestra de ello es que en el municipio de Ascensión de Guarayos las precipitaciones anuales han disminuido, entre 1982 y 2018, en un 13% y la temperatura incrementó 0,5 C.
“Esta alteración climática en parte se atribuye al cambio de uso de suelo en el municipio. En este periodo (1982-2018) la deforestación se incrementó de 6 mil a 171 mil hectáreas (23 veces más), impactando y modificando su clima local”, señala el reporte que vislumbra un escenario poco esperanzador. “Al año 2050 Ascensión de Guarayos incrementará su temperatura media anual en 3,4 ºC y reducirá en 34% la precipitación anual (…) La producción agropecuaria será inviable sin riego, por lo que la demanda de agua se incrementará y con ello los conflictos por el agua.”
Al listado de efectos negativos hay que sumar el proceso de habilitación del terreno, en el que no sólo se cortan árboles para poner vacas sino que también se prende fuego a lo desmontado para preparar el suelo y reverdecer los pastos. “Esta práctica avalada por leyes bolivianas resulta incompatible con los escenarios de las últimas décadas, en los que hay cada vez sequías más intensas que producen incontrolables incendios forestales”, señala Marlene Quintanilla de FAN.
Cultivos agrícolas en el departamento de Santa Cruz. Esta fotografía fue tomada durante los incendios forestales en 2019, que afectaron a 6,4 millones de hectáreas en Bolivia. Foto: Eduardo Franco Berton
Gutiérrez coincide con esta misma lógica. “El desmonte genera residuos y el uso de fuego se usa para limpiar ese rastrojo. La relación es: a mayor desmonte mayor uso de fuego. A mayor uso de fuego, mayor riesgo de incendios forestales”, explica.
Durante los últimos años, Bolivia ha reportado incendios de características catastróficas. El año 2019 la superficie quemada alcanzó los 3.7 millones de hectáreas sólo en Santa Cruz, donde el 60% fue cobertura boscosa. De este porcentaje, el 40% del área perdida era bosque seco chiquitano, el 34% bosque chaqueño y el 10% bosque amazónico, según datos de CIPCA.
El año 2020, la situación no cambió: más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país.
“La pérdida de cobertura vegetal por los incendios forestales está relacionada principalmente con las prácticas agrícolas, nuevos asentamientos rurales, limpieza de cultivos, ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola”, señala un documento de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, que analiza los incendios durante el último año.
Por su parte, Quintanilla manifiesta que el fuego habilita al final nuevos territorios para el ganado. “Cuando el fuego llega a nuevas áreas que no estaban previstas por los ganaderos o empresarios, ese espacio se convierte en territorio vulnerable para expandir al año siguiente la frontera agropecuaria”.
En este preciso momento la transacción está en curso. El negocio no duerme. El ciclo no cesa. Las vacas comen, engordan, las matan, las empacan, las exportan. Y mientras el modelo agropecuario incrementa sus exportaciones, va dejando a su paso la siguiente interrogante: ¿Quién cubrirá el costo de la pérdida de biodiversidad?
Descendiente del oso de hocico corto de Florida (Tremarctos floridianus), el jucumari es la única especie de oso que habita en Sudamérica, con presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Su llegada al continente tuvo lugar en medio del denominado Gran Intercambio Biótico Americano, en el que la fauna terrestre y dulceacuícola migró de América del Norte hacia América del Sur y viceversa, como resultado del surgimiento del istmo de Panamá, el cual terminó de unir los continentes que hasta ese entonces se encontraban separados.
Tras su llegada, el Tremarctos floridianusse vio sometido a la amenaza de carnívoros más grandes que habitaban en Sudamérica, por lo que tuvo que adaptarse para vivir en zonas en las que no debía competir por el alimento para poder sobrevivir. Este úrsido eligió la zona andina, en donde evolucionó hasta convertirse en el oso andino (Tremarctos ornatus), también conocido como oso de anteojos, u oso jucumari en Bolivia.
Libre de amenazas, el oso jucumari logró adaptarse totalmente a las características de su nuevo hábitat principalmente al adecuar su dieta, sustituyendo en gran parte la carne por materia vegetal y frutos de los bosques donde habita . Sin embargo, tres millones de años después, las amenazas vuelven a perseguir al jucumari en las zonas que por millones de años han sido su hogar. Esta vez el depredador es menos robusto, pero más inclemente: el hombre.
La pérdida de hábitat y el cambio climático, son algunas de las amenazas que ponen en peligro la vida del jucumari, el cual cada vez cuenta con menos territorio de calidad para sobrevivir. Estas presiones han obligado a la especie a abandonar su casa y migrar a zonas más pobladas o, por el contrario, las actividades productivas encabezadas por el hombre han supuesto una intromisión humana en las zonas en las que habita el oso. En ambos casos el animal se ha visto expuesto a encuentros más frecuentes con el hombre, los cuales derivan en otro peligro: la cacería.
Entrevista con el biólogo Mauricio Peñaranda Imágenes referenciales del oso, cortesía de DarwinInitiative-ChesterZoo-WildCRU-PROMETA
Conflictos con el oso
“Lo que se sabe de la especie a lo largo de su distribución, es que hay dos factores clave que están disminuyendo su población: la pérdida de hábitat y la cacería”, explica el biólogo y docente de la Universidad Francisco Xavier de Chuquisaca, Mauricio Peñaranda Del Carpio, quien también trabajó en el Programa para la Conservación de Carnívoros Grandes Andinos.
“Cuando combinas estos dos factores, tienes la receta perfecta para que los individuos vayan desapareciendo de los diferentes lugares en los que habitan”, agrega.
A lo largo de su distribución en Bolivia, en las ecorregiones de los Yungas de La Paz y Cochabamba, del Bosque Boliviano-Tucumano, del Bosque Seco Interandino y del Chaco Serrano de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, el oso ha hecho de reservas y áreas naturales, su hogar. El Palmar, Madidi, Carrasco, Iñao, Amboró, Apolobamba y Tariquía, son 7 de las 12 áreas protegidas nacionales en las que se encuentra.
Pese a que estos lugares están protegidos por ley, como el Reglamento General de Áreas Protegidas, aquello no ha sido impedimento para que el animal sea victimado en las zonas aledañas por conflictos con los pobladores, principalmente a causa de la depredación de ganado y cultivos.
“Aquí, como está dentro de un área protegida, no dejan que las personas lo cacen, pero en los últimos años están habiendo problemas con la ganadería extensiva; el ganado vacuno principalmente”, dice Mauricio refiriéndose al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar.
Aunque los roces entre el oso y el hombre son más frecuentes por supuestos ataques al ganado, un estudio de pregrado realizado por la estudiante Daniela Díaz de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, identificó que en el caso del ANMI El Palmar, el 87% de la dieta del oso está compuesta por la envoltura de los cocos de la palmera (Parajubaea torallyi). El porcentaje restante se divide entre otras especies de plantas, como las bromelias.
Aunque los rastros de carne en su dieta representan un porcentaje poco representativo, ante la muerte del ganado, el veredicto de los pobladores casi siempre es unánime: el oso es el culpable.
El problema de El Palmar se replica en otras áreas protegidas del país, pues al tratarse de un animal omnívoro, si el oso se encuentra con ganado, eventualmente puede alimentarse de este, lo cual genera conflicto con los dueños que proceden a cazarlo en represalia.
Entre el 2018 y el 2020, el Parque Nacional y ANMI Serranía del Iñao se ha convertido en el escenario de la cacería de tres osos. En las tres ocasiones el verdugo fue el mismo y el justificativo también: represalia.
“En el año 2018 se dio la primera denuncia. En esa oportunidad se había victimado a dos osos jucumaris. Eso fue el 13 de abril de 2018 en la comunidad de Peña Blanca en el municipio de Padilla”, explica con tono pausado el director del Iñao, Guido García Carvallo.
Aunque el evento no había ocurrido en el interior del parque, el funcionario actuó de acuerdo a lo que consideraba “correcto”, presentando el informe a las autoridades competentes para que llevaran el caso.
El hombre, Pánfilo P., quien había acabado con la vida de esos dos osos, argumentó que había actuado en represalia porque había encontrado a los jucumaris comiéndose a su ganado.
Pese a las denuncias y procesos iniciados contra el sindicado, sus acciones no tuvieron mayor consecuencia que una llamada de atención.
El 22 de junio de 2020, en los alrededores del Iñao, se lamentaba una nueva pérdida a manos de Pánfilo P. bajo la misma excusa: represalia.
En esta oportunidad el caso fue atendido por el Ministerio Público y derivado a la fiscalía del municipio de Padilla según la jurisdicción, sin embargo, tanto el director del Iñao como el director de la Dirección de Medioambiente de la Gobernación de Chuquisaca, Iván Albis, desconocen el estado en el que se encuentra el proceso.
Matar un oso en Bolivia es un delito que puede sancionarse con hasta seis años de cárcel, de acuerdo con el artículo 223 del Código Penal, sobre Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.
Estos casos se suman a uno anterior, del año 2014, en el que una familia del municipio de Villa Vaca Guzmán había matado a un oso que había ingresado a su propiedad. García asegura que encontraron la piel del animal, pero no presentaron la denuncia porque había sido en defensa.
“Obviamente el oso sale del área protegida, porque está en su lugar”, asegura el director.
Pie de foto en ilustración: Ilustración basada en la imagen viralizada en redes sociales en el año 2018, de dos cazadores con el oso en el municipio de Irupana. Ilustración: Glenda Flores Roman
Los bosques son la casa del oso y el animal desconoce de leyes, decretos y áreas protegidas, este se desplaza para conseguir alimento, aunque esto muchas veces, pone en riesgo su vida.
Los intrusos son otros, quienes llegaron a aquellos bosques millones de años después bajo la promesa de hacer de la ganadería y de la tierra la base de su desarrollo económico, aunque aquello implicaba entrar a la casa del jucumari sin pedir permiso y sin pedir perdón.
‘’La gente le echa la culpa al oso’’
Los escenarios son diferentes, pero la realidad es la misma. Viviana Albarracín Dávalos, ingeniera en ecología y medioambiente, ha trabajado en el conflicto del hombre con el oso andino en el departamento de La Paz, e indica que las zonas de Inquisivi y Apolobamba se han convertido en campo minado para la especie a causa de los conflictos, tanto por ganadería como cultivo.
El estudio de pregrado denominado “Percepción actual de los pobladores locales del cantón Lambate sobre el jucumari”, llevado a cabo por Albarracín en el año 2010, concluye que se percibe al jucumari como culpable directo por cualquier desaparición o muerte del ganado, sin siquiera verificar el hecho.
La investigadora pudo registrar al menos 8 casos de cacería de osos en el departamento de La Paz entre 2006 y 2020. Uno de los casos más “preocupantes” para la investigadora, fue uno registrado en la comunidad de Chuñavi, donde en el año 2006 los pobladores mataron a un oso y a un osezno. El cuero de ambos animales colgaba en las paredes como prueba del crimen. Sin embargo, los registros orales, de los que no se tiene prueba alguna, son mayores, pero no se los conoce por falta de estudios y recursos para la recopilación de datos sobre la especie y la cacería en sí; una realidad que es similar en otros países en los que habita la especie, como Perú
Herminio Ticona Huallcho, responsable operativo y logístico de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), asegura que del 2010 al 2019, según reportes orales de la gente, se mataron entre 10 y 15 osos sólo en el área de Pelechuco, en la zona del parque Apolobamba.
Ticona, desde el otro lado del auricular, relata que al tratarse de zonas montañosas, el ganado también suele despeñarse, quedando el oso exento de culpa sobre la muerte, aunque su instinto lo llevará a alimentarse del animal igualmente. Pero para los pobladores el culpable siempre será el oso, por lo que toman represalias en su contra de igual manera.
“Si los pobladores sueltan a los animales en el bosque para alimentarlos, ¿quién está invadiendo a quién?”, cuestiona Ticona. “Antes este lugar estaba deshabitado, era tierra de osos, ¿quién es el intruso?”, vuelve a preguntar el hombre que lleva 22 años, más de la mitad de su vida, trabajando en la zona.
El escenario se repite en Tarija en las diferentes zonas donde habita el jucumari: un animal fornido de piel negra, anteojos amarillentos y ojos profundos como la noche.
“Aquí tenemos muchos casos en los que la gente le echa la culpa al oso, pero nadie lo ha visto matar al ganado. Puede que sí haya comido alguna vaca, porque en la zona muchas veces se despeñan y mueren a causa de eso, pero eso no significa que el oso la haya matado”, explica la bióloga Ximena Vélez-Liendo, quien es Conservation Fellow del Wild CRU de la universidad de Oxford y directora del Programa para la Conservación de Carnívoros Grandes Andinos.
Si bien el trabajo de Vélez-Liendo en los últimos años se ha centrado en promover alternativas económicas fuera de la ganadería en las zonas donde habita el jucumari en Tarija, así como en educar a los pobladores respecto al oso andino, evitando de manera contundente nuevos casos de cacería por represalia en la zona, hasta el año 2016 la realidad era diferente.
Un estudio realizado por Vélez Liendo junto a la ONG Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA) en el año 2010, reveló que se mataba un oso cada dos años en cada comunidad. Teniendo en cuenta que el jucumari habita en al menos cinco comunidades del Departamento de Tarija, entre 2010 y 2016 se mataron aproximadamente 15 osos.
El caso más reciente de cacería en Tarija tuvo lugar en el año 2019, en una comunidad en la que el Programa liderado por Vélez Liendo recién empezaba a trabajar.
“Ellos decían que preferían matarla, a que luego ella los mate”, explica Ximena sobre este caso que si bien no estaba relacionado a la cacería por conflicto, de todas formas terminó llevándose la vida de un osezno o cría de oso.
Para la bióloga, la cacería, sin importar el número de casos, afecta “de gran manera” a la población de osos, puesto que se trata de animales grandes, que son solitarios y naturalmente las densidades son bajas, pues se conoce que en el continente existen entre18.500 y 20.000 individuos de oso andino. Además, la cacería por retaliación es una amenaza identificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.
Aunque no se tiene datos exactos sobre la población de osos en Bolivia, una estimación realizada por Ximena Vélez Liendo de acuerdo a la calidad del hábitat, determinó que las fronteras nacionales albergan alrededor de 3.000 individuos adultos.
En el Parque Nacional y ANMI Madidi, según registros del guardaparque Diego Aliaga, entre 2010 y 2018 se han matado a 3 osos como consecuencia de los conflictos entre el oso, el ganado y los pobladores. Por su parte, en el municipio de Colomi, en Cochabamba, se ha registrado un caso en el año 2020, según reporta el exjefe de protección del parque Carrasco, Roberto Portuguez.
En el año 2018, la localidad de Lambate, en el municipio de Irupana del departamento de La Paz, fue testigo de un caso que llegó a viralizarse en las redes sociales, ya que los cazadores subieron una foto con el oso victimado en sus brazos. Fue uno de los casos de cacería más resonado en el mundo virtual, pero aún así, no fue el último.
Número de casos documentados y obtenido a base de estimaciones con método científico. Ilustración: Glenda Flores Roman
Este reportaje encontró que en los últimos 14 años, al menos 36 osos han sido víctimas de la cacería por represalia, eso sin contar los casos de Apolobamba, de los que sólo se tienen registros orales informales, pero con los que se superarían los 50 casos.
Julia Quiroga, bióloga afiliada del Museo de Historia Natural “Alcide d’Orbigny”, reconoce que uno de los principales problemas es la falta de estudios sobre el oso, así como la falta de datos precisos sobre la cacería. Sin embargo, la experta, tanto como sus colegas, coinciden en que esta es una amenaza significativa teniendo en cuenta la densidad de osos en el país y su baja capacidad de reproducción.
Editor: Jesús Vargas Villena
Comic: Glenda Flores Roman
Perseguido. Josué salió con una pequeña mochila a cuestas sin saber si habría retorno o no, pero había que hacerlo; su vida y la de los suyos estaba en riesgo.
Acarigua ya no es la misma ciudad de hace 17 años, aquella atractiva urbe del estado de Portuguesa en Venezuela, perdió el encanto que la llevó a ser uno de los polos del desarrollo de ese país con modernos centros comerciales, universidades y espacios de esparcimiento.
“Las calles ahora están vacías”, revela Josué, antes de iniciar a relatar la travesía de su historia, una que se prolonga ya por dos años.
A 5698 kilómetros de Acarigua, en octubre de 2020, Josué se encuentra en un pequeño hospedaje en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, aún incrédulo por todo lo que tuvo que caminar hasta ahora.
Josué dejó las botas militares el 2013, decisión que lo llevaría a salir definitivamente de su Venezuela natal. La determinación le costaría caro, pues su propia vida y la de los suyos entraría en juego.
“Yo pertenecía a un grupo de las Fuerzas Armadas, era funcionario de la Guardia Nacional”, recuerda el hombre de 33 años, piel canela y ojos intensos, como el ron bien cargado.
Si bien la vida militar era relativamente cómoda en comparación con otros sectores sociales, Josué no se sentía tranquilo con lo que veía, pero especialmente con lo que pasaba.
“Nos daban órdenes de reprimir a las manifestaciones, no teníamos la libertad de tomar la decisión si debíamos actuar de manera pacífica o con violencia; eso lo decidían ellos”, lamenta.
La orden siempre era la misma: reprimir con violencia.
La situación hizo que pensara en pedir su baja; sin embargo, esa no era una opción válida en las Fuerzas Armadas de Venezuela. “Todo tipo de deserción era considerada como traición a la patria”, explica Josué, quien estuvo dos años solicitando la baja sin obtener la respuesta esperada.
Su boleto de salida de la institución llegó cargado de dolor. Durante el 2013, en medio de las represiones que vivió su país aquel año, una bala perdida lo hirió cerca del fémur. Las acciones del Gobierno Nacional esta vez lo favorecerían.
Según la ley venezolana, el Gobierno debe cubrir el seguro médico de sus funcionarios, en este caso, para evitar esa responsabilidad, accedieron a darle su baja.
“La acepté obviamente, lo que quería era salir de ahí”, confiesa al admitir que prefirió dejar de lado el seguro médico a cambio de obtener la baja médica, sin que se le culpe o inicie proceso por “traición a la patria”.
Apenas empezaba a acomodarse a la vida civil, cuando en el 2014 recibió un correo que le erizó la piel: la Guardia Nacional lo convocaban a reintegrarse. Con cartas, correos y llamadas, solicitaban que se presentara en el circuito más cercano. Ante la falta de respuesta de Josué, las solicitudes pasaron a ser personales.
“Yo tuve que sufrir la pérdida de dos familiares por la escasez de medicamentos y un primo pequeño por falta de alimento”
Josue
La Guardia Nacional le había realizado seguimiento, constatando que ya se había recuperado de la lesión que tenía, por lo que estaba apto para reasumir funciones en las milicias. No había excusa.
Josué tuvo que presentarse y fue ahí que se armó de valor e hizo valer su baja médica, ganando tiempo a su favor.
La calma duraría poco, la presión volvería a tocar a su puerta. El nuevo llamado a reincorporarse tuvo lugar cuando el ex policía Óscar Pérez, lideraba un movimiento subversivo en contra del Gobierno de Nicolás Maduro Moros.
Por esta situación, convocaron a personal activo e inactivo a presentarse para formar parte de la guardia de los ministros, especialmente de Defensa.
Pérez murió el 15 de enero de 2018, a los 36 años, en medio del asalto de las fuerzas armadas en la operación “Gedeón” en las afueras de Caracas. “A él lo asesinaron”, asegura Josué.
Tras este episodio, las presiones se hicieron más fuertes. “Amenazaron a mi familia, les dijeron que la deserción era traición a la Patria”.
Con los primeros arrestos a los militares que habían pedido la baja, Josué decidió dar el siguiente paso y salir del país, en un viaje largo, pero en el que no lo acompañarían las botas militares.
“En ese caso no fue muy difícil la determinación, porque ya estaba la crisis de alimentos, los productos de la cesta básica escaseaban, y desde ese punto, todo fue decayendo de una forma rápida”, recuerda.
Su vida se redujo a una mochila, tres mudas de ropa y algunos ahorros para salir de casa, sin pasaje de retorno. Salió solo, sin tiempo. De hecho, el tiempo era lo único que lo separaba de los barrotes o quién sabe qué.
En Acarigua, Josué no solo dejaba su casa y demás proyectos, sino que ahí quedaba su pequeño, que en ese entonces tenía apenas tres años.
La salida imprevista se debía a que ya habían iniciado los arrestos a los “desertores”. Aquel camino desde su casa a la frontera, para Josué, pasó en cámara lenta.
“Hasta llegar a la frontera fue como vivir un nervio, una especie de película”. Mientras recuerda, cambia el semblante de su rostro.
Para su fortuna, en la frontera le sellaron el pasaporte, no hubo mayores problemas, ni apareció en el sistema.
Aunque más que suerte, esta situación tiene una explicación. En realidad las persecuciones dentro de los cuerpos militares no aparecían en los sistemas oficiales, al ser irregularidades que ponían en jaque su propia Constitución. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, y debía permanecer en el anonimato.
Josué logró pasar la frontera con su mochila en la espalda, aquella que además de las tres mudas de ropa, se hacía campo para la esperanza.
Se fue a Colombia, donde lo que conseguía juntar, Josué lo enviaba como remesa a su familia. Pero poco después decidió volver a su ciudad natal por un paso ilegal para sacar a su esposa e hijo, encontrándose con un panorama desolador. “Las calles estaban vacías”, dice con resignación.
Hoy, Josué sabe que su ciudad está peor que cuando la dejó por última vez. La gente come basura. Los niños mueren en los hospitales por desnutrición.
“Yo tuve que sufrir la pérdida de dos familiares por la escasez de medicamentos y un primo pequeño por falta de alimento”, cuenta todavía impresionado, guardándose las ganas de llorar para otro momento.
No pudo traerse a su familia consigo, la persecución hacia él como ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana era más fuerte y tuvo que salir por otro paso ilegal
La travesía a pie por Sudamérica inició en Colombia, país donde se congrega la mayor cantidad de venezolanos.
“Al ver tanta población venezolana en un país, eso empieza a crear problemas, dificultad de trabajo, con las leyes; por ejemplo, en Migración e Interpol, nos limitan mucho”, confiesa.
Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Santa Marta y Cartagena son las ciudades que recorrió a pie sin tener mucha suerte y prácticamente sin poder trabajar.
“Caminar y pedir cola (hacer dedo) para llegar a un mejor lugar”, era la consigna en estas caminatas de ciudad en ciudad.
Ante el complejo panorama, decidió seguir su camino por Ecuador, pero se encontró con un contexto casi similar. Pasó por Tulcán, Guayaquil, Quito, Santa Elena y Quevedo, sin lograr tener un empleo estable pese a sus intentos.
Siguió su camino por Perú, donde conseguiría un trabajo en una empresa de transporte de carga que le permitía ayudar a su familia, pero cuando parecía que Josué se estabilizaba en ese país, aparecían más sorpresas. Su jefe había sido sancionado por contratar a una persona extranjera que se encuentra de manera ilegal, poniendo así fin a su trabajo y su estadía en Perú.
Otra vez la caminata. Esta vez partió rumbo a Chile, donde estuvo por corto tiempo y de ahí emprendió rumbo a una nueva frontera.
Tierra de nadie
Llegó junto a otros venezolanos que había conocido en el camino al límite entre Perú y Bolivia, donde las puertas de ambos lados se les cerraron, quedando en un limbo en el que no les permitían ingresar a Bolivia ni regresar a Perú. Estaban en tierra de nadie. Una tierra donde además, nadie les decía nada, nadie quería saber nada. Reinaba el silencio y el desconocimiento.
Finalmente, las autoridades bolivianas “se compadecieron”, según relata Josué, dejándolos pasar con la condición de que se presentaran en La Paz ante las autoridades competentes. Era febrero de 2019.
“Hicieron una carta de la forma en que ellos manejan las leyes y nos presentamos en La Paz”.
Ya en la Sede de Gobierno, hizo la solicitud de refugio con el apoyo de Caritas dirigida a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
Aunque la salida de Josué de Venezuela fue en medio de una situación que visiblemente lo ponía en necesidad de la protección de refugio, él desconocía el procedimiento para hacer la solicitud en frontera. Mientras, en las oficinas migratorias de Desaguadero, nadie estaba dispuesto a recibirle la solicitud.
Para Henry Viscafé, asesor legal de fundación Munasim Kullakita, una de las organizaciones que trabaja brindando apoyo legal y psicosocial a migrantes venezolanos en Bolivia, uno de los problemas radica en que tanto quienes ingresan al país, como los funcionarios que los reciben, desconocen los procedimientos, especialmente cuando se trata refugio. Esto lleva a que se vulneren sus derechos desde el momento que ponen un pie en el país.
Pese a que la solicitud de refugio se puede hacer en cualquier frontera del país, e inclusive de forma verbal, los funcionarios le pedían a Josué una carta de solicitud para recién permitirle el acceso, lo cual, según Viscafé, es “totalmente ilegal”.
Según la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, una vez expresada la intención de recibir refugio, por el principio de no devolución, el funcionario de migración tiene la obligación de permitir el acceso. En Desaguadero no lo hacían.
Ante el aumento “significativo” de la población de interés y en particular las nuevas solicitudes de asilo, a partir de 2019 la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), amplió su capacidad operativa en el país.
Según explica Stephanie Rabi, asistente de comunicación de la Acnur, lo hicieron “mediante acuerdos con nuevos socios, a fin de brindar asistencia y protección no sólo en las principales ciudades como La Paz y Santa Cruz de la Sierra, sino también en la frontera, con la implementación de un Punto de Atención y Orientación (PAO) en Desaguadero”.
En 2019, cuando Josué llegó al país e inició el trámite de refugio en la ciudad de La Paz, era el partido de Evo Morales, aliado de Nicolás Maduro en el continente, quien se encontraba en el poder. Hasta aquel entonces, Bolivia refugiaba a 57 personas venezolanas, 27 mujeres y 30 hombres. Solo en 2019, el país había recibido 428 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos, de las 848 que recibió entre las diferentes nacionalidades.
Hasta 2019, Bolivia había concedido el refugio a 57 ciudadanos venezolanos.
Entre las solicitudes presentadas aquel año, se encontraba la de Josué que, al igual que otros, cumplía con todos los requisitos para recibir el refugio, pero a quien, como a muchos otros, mantenían en vilo, sin respuesta alguna.
Durante los 14 años que Morales ocupó la presidencia, entre 2005 y 2019, su gobierno evitó cautelosamente emitir comentarios sobre la crisis humanitaria en Venezuela, evitando también participar en bloques como el denominado Grupo de Lima, debido a su “afinidad política” con el mandatario venezolano, según señala la prensa internacional.
Si bien el entonces presidente Evo Morales declaró en reiteradas oportunidades que Bolivia recibía con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos, al tiempo que no se expresaba en contra de los refugiados, las solicitudes que hacían estos últimos para acceder al estatus, no prosperaban.
El responsable de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, Aldo Cortés Millar, así como el abogado Henry Viscafé, confirman que las solicitudes “directamente no se procesaban”. Aquello, significaba desconocer las leyes internas sobre refugio, así como los tratados internacionales a los que Bolivia pertenece y que garantizan el refugio a quienes lo necesitan.
“Hasta el año pasado, entre noviembre y diciembre, incluso hasta enero de este año, no se había dado ninguna resolución de condición de refugiado”, explica el abogado, “prácticamente les negaban”, agrega. Viscafé detalla que fue recién durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez, con una visión contraria a la de su antecesor, que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) empezó a recibir y aprobar más solicitudes.
“Yo tengo trámites de cerca de 20 personas que ya tienen la condición de refugiado”, dice el abogado con satisfacción.
Aldo Cortes Millar, desde su oficina en la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz, asegura que este 2020 ha habido una cantidad importante de solicitudes aprobadas, en relación a años anteriores. “En la anterior gestión directamente no se admitían solicitudes de refugio… según el criterio que aplicaba la Conare, no había causal de refugio”, explica.
Este 2020, entre enero y junio, se aprobaron 176 solicitudes de refugio de solicitantes de nacionalidad venezolana, según informa la asistente de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Stephanie Rabi. Solo en el primer semestre de 2020, se ha triplicado el número de refugiados de nacionalidad venezolana reconocidos por el país.
Además, según datos oficiales proporcionados por las autoridades de la Acnur, entre enero y junio de este año han recibido 683 nuevas solicitudes para acceder a la condición de refugiado de personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un ascenso de un 113% en las solicitudes en relación al mismo período de 2019. Aquellos datos se encuentran también en su informe estadístico de mediados de 2020.
El giro de la política de refugiados se habría dado durante el Gobierno transitorio, cuando Bolivia confirmó su ingreso al Grupo de Lima el 22 de diciembre de 2019, sumándose así a la lista de países que hacen seguimiento y buscan una solución pacífica a la crisis en Venezuela.
Aunque el cambio en la política de refugiados había sido notorio, Bolivia tampoco se había convertido en el paraíso de los migrantes, pues el propio Josué asegura que las autoridades migratorias los persiguieron, acosaron en las calles y vulneraron sus derechos, tanto en el gobierno de Añez como en el de Morales.
Otra cosa de la que Josué está seguro, es de que la coyuntura en la que llegó al país le jugó en contra. Llegó en un tiempo en el que las solicitudes no se recibían y no se procesaban, según explican las organizaciones que trabajan en la materia y según dan testimonio quienes enviaron sus solicitudes en aquel entonces.
De acuerdo a la Ley 251, una vez recibido el trámite de solicitud de refugio en la Conare, ésta otorga una permanencia temporal de hasta 60 días a los solicitantes. En ese mismo periodo de tiempo, la institución deberá procesar la solicitud y aprobarla o rechazarla.
Ha pasado más de un año y medio desde que Josué ingresó su solicitud. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta alguna sobre la misma, lo que lo deja no sólo desprotegido, sino vulnerable ante su permanencia irregular en el país.
¿Se perdió?, ¿se traspapeló?, ¿no la procesaron?, ¿la rechazaron? Esas son algunas de las preguntas que quedan en el aire para él.
Por ley, la instancia a través de la cual se tramitan las solicitudes de refugio, es la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de La Paz. Para Aldo Cortés, responsable de la Unidad de Movilidad Humana, esto es un problema.
Para quienes por uno u otro motivo deciden abandonar la ciudad de La Paz, hacer seguimiento o ingresar una solicitud desde otra ciudad, es inviable.
De momento, su situación continúa siendo irregular. “Cada vez me detienen los de Migración o Interpol; entiendo el trabajo de ellos y lo respeto de verdad, pero yo también tengo que hacer mi parte”, se sincera. Vive con el miedo de ser llevado a la fuerza hacia la frontera, como le sucedió a otros compatriotas suyos.
Pese a todo, en Tarija asegura haber encontrado la estabilidad que buscaba: algo tan simple como tener un lugar al que llegar, una cama donde dormir y buscar un trabajo con más tranquilidad; sin el estrés de dormir en la calle.
Ha hecho una rutina y sus amigos son su nueva familia. Compra tequeños a Carlos, comparte bromas con Mónica y mira con ternura a los niños que rodean los lugares que frecuenta, recordando a su hijo de ahora 6 años, en un viaje que lo ha llevado por cuatro países y miles de kilómetros, pero con quien espera reencontrarse una vez que halle una vía para regularizar su situación. Eso sí, el reencuentro será en Bolivia.
Un ángel en verde olivo
Carlos y Josué, aparte de compartir la misma nacionalidad, tradiciones, costumbres y el afecto por la textura hojaldrada de aquellos rollitos de queso venezolanos llamados tequeños, comparten una historia marcada por los kilómetros andados y por los segundos que los dejaron sin aliento a lo largo del camino y a ilusión de seguir adelante bajo el manto de la rojo, amarillo y verde.
Carlos ingresó al país por Desaguadero, frontera de Bolivia con Perú, acompañado de su esposa y sus dos hijos. Como no contaban con todos los documentos que les pedían para el ingreso, la familia tenía temor de no poder pasar al país, afrontando el riesgo de quedar en el limbo de las silenciosas fronteras, como les había pasado a otros, incluido Josué.
Un “ángel” vestido de uniforme, no permitiría aquello. La familia había conocido a un policía que estaba al tanto de su situación y de las dificultades que atravesaban. El hombre, arriesgando su propio puesto laboral, decidió calzarse el uniforme, recoger a la familia en su vehículo personal y ayudarlos a atravesar los controles hasta llegar a la ciudad de La Paz. Aunque la frontera había quedado atrás, en la Sede de Gobierno la batalla por el refugio recién empezaba.
“Te piden evidencias”, cuenta Carlos respecto a la solicitud de refugio que le fue negada por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia.
“¿Cómo una persona que sale escapando de su país, puede presentar pruebas?”, se cuestiona. El responsable de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, Aldo Cortés, reconoce que eso es lo más “complicado” del proceso, pero también sabe que hay quienes apelan al refugio como una forma desesperada por regularizar su situación. “Cada caso es particular”, asegura el funcionario.
Carlos solicitó su refugio en octubre de 2019, pero le fue negado. Hizo un segundo intento a principios de 2020 para apelar la determinación, pero no pudo llegar a tiempo a La Paz desde Tarija, por la cuarentena rígida que ya regía en el país debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.
Si bien la Conare estableció mecanismos “online” para atender los casos durante la pandemia, el funcionario del Defensor del Pueblo explica que ni ellos sabían que éstos estaban vigentes.
La pandemia y la cuarentena estricta no fueron motivo suficiente para que les ampliaran el plazo, por lo que perdieron su oportunidad de apelación.
“Para ellos tienes que ser perseguido político para obtener el refugio”, se lamenta Carlos.
Para ellos esta calificación es “injusta”, pues no todos sus compatriotas salieron de su país por persecución política, sino por hambre.
De acuerdo a la Declaración de Cartagena, tomando en cuenta la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, “se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
El hambre atentaba contra su vida y la de los suyos. Carlos y su familia también necesitaban refugio, y la Declaración de Cartagena los amparaba.
Al igual que Josué, no obtuvo el refugio, aunque sí pudo conseguir una visa de trabajo en el país gracias a una persona boliviana que hizo de garante para la tramitación del documento; algo que para la mayoría de los migrantes es “imposible”.
“Pudimos sacar una visa accesible de mil y algo”, recuerda con cierta calma.
Además de pagar la visa, debían depositar Bs 600 por cédula en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), lo que equivale a 86 dólares por documento. “Ese costo es para que te impriman un plástico”, critica todavía incrédulo.
A Carlos no le termina de cuadrar el por qué los migrantes de otros países del continente que no sean del Mercado Común del Sur (Mercosur) deban pagar por una visa de trabajo con precios que van desde los dos mil hasta los tres mil bolivianos. “Como si viniéramos de Arabia Saudita”, ironiza.
Además, el plazo es corto, pero las exigencias son “bastante” morosas y burocráticas.
“¡Arepa, arepa! ¡Lleve sus ricas arepas!”, ese es el grito de Carlos por las principales calles del centro tarijeño, siempre acompañado por sus dos hijos, uno vestido de Mario Bros y el otro de Luigi, los pequeños saltarines que acompañan a sus padres en esta gran aventura.
A este dinámico grupo se une su esposa, quien se encarga de las finanzas del pequeño negocio callejero. Esta aventura los lleva a miles de kilómetros fuera de casa, pero se mantienen unidos y fuertes con la esperanza de seguir subiendo de niveles en esta carrera por la vida.
Aunque el refugio no fue una posibilidad para Carlos, la esperanza para otros ha aumentado a lo largo de 2020, donde solo hasta junio han aprobado 176 solicitudes a sus compatriotas.
Refugio, pero sin salvación
Sonia lleva poco más de un año en Bolivia, donde vende barbijos y dulces cerca a la iglesia San Francisco de la ciudad de La Paz, uno de los puntos más turísticos de la urbe paceña, aunque por ahora son pocos los turistas que recorren el lugar a causa de la pandemia.
Hambre y miedo: esos fueron los factores decisivos para que emprendiera un viaje de miles de kilómetros hasta Bolivia.
“Patética. No hay qué comer. No hay nada”. Así describe la vida en Venezuela, aunque aclara que no fue solo el hambre lo que la impulsó a dejar su país, sino el temor por su vida; en especial por la de su esposo. Él era perseguido por las autoridades venezolanas por los manejos que realizaba dentro del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su localidad; instancia encargada de distribuir y garantizar los alimentos de primera necesidad que subsidia el Estado a precio controlado.
“A mi esposo lo golpearon”, cuenta Sonia.
En medio de detenciones y arrestos a amigos que regalaban las cajas al igual que su esposo, Sonia, Miguel Ángel y sus dos hijos, decidieron salir del país con un rumbo fijo: Bolivia.
El 2019, cuando la familia llegó al país, Evo Morales se encontraba en la presidencia. Aunque sabía que aquello podía ser un inconveniente para solicitar el refugio, porque se lo habían comentado otros compatriotas que habían intentado obtenerlo, los motivaba el hecho de que una prima de su esposo ya se encontraba en el país. La sensación de tener una familia los reconfortaba.
Llegando a la ciudad de La Paz, a 4000 metros sobre el nivel del mar la brisa fresca de la altura se tradujo en aires de esperanza, pero pronto ese soplo de ilusión sería asfixiado por la burocracia que intentaba sofocar sus sueños.
Tras haber llegado al país, con el apoyo y orientación de Munasim Kullakita Sonia inició su trámite de solicitud de refugio. Aunque iba cargada de ilusión, el primer encuentro con los funcionarios de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), no fue grato. “Me rompieron los papeles en la cara”, dice la mujer de 29 años y madre de dos niños.
Un funcionario de la Conare le aseguró que no se aprobaban esos trámites y que era una pérdida de tiempo. Acto seguido rompió los papeles, rompiendo con ellos también su ilusión.
Incrédula, se puso a llorar sin poder acudir a las autoridades de Bolivia, pero tampoco a las de su país. Estaban solos.
Aldo Cortés, desde su oficina en la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz, explica que el rol de la embajada venezolana en el caso de los refugiados es nulo, bajo el entendido de que los solicitantes están saliendo de su país porque ha habido una vulneración que ha puesto en riesgo su integridad.
Aunque por aquel entonces se encontraba como embajador Winston Flores, delegado por Juan Guaidó para representar a su país durante el gobierno transitorio de Añez en Bolivia, el resultado era el mismo. Su presencia para los refugiados era únicamente simbólica, pues el propio Flores había salido de su país perseguido por Maduro y no tenía contacto con las autoridades gubernamentales de su país. Su presencia era un símbolo de que la relación de Maduro con las autoridades del país se había acabado, al menos durante el Gobierno transitorio. Nada más.
Sonia presentó sus papeles cuatro veces. No estaba dispuesta a darse por vencida. “Le rogué que se apiade de mis hijos”, asegura. La cuarta vez que acudió a la oficina, un nuevo funcionario ocupaba la silla y accedió a recibir los documentos, otorgándole posteriormente la permanencia temporal por el tiempo que dura el trámite: 60 días. Era diciembre. Evo Morales había salido del poder.
“Volví a las oficinas en marzo, porque el documento temporal ya estaba vencido y yo quería renovarlo”.
Sonia regresó a la Comisión Nacional de Refugiados, aunque confiesa que acudió con miedo a que no le renovaran los papeles. Miedo al rechazo, miedo al silencio, miedo a la expulsión. La lista de miedos era incontable en su cabeza.
En el primer semestre de 2020 se otorgó la condición de refugiados a 176 ciudadanos venezolanos
Cuando llegó a la Conare, le informaron que no podían renovarle el permiso temporal. ¿El motivo? Su solicitud de refugio había sido aprobada. Efecto inmediato, desde aquel día de marzo, ella y su familia eran refugiados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sonia estaba llena de preguntas, ¿cómo lo había logrado? Según relata, el funcionario había metido su solicitud y la llegada de un gobierno que no era aliado de Maduro, se había encargado del resto.
“Cuando lo pedí y estaba Evo, nos rompieron el papel en Conare”, insiste la mujer. “En mi cara”, agrega haciendo gala de su acento caribeño en cada sílaba.
“Una vez entregada la condición de refugiado, esta es intransferible, inapelable y la ley no permite que se les quite esa condición”, explica el abogado Henry Viscafé. Sonia está a salvo, pero tanto ella, como los organismos que trabajan asesorando a quienes buscan refugio en el país, temen por el futuro de nuevos solicitantes, tras el retorno del partido aliado de Maduro al poder.
Tras enviar tres cartas de solicitud de entrevista, la Comisión Nacional de Refugiados no dio mayor respuesta que un “RECIBIDO”, a través de un correo electrónico enviado el 19 de noviembre. En los 60 días que tomó la producción del trabajo periodístico, tres personas pasaron por la presidencia de la institución, obligando a ingresar una nueva solicitud de entrevista en cada cambio. Ninguna dio respuesta.
En tres semanas que lleva Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo en el poder, no solo las organizaciones que asesoran a los solicitantes de refugio han dejado de recibir aprobaciones de refugio, sino que, según relatan ciudadanos venezolanos al abogado Henry Viscafé, las nuevas autoridades han dejado sin efecto resoluciones que facilitaban su regularización migratoria.
La resolución en cuestión es la 148/2020, que reconoce la identidad de los niños venezolanos con la presentación de documentos supletorios como una fotocopia simple de su certificado de nacimiento o el documento vencido, la cual también contempla a sus padres o tutores legales.
María Luisa Calleja, responsable de comunicación de la Dirección General de Migraciones, confirmó vía telefónica que dicha resolución está “en pausa”. La funcionaria aclara que si bien la resolución continúa vigente, no se está aplicando debido a que se encuentra en análisis por parte de las nuevas autoridades migratorias.
“Al ser su alcance sólo para ciudadanos de nacionalidad venezolana, se presentaron casos de niños que nacieron en el trayecto y no en Venezuela, por tanto se analiza cómo cubrir a los menores de padres venezolanos nacidos en otros países”, explica. Además, agrega que también se está estudiando su impacto en la trata y tráfico, ya que facilita que los adultos puedan ingresar al país con niños sin documentos.
Para Sonia, Bolivia se ha convertido en el país de la esperanza gracias al refugio. Sin embargo, su situación no ha mejorado pese a tener una permanencia legal en el país. Ella, su esposo y sus hijos, viven en un departamento de un solo cuarto que comparte con otras dos familias. Son once personas en un espacio diseñado para tres.
Duerme en el piso, sin colchón y cocina en una cocinilla prestada por una organización. La comida, algunos días, sólo alcanza para sus hijos. Con devota conciencia, sale diariamente a vender barbijos y dulces a San Francisco, pero el dinero no siempre da para alimentar a todas las bocas. Las de los más pequeños son prioridad.
“A veces pienso que estaría mejor allá, al menos con mi familia”, dice recordando a su padre de 63 años, a quien extraña y lamenta no poder ver ni traer por falta de dinero. Hace una pausa y se retracta: “allá probablemente mi esposo estaría muerto o preso”.
Para la mujer de tez canela y cuerpo curvilíneo, resulta inimaginable pensar lo difícil que es la vida para los venezolanos que están de forma ilegal en el país. Para ella, con refugio y todo, la vida en Bolivia no es fácil y el dinero no rinde. Está legal, pero no está mejor. Contrario a lo que piensan quienes lo solicitan, el refugio no es precisamente una salvación. Tal vez los salve del peligro, pero no de la burocracia ni del hambre.
Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y DW Akademie, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.
