Mercedes Bluske y Jesús Vargas Villena
(Verdacontinta-noviembre/2017) En los inicios de la República de Bolivia, por el año 1825, el país nació como Estado liberal de corte francés, basado en el modelo que regía en Francia en aquel entonces. Dadas las características de este modelo, se podían comprar y vender ríos, quebradas, lagos y lagunas que estuviesen dentro de un territorio privado. Inclusive se podían comprar y vender comunidades enteras.
Con la Constitución de 1967 eso cambió totalmente, pues la carta magna indicaba en el capítulo II artículo N° 136 que: “son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley les de esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares”.
De esta forma, los ríos, lagos y demás aguas, pasan a ser de dominio del Estado. Posteriormente, durante el Gobierno de Hugo Banzer Suárez fue promulgada la Ley 2028 de Municipalidades, donde los bienes de dominio público son de los gobiernos municipales.
Así, de acuerdo al artículo 85 de la citada ley, los ríos hasta 25 metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento, pasan a ser parte del municipio.
“De acuerdo a los debates parlamentarios de la época, el objeto de reservar el dominio del río, era preservar bosques y áreas de reforestación que permitan mantenerse. Lamentablemente, en Tarija hemos construido sobre las áreas de río”, dijo el abogado Jorge Bacotich Oliva.
La avenida principal del barrio Miraflores, que lleva hasta el colegio La Salle, sufrió serios daños en múltiples ocasiones a causa de las riadas, dejando la vía inutilizada.
Suerte similar corrió la avenida Integración, que es otro foco de inundaciones. Los más críticos la llaman sarcásticamente como la avenida “Inundación”.
El garaje del antiguo edificio de Tránsito, ubicado entre la avenida Integración y la avenida Victor Paz Estenssoro, se inundó en numerables oportunidades, causando daños a los vehículos que ahí se guardaban.
Avenidas como Julio Delio Echazu, La Banda o La Costanera construidas al margen del río y quebradas corren la misma suerte.
Un estudio realizado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Tarija, muestra que la ciudad creció en zonas de inundación, tal como es el caso del barrio Miraflores, donde casas y edificios quedan a merced no solo de las crecidas del río Guadalquivir, sino de las quebradas que lo atraviesan.
El abogado Jorge Bacotich observó que la Gobernación, que es la institución que otorga las licencias ambientales, «nunca» realizó observaciones a la construcción de mercados, avenidas y estacionamientos en terrenos públicos comprendidos por los 25 metros que establece la ley.
“La Alcaldía es la que puede decidir, por una sola ley municipal”. Existen sectores de la zona de San Blas que son propensos a inundación, según el estudio anteriormente mencionado.
En San Blas, se pretende construir la planta de tratamiento de aguas residuales que busca satisfacer parte de la demanda de la ciudad de Tarija, por lo que esperan conocer la ubicación exacta de los terrenos que serán utilizados para dicho proyecto, para corroborar que los mismos no están situados en zonas de inundación, pues un hecho de esta magnitud, podría producir una catástrofe medioambiental.
En respuesta, el secretario de Medio Ambiente de la Alcaldía, Álvaro Orozco Herbas, indicó que las licencias ambientales las da la Gobernación, pero en los lechos de río están efectuando planes para crear áreas verdes.
Estas áreas verdes servirán para amortiguar y absorber el agua en caso de inundación, aunque en gran parte de la ciudad, ya levantaron construcciones en los lechos de río, pese a que son terrenos municipales.