Sobreprecio: El manchado camino del caso imprenta

¿Qué pasó? ¿Por qué se habla tanto de este caso? ¿Sobreprecio de qué? Son las preguntas que tratamos de responder…

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Mercedes Bluske y Jesús Vargas Villena

(Verdadcontinta-junio/2018) Fabricada en Alemania, importada desde Finlandia hasta el sur de Bolivia, esa es la ruta de la imprenta marca Heidelberg que llegó en el año 2013 a la ciudad de Tarija, como parte del equipamiento de la Gobernación.

¿Qué pasó? ¿Por qué se habla tanto del caso imprenta? ¿Sobreprecio de qué? Son las preguntas básicas que uno se hace cuando en los medios de comunicación se habla de este polémico proceso de presunta corrupción, del que no está todo claro. Al contrario, algo está manchado a simple vista.

El inicio

Para el año 2013 la Gobernación llevaba tres años a la cabeza de Lino Condori Aramayo, quien a esa altura, ya había armado un equipo de trabajo, reestructurando en personal casi todas las dependencias.

Es en esa gestión interina de Condori, la Dirección Administrativa hizo conocer la necesidad de adquirir una imprenta nueva para reducir costos de impresión, debido a la gran cantidad de material que se producía, debiendo, en la mayoría de los casos, recurrir a empresas particulares de diseño e impresión.

Las imprentas con las que contaba la Gobernación eran antiguas, demandando mayor tiempo para la impresión, además que las mismas no podían abastecer a las diferentes unidades departamentales.

Para adquirir un equipo de estas características, es necesario seguir todos los pasos como establece la norma. Uno de ellos, antes de subir la licitación al Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), es de hacer una cotización.

Las cotizaciones fueron realizadas con la distribuidora oficial en Bolivia de la marca alemana Heidelberg, reconocida a nivel internacional en la fabricación de este tipo de equipos, cuya sede se encuentra en la ciudad de La Paz.

La segunda cotización fue realizada de la importadora Grafimaq con sede en Cochabamba.

El precio referencial sacado de ambas cotizaciones, oscilaba por el millón de bolivianos para una imprenta nueva de fabricación alemana.

Con los precios referenciales, la Gobernación inició el año 2013 el proceso de licitación, donde se presentan dos proponentes: Danquer y Konoha.

La empresa adjudicada fue Konoha, que ofrecía una imprenta marca Heidelberg de última generación, además del respectivo mantenimiento al contar con talleres autorizados y un técnico especializado en el manejo de estos equipos.

En la propuesta, Konoha ofrece también una capacitación técnica a los trabajadores de la Gobernación que manejen el equipo.

El precio ofertado fue de Bs 991.600 por el equipo, más los servicios mencionados, mismo que se encontraba por debajo del parámetro que se tenía en las cotizaciones previas.

La comisión calificadora dio el aval a Konoha, precisamente por los servicios extras que ofrecía, sobreponiéndose a la otra ofertante.

Tras la adjudicación, la Gobernación realizó la orden de compra para que la imprenta sea importada hasta Tarija.

La empresa adjudicada se encargó de la importación, pero se dio un hecho particular. La imprenta “nueva”, no fue traída desde la fábrica de Alemania, sino que llegó desde Finlandia.

En el proceso de licitación como el de adjudicación hubo denuncias aisladas y peticiones de informe desde la Asamblea Departamental, que la administración departamental en ese entonces pasó por alto, argumentando que los procesos habían cumplido con todos los requerimientos formales.

La imprenta llegó a Tarija y fue trasladada a la sede de los beneméritos de la Guerra del Chaco.

Aquí inicia una serie de irregularidades que derivan en un proceso con siete imputaciones penales.

La denuncia

Lino Condori Aramayo ya no es gobernador, y la nueva gestión departamental decidió por medio de la Dirección de Transparencia, formalizar una denuncia para pasar a una investigación efectuada por la Secretaría de Justicia.

El director de Transparencia, Waldo Tarifa, decidió ya en el 2015, formalizar una denuncia penal en contra de la anterior administración por la adquisición “irregular” de este equipo.

En primera instancia la denuncia fue rechazada por la Fiscalía, con el argumento de que no había los suficientes indicios de responsabilidad, por lo que tras hacer una investigación, la Secretaría de Justicia, recolectó más documentación para presentar nuevamente la querella, siendo en la segunda oportunidad aceptada.

Los delitos identificados son enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, entre los principales.

Las irregularidades

Entre las oficinas que rodean uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la ciudad de Tarija, se dilucidan los casos más pesados del departamento.

Subiendo las antiguas escaleras contiguas al coliseo Luis Parra, se encuentran las oficinas de la Unidad de Gestión Procesal Penal, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Gobernación.

Ahí, entre cientos de folders y papeles se encuentra Elizabeth García Carrasco, una joven abogada que cumple la función de jefa de esta unidad jurídica.

Elizabeth, ayudada por uno de los funcionarios de esta instancia, el abogado Gilmar Párraga, saca toda la documentación recolectada del “caso imprenta”. Fotocopias, fotografías, contratos y una serie de documentos que arman montañas de papel.

El contenido es pesado, no solo por el peso de todos los folders, sino por lo que representan en sí.

“No hablamos en realidad de un sobreprecio, sino que toda la compra no debió hacerse”, aclara la funcionaria con una detallada introducción del caso.

Las investigaciones revelan que el precio real de esta imprenta oscilaría por los Bs 205.800, pero fue adquirida por Bs 991.600. Una vez más, la funcionaria aclara que no se juzga el sobreprecio, sino toda la compra.

En base a los antecedentes, nos remitimos paso por paso a las irregularidades identificadas desde esta unidad jurídica.

Primera irregularidad. Cuando fue realizada la cotización con la que se saca el precio referencial, los investigadores hallan una primera anomalía: En Bolivia solo una empresa está autorizada para importar las imprentas Heidelberg; sin embargo, aparece una segunda casa importadora.

Segunda irregularidad. La cotización realizada por la importadora Grafimaq no tiene el sello de esta empresa para legalizar el documento. Además que la firma no coincide con la del propietario, tampoco aparece un nombre debajo de la firma.

“Hicimos un estudio grafológico con especialistas, quienes confirmaron que la firma del propietario de esta empresa realizada en otros trámites, no coincide con la de este documento”, refiere la abogada.

“Creemos que es una cotización falsificada para sacar un precio referencial”, acota.

Tercera irregularidad. El primer depósito para el pago de esta imprenta fue realizado en agosto de 2013, mismo mes en que la Dirección Administrativa inicia la solicitud del proceso de contratación.

“Hicieron la cancelación en las mismas fechas que hacen la solicitud”, agrega García, recalcando en la irregularidad denotada en los tiempos.

Cuarta irregularidad. La máquina era usada. Esta es la mayor alteración detectada en la investigación. El Decreto Supremo 181 de normas básicas de bienes y servicios prohíbe a las instituciones públicas adquirir equipos a medio uso.

Pudo constatarse que la imprenta adjudicada no era nueva, sino a medio uso. “Se hicieron pericias electrónicas y mecánicas”, agrega el abogado Párraga, al referir que los peritos fueron técnicos de la misma empresa alemana Heidelberg.

Si bien, la imprenta fue comprada como nueva, en el peritaje comprobaron que la misma fue fabricada el año 1996, siendo luego utilizada hasta llegar a manos de una empresa importadora en Finlandia.

La imprenta habría sido comprada por una tercera persona de la empresa Grafisale Printing Equipment de Finlandia, misma que se dedica a la venta de equipos tecnológicos a medio uso.

En la investigación puede verificarse que el primer depósito efectuado por el Gobierno Departamental es a una cuenta de Finlandia. “Eso quiere decir que sabían que la máquina era a medio uso”, afirma la abogada.

Verdad con Tinta al ingresar al portal web de la empresa citada, http://www.grafisale.fi/ comprobó que se dedica a la venta de equipos a medio uso, misma que efectivamente tiene su sede en Finlandia.

El primer pago habría sido a la persona que compra la imprenta a dicha empresa en Finlandia.

Quinta irregularidad. Los documentos originales de la Aduana Nacional confirman que el 22 de octubre de 2013 ingresó la citada imprenta al país, los mismos establecen que el equipo es a medio uso y tiene un costo inferior al citado por la administración departamental en ese entonces.

Posteriormente, fueron presentados en el proceso judicial los mismos documentos pero con otros datos. “Le aumentaron el número a cada recuadrito”, para que la cifra llegue a la misma cantidad del pago efectuado.

Sexta irregularidad. Las comisiones de calificación y recepción al momento de aprobar el proceso de adjudicación, fueron conformadas por funcionarios que en su momento no conocían del mismo.

En la declaración informativa que dio a la Fiscalía, uno de los miembros de la comisión calificadora refiere que “nunca” hizo una revisión a la documentación presentada por la empresa proponente.

Agustín Victorio Viracochea, es uno de los prensistas que opera las máquinas antiguas de impresión de propiedad de la Gobernación, quien precisamente por su conocimiento técnico fue parte de la comisión calificadora.

El hombre declaró ante la Fiscalía que lo llamaron desde la Dirección Administrativa para que revise una de las máquinas antiguas de la Gobernación; tras hacer esa inspección, le hicieron firmar unos documentos, sin saber que en los mismos, estaba dando el aval a la adjudicación.

“Luego la máquina llegó y la instalaron en las oficinas de los excombatientes”, dice en la declaración informativa que está dentro del cuaderno de investigaciones al que pudo acceder Verdad con Tinta.

“Me hicieron firmar un documento sin leer”, declaró el funcionario investigado a la Fiscalía.

Al aceptar el equipo, la comisión de recepción tampoco hizo observaciones. Incluso pudo verse que en la parte metálica en la que va la marca como el año de fabricación, las letras fueron borradas.

Séptima irregularidad. La empresa adjudicada en su propuesta ofrece un taller y la capacitación de personal entre otros, situación que tras la adquisición no ocurrió.

“Hasta ahora no tenemos repuesto, no hay el taller mencionado y nunca vino alguien a capacitar al personal”, explicaron en los talleres de la Gobernación, tras hacer una visita al sitio donde se ubica actualmente el equipo en la zona de San Jacinto.

La representante de la empresa adjudicada, Silvia Palomino, decidió ir a un proceso abreviado para reducir la pena, aunque estaría reconociendo una culpa. La Gobernación solicitará en el proceso la anotación de los bienes materiales.

Imputados

Por este caso siete personas fueron imputadas por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y falsificación, entre los que aparecen el exgobernador Lino Condori Aramayo, el exsecretario de Finanzas, Grover Pereira Castrillo, el exdirector administrativo, Eloy Jurado, la representante de la empresa adjudicada Silvia Palomino, además de los integrantes de las comisiones de calificación como de recepción.

Jurado se abstuvo de declarar ante la Fiscalía. Condori asegura que estos procesos son parte de una “persecución política” de la gestión de Adrián Oliva Alcázar, mientras que los otros imputados refieren que cumplieron con todos los procedimientos legales, desconociendo que la imprenta era a medio uso.

La imprenta

La máquina en cuestión se encuentra en instalaciones de la Gobernación del proyecto San Jacinto junto a otros equipos. La imprenta está funcionando, pero no compensa el gasto realizado, según refieren sus funcionarios.

“El fin de la Gobernación en este proceso penal es de recuperar todo el dinero invertido”, afirmó con un suave tono la abogada Elizabeth.

Para ella todo el proceso de adjudicación fue debidamente “armado”, incluso la empresa adjudicada.

El proceso continúa su curso, con varias manchas que salen de esta imprenta que deberán aclararse al final.