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Trabajo sexual, el limbo entre lo legal y lo ilegal

Abre la puerta y no sabe con qué se encontrará, salir con vida es uno de los principales retos después de estar con un cliente

La prostitución ha sido calificada eufemísticamente como la “profesión más antigua del mundo”, ya que se conoce prácticamente desde que existen registros históricos de algún tipo, y en prácticamente todas las sociedades.

Es la profesión más antigua del mundo, pero irónicamente es una de las pocas que no es reconocida en la mayoría de las legislaciones. Bolivia no es la excepción.

Al no ser una profesión reconocida en el Ministerio de Trabajo, las personas que viven de la prostitución en el país son vulnerables a diferentes peligros que ponen en riesgo su vida.

Lo irónico de la situación es que los locales que ofrecen servicios sexuales sí pueden hacer la tramitación para legalizarse. Esta situación no ocurre con sus trabajadoras.  

La normativa nacional solo obliga a quienes ejercen la prostitución a tener al día su registro sanitario por medio de los servicios departamentales de salud (Sedes).  Entonces, sí serían reconocidas por el Estado “en parte”, pero no como un trabajo legal.

No por nada la llaman ‘la profesión más antigua del mundo’. El sexo pagado existe desde tiempo remotos y seguirá existiendo con ley, o sin ley. Pero el proxenetismo y la trata podrá reducirse con legalización de por medio.

Según Amnistía Internacional, legalizar la prostitución reduce la vulneración de los derechos humanos y evita que operen los tratantes. En la vereda del frente, los sectores moralistas tiran piedras para mantener el oficio en la clandestinidad, como si hacerlo ilegal, hiciera al problema irreal.

De acuerdo a los datos del Servicio Departamental de Salud, en Tarija hay 1834 trabajadoras sexuales registradas y con libreta sanitaria, la cual certifica que acuden a realizarse los controles de manera periódica en los centros de salud.

Personal responsable del programa VIH del Sedes

Según expresó el doctor Carlos Romero Michel, jefe del programa VIH, en Tarija se realizan los controles ginecológicos a las trabajadoras cada 15 días, pero al no haber una ley que regule la actividad en el país, la frecuencia de los controles puede variar de ciudad en ciudad. “En algunas partes es cada mes y en otras es cada semana”, agregó el responsable del programa en Tarija.

Mientras más a fondo es realizado el análisis legal, más confusiones surgen. La diputada tarijeña, Jacqueline Mendieta Cardozo, que forma parte de la Comisión de Constitución y Legislación en la Asamblea Plurinacional, confirmó que no existe una normativa que centre su atención en la problemática de la prostitución.

“Son sometidas a diferentes controles, pero al mismo tiempo no son reconocidas, es complejo el tema”, reconoció la delegada tarijeña de la oficina del Defensor del Pueblo, Carola Romero Pacello.

Las mujeres que dependen económicamente de la prostitución refieren que los controles son excesivos y abusivos, tanto en los centros de salud como de la misma Policía.

Estos reclamos llegaron hasta las oficinas del Defensor del Pueblo, donde conciliaron acuerdos entre las partes.

Sobre los controles de salud, las quejas se basan en casos de maltratos y discriminación de parte del personal médico en contra de las trabajadoras sexuales. “¡Vos me metiste los dedos!”, le reclamó una mujer a un ginecólogo en una de las reuniones que sostuvieron.

Además, denunciaron que personal externo, como enfermeras o ayudantes tratan abusivamente a las trabajadoras sexuales.

Uno de los principales problemas se debía al horario y centralización de los controles periódicos en las oficinas del Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Ellas reclamaban que a gran parte les quedaba alejadas estas oficinas de la zona donde vivían”.

Cada trabajadora sexual debe tener su registro sanitario actualizado, mismo que debe ser efectuado cada quince días, con tres meses como plazo máximo.  Por su parte, el control del VIH debe realizarse trimestralmente.

Y aunque los estudios son obligatorios,  se trata de una “obligatoriedad voluntaria”, pues nada las obliga a asistir para realizarse las pruebas. “Depende de su responsabilidad y conciencia”, agrega la doctora Lía Galvez, ginecóloga del Programa VIH.

Como parte de la conciliación respecto a los controles, logró acordarse de que éstos puedan ser realizados en las diferentes postas barriales, aunque ellas deberán aguardar su turno como cualquier paciente, perdiendo la prioridad que tenían en el Sedes.

Esta acción también evita el reencuentro entre las trabajadoras sexuales con los funcionarios de salud con quienes tenían desencuentros, ya que tienen la posibilidad de elegir dónde ser atendidas.

En contraparte, hay médicos y funcionarios de salud que también se quejaron de malos tratos recibidos de las trabajadoras sexuales.

Según los funcionarios de salud, hay trabajadoras sexuales que llegan a realizarse sus controles alcoholizadas y “agresivas”, exigiéndoles que les atiendan de forma inmediata con insultos de por medio.

Los médicos también aseguran de una fuerte susceptibilidad de parte de estas trabajadoras, quienes ante cualquier indicación o revisión, se ponen a la defensiva. “El prejuicio muchas veces nace de ellas”, explicó el doctor Ever Salazar, miembro del comité fármaco-terapéutico del Sedes.

Sobre los maltratos a las trabajadoras sexuales por parte de los médicos, El Sedes negó la existencia de alguna denuncia formal, pero el director de la institución, Paul Castellanos, aseguró que no dudarán en iniciar cualquier tipo de investigación.

El conflicto sanitario y legal va más allá de las disputas entre pacientes y médicos. Cuando hablamos de VIH la problemática es compleja pues al estar normada por ley la confidencialidad del diagnósticos de los pacientes con VIH, el evitar el contagio depende exclusivamente del portador. La ley protege al portador, pero, ¿quién protege a los clientes?

Controles policiales

Los reclamos de las trabajadoras sexuales también van en dirección al trabajo policial. Según denunciaron ante las oficinas del Defensor del Pueblo, hay patrulleros policiales que se estacionan en las afueras de los centros nocturnos, sabiendo que al interior existen personas embriagadas que saldrán en vehículos.

Efectivamente, gran parte de los clientes de estos centros nocturnos salen embriagados  al mando de sus vehículos con trabajadoras sexuales a bordo. Los policías al retener a los conductores, los arrestan, pero luego las dejan solas en la avenida a las trabajadoras sexuales.

Son repetidos los casos, según las denuncias, en los que las trabajadoras sexuales deben volverse semi vestidas a pie por las avenidas a causa de estos controles. “Nadie se percata del peligro que corren ellas”, acota Romero.

Seguridad

¿Quién vela por ellas? La realidad es que están a su suerte o a la política del dueño del local en el que trabajan.

Al no estar legalmente reconocido este trabajo, la seguridad de las trabajadoras sexuales depende exclusivamente de ellas, si son independientes o de los locales en los que trabajen.

Hay centros nocturnos que asignan guardaespaldas a las trabajadoras cuando ellas salen con un cliente a un motel u otro sitio. Los guardias esperan afuera del lugar al que se dirijan.

Otros centros nocturnos, al no tener ninguna obligación legal en ese sentido, las dejan a su suerte. Obviamente, éstas deben dar sus regalías de lo cobrado, eso sí está previsto.

En otros casos, los custodios también son los opresores. “Conocía a una chica de Brasil que la trajeron para una fiesta y cuando llegó le quitaron la documentación y no la dejaron ir”, cuenta una trabajadora sexual entrevistada por Verdad con Tinta, quien asegura que este es el modus operandi de muchos locales. “La chica tuvo que prostituirse hasta que le devolvieron el documento”.

El control se dificulta, pues se trata de una población flotante, que migra de ciudad en ciudad con mucha frecuencia. Si bien hay 1834 trabajadoras registradas en el Sedes de Tarija, muchas ya no acuden a los controles en la ciudad porque migraron y otras porque dejaron el oficio.

“El 70 a 80% de las trabajadoras sexuales son de otros departamentos o países”, acota la delegada.

Al no existir un número específico,  los controles también se complican tanto para las instituciones sanitarias como de seguridad, abriendo también las puertas de la trata y tráfico de personas.

Cada día es un reto para las trabajadoras de este sector, que si bien pueden llegar a tener altas regalías, no saben si saldrán vivas de sus ocasionales puestos de trabajo. Los vacíos y contradicciones legales, mantienen en el limbo al oficio más antiguo del mundo.

Redacción Central
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