Los incrementos salariales se definieron en una mesa redonda monopolizada por el sector obrero y el Gobierno Nacional, dejando paradójicamente de lado al empresariado privado, del que depende la economía boliviana.
Los impuestos son la segunda forma de ingresos del Estado, después de la venta hidrocarburos. Sin empresas privadas, el Gobierno no recibe impuestos, con los que se realizan obras públicas en el país, generando miles de puestos de trabajo.
A su vez, sin empresas privadas no habría suficiente empleo para el sector obrero del país.
Entonces, ¿porqué no se toma en cuenta la opinión del empresariado en materia económica? Para Marcelo Romero Llanos, quien es presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, el motivo es que las medidas económicas del país se toman de manera política.
“Hay que saber discernir el aspecto social y el aspecto empresarial”, asegura Marcelo.
Para el presidente del empresariado tarijeño, la determinación es acertada en la medida de que la gente necesita cubrir más necesidades y, por ende, requiere mayores ingresos.
Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, pensando en el real manejo de la economía del país, no se está trabajando con argumentos técnicos.
“Se está pensando solo en la parte social, en lo que necesita la gente, pero no en la realidad de las empresas”, dice el presidente de la federación, posesionado hace tan solo un día en el cargo.
Y es que desde el año 2006, el primero de mayo llega acompañado de un incremento inscrito implícitamente en el calendario cual fecha patria, pero sin reposar la mirada en los criterios de productividad ni en el crecimiento empresarial en las diferentes regiones del país.
Las economías de Chuquisaca y Tarija suelen ser las más golpeadas cada año por los incrementos salariales, obligando a cientos de empresas a reducir personal o a cerrar de manera permanente.
Así en 13 años el salario mínimo aumentó casi un 400%, mientas que la inflación en ese mismo tiempo solo aumentó un 70,25%.
Cabe resaltar que el fin de lo aumentos salariales es mantener el poder adquisitivo para contrarrestar la inflación. Sin embargo, los aumentos no fueron proporcionales.
Aunque los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) insisten ante los medios de comunicación de que el incremento está basado en los parámetros de la inflación acumulada, los porcentajes revelan una realidad diferente.
Aunque la inflación acumulada en 2018 fue de 1,5%, el incremento al salario mínimo aquel año alcanzó el 3%.
En 2012 la inflación alcanzó un 4,54%, pero el incremento salarial fue del 22,6%. Aquel año, el salario mínimo pasó de Bs 815 a Bs 1000 y fue el más elevado de la década.
Con el incremento salarial también aumentan las responsabilidades patronales de los empleadores, pues su efecto también se traduce en mayores pagos a las AFP (fondos de pensiones) y en los bonos de antigüedad.
