El efecto dominó del referendo de los Bs 153 millones

Tras haber ganado las elecciones presidenciales de 2006 con el 53%,  y luego de haber obteniendo un 67% de los votos en el referendo revocatorio de 2008, en los últimos 10 años la popularidad de Evo Morales Ayma,  se fue desmoronando como una seguidilla de dominós, siendo el referendo del 21 de febrero de 2016 o “21F”,  la primera vez que el presidente afrontó una derrota en las urnas desde que hubiera asumido el cargo.

El objetivo del referendo del 21 de febrero de 2016 en Bolivia, era consultar a la población si aprobaba, o no, la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente y el vicepresidente se pudieran presentar a una nueva elección.

Los resultados de la consulta le dieron en un 51% al No y el 49% al Sí, rechazando así la posibilidad de un nuevo mandato, pero pronto,  las autoridades buscaron otras vías para habilitar su candidatura, menospreciando la voluntad del pueblo,  dejando inválida la consulta de los Bs 153 millones.

En diciembre, a los pocos meses del referendo, el Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó cuatro posibles alternativas para buscar la habilitación del binomio Morales-Linera. 

Morales aceptó la nominación presidencial de su partido, socavando el compromiso que había realizado antes del 21F, alegando que este sería vinculante y que si perdía, no se presentaría a las elecciones 2019.

Meses después, en septiembre de 2019, los miembros afines al MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),  pidiendo que sea eliminado el límite de reelección establecido en la carta magna boliviana, que preveía una sola de forma consecutiva.

Si bien en aquel entonces Morales ya llevaba 12 años en el poder, en realidad, a ojos del tribunal solo eran dos mandatos.

Ya en 2013, el TCP  lo había favorecido concluyendo que el primer mandato de Morales, que tuvo lugar de 2006 a 2010 no contaba, porque había sido cumplido antes de que la nueva Constitución entrara en vigencia en 2009.

Similar a lo ocurrido en aquel 2013, en 2019 el Tribunal Constitucional de Bolivia aprobó la demanda presentada por los movimientos sociales afines al partido de gobierno, permitiendo una nueva postulación del binomio del MAS.

Tras el anuncio del fallo, el magistrado Macario Cortez, explicó que se decidió «declarar la aplicación preferente» de los «derechos políticos» por encima de los artículos de la Constitución.

El fallo, suponía imponer la voluntad de un hombre por sobre la del pueblo expresada en el 21F, la democracia y la constitucionalidad.

El fallo también declaraba inconstitucionales los artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos que puede tener cualquier autoridad boliviana elegida por voto popular.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió en diciembre de 2016 un fallo en el que se deja inaplicable el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, referido al límite de mandatos, en base a lo que señala el Pacto de San José y el «derecho humano» de ser elegido.

Con este argumento, los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), determinaron habilitar la candidatura de la dupla del MAS, ante una serie de protestas de los opositores como de las plataformas ciudadanas.

Con el 21F, empezaron a aparecer una serie de plataformas ciudadanas, grupos activistas en todo el país en contra de la repostulación de Evo Morales.

Al mismo tiempo, los movimientos cívicos en base a esta consigna se fueron reactivando,  después de haber sido minimizados por el aparato estatal tras los conflictos del 2008.

Ninguna institución del Estado dio una respuesta clara sobre el cumplimiento de los resultados del referendo de 2016, ni siquiera el TSE, que organizó este acto electoral.

El Gobierno Nacional se limitó a indicar que sí cumplieron con los resultados del referendo al no haber realizado cambio alguno a la Constitución Política del Estado, como se pretendía.

Con los resultados en mano y una elección por venir, el oficialismo lanzó la “campaña de la mentira”, en referencia a que los resultados de aquel referendo, debieron a una campaña de desprestigio en contra del presidente, iniciando por el sonado caso Zapata.

Del silencio institucional por el 21F, a las elecciones generales del 2019, como un efecto dominó, toda una generación despertó en contra del incumplimiento del poder estatal a la determinación ciudadana, explotando una olla a presión que terminó de destaparse en una serie de conflictos sociales en todo el país.

• El Dato

El objetivo del referendo del 21 de febrero de 2016 en Bolivia, era consultar a la población si aprobaba, o no, la modificación del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que el presidente y el vicepresidente se pudieran presentar a una nueva elección.

• El Dato

Ninguna institución del Estado dio una respuesta clara sobre el cumplimiento de los resultados del referendo de 2016, ni siquiera el TSE, que organizó este acto electoral.