Conéctate

Reportajes

Tariquía: Una millonaria negociación para frenar proyectos exploratorios

La lucha era desigual, entre el gigantesco motor estatal que estaba apoyado por millonarias transnacionales petroleras en contra de un grupo de comunarios y activistas, pero lo inesperado ocurrió

Corre un aire de esperanza en una de las reservas naturales de Tarija. La caída del Gobierno de Evo Morales Ayma, aunque suene irónico, dio un respiro a la “madre tierra”, pues sus discursos en el plano internacional son en defensa de la misma, pero en la zona ocurría lo contrario.

Lo cierto es que zonas como Tariquía corrían un alto riesgo de contaminación con la intervención de empresas petroleras mediante leyes que permitían este accionar.

El exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez Fernández, indicaba que la afectación sería mínima, de apenas el “0.014%”  en toda la reserva, contrariamente a los análisis de los ambientalistas y profesionales en el área ambiental.

Con el cambio de gobierno, hubo también nuevas designaciones en los ministerios, como de Hidrocarburos.

El cargo lo ocupa ahora Víctor Hugo Zamora Castedo, un ingeniero forestal que hasta hace poco fue senador por la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El primer anuncio de Zamora como ministro fue de paralizar todos los proyectos que estaban previstos en la reserva de Tariquía.

“Tariquía no se toca y esa es una misión que tenemos al interior del Ministerio de Hidrocarburos”, fueron las primeras palabras de confirmación del nuevo ministro.

El representante del Ministerio de Hidrocarburos en Tarija, Daniel Centeno Sánchez, ratificó esta postura. “No vamos a permitir que se toque Tariquía”, declaró en un cambio de 180 grados de la política estatal en cuanto a esta reserva.

Sin embargo, la determinación no es tan sencilla, pues existen dos leyes y contratos con las empresas YPFB-Chaco y la brasileña Petrobras.

Son 700 millones de dólares que se preveían en inversión por las dos empresas operadoras.

Tariquía, una de las principales reservas de agua del departamento de Tarija. Foro: Eduardo Franco Berton.

En San Telmo estaba prevista una inversión de 193 millones de dólares para la exploración.

En Astillero era de 489 millones de dólares de inversión.

La ley aprobada el 15 de enero de 2018 aprueba el contrato de servicios petroleros para la exploración y explotación del área Astillero, suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con YPFB- Chaco S.A.

La normativa también avala el contrato de servicios petroleros entre YPFB y Petrobras Bolivia S.A. para la perforación de un pozo exploratorio y cinco de desarrollo en el área de San Telmo.

“En realidad,  una orden de paralización de los trabajos es algo temporal, se deben resolver los contratos o modificarlos, lo demás es insustancial”, reveló el asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez.

Precisamente, los comunarios de Tariquía se mantienen en “emergencia” por esta situación.

Para los especialistas en el área judicial, existen salidas, pues los contratos no habrían sido protocolizados.

¿Qué quiere decir eso?

Un contrato se hace efectivo cuando este se  protocoliza, situación que no ocurrió por las manifestaciones sociales que se dieron en contra de la exploración en la zona.

Las mismas empresas como YPFB Chaco habían solicitado al Ministerio de Hidrocarburos que no protocolice los contratos hasta que sea solucionado el conflicto social.

“Estamos solicitando al Gobierno no protocolizar el contrato que tenemos en el área Astillero, que está dentro del parque de Tariquía, para que no surta efecto y así YPFB Chaco no esté obligada a invertir en este proyecto”, declaró ya en el 2018 el gerente general de la subsidiaria, Eduardo Paz Castro.

De ser así, tanto YPFB-Chaco como Petrobras, no habrían ejecutado la millonaria inversión que estaba prevista, aunque sí pudo comprobarse en la zona trabajos menores.

El inicio de las inversiones solo se hace efectivo cuando los contratos de servicios petroleros son protocolizados.

El abogado de la plataforma Unidos por Tariquía, Javier Conzelmann Castellanos, dijo que la mejor salida es la negociación entre el Gobierno y las empresas operadoras.

Para el abogado, si no se diera la salida de una cláusula de rescisión, queda la derogación de las leyes que avalan ambos contratos.

“Hay que dejarlo sin efecto de buenas, es decir,  negociándolo”.

En el análisis del asambleísta Lea Plaza, las empresas deben sentarse a negociar, pues habrían incumplido como lo hizo en su momento el Gobierno Nacional con la consulta previa.

Una de las manifestaciones sociales que se registraron en la zona de Tariquía para evitar la intervención petrolera en la zona. Foto: Claudiu Popescu.

“La empresa también es corresponsable de hacer la consulta previa”, recordó el asambleísta.

Tanto Petrobras como YPFB Chaco, aseguran que hicieron la consulta previa en las áreas donde pretendían hacer los trabajos exploratorios.

Punto en contra de las empresas en la negociación

El incumplimiento de las empresas que se adjudicaron los proyectos en Tariquía a la consulta previa, les jugaría en contra al momento de sentarse a negociar con el Gobierno Nacional.

Las consultas fueron realizadas solo a las áreas de incidencia directa, según pudo comprobarse en un reportaje anterior.

En una anterior entrevista con el gerente de YPFB-Chaco, Eduardo Paz Castro, indicó que la licencia ambiental cuenta con la aprobación de los habitantes directamente afectados, negando que la consulta deba hacerse a todas las comunidades.

“Lo único que le quiero decir, es que se hicieron  las consultas públicas, se han cumplido con todos los pasos, eso lo saben todos”, aseguró en su momento.

La consulta previa se encuentra establecida en el Decreto 29033.

El reglamento de este decreto establece las disposiciones y procedimientos “para el proceso de consulta como de participación previa, obligatoria a los pueblos indígenas, originarios,  comunidades campesinas en Bolivia, cuando se pretenda desarrollar actividades en el campo de los hidrocarburos en sus tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias o de ocupación y acceso”.

Según establece la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal Electoral debía acompañar la consulta.

La norma dice que las instancias que convoquen al proceso de decisión, deben solicitar la presencia del ente electoral, al menos 30 días antes de la consulta y presentar documentación  entre las que se encuentran el procedimiento, cronograma,  como protocolo, entre otros.

La página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no registra ninguna consulta previa en Tarija en ese año. Al respecto, la respuesta del Tribunal fue que no necesariamente se requiere la participación de este ente.

La consulta fue realizada únicamente en Chiquiaca Norte, siendo que la reserva está conformada por más de veinte comunidades. La mesa para la negociación está lista, los vientos de esperanza son más fuertes, pero la alerta en la zona se mantiene vigente al seguir vigentes dos leyes que dan pie a los contratos

Redacción Central
Escrito por

Comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Ultimas Publicaciones

12 acciones dolosas buscaron alterar el curso de las elecciones del 20 de octubre

Tinta Electoral

¡Duerman tranquilas!, el cántico adaptado por los colectivos en Tarija

Reportajes

“Un violador en el camino”: una respuesta académica y artística a una problemática real

Reportajes

Guitarrista Marcos Puña presenta su disco “Barrios”

En el Tintero

Publicidad

Copyright © 2019 Verdad con Tinta, Diseño y Alojamiento Piensahost

Conectar
Lista de Correo