No pudo velar ni enterrar a su esposo que era negativo a COVID

Un día puede cambiar tu vida y en tiempos de coronavirus, esto es más tajante. Este es el caso de una familia que en medio de la cuarentena vivió una pesadilla.

Es una fría mañana del miércoles 13 de mayo en la hoy desolada ciudad de Tarija. Raquel, de 28 años, se alista para depositar por siempre las cenizas que se guardan dentro de ese pequeño cofre en el Cementerio General.

Su esposo Humberto Arenas falleció hace nueve días con tan solo 34 años, no hubo velorio, menos entierro. Solo sopla el  fresco viento del otoño sureño para dar el último adiós, aquel que no le pudo dar por un protocolo que no entiende de amor.

Tiene mucho por contar, pero no quiere decir nada. Pasaron nueve días, pero sigue en shock, sin entender qué paso, como si todo hubiese ocurrido ayer.

Era domingo. La familia pasaba la cuarentena en la comunidad de Calamuchita, a 28 kilómetros de la ciudad de Tarija; una distancia que terminaría por ser letal.

“El domingo en la tarde estaba todo bien”, revela Isabel Pérez, cuñada de Humberto. Una tarde familiar de anécdotas y risas que iba rumbo a una noche interminable e indescriptible.

Oscureció y el sol no volvió a salir más. La pareja conversaba en la cama cuando ya era de madrugada, de pronto, Humberto empezó a toser, se atragantó y dejó de respirar súbitamente, posteriormente empezó a botar espuma por la boca.

En medio de su desesperación, Raquel trató de hacerle reaccionar colocándole alcohol en la boca y en la nariz, pero no resultó.

La mujer decidió salir hasta la casa del vecino a pedir socorro, pero después de media hora de gritos y golpes desesperados en la  puerta, no hubo respuesta, quizás la indiferencia se debía al temor que prevalece  en toda una región por el fantasma del coronavirus.

Sus familiares, al recibir las llamadas de Raquel, se movilizaron y uno de ellos llamó a una ambulancia, pero el vehículo de emergencia no llegó al lugar.

Uno de sus hermanos se trasladó a casa de Raquel en un vehículo para socorrer a su cuñado que al momento de subir todavía estaba con vida. “No podía hablar pero se escuchaban quejidos”, cuenta una de sus familiares.

Al llegar al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Tarija,  la doctora de turno indicó que el hombre ya había llegado muerto.

Ahí surgió el primer reclamo de los familiares que indican de que no se le hizo un electrocardiograma para tratar de resucitarlo, ni se le puso un rótulo para saber cuál era la causa de su muerte. “Lo envolvieron en una frazada y lo llevaron a la morgue”, relata Isabel.

Sobre el particular, Verdad con Tinta se comunicó con el director del hospital San Juan de Dios, Jorge Morales Arlando, quien negó ese extremo, indicando que el paciente llegó ya “en paro”, sin posibilidades de que el equipo de emergencia pueda actuar.    

“Le pusieron un rótulo de sospechoso de coronavirus”, critica el activista Gonzalo Torrez Terzo, que es uno de los amigos de la víctima.

Torrez denunció que no hicieron una autopsia al cuerpo para determinar la causa de muerte, poniéndole la etiqueta de sospechoso de coronavirus COVID-19. Para el activista, este accionar responde a una “política de miedo” que viene desde el nivel central de Gobierno.

“No se sabe de qué murió”, vuelve a criticar el activista, sobre la insólita situación que vivió la familia.

A la esposa, la mañana siguiente, le tomaron una muestra de sangre para enviarla a laboratorio y determinar si la misma tenía coronavirus, de ser el resultado positivo, se tendría clara la causa de muerte de su marido, pues ella se hubiese contagiado de él, tomando en cuenta el alto nivel de contagio de esa enfermedad.

Los familiares, que no terminaban de salir del shock de la muerte de Humberto, de repente se encontraron con la información de que no habría velatorio, pues el cuerpo sería cremado. Por lo menos eso les indicaban funcionarios del Comité Operativo de Emergencias Municipales (COEM).

Un médico del hospital San Juan de Dios, cuyo nombre se mantiene en reserva, explica que por las características de la muerte, lo más probable, si se realizaba la autopsia, es que hubiese saltado “un problema cardiaco”,  tomando en cuenta la corta edad de la víctima.

El subdirector del hospital San Juan de Dios, Marcos Oliva Castrillo,  refiere que dentro del protocolo para el manejo de cadáveres en tiempos de COVID, la responsabilidad de esta institución es de tener los cuidados de envolver el cuerpo en bolsas especiales para trasladarlo a la morgue.

El paso siguiente lo asumen la Alcaldía y el Ministerio Público.

Es decir, la Alcaldía como el Ministerio Público, son las instancias que puedan autorizar una autopsia de ley, además de ser las entidades responsables del procedimiento a seguir con el cadáver para el entierro o la cremación.

La polémica se agudiza tras la muerte de Humberto con las determinaciones asumidas por las instancias gubernamentales.

Raquel, que unas horas atrás estaba conversando con su esposo, tenía ahora adelante a funcionarios municipales que le indicaban que el cadáver debía ser cremado.

“Nos dijeron que la última opción es cremarlo, fue un golpe muy fuerte”, cuenta su hermana.

La presión sobre Raquel fue “muy alta” aquel lunes, según cuentan los familiares, para que ella dé el permiso de que cremen el cuerpo de Humberto. “Por el miedo que a ella le han metido, usted sabe que a uno y a otro le interrogan”, acota la hermana.

También le indicaron que debía sacar un certificado de defunción, pese a no saber aún la causa de la muerte. Como todo trámite en Bolivia, la burocracia reina para conseguir este documento.

La mujer acompañada de sus familiares y amigos debió caminar hasta el Palacio de los Deportes, donde funcionan las dependencias municipales para obtener el certificado. Todo este andamiaje se dio siendo todavía “sospechosa” de coronavirus.

“De pronto la gente me miraba como un alien, como un leproso, como si tuviera mal olor, me veían y se espantaban”, relata Gonzalo Torres, tras conocerse la sospecha de que la muerte de su amigo fuese por coronavirus, situación que les tocó vivir a todos los allegados.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paul Castellanos Zamora, respondió a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental que tras la muerte de esta persona, todos sus contactos fueron informados y a la vez aislados, como establecen los protocolos.

“No le dijeron nada. Si ella –Raquel- era sospechosa, en ese momento tenían que retenerla,  pero nos dijeron que saquemos el certificado de defunción, así que nos movimos de un lado para otro a sacar el trámite”, confiesa Isabel.

Otro peligro estaba latente.

Desde que al cadáver de su esposo lo rotularon como sospechoso de coronavirus, automáticamente ella pasaba a tomar el mismo rango por la convivencia que tenía con él.

Después de que le tomaran la muestra de sangre, ella mantuvo  contacto con sus familiares que la ayudaron, con el personal de la Alcaldía y de las diferentes oficinas que visitaron para sacar los trámites que se les pedían.

“Nadie nos dijo nada”, contradice la hermana a la respuesta del director del Sedes.

Verdad con Tinta se contactó también con la jefa de la Unidad de Epidemiología del hospital San Juan de Dios, Vivian Torres, sobre las pruebas que tomaron y de las notificaciones que se debían dar a los familiares del fallecido.

“Actuamos como con cualquier otro sospechoso, le sacamos la muestra de sangre y enviamos la prueba al laboratorio de Santa Cruz», se limitó a responder la funcionaria de salud.

Ya era martes y aún no se sabía el destino del cadáver. “Se tiraban la bolita de uno y de otro lado, nunca vino el forense para determinar la causa de la muerte”, revela Isabel.

Quizás, el forense también tenía miedo al contagio.

Finalmente, el certificado de defunción recibe la firma de una forense, Erika Sakuma Calatayud, quien en las causas coloca: “muerte indeterminada” por “sospecha de COVID”.

Insólitamente, el documento oficial avalado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público dejaba más dudas que certezas.

“Si eso era así- que murió por sospecha de coronavirus- fue peor, porque a la señora en lugar de aislarla la tuvieron con los trámites dentro del centro médico, fuera del hospital y por las calles andando”, cuestiona la asambleísta María Lourdes Vaca Vidaurre, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el legislativo departamental.

La asambleísta asegura que en este caso no se cumplieron los protocolos establecidos internacionalmente para el tratamiento con personas sospechosas de portar coronavirus COVID-19.

“24 horas después de que pusimos la denuncia, recién el Sedes visitó a la familia para que asesorara a los contactos e indique del aislamiento”, agrega la asambleísta a Verdad con Tinta.

Con el certificado de defunción, llegó el momento menos esperado. El cadáver fue trasladado al “flamante” crematorio del Cementerio General, inaugurado por la Alcaldía tarijeña el año 2019 y recientemente promocionado para su uso “gratuito” durante la crisis de la COVID.

“De las cenizas al cielo”, dice la capilla de este horno crematorio, una de las obras que resalta la actual gestión municipal.

Sus restos se convirtieron en cenizas, las que le fueron entregadas a Raquel en un pequeño cofre. Dos días después de que el cadáver fuese cremado, le llegó un mensaje del Sedes vía WhatsApp.

En ese mensaje le remitían el resultado de la prueba de laboratorio que había dado “negativo” al coronavirus, por ende, Humberto no había fallecido por esta enfermedad. “No le dieron un entierro digno”, se recriminan los familiares.

Muerte y coronavirus

“No son recomendables los velatorios porque se aglomera gente en un lugar cerrado; sin embargo pueden realizarse quizás solo en familia, manteniendo distancias”, explica el subdirector del hospital San Juan de Dios, Marcos Oliva, quien además es miembro del Comité Operativo de Emergencias Departamentales (COED) por el coronavirus.

En el caso de que el fallecido sea positivo a coronavirus o “sospechoso”, como ocurrió con Humberto Arenas, no hay mayor opción que la cremación.

El médico indica que el riesgo de contagio en un velatorio es «altísimo«.  Además del cadáver que se mantiene contaminado con el virus, en Bolivia existe la costumbre de mantener el ataúd abierto durante el velatorio para que le den el último adiós. “Se agrega el riesgo de contagio por el contacto con el cuerpo, pese a que se encuentra embalsamado”.

El médico avala la cremación al tomar en cuenta el contexto en el que se dio este caso. Recuerda que los resultados de las pruebas de laboratorio tardaban hasta seis días en llegar. “No se puede tener un cadáver sospechoso de COVID –en la morgue- por dos o seis días a la espera de un resultado”.

Y si el resultado era positivo, no cremar el cuerpo hubiese sido considerado como un delito a la salud pública, basándonos en este argumento. Un problema difícil de resolver a causa de la tardanza en la entrega de los resultados.

Acota que la cremación es una alternativa y en tiempos de COVID, la única para víctimas de esta enfermedad o sospechosas.

El adiós

¿Qué pasará en la era post pandemia? Para Raquel es una pregunta que le golpea fuerte en el pecho, aferrada ahora a sus dos pequeños hijos de 6 y 10 años.

Él tenía una tienda de venta de repuestos de vehículos, y ella era ayudante en un restaurante. Con la cuarentena, el trabajo de ella quedó en “veremos” al no contar con un contrato fijo. Pensar en el futuro es difícil cuando todavía no se puede tragar el presente.

“¡Que se haga justicia!”, dice su hermana, quien ve responsabilidades en las diferentes instancias estatales. Mientras tanto, Raquel piensa en esa charla inconclusa con su esposo. En aquel adiós que no pudo ser, en esa pesadilla que le tocó vivir al estar en tiempos de COVID.