En medio de la crisis sanitaria que vive el país por el COVID-19, el virus de la violencia cobra más fuerza, repercutiendo especialmente sobre la niñez.
Según datos del Ministerio Público extraídos por Uniceff, de los 1743 casos de violencia registrados durante la cuarentena, 1370 corresponden a delito de violencia familiar o doméstica y más de un centenar de casos de violación de infante, niño, niña o adolescente.
Desde principios de año y hasta la fecha, Bolivia suma 25 infanticidios y 45 feminicidios, cifras que mantienen al país en el podio de los países más violentos de Sudamérica desde hace varios años, según organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
“La violencia no empezó con la cuarentena; el problema es que en nuestra sociedad está naturalizada la violencia hacia la niñez, e inclusive se la justifica como un medio de educación y formación”, explica Armando Oviedo, director nacional de Plan Internacional.
La violencia en el país, erróneamente, es vista con naturalidad cuando los padres la utilizan como “correctivo” para sus hijos, cuando en realidad lo que se le está enseñando es que es un medio aceptable para mediar las relaciones interpersonales.
“Bueno, mejor una nalgada a tiempo en vez de que la niña o niño tenga un comportamiento inadecuado”, reflexiona respecto a la lógica que aplican los padres y enfatizando en que la “no violencia” no significa no educar, sino que educa con otras herramientas.
Retomando el tema de la violencia hacia los niños, la misma se ha visto agravada durante la cuarentena. Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), entre el primero de enero y el 10 de mayo de 2020, se registraron 308 denuncias por violación a menores de edad.
A su vez, desde el 12 de marzo, fecha en la que empezó la cuarentena, hasta el 3 mayo, se reportaron 94 violaciones a menores, pero hasta la fecha, la cifra ya supera el centenar.
Los niños son las otras víctimas de la pandemia, pero por un mal que puede llegar a ser más aterrador que el coronavirus: la violencia.
Oviedo, según cifras que maneja Plan Internacional, explica que el aumento en los casos de violencia durante estos primeros meses del año, no es sustancial con respecto al mismo periodo de 2020.
Sin embargo, esto no significa que no hubo más casos, sino que las víctimas tienen acceso a menos mecanismos o medios de denuncia, debido al confinamiento.
“Cuando hay dinero promovemos el que nuestras hijas estudien, cuando no hay dinero, las casamos”
“Llama la atención que siendo que ahora hay menos medios y posibilidades de reportar, este número se mantenga relativamente”, resalta.
Uno de los mitos sobre la violencia, es pensar que sucede fuera de casa, pero normalmente es en los hogares donde hay más prevalencia de agresiones a la niñez, la cual suele ser ejercida por alguna persona de su entorno, ya sea por el padre, la madre, los hermanos o alguien allegado a la familia.
El 90% de los casos de violencia, se dan en el entorno familiar. Es decir, muchos de los niños se encuentran confinados con sus agresores.
La cuarentena también los ha alejado de sus entornos protectores, como por ejemplo los colegios; haciendo que se acentúe la desprotección de la niñez.
El riesgo de ser niña
La violencia física y sexual no es el único peligro que afrontan los 113 millones de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en sus casas para prevenir la expansión del virus.
Las consecuencias económicas que dejará la pandemia, expone a los niños a otro tipo de violencia, especialmente a las niñas.
El virus de la pobreza trae otros peligros y es más difícil de superar.
“Cuando hay dinero promovemos el que nuestras hijas estudien, cuando no hay dinero, las casamos”, fueron las palabras de un padre en África, las cuales fueron replicadas en un informe de Plan Internacional.
Aquella realidad, generalmente percibida como lejana, está más cerca de lo que pensamos.
“Nosotros hicimos un estudio en Bolivia, y un determinante es la pobreza. Ahí donde hay pobreza, y considerando estas prácticas culturales de dominación masculina, la niña se vuelve como un objeto de intercambio”, cuenta al respecto Armando Oviedo.
Allí es donde entra en juego la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y a la educación, pues además de ser obligadas a contraer matrimonio, deben abandonar la escuela.
En este caso, el riesgo es una cuestión de género, pues esta situación se da principalmente en niñas y adolescentes. Oviedo argumenta que esto no se da en el caso de niños u hombres, porque lo que se hace es reproducir el rol “proveedor” del hombre; algo muy arraigado en el imaginario boliviano.
Y parece ser que ser niña es un riesgo en cualquier parte del mundo. Un estudio realizado a nivel internacional por la organización, afirma que las niñas y las adolescentes suelen llevarse la peor parte de las crisis, debido a su nivel de vulnerabilidad y por la poca valoración de ellas como sujetos de derechos; como personas.
Mecanismos de denuncia
Especialmente en barrios alejados y zonas rurales, las víctimas de violencia suelen tener pocos medios o información respecto a las denuncias de violencia; ante esta realidad, diferentes instituciones decidieron facilitar este proceso, acercando a sus comunidades las herramientas necesarias para hacerlo.
Bolivia es uno de los países en los que Plan Internacional ha implementado mecanismos de protección comunitaria, los que están conformados por personas comprometidas con los derechos de los niños y adolescentes, cuyo fin es dar protección y recibir denuncias de las víctimas, para posteriormente canalizarlas a través de los canales gubernamentales.
Con una visión similar, Marysabel Romero Lea Plaza, quien se encuentra a la cabeza de la Secretaría de la Mujer y la Familia de Tarija, explica que a nivel municipal, en Tarija, articularon una red de protección a través de promotoras comunitarias de paz.
“Son aproximadamente 50 mujeres que se han formado para ser portavoces, e identificar casos violencia”, continúa Romero, “si los identifican o reciben denuncias, las deben canalizar por los mecanismos que corresponde”.
Las promotoras de paz, al igual que los mecanismos de protección comunitaria, se encuentran en diferentes barrios o poblados, teniendo una llegada más directa a los vecinos y potenciales denunciantes.
Romero asegura que su impacto ha sido positivo, ya que a través de las promotoras han podido denunciar casos de violencia, especialmente en la cuarentena.