“Transparencia”, fue la palabra que más eco tuvo en las coloridas paredes del hall de la Casa Grande del Pueblo durante la conferencia de prensa que fue encabezada el lunes por la ministra de Salud, Eidy Roca, respecto al “caso reactivos”.
Sin embargo, aparecen nuevos elementos que generan dudas, entre ellos, los anuncios previos de la empresa adjudicada: Lasa Holdings.
Roca explicó en la conferencia de prensa que el proceso de adjudicación para la compra de 672 mil test reactivos para pruebas PCR “continuará” al comprobarse la “transparencia” del mismo. Esto quiere decir que el proceso de adjudicación no ha concluido.
Incluso, el proceso había sido suspendido el fin de semana hasta que el Viceministerio de Transparencia haga su informe de este caso, mismo que fue presentado el lunes por su titular, Guido Melgar Ballerstaedt. El resultado es favorable: “El proceso fue transparente”.
La ministra Roca en un comunicado oficial realizado el sábado por el canal estatal Bolivia Tv indicaba que el proceso de contratación se encontraba en la “fase de adjudicación”, previa a la suscripción del contrato.
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Singularmente, sin un contrato firmado, la empresa ganadora, Lasa Holdings, anunciaba en su portal web que era “distribuidor exclusivo” para Bolivia de pruebas PCR, según pudo constatar Verdad con Tinta.
Este anuncio iba acompañado de imágenes de pruebas PCR fabricadas por la empresa china AmoyDX.
“Suministramos pruebas COVID-19”, indicaba el portal, donde se refería a que son distribuidores de pruebas “fiables” de fabricantes de “todo el mundo”.
En síntesis, esta empresa no es fabricante del producto, sino un intermediario, un dato que no se precisó en la conferencia de prensa.
Desaparece de la nube
Otro hecho extraño, es que la página web de la empresa Lasa Holdings dejó de ser pública desde este lunes 17 de agosto.
“Este sitio es actualmente privado”, dice el aviso que aparece cuando una persona quiere ingresar al portal web, al que según el anuncio, solo tienen acceso un propietario o un colaborador.
La desaparición del portal web de la nube digital se da en medio de una jornada de aclaraciones de parte del ejecutivo y también de la develación desde Bolivia Verifica que esta empresa tiene su sede en el Estado de Florida, Estados Unidos, no en China como se indicaba en un principio.
Lasa Holdings tiene su asiento legal en Estados Unidos. Su registro indica que su sede se encuentra en Hallandale Beach en el condado de Broward, que es parte del área metropolitana de Miami del Estado de Florida.
Los insumos con los que se presentó a la licitación no son fabricados por esta empresa.
El producto es de fabricación china de la marca AmoyDX que tiene la certificación de la Comunidad Europea (CE).
Lasa Holdings, en su portal, indicaba que se dedica a las áreas de: infraestructura, energía, gestión de residuos, aviación y consultivo.
En esta página web, se había habilitado un espacio: “COVID-19”, donde se podía ver la oferta de pruebas para coronavirus.
En ese mismo sector, es donde figura como “distribuidor oficial” en Bolivia de las pruebas COVID, hasta antes de ser bajada de la nube.
La denuncia
La Cámara Uruguaya de Comercio denunció públicamente la pasada semana un presunto sobreprecio en el proceso de adjudicación de un lote de pruebas PCR por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), según difundió Brújula Digital.
La denuncia refiere que la empresa uruguaya ATGen ofreció al Gobierno la venta de los test PCR por un monto de Bs 22,8 millones y que Aisem adjudicó la compra a Lasa Holdings por un monto de Bs 47,3 millones, es decir, Bs 25 millones más que el ofrecido por el laboratorio de Uruguay.
El argumento del Gobierno es que la empresa uruguaya no cumplía con las especificaciones técnicas, ni con la certificación de calidad internacional.
La ministra Roca indica que el protocolo nacional para la compra de este tipo de insumos en salud exige que estos tengan certificación internacional, ya sea por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) o por la Comunidad Europea (CE).
Apuntó que la empresa uruguaya solo contaba con la certificación del Gobierno de su país, que no daba una garantía de carácter internacional.
En el caso de la empresa ganadora de la adjudicación, Lasa Holdings, indicó que sí cumplió con “todos los requisitos”, además de tener la certificación CE.
Licitación
La licitación fue lanzada el 30 de julio en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). La apertura de los sobres fue realizada el 5 de agosto. 13 empresas presentaron sus propuestas.
El director de Aisem, Hernán Pereira Fernández, explicó que de los seis documentos solicitados, dos son fundamentales: El formulario de cotización y el formulario de especificaciones técnicas.
El formulario de especificaciones técnicas exige la certificación internacional, la validez de los reactivos y plazo de entrega, entre otros requisitos.
Cinco empresas no clasificaron tras la primera revisión de los documentos formales, entre esas ATGen de Uruguay.
En la siguiente fase de especificaciones técnicas, es realizada una revisión a detalle de los formularios. Ocho son las empresas que llegaron a esta instancia.
En esta etapa de revisión, dos empresas más fueron descalificadas.
Seis fueron las empresas que llegaron a la última etapa, en la que según Aisem, Lasa Holdings tenía el precio “más bajo” entre las clasificadas, siendo este el motivo de su elección, argumentó Pereira.
El Viceministerio de Transparencia dio por cerrado el caso y casi de forma instantánea desapareció la página web de la empresa adjudicada, en una acción que abre más preguntas de un caso del que ya no se quiere hablar.