Aunque son 4449 kilómetros los que separan a la ciudad de Medellín en Colombia de la Sede de Gobierno de Bolivia, estas mujeres han borrado las distancias, haciendo de las coincidencias socioeconómicas y ambientales de sus países, el punto de partida de un proyecto que promete cuidar bosques y bolsillos por partes iguales.
Basadas en factores como la pobreza, el acceso a la educación y la deforestación, desarrollaron un proyecto que busca tener un impacto significativo en estas áreas.
Stephanie Carrasco Sardón, de Bolivia, y Fanny Gabriela Moreno Sierra, de Colombia, son dos ingenieras ambientales que buscan apelar a la economía circular para reciclar papel, con el fin de transformarlo y reutilizarlo en las aulas de las escuelas de las zonas rurales de ambos países.
¿Qué las impulsa? Al margen de los factores ambientales, el hecho de que cientos de niños corren riesgo de abandonar la escuela por factores económicos, como la falta de ingresos para útiles escolares.
Un artículo publicado por la Revista Iberoamérica, señala la insuficiencia de ingresos en los hogares como uno de los factores decisivos del abandono escolar, en comparación con los hogares de ingresos medios y altos.
Así, estas mujeres han desarrollado un proyecto de educación ambiental con fuerte impacto social y económico en las comunidades más precarias de ambos países, al mismo tiempo que tiene una importante incidencia sobre el medio ambiente y la educación ambiental.
“Con un árbol se pueden producir 178 cuadernos”, cuenta Gabriela mientras revisa los datos en la pantalla del ordenador. Pero más allá del impacto ambiental, también pone en la balanza lo que un cuaderno significa en las zonas más pobres de su país, en las que, al igual que en Bolivia, los padres se debaten entre un estómago lleno y la lista de útiles escolares.
Con la ciudad de Medellín como escenario principal, este proyecto nació como parte del trabajo final de un diplomado en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa Ambiental, que ambas realizaban en esta ciudad, en la Universidad de Antioquia.
Con la celulosa de un árbol, se puede hacer 178 cuadernos.
El proyecto consiste en impartir educación ambiental en zonas rurales y de alta vulnerabilidad tanto en Bolivia como en Colombia, donde el factor económico se constituye en una variable importante a la hora de hablar de escolarización.
Se estima que solo en cuadernos, cartulinas y otros materiales con base de papel que los estudiantes utilizarán a lo largo del año escolar, el gasto asciende a Bs 300, significando una pequeña fortuna para familias que, especialmente en la zonas más precarias del país, viven de lo que cultivan o del trueque.
Según el cálculo de las jóvenes, un colegio con 589 estudiantes, utiliza alrededor de 10506 cuadernos al año, que equivale a 60 árboles talados y a una inversión de Bs 84084, teniendo en cuenta que el costo promedio de un cuaderno, es de Bs 8.
La iniciativa consta de tres etapas e incluso, a largo plazo, busca hacer del reciclaje y la transformación del papel, una salida laboral para cada comunidad.
En la primera etapa, el proyecto busca impartir educación ambiental, en la segunda, ayudar a que los estudiantes y docentes puedan reciclar y transformar el papel para su reutilización y, en una fase final, generar un modelo de negocio ecológico en cada una de las comunidades, basado en el reciclaje y transformación del papel.
En su proyecto, las jóvenes detallan que ademas de aprovechar los residuos sólidos de hojas, cuadernos y cartulinas acumuladas a lo largo del año, también se pueden utilizar fibras de especies vegetales invasoras, para la pulpa que luego se transformará en papel. Además, según explica Gabriela, los materiales se pueden reciclar hasta siete veces obteniendo un producto de calidad, prolongando la vida de los residuos no una, sino “varias” vidas.
Aunque el proyecto cuenta con bases sólidas y han realizado gestiones con unidades educativas tanto en Colombia como en Bolivia, el escenario ha cambiado por la pandemia, la que ha obligado a cerrar escuelas y, en el caso de Bolivia, ha derivado en la clausura del año escolar, imposibilitanto su puesta en marcha este 2020.
Pese a las circunstancias, las jóvenes no descartan ponerlo en marcha el próximo año, por su importancia para el medioambiente y la economía de las familias de las zonas más vulnerables en ambos países.
Las normativas
“A través de esta iniciativa de desarrollo sostenible, estamos cumpliendo con una norma colombiana que prevé la implementación de educación ambiental en las escuelas, porque el país está poniendo mano dura a eso y a la economía circular”, dice Stephanie sobre la Ley N 1549 del año 2019, por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.
Sin embargo, lamenta que en Bolivia, su país de origen, la educación ambiental está relegada a un segundo plano, ya que desde su punto de vista, no se cumplen las normas o estas son deficientes.
Un ejemplo de estas deficiencias es que en los colegios instalaron basureros para promover la separación de residuos, pero una vez que llega el carro basurero, toda la basura se vuelve a mezclar en el contenedor.
Aunque el patrimonio natural está reflejado inclusive en los símbolos patrios de Bolivia, como uno de los valores de la sociedad boliviana, poco se hizo en cuanto a normas que protejan al medioambiente y promuevan la educación medioambiental.
De acuerdo a un reporte de Mongabay, “Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el segundo en América Latina entre los países que más bosques primarios han perdido en el 2019, según el mapa de Global Forest Watch”.
La deforestación y los incendios forestales, son parte de las principales causas. Todo esto, bajo la vigencia de la Ley del Medio ambiente Nº 1333, promulgada en 1992.