Quién es Paola Guzmán y por qué su caso es un precedente contra la violencia sexual hacia menores en Latinoamérica

Aunque Paola ya no está, decidimos hablar sobre quién fue y quién es, porque para nosotros, ella vive en la lucha de su madre, en los recuerdos de su hermana y en las cientos de niñas y jóvenes del continente, que hoy pasan por lo que ella vivió.

Compartimos su caso como una señal de esperanza, para que no se apaguen más voces.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos- Corte IDH–  emitió su fallo este 14 de agosto,  luego de que la madre de Paola, Petitia Albarracín, acudiera  por primera vez a esta instancia en enero de 2006, buscando justicia para su hija. Justicia que no encontró en su país.

Se trata de un precedente histórico, ya que se constituye en el primer caso de abuso sexual en el ámbito educativo, tratado por la Corte IDH.

Paola tenía 16 años cuando tomó la dolorosa decisión de quitarse la vida y 14 cuando empezaron los abusos que la motivarían a llegar a aquel extremo.

Según relata el medio Gk City, de Ecuador: “El acoso empezó en 2001, cuando ella tenía 14 años y problemas con dos materias”. 

«Yo lo único que vengo a pedir aquí, es justicia»

Petita Albarracín/ Audiencia Comisión IDH 2015

La joven fue víctima de Bolívar Espín Zurita, quien en aquel entonces tenía 64 años y era vicerrector del colegio público femenino Miguel Martínez Serrano, donde ella estudiaba.

Lejos de la protección, seguridad y conocimientos que la institución -tanto como el vicerrector- debían brindar a Paola,  aquel lugar se convirtió en el epicentro de su acoso, abuso sexual y suicidio.

Se convirtió en el lugar que acabó con su inocencia y su esperanza, para finalmente arrebatarle la vida.

El vicerrector obligó a Paola a mantener relaciones sexuales con él a cambio de ayudarla a pasar de año, luego de meses de abuso, la joven quedó embarazada.

Según versa el informe de N 100/18 de la Corte IDH, “en noviembre de 2002, Paola mostró a dos compañeras un examen positivo de embarazo y les aseguró que el responsable era el vicerrector y que este le había dado dinero para comprar una inyección que interrumpiría el embarazo; la que, como favor al vicerrector, le aplicaría el doctor de la escuela, Raúl David Ortega Gálvez”.

Cuando Paola acudió al médico en busca de ayuda, este condicionó la aplicación de la inyección, diciéndole que se la aplicaría solo si accedía a mantener a relaciones sexuales con él.

El 12 de diciembre de 2002, Paola decidió poner fin a los abusos por sus propios medios, quitándose la vida.

“Más o menos a las tres de la tarde yo me iba a dedicar a lavar y suena el teléfono”, cuenta Petita Albarracín, madre de Paola, en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada el 19 de octubre de 2019. “Contestó mi sobrina y no me quería decir… llamó una compañera del colegio diciendo que vaya a la escuela, que Paola tomó diablillo, fósforo blanco”, relata.

En el camino a la escuela, Paola había ingerido 11 pastillas de fósforo blanco; aquellas que se utilizaban para la elaboración de explosivos caseros.

Al llegar a la escuela, la joven les contó a sus compañeras y estas a su  vez a las autoridades del colegio, quienes se limitaron a recostar a Paola y esperar.

Cuando Petita llegó al colegio, su hija estaba en un callejón del colegio recostada sobre una camilla. No le habían dado primeros auxilitos, no habían llamado a un médico y tampoco habían tenido la intención de llamar a su madre. De no ser por la llamada de aquella compañera, probablemente Petita no hubiese llegado a ver a su hija con vida.

Mientras Paola le decía “mamita perdóname”, el vicerrector, que se encontraba a escasos metros de ambas, le decía a la mujer que llevara a su hija a un hospital.

Petita tomó a su hija y la llevó al hospital público para que le realizaran un lavado de estómago, pero ya era muy tarde. “Su hija se va ir”, fueron las palabras de la doctora.

Aunque sus familiares intentaron salvar su vida llevándola a una clínica privada, ya no había nada que hacer.

“Mamita me quemo”, le decía Paola a su madre mientras el químico la iba consumiendo por dentro, provocándole una muerte lenta y dolorosa. Una muerte que no merecía y que se podría haber evitado.

En la misma audiencia pública, Petita cuenta que a los pocos minutos de haber fallecido Paola, ingresó al hospital una periodista que había hablado con las compañeras de ella; la mujer le dijo que debía denunciar a Bolívar Espín por los abusos que cometió contra su hija.

Fue así como Petita recibía la noticia de que su hija había sido abusada sexualmente por el vicerrector, motivándola a quitarse la vida.

La Justicia

Petita Albarracín, empezó a buscar justicia en su país al día siguiente del suicidio de su hija, pero nunca la encontró. Su primera frustración fue el año 2003, cuando tras una investigación iniciada por la Fiscalía de Guayas, se concluyó que la evidencia disponible solo demostraba que Paola se había enamorado del vicerrector, sin que hubiera certeza de que él hubiera motivado o correspondido dicho enamoramiento.

Según versa el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las amigas de Paola eran amenazadas por las autoridades del colegio, quienes les decían que si testificaban, serían expulsadas y perderían el año. Inclusive les hicieron firmar documentos deslindando de responsabilidad a Bolívar Espín.

Posteriormente,  Petita decidió iniciar un proceso civil el 13 de octubre de 2003, pero tampoco tuvo éxito. En el año 2005, a cuatro años de la partida de Paola, Espín, fue sentenciado a pagar una indemnización de 25.000 dólares por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola.

La indemnización nunca fue realizada y la causa fue archivada nueve años después.

Espín permaneció prófugo de la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron en el año 2008, por retardación de la justicia.

Fue en ese ínterin cuando Petita decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar justicia para Paola.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El pasado 14 de agosto, luego de que Petita expusiera su caso ante esta instancia el 7 de febrero de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que el Estado de Ecuador es responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y la dignidad personal.

Obliga al Estado de Ecuador a reconocer su responsabilidad por lo ocurrido a Paola Guzmán Albarracín, ya que era su obligación protegerla en el ámbito educativo.

El fallo, dentro de las reparaciones, solicita al Estado de Ecuador que “lleve a cabo, con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos”.

Pero en realidad el fallo va más allá, sentando un precedente para que todos los Estados crean y protejan a las niñas denunciantes, así como para que se genere información estadística sobre violencia sexual en el ámbito educativo.

La CIDH ha ordenado la capacitación para la prevención y detección de este tipo de abusos en el ámbito académico. Pero lo más importante, es que establece los cimientos para creer y que les crean a niños víctimas de abuso sexual en el ámbito educativo.

La realidad en Bolivia         

Los últimos reportes de violencia sexual en el ámbito escolar en el país, datan de 2009. En aquel entonces 14,6 niñas eran víctimas de violencia sexual en la escuela, por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, no hay cifras que permitan analizar cómo ha evolucionado la problemática desde entonces.

Basta poner en Google “violación en colegios Bolivia”, para que a continuación se despliegue una lista interminable de noticias relacionadas al tema, que no dejan exenta a ninguna ciudad.

La más reciente de ellas data de 16 de marzo de 2020,  en la ciudad de La Paz, tan solo unos días antes de que empezara la cuarentena en el país.

En el país no existen datos estadísticos sobre violencia sexual en el ámbito escolar, ya que todos los casos se contabilizan simplemente como “violencia sexual”, lo cual impide tener información certera de qué tan compleja es la situación en el ámbito educativo.

“Cuando hay casos de violencia contra profesores, se denuncia al Ministerio de Justicia”, explica Carolina Ortíz, jefa de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Cercado-Tarija.

Ortiz explica que si bien en Cercado no reciben “muchas” denuncias por acoso o abuso sexual en el ámbito educativo, sí se presentan casos en el entorno, como el  del chofer de bus que traslada a los niños y jóvenes al colegio.

“Es importante que se conozca que dentro de lo que establece el Código Niño Niña y Adolescente, que ha sido modificado en el año 2014, se introducen los tipos de violencia en el sistema educativo”, explica Ortiz, quien detalla que la violencia en el sistema educativo implica a todos los que los conforman: profesores, directores, regentes, porteros, estudiantes y padres de familia.

Según explica, hasta antes de la vigencia de la Ley 548 Código Niño Niña y Adolescente, se dieron casos en los que los directores o profesores no daban a conocer las denuncias que hacían los niños de violencia física o sexual, sin embargo, ahora es obligatorio, según la ley.

Además, en el artículo 116, el Sistema Educativo Plurinacional garantiza: “Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y generacional”.

Pese  a las herramientas contempladas, aún hay miedo a denunciar por parte de las víctimas, y  de eso, no hay ninguna ley que pueda evitarlo.

La defensora de la Niñez asegura que al margen de la violencia sexual, en el ámbito educativo se da también de forma psicológica y virtual, promovida por el denominado bullying, que tiene lugar entre los estudiantes.

Fuera del ámbito escolar, la violencia también existe. Entre el primero de enero y el 10 de mayo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) recibió 308 denuncias de violación contra infantes, niñas, niños y adolescentes.

Dadas las medidas de cuarentena que rigen en el país desde el 22 de marzo, la mayoría de los casos tuvieron lugar en el entorno familiar.

De acuerdo a un informe del Ministerio Público, en 2018, se registró una denuncia de violación hacia niños y adolescentes por cada 9.730 habitantes.

De acuerdo al número de casos por número de habitantes, Tarija ocupa el segundo lugar en dicho informe.