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Hospital vacío: Equipamiento del Materno Infantil costará el doble de su construcción

El júbilo con el que se trató la noticia tapó el incremento en el costo de obra, el contrato por excepción y los tiempos incumplidos de entrega de un proyecto que no tiene ni diseño final…

Cerrado y con algún rastro del festejo del tres de febrero; con uno que otro trabajador sobre la pared mejorando la fachada a medio terminar. Así luce hoy el hospital Materno Infantil de Tarija.

Algún martilleo rompe el silencio del lugar que está prohibido para cualquier civil. Sí, aquel gran hospital magnificado en las principales portadas de los periódicos locales no está abierto al público.

La simbólica llave que entregó el gobernador Adrián Oliva Alcázar, sirvió para abrir las puertas ante las cámaras y cientos de aplausos, pero la realidad muestra un edificio vacío, frío y sin funcionamiento.

“Esta obra resume el esfuerzo que hemos hecho, porque después de esa historia de frustración, de problemas, estamos concluyendo un proyecto”, resaltó el gobernador en un eufórico discurso en el acto inaugural.

¿Qué se inauguró?

Para la Real Academia Española el verbo “inaugurar” tiene los siguientes significados: Dar principio a una cosa con cierta solemnidad, abrir solemnemente un establecimiento público, celebrar el estreno de una obra, de un edificio o de un monumento o iniciar algo nuevo.

Tomando el concepto literal, el acto del tres de febrero en realidad sería la inauguración de una obra, de un edificio, pero no de un hospital, pues no se conjuga aún su funcionalidad.

“¡Aquí está la plata de Tarija, aquí está la plata de las regalías, aquí podemos decir donde está la historia de lo que hicimos!”, dijo un eufórico Oliva acompañado por ovaciones de los presentes.

El gobernador resaltó que en esta obra estaban los Bs 90 millones “que nosotros ejecutamos”.

Sin embargo, el gobernador no aclaró que el precio original cuando él asumió el cargo en 2015 era de Bs 87 millones y que el plazo de entrega era enero de 2019.

Tampoco explicó que el contrato de la obra fue por excepción a la misma empresa que había sido favorecida por esta institución en la construcción de un hospital en Yacuiba.

La noticia de la inauguración del hospital Materno-Infantil ocupó titulares en los medios de comunicación local e incluso nacional, pero no había aclaración alguna sobre su funcionamiento.

“Esta es una obra de los niños de las madres”, resaltaba el mismo Oliva, pero no especificó que esas personas beneficiarias aún no pueden usar dichas instalaciones.

Pero esta no es la única gestión que presentó la obra como bandera, también lo hizo la que le antecede. Ya en el año 2012, el entonces asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Marcelo Poma Gutiérrez, presentaba a este proyecto en un debate televisivo en Canal 9 TVU como la “obra estrella” de la gestión de Lino Condori.

Verdad con Tinta te muestra un poco la historia de la construcción de este edificio que en los papeles se retrotrae al 2006, pero que en el pensamiento ya estaba implantado desde los años 90.

Crónica de una obra inconclusa

Para hablar del Hospital Materno Infantil de Tarija, hace falta remontarse al año  2006, cuando se publicó la primera convocatoria para la elaboración de la propuesta.

“Propuesta diseño final construcción Hospital Materno Infantil” decía la convocatoria efectuada durante la gestión del entonces prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez.

El contrato para el diseño final fue firmado el 21 de noviembre del año 2007, siendo concluido el estudio de la obra el 16 de noviembre de 2008.

Según este estudio, la obra debía ser emplazada en predios municipales ubicados en la calle Santa Cruz.

El proyecto que alcanzaba los Bs 239 millones entre infraestructura y equipamiento, estuvo del 2008 al 2012 paralizado. No hubo licitación.

La aguda crisis política que vivió Tarija en 2010, derivó en la salida abrupta de Mario Cossío de la Gobernación, situación que dejó esta obra en segundo plano. 

Ya en la gestión del gobernador Lino Condori Aramayo,  fue firmado el 9 de marzo de 2012 el contrato por  Bs 117.956.414,73 con la empresa CBI Asociados; la única en presentarse a la licitación.

El contrato daba un plazo de 540 días para la finalización de la obra, por lo que la misma debía ser entregada  por la empresa en septiembre de 2013. Sin embargo, esto no sucedió.

Las autoridades departamentales de ese entonces,  a la cabeza de Lino Condori, decidieron que la obra ya no sería ejecutada en los predios de la calle Santa Cruz, contiguo al hospital San Juan de Dios, sino en el barrio Lourdes.

El estudio de suelos, el proyecto estructural y todo lo que concierne al diseño final contemplaba las características del terreno de la calle Santa Cruz.

El cambio de ubicación generó inconvenientes y dificultades antes que iniciara oficialmente la obra.

Una fuente que formó parte del proyecto reveló a Verdad con Tinta que la obra no contaba con “aspectos básicos” para iniciar, entre esas, el estudio de suelos actualizado.

“Era necesario un cambio de la fundación porque la capacidad de soporte del terreno era baja, era otro tipo de suelo, era arcilla”.

Esta fuente explica que en los terrenos del San Juan de Dios “era grava”, lo que técnicamente da mejores condiciones de resistencia.

“No había ni planos de enchufes, cosas básicas que no estaban en el proyecto”.

Nuestra  fuente, por su seguridad laboral, solicitó guardar reserva de su nombre, pero Verdad con Tinta cuenta con los documentos que respaldan sus declaraciones.

Aún con esas deficiencias, la orden de proceder fue dada en noviembre de 2012. Desde un inicio ya había irregularidades, pues paralizaron los trabajos a solo una semana de esta orden. Dicha paralización se debió precisamente a la diferencia en los terrenos.

Pese a que las normas bolivianas prohíben licitar obras sin antes tener diseños finales actualizados, revisados y aprobados, éste fue avalado bajo la guardia del entonces secretario de Obras Públicas, Ciro Vargas.

En Bolivia está vigente el decreto supremo 27328 de contratación de bienes, obras y servicios generales de consultoría, la Ley 1178 de los sistemas de administración y control gubernamental, donde se establece este tipo de prohibiciones.

“La Gobernación quería iniciar la obra como sea, más que todo por propaganda”, revela la fuente.

Dadas las limitaciones, fue solicitado un contrato modificatorio para continuar con los trabajos. El primer contrato modificatorio salió antes que retomaran la obra y contemplaba únicamente el cambio de estructura.

Las demás especialidades que solicitaron de la empresa no fueron modificadas; como arquitectura, que no se encontraba  incluida en el contrato.

Para finalizar el proyecto se necesitaría un segundo contrato modificatorio que incrementaba el presupuesto “en un 70%”.

Después de estar paralizadas 467 días y a tan solo 73 de que venciera el plazo inicial de contrato, las obras reiniciaron en junio de 2013.

El anuncio del reinicio de las labores fue realizado después de que el entonces gobernador  Lino Condori, firmara el contrato modificatorio que contemplaba el nuevo emplazamiento y los cambios al diseño final.

El contrato modificatorio también incluía un nuevo costo que ascendía a los Bs 121 millones, es decir  cuatro millones más que el precio inicial.

La buena noticia se vio opacada por una nueva denuncia penal presentada aquel mismo día: la empresa adjudicada estaba legalmente inhabilitada para adjudicarse contratos durante tres años.

La empresa Incotar, parte de la asociación accidental CBI Asociados, había sido sancionada por incumplir con la entrega de tres puestos policiales, lo que la llevó a rescindir el contrato en 2010. El hecho fue informado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) y según  el Decreto Supremo 0181 se estableció una inhabilitación de tres años a la empresa. 

“El supervisor era de una empresa de poca experiencia (Combolat) que fue contratada por compromisos políticos”, según revela la fuente.

Pese a las denuncias, la empresa continuó trabajando hasta el 23 de julio de 2015, cuando las obras fueron paralizadas por aquellas causas técnico-legales que la aquejaban.

La empresa CBI habría solicitado en reiteradas oportunidades la adición de cambios y nuevos ítems, porque al concluir con la estructura, no se podía ejecutar “nada” que no esté en un contrato modificatorio.

Según revela la fuente, el supervisor le pasaba “cartas” al fiscal indicando “Estudio del proyecto”, pero en realidad era una “hoja en blanco”. Dicha presentación era solo una constancia de que habían presentado el estudio, “pero no había nada físico, no había ningún proyecto”.

Con una serie de cartas y cuatro planillas impagas, la empresa presentó el 5 de junio de 2015 un acta de suspensión temporal de trabajos.

Esta determinación de la empresa CBI se dio apenas tres  días después de la posesión de Adrián Oliva Alcázar como gobernador.

Una de las primeras acciones de Oliva como gobernador fue nombrar a su gabinete, que tendría a Ember Montellano como secretario de Obras Públicas.

Con el cambio de administración en la Gobernación,  la empresa CBI solicitó órdenes de cambio y la ampliación de plazos por eventos compensables, solicitudes que  fueron negadas por Montellano.

CBI Asociados recibió el 18 de diciembre de 2015 una carta para rescindir el contrato.

El hecho ocurrió durante los primeros meses de la gestión del actual gobernador Adrián Oliva, quien según declaró en los medios de prensa por aquel entonces, el contrato se rescindió por “irregularidades técnicas y legales atribuibles a la empresa”.

Cuando Oliva asumió en la Gobernación,  la obra tenía un 32% de avance físico y un 28% del presupuesto ejecutado.

Uno de los argumentos que se utilizaron para la resolución del contrato fue “incumplimiento”, por la supuesta construcción de un quinto piso que no estaba aprobado. Sin embargo, la estructura fue ejecutada de acuerdo a la licitación inicial e incluía el referido quinto piso.

Los planos de construcción fueron aprobados por la Dirección de Ordenamiento Territorial el 23 de agosto de 2012, después de la adjudicación y firma de contrato de obra como de supervisión.

De acuerdo al Decreto Supremo 181, la resolución del contrato debe ser firmada por la máxima autoridad ejecutiva que es el gobernador, pero en este caso no fue así, pues se tienen las firmas de los entonces secretarios Ember Montellano Morales de Obras Públicas y Fabiana Paz Castellanos de Gestión Institucional.

CBI presentó posteriormente su intención de resolución, argumentando “falta de pago y ausencia de proyecto”.

“La noticia que sacaba la Gobernación era que la empresa quería incrementar los costos, cuando en realidad, era en los ítems que ellos incluyeron al proyecto que se debía incrementar”, revela esta fuente.  Es decir, con el nuevo diseño se requería casi el “doble” en todo.

La empresa CBI sigue hoy en juicio con la Gobernación y además demanda “daños y perjuicios” por la resolución del contrato.

Hospital Materno Infantil de Tarija. Foto crédito: Claudiu Adrián Popescu.

El reinicio de obra

La obra, uno de los proyectos prioritarios en salud pública para el departamento de Tarija, estuvo paralizada hasta el año 2017.

La Gobernación tarijeña  “invitó” aquel año a tres empresas constructoras a que puedan presentarse para la construcción del Hospital Materno Infantil.

La empresa adjudicada fue Cabopa  S.R.L., que también construía el hospital Fray Quebracho de Yacuiba, obra que igual depende del Gobierno Departamental.

El proceso de adjudicación fue por excepción y el contrato firmado con Cabopa S.R.L, en julio de 2017,  era de Bs 83 millones, el cual establecía la entrega provisional  en enero de 2019.

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, la contratación por excepción tiene limitaciones y debe ser utilizada en casos de declaración de emergencia por desastre, declaración desierta de más de un número de veces o por incumplimiento de contrato de un proveedor anterior.

La resolución de contrato con CBI fue en 2015, pero la adjudicación a Cabopa fue en 2017, dos años después, es decir,  había el tiempo establecido para lanzar una licitación pública en lugar de hacer un contrato por excepción, lo que hubiese transparentado el proceso.

Uno de los argumentos de la resolución del contrato fue que la anterior empresa no presentó el seguro contra riesgos de construcción.

“Ese seguro se toma de acuerdo al estudio del diseño final, pero como este edificio se cambió del San Juan de Dios al barrio Lourdes, la aseguradora quería uno del nuevo lugar”, dice la fuente.

En síntesis, no había un estudio de diseño final para la construcción en el barrio Lourdes, situación que evitaba que pueda ser asegurado por la empresa.

Con ese contexto, la Gobernación podía tomar un seguro por su parte y descontar de las planillas de la empresa, pero no lo hizo.

El presupuesto de la obrafue modificado en dos oportunidades, ascendiendo a Bs 86 millones y posteriormente a Bs 91,3 millones.

La fecha de entrega fue ampliada en 2019 en un plazo de 132 días, por lo que sería el 31 de diciembre de aquel año, pues las demoras eran fruto de los conflictos políticos que derivaron en un paro de 21 días.

A esa modificación en la fecha de entrega, le siguieron cinco más, según las actualizaciones de contratos modificatorios que muestra el Sicoes.

3 de marzo de 2020, 8 de junio de 2020, 30 de septiembre de 2020, 28 de diciembre de 2020 y finalmente el 26 de enero de 2020, son las fechas que aparecen en las actualizaciones en el Sicoes.

La obra no fue entregada en ninguna de estas fechas.

Uno de los secretarios ejecutivos que más destaca esta entrega es el de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez.  

“Después de 40 años y 6 mil millones de dólares, ¡por fin nuestro pueblo tendrá otro hospital!”, resalta Peralta en una publicación de su cuenta de Facebook, donde hace una línea de tiempo entre la entrega del nuevo hospital San Juan de Dios en los años 80 y esta obra.

Verdad con Tinta consultó al secretario Peralta sobre la demora en los tiempos de entrega, el contrato de excepción y el funcionamiento de este hospital; sin embargo, la autoridad prefirió remitir estas respuestas a la Secretaría de Obras Públicas.

El equipamiento duplica el costo de la obra civil

El Hospital Materno Infantil de Tarija “Dr. Juan Jijena” fue entregado el pasado 3 de febrero, pero se trata de una entrega infraestructural, pues el edificio no cuenta con el equipamiento médico para su puesta en funcionamiento.

“En el caso del Materno Infantil, esta etapa se refiere a la infraestructura como a los elementos propios de la construcción, por ejemplo,  los generadores, el sistema hidro-sanitario, las instalaciones eléctricas y otros componentes que hacen a la obra civil”, admite a Verdad con Tinta  la secretaria departamental de Obras Públicas, Ana María Barja Villarroel.

El edificio, cuya inversión ronda los Bs 95,5 millones, se encuentra vacío y sin equipos, aunque las autoridades esperan que “algunas” áreas que actualmente estén funcionando en el hospital San Juan de Dios puedan ser trasladadas al nuevo edificio.

“Hay un plan que tenemos, que en realidad las secretarías también han definido de hacer  un traslado paulatino al Materno Infantil con todo lo que se tenga”, agrega la funcionaria.

La inversión en equipamiento médico, según explica, ronda los Bs 200 millones, monto que duplica el costo de la obra civil, por lo que buscan “ayuda” del Gobierno Nacional para lograr el financiamiento.

Barja lamenta que el hospital Materno Infantil no se benefició con el Decreto 3631 del 1 de agosto de 2018 que fue firmado por el entonces presidente Evo Morales Ayma.

Este decreto declara de “interés del nivel central del Estado el equipamiento como parte de la infraestructura hospitalaria y autoriza las contrataciones directas para el equipamiento de los trece establecimientos de salud hospitalarios de segundo como de tercer nivel”.

El Oncológico en la ciudad de Tarija y el hospital de tercer nivel de Yacuiba son dos de los trece hospitales beneficiarios.

Una gestión que no se responsabiliza

Hugo Cruz Mendoza fue secretario de Justicia en la gestión de Lino Condori, quien le asegura a Verdad con Tinta que los problemas legales con el proyecto se dieron el 2015.

“Quien resuelve los contratos no es don Lino Condori, sino la gestión de Adrián Oliva, no se puede decir que hay aspectos de problemas legales, se venía avanzando el proyecto con formalidad”, afirma el exsecretario.

Según Cruz, el avance de obra cumplió los tiempos establecidos en la gestión de Condori.

“La gestión anterior lo deja al proyecto cerca del 40% de avance, hay que tomar en cuenta que este plazo es en dos años y que se avanza este porcentaje”, argumenta.

Indica que se había ejecutado un “37% en lo físico” y un “33% aproximadamente en lo financiero”.

Para Cruz no hubo irregularidades como las que se menciona párrafos arriba en el transcurso del proyecto en la gestión de Condori, para él la mayor prueba es que no existe ningún proceso judicial, incluso indica que el problema del cambio de terreno ya había sido “zanjado” con la orden de proceder que se dio en 2012.

“El problema legal de la resolución se da con la gestión actual”, recalca. 

El trasfondo de la salud de madres y niños

“Esto ya queda chico. Hay que tener un hospital ¡ya!”, dice a Verdad con Tinta el reconocido médico tarijeño Juan Jijena, quien este 2021 cumple 42 años a cargo de la Unidad de Neonatología del Hospital San Juan de Dios.

Ha dedicado su vida al servicio de la ciudad; tanto a la salud de los recién nacidos como a la formación de futuros médicos y enfermeras.

Jijena fue uno de los impulsores de la creación del Hospital Materno Infantil y narra que la necesidad del mismo empezó a ser latente desde 1996.

El doctor Juan Jijena en la sala de cuidados intensivos de Neonatología.

El visionario médico encargó de forma privada aquel 1996, realizar el estudio topográfico de un  terreno baldío ubicado en la calle Santa Cruz en inmediaciones del actual Hospital del Quemado.

La visión que plasmaba Jijena era de tener un hospital combinado de pediatría y maternidad, donde se hicieran divisiones por sub-especialidades adecuadas a cada condición específica. Es decir, ofrecer especialistas pediátricos en cirugía, cardiología, traumatología, nefrología, entre las principales.

 “Que los pacientes puedan recibir una atención especializada sin viajar, estando aquí mismo, en Tarija”, dice el médico. En esa época, 25 años atrás, la Alcaldía era la institución a cargo de este tipo de proyectos.

Tras la insistencia de  Jijena, se consideraron opciones e inicialmente le plantearon crear un ala extra dentro del hospital San Juan de Dios, proyecto que finalmente no fue realizado.

Los motivos detrás de la necesidad de un nuevo espacio empezaron a surgir en ese entonces a partir del aumento poblacional y la concentración de pacientes de todas las provincias, e incluso del sur de Potosí y de Chuquisaca.

También incrementó el número de embarazos en general, particularmente de menores de edad.

Tarija ocupa entre el tercer y cuarto lugar en cantidad de embarazos en adolescentes, según revelan datos de un estudio de 2016 elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Aumentaron tanto los pacientes como las enfermedades que necesitaban condiciones específicas para ser tratadas.

En la actualidad, en el caso de la Unidad de Neonatología, “ya no se tiene espacio”.

Afortunadamente, la pandemia no golpeó “tanto” a los pacientes de esta unidad, debido a que la transmisión de COVID-19 de la madre al feto no es alta ni recurrente.

De momento, solo tuvieron dos pacientes con resultado “positivo”. Uno de ellos, un bebé del municipio de El Puente, quien falleció a los pocos días de contagio. El segundo es un bebé de Yacuiba que sobrevivió sin complicaciones, pero la madre falleció durante la cesárea.

El personal sí contrajo el virus, por lo que en algún momento se vieron reducidos a la mitad y atendiendo la misma cantidad de pacientes, explica el especialista.

Las unidades de maternidad, pediatría y neonatología, están a la espera de que la nueva infraestructura ofrezca las condiciones para trasladarse.

Los requerimientos mínimos deben ser: el funcionamiento del laboratorio, radiología, comedor y servicio de ambulancias y lo indispensable, en el caso de la terapia intensiva,  es oxígeno central, aire comprimido como aspiración. Sin estos equipos,  no habrá traslado.

El nuevo hospital requiere de un personal mínimo de 500 personas

Jijena indica que “lo ideal” sería tener todo funcionando antes de iniciar el trabajo en las nuevas instalaciones. Para que se dé esta situación, debe involucrarse las especialidades, administración, estadística, farmacia, ambulancias, mantenimiento, cocina, portería y lavandería.

Confiesa que para consolidar el traslado al moderno hospital, se requiere un personal  “mínimo” de 500 personas.

El hospital trabaja como una máquina grande en donde todos los engranajes deben funcionar individualmente y en conjunto, de no ser así, los pacientes tendrán que moverse “por un tiempo” entre ambos hospitales para subsanar lo que el Materno no pueda ofrecer aún.

El médico también señala que “lo óptimo” sería tener equipamiento nuevo.

Cada jefe de división de pediatría tiene una propuesta de los equipos necesarios.

Solo en su caso y como mínimo requiere de: incubadora de terapia intensiva, ventilador, monitor multiparamétrico y bombas de infusión para sueros.

El costo de los citados equipos de la mejor calidad asciende alrededor de 110 000 dólares.

De acuerdo al especialista, el objetivo principal del nuevo hospital es disminuir la mortalidad infantil y que el beneficio final sea para los niños como sus familias.

Agrega que en un año deberán “rendir cuentas” de los resultados logrados a través del trabajo en el nuevo hospital.

“Toda la gente ha puesto de su parte para que el hospital sea una realidad y ahora por fin se va a terminar”, dice el médico entusiasmado, además que este centro lleva su nombre como un justo homenaje a su trabajo a favor de miles de niños.

El doctor Jijena resaltó el trabajo de la primera dama del departamento Jenny Raña, quien asegura que visitó en “varias ocasiones” a esta unidad  para observar lo que necesitaban.

El médico también resaltó la gestión del gobernador Adrián Oliva Alcázar, por su “predisposición para que esto se terminara”.

Mientras tanto y sin ni siquiera haber arrancado oficialmente, Jijena ya empieza a visualizar el potencial de un terreno cercano al nuevo Materno-Infantil en el barrio Lourdes.

El médico vio un terreno donde pueda ser construida otra ala que ayude a descongestionar unidades y además sirva como alojamiento gratuito a las madres que vienen de las provincias que deben quedarse en la ciudad mientras sus niños están internados.

Leyes en los papeles

Aunque la Asamblea Legislativa Departamental sancionó el 4 de febrero de 2019 la “Ley de equipamiento de hospitales Materno Infantil y Oncológico de Tarija”, esta normativa no se cumple hasta ahora.

Esta ley departamental establece “inscribir” en un presupuesto plurianual montos para garantizar el equipamiento y la contratación de recursos humanos. La citada ley también dispone recursos de las regalías y otras fuentes de financiamiento para dicho fin.

Hospital Materno Infantil de Tarija.

La Asamblea Departamental no ha conseguido el cumplimiento de la normativa.

“Toda esta gran infraestructura está desierta, no existe absolutamente ningún equipamiento ni presupuesto”, se lamenta la presidenta de la Comisión de

Derechos Humanos de la Asamblea Departamental María Lourdes Vaca Vidaurre.

Vaca Vidaurre realizó la semana pasada una inspección a la nueva infraestructura, donde evidenció que el edificio está “vacío”.

“Lo único que hemos encontrado fueron las sillas que trajeron de la Gobernación para el acto político”, acota la asambleísta, al aseverar que la normativa departamental fue “incumplida”.

Tarija fue citada en el acto inaugural como un “referente” en salud para que familias de otros departamentos del sur boliviano y del norte argentino lleguen a esta ciudad para tratarse, pero lejos de esos alegóricos discursos, la Unidad de Neonatología del hospital San Juan de Dios se quedó sin espacio.

Lejos del ruido de los tambores, pitazos y vítores del acto inaugural envuelto en la fiesta electoral, hay miles de mujeres en estado de gestación que no encuentran la atención debida por falta de espacios en los centros de salud.

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