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Pasaporte COVID: el nuevo debate político y ético que impone la pandemia

La posibilidad de su implementación por algunos países, plantea un nuevo debate que se centra en la igualdad, los derechos y la ética. Los países más pobres podrían correr el riesgo de ser los más perjudicados por la medida.

Desde principios de año, cuando empezaron a repartirse las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19, el mundo automáticamente empezó a dividirse en dos…

Hoy, la posibilidad que barajan los países de la Unión Europea e incluso Estados Unidos, respecto a la implementación de un documento que certifique que los viajeros fueron vacunados para permitir el ingreso a sus fronteras, se erige como un elemento que profundiza esa división entre el mundo de los vacunados y los no vacunados.

Dinamarca anunció ya en febrero que “en los próximos meses” empezará a emitir una pasaporte digital que permita a sus ciudadanos certificar que fueron vacunados.

Estados Unidos aún baraja la posibilidad e Israel se convirtió en el primer país en implementar un “pasaporte COVID” a finales de abril.

Empresas de cruceros como Royal Caribbean y Crystal Cruices, entre otros, ya exigen a sus pasajeros mayores de 18 años un certificado de vacunación para subir a bordo de sus barcos.

El «pasaporte Covid» es un documento que acredita que la persona fue vacuna y que, por ende, puede transitar por los países que lo exigen o plantean exigirlo.

La desigualdad que existe entre países para acceder a vacunas, así como las restricciones que supondría la necesidad de un pasaporte COVID para desplazarse, son solo alguno de los argumentos que se convierten en la antesala para un debate político y ético de escala internacional.

“Lo ético es una construcción social, al fin y al cabo, si todo el mundo se pone de acuerdo sobre algo, la ética cambia. Pero hay criterios de libertad básicos que se verían afectados”, analiza el politólogo boliviano Gonzalo Ávila Sánchez.

Desde su punto de vista, las libertades “básicas” entran en juego, pues esto supondría que todos los ciudadanos estarían obligados a vacunarse para, de alguna forma, ganar su libertad de tránsito.

La vacuna sería una obligación, lo que implica que todos tendrían que recibirla aún si hubiesen decidido no vacunarse, por la razón que fuere.

“El otro problema es el libre tránsito”. Para Ávila, esto supondría limitad el acceso a un abanico de actividades u oportunidades, por falta de acceso a las vacunas.

En países como Bolivia, donde el ritmo de vacunación es lento y el acceso a vacunas es desigual, las restricciones podrían profundizar las brechas ya existentes en lo social.

Según el reporte del Ministerio de Salud y Deportes, hasta el 26 de abril de 2021, el país inoculó 688.654 vacunas entre la primera y segunda dosis.

Las dosis suministradas fueron de las marcas Sputnik V de Rusia y Sinopharm de China.

El 3% de la población del país ha recibido solo la primera dosis, mientras que el 1,9% ha recibido ambas.

Además, los porcentajes de vacunación en el país se han concentrado en las ciudades.

Los pueblos indígenas en aislamiento y sectores sociales con menos acceso a información o que viven en zonas más alejadas de la ciudad, no han sido beneficiados.

“La desigualdad no es solo económica, no es solo acceder a una vacuna, sino la oportunidad de hacerlo”, explica Gonzalo, mientras enfatiza que en países pobres, la desigualdad en el acceso a la vacuna está relacionada también a factores como falta de transporte, información e infraestructura.

Para el politólogo, el análisis debe realizarse desde los valores con los que se construyen las sociedades.

“Si vas a tomar decisiones de política pública basada en la violación de alguna libertad individual o algún criterio de desigualdad, creo que hay un daño democrático importante”, concluye Ávila, quien teme que este tipo de medidas “atenten” contra los valores democráticos.

Mercedes Bluske Moscoso

Mercedes Bluske

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