Colombia: Un conflicto de más de 50 años

“Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao”, se escucha junto a palmas, cacerolas y tambores, por las calles de Bogotá.

Tras más de 10 días de protestas, los colombianos se encuentran en una situación de crisis y emergencia nacional en todos los rincones del país.  Ciudades sitiadas, falta de abastecimiento, militarización, 27 muertos, 142 víctimas de violencia física, 761 detenciones, nueve víctimas de violencia sexual y 56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización.

La suma de estos hechos, son resultado de un estallido social que viene acumulándose hace muchos años, que se agravó con la pandemia y explotó a partir del anuncio de una nueva reforma tributaria.

“He visto muchas protestas, muchos paros, incluso estuve personalmente en el del 2019, pero este es el definitivo, es el que va a marcar un antes y un después”, cuenta Stephanie Navarro, psicóloga colombiana que vive actualmente en Santa Cruz. “La pandemia agravó mucho las cosas y hay crisis de salud, de economía y un hartazgo que calentó el argumento del colombiano para salir a protestar a pesar de todo”.

Stephanie, nacida en Santa Marta, cuenta que la ciudad costera siempre fue pacífica, pero que ahora los disturbios, saqueos, atracos, gases, tanques militares y gente armada en las calles, mantienen paralizada una de las urbes más turísticas del país.

Lo que está pasando en Colombia se desató después que el presidente Iván Duque anunciara una reforma fiscal denominada: “Ley de Solidaridad Sostenible”, la cual apuntaba a recaudar 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para pagar deudas y atender una agenda social urgente.

La ley planteaba una serie de reformas al estatuto tributario con el fin de ampliar la base de contribuyentes, es decir, reduciría el monto mínimo a partir del cual los ciudadanos declararían impuestos. Adicionalmente, contemplaba él cobro, a algunos usuarios, del 19% de IVA a las tarifas de servicios públicos de energía, alcantarillado y gas domiciliario.

Medidas que buscaban “proteger” a los sectores con dificultades económicas y exigir más de los contribuyentes de clase media, pero que no contemplaban el resultado de un inevitable incremento de precios en todos los demás servicios y productos del mercado.

Todo esto, en una Colombia en donde él 42,5% de la población vive en la pobreza, el 67% gana menos de aproximadamente 167 dólares al mes y el desempleo llega a un 16,2%.

El 28 de abril se anunciaron las primeras movilizaciones pacíficas que fueron escalando, tras el extremo uso de la fuerza por parte de la policía. El 2 de mayo, después de una expansión masiva de protestas, el presidente Duque pidió al Congreso que retire el polémico proyecto.

“Le solicitó al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera», dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, Sede de Gobierno.

Pero a pesar de la anulación de la propuesta y la renuncia del criticado Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, las manifestaciones y bloqueos no dan marcha atrás, evidenciando un conflicto que acarrea mucho más que el descontento por la reforma.

“Duque no ha tenido un buen liderazgo, ha llevado al país a la ruina en todo sentido. Ha sobre-explotado a la gente, a los indígenas, a nuestros recursos naturales y ha jugado constantemente con la tan anhelada paz en Colombia”, comenta Stephanie.

Por su parte, el geógrafo social colombiano, Marco Becking, explica que el descontento generalizado nace de muchos factores, entre esos, el contexto de violencia de un conflicto armado de más de 50 años, la corrupción, el narcotráfico, abuso de poder, la desigualdad y el miedo.

“El proceso de paz fue dañado por el gobierno de Duque. Más de 100 líderes sociales fueron asesinados sólo en el 2020 y el Estado no ha podido dar explicaciones ni castigos al respecto, por lo que se genera miedo, destrucción de confianza y se agudiza el paramilitarismo”, explica Marco. 

Y es que, desde el 2016, más de 900 líderes sociales y excombatientes de las FARC fueron asesinados, dando lugar a una mayor fragmentación en el país.

Iván Duque, el gobernante más joven en la historia reciente de Colombia, ha enfrentado tres masivas protestas desde que llegó al poder en 2018. A tan sólo un año después de asumir el cargo, en noviembre de 2019, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles para mostrar su insatisfacción. Congregados por el llamado Comité Nacional del Paro, compuesto por sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y opositores, protagonizaron casi tres semanas de reclamos.

En 2020 el descontento volvió en rechazo a la brutalidad policial, tras el homicidio del abogado de  43 años Javier Ordoñez, quien se encontraba en custodia y murió debido al excesivo uso de pistolas taser. Esta manifestación exigía el cese de violencia policial, además de otros reclamos que se arrastraron hasta el día de hoy: educación pública y gratuita, rechazo de la corrupción y en contra del asesinato de activistas sociales y exguerrilleros que firmaron la paz.  Las protestas de 2020 dejaron cuatro muertos y 500 heridos.

Ahora, una propuesta de reforma, que según expertos castigaba a la clase media, fue el punto de partida para una nueva movilización contra el presidente Duque. ONG’s y la oposición han multiplicado denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública en las protestas y disturbios, situación que el gobierno niega.

La comunidad internacional denunció el martes pasado un uso desproporcionado de la fuerza, pero Duque continuó expresando su apoyo a los uniformados a quienes se refiere como víctimas de ataques de “vándalos y criminales”.

Por otra parte, las noticias falsas en redes sociales, el monopolio de medios del gobierno y la censura de información, están incrementando la violencia, la paranoia e histeria colectiva en escenarios donde la susceptibilidad y desconfianza entre ciudadanos son parte de conflictos estructurales en el país.

Stephanie cuenta que hace unos días publicó un video de lo que sucedía en la ciudad de Cali en las historias de Instagram, pero que fue bloqueado por la red social. Indica que esto ha sido un problema recurrente para otros activistas tanto en Instagram como Facebook.

“Hay muchas interrupciones a nivel de comunicaciones. Muchas personas han estado reportando en vivo lo que pasaba y quedaron vetados”, cuenta Stephanie. “Para nadie es un secreto que el periodismo colombiano es un riesgo. Siempre hay esa censura y hoy en día, es bastante visible”.

Tanto Marco como Stephanie se refieren a este problema como algo mucho más profundo y concuerdan en que las manifestaciones no se disiparan tan fácilmente como en otros años.

Marco incluso se atreve a decir que las movilizaciones no pararán hasta que Duque renuncie y por su parte Stephanie expresa que “son demasiados factores, estamos en un punto en el que reventamos o reventamos”.

Al día de hoy, la violencia no da tregua y en redes sociales circulan videos que encienden la llama, como el asesinato del líder, Lucas Villa Vásquez, quien recibió ocho disparos, en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos en las calles de la ciudad de Pereira.

Minutos antes de morir, Lucas anunciaba en redes: “Nos están matando en Colombia”.

Las ciudades continúan sitiadas tanto por bloqueos ciudadanos, como rodeadas de fuerzas policiales y militares. El desabastecimiento de gasolina, insumos médicos y los saqueos mantienen al país en una paralización casi total.

Los manifestantes siguen en las calles y en la noche del 7 de mayo, el presidente Duque finalmente ha dejado de descalificar las protestas y ha llamado a un diálogo. Convocatoria, que de momento, sigue sin respuesta.