Guardaparques emiten un pronunciamiento en contra del Sernap

El pronunciamiento con fecha del 10 de septiembre de 2021, y recibido el 13 de ese mismo mes por el Ministerio de Medioambiente y Agua, es contundente.

En él, los miembros de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC) se manifiestan en contra del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), al que acusan de una “mala gestión de riesgos» ante los incendios forestales que han aquejado a diferentes áreas protegidas del país, como el área integral de manejo integrado San Matías, el parque nacional y área integral de manejo integrado Otuquis y el área integral de manejo integrado El Palmar, en los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz.

También acusan al Sernap de actuar con “sometimiento”, respondiendo a intereses de sectores que contravienen la misión de esta institución.

Así, en el pronunciamiento, los guardaparques aseguran que la institución debe ser manejada por perfil técnico y por profesionales comprometidos en la protección como en la conservación de las áreas protegidas.

En el pronunciamiento se denuncia un mal manejo de riesgos en los incendios registrados en la Chiquitania como en Chuquisaca.

El documento denuncia el uso personal que realiza el director del Amni San Matías, del único equipo de comunicación para operaciones de riesgo, así como de la camioneta equipada para combatir incendios.

Los guardabosques aseguran que el Cuerpo Nacional de Protección no cuenta con herramientas básicas para su trabajo, como uniformes y elementos de protección personal como cascos, guantes, trajes de bombero y radios, entre otros; todos ellos necesarios para realizar su trabajo.

Los guardaparques piden respuesta a las demandas que exponen en el pronunciamiento y se declaran en “estado de emergencia” hasta que las mismas sean resueltas, caso contrario, anuncian movilizaciones hacia La Paz.

Además, exigen la restitución de los jefes de Protección que fueron “rotados” de manera injustificada y el ajuste de presupuesto para gastos operativos en las 22 áreas protegidas, entre otras demandas detalladas en los seis puntos del documento.

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