El problema de la basura en Sucre

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La montañosa topografía de la ciudad de Sucre, ubicada en el corazón de Bolivia, tiene la capacidad de maravillar a turistas y locales gracias a las impactantes vistas que ofrece tanto en el centro de la ciudad, como desde los puntos más altos de la urbe.

El centro conquista por su impoluta arquitectura colonial engalanada por el blanco que la reviste y que la hace brillar con la majestuosidad de la plata.

En sus alrededores, la ciudad es un mirador que impone presencia con el brillo de sus luces, especialmente cuando cae la noche y el cielo invita a descansar.

Sin embargo, de día, las vistas pierden su encanto en algunas zonas a causa de la basura que se desborda por los cerros deslizándose hacia ríos y quebradas, no sólo arruinando el paisaje, sino constituyéndose en focos de infección, amenazando la salud de los pobladores y contaminando el medioambiente.

Si bien la problemática de la basura ha cobrado fuerza en los últimos meses a raíz del debate sobre el próximo e inevitable colapso del botadero municipal situado en la zona de Lechuguillas, la basura es un conflicto de larga data en el municipio, como en la mayoría de las municipios del país.

Un reportaje realizado en 2018 por los medios de la Compañía de Jesús, da cuenta que de los 337 municipios del país, solo 23 tenían un relleno sanitario para dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, sin provocar un daño al medio ambiente.

En el caso de Chuquisaca, los únicos dos rellenos sanitarios del departamento se encuentran en los municipios de Villa Abecia y Tarabuco. Sucre, a pesar de ser la urbe más grande, poblada y con mayores recursos económicos del departamento, dispone de su basura en un botadero controlado.

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La basura parece no ser una prioridad para las autoridades, pues en las últimas 3 gestiones municipales, ninguno de los alcaldes incluyó está temática en sus propuestas electorales, según pudo constatar este medio en la página de Órgano Electoral Departamental de Chuquisaca.

El actual alcalde, Enrique Leaño, pese a haber asumido el cargo en la gestión en la que el botadero de Lechuguillas llegaría al fin de su vida útil, se limitó a mencionar en su propuesta electoral “plan y proyectos de factorías de basura” como parte de su propuesta de planificación urbana sostenible.

Por su parte, en sus programas para empresas con participación municipal, agrega que se encargará de la modernización y equipamiento de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS; algo que tampoco ha sucedido.

Sin embargo, su plan no mencionó acciones sobre el actual botadero de Lechuguillas y tampoco sobre la identificación y gestión de un nuevo predio que resuelva el problema a largo plazo.

La esperanza de la basura

Resolver el problema de la basura ha sido el desafío para las sociedades del mundo y Sucre no fue la excepción, aunque en algún momento, tuvo la esperanza de lograrlo.

En 1989 un proyecto se erigía como una luz para poner fin al problema de la basura. Se trataba de la propuesta de crear el relleno sanitario en la ciudad, en la zona Santa Catalina, bajo el nombre de La Esperanza.

Aquel proyecto fue gestionado por el entonces alcalde Omar Montalvo Gallardo, quien ocupó el cargo entre 1989 y 1992, gracias a recursos conseguidos de la Generalitat de Valencia, en España.

“Todo eso costó 150 mil dólares”, explica Montalvo en entrevista con Verdad con Tinta, sobre el proyecto que constaba de un muro de contención, un enmallado alrededor del relleno, un tractor, una casa para las herramientas y una vivienda para los cuidadores, en un predio de 14.8 hectáreas aproximadamente, según describe el entonces burgomaestre.

Por aquellos años Sucre tenía un promedio de 100 mil habitantes y la generación de basura, por regla matemática, era menor. Sin embargo la disposición final de los residuos era tan compleja como ahora y la contaminación era inminente.

“En la época de verano especialmente, venían oleadas de moscas que invadían la ciudad, porque tenías un criadero”, relata Montalvo. “No podíamos continuar así”, agrega.

Si bien el proyecto fue concebido de aquella manera, lo que se constituía como una esperanza para la ciudad, terminó convirtiéndose en otro foco de infección a causa de un manejo deficiente, falta de condiciones técnicas y recursos económicos para llegar a convertirse en el relleno sanitario.

La Esperanza se convirtió en un botadero a cielo abierto, con montañas de basura que se apilaban una a lado de otra. De hecho, este botadero operó de manera ilegal desde su apertura hasta el cese de sus operaciones, pues fue recién en el año 2015 cuando recibió su licencia ambiental, cuando la basura ya se disponía en la zona de Lechuguillas.

Un estudio realizado por la Sociedad Sucrense de Ecología en 2012, determinó que ninguna de las tres zonas de este botadero (la zona de residuos domiciliarios, hospitalarios y lixiviados) cumplía con los requisitos técnicos ambientales para minimizar el impacto en el medioambiente.

El estudio concluyó que el botadero La Esperanza estaba provocando un impacto ambiental negativo, generando impacto ecológico del 61%, contaminación ambiental en un 91%, factores estéticos en un 80% y en los aspectos de interés humano   84,3%, haciendo un promedio de 78,6% de impactos ambientales negativos en sus 14 años de funcionamiento.

Por falta de recursos destinados al cierre del botadero, ya sea por parte del municipio o del nivel central, en este lugar nunca se realizó un cierre adecuado, únicamente se llevó adelante una primera fase en la gestión 2017, que es la captación de lixiviados.

Lechuguillas

Tras el cierre del botadero La Esperanza, en diciembre de 2011 se iniciaron las operaciones en el botadero de Lechuguillas, situado en la zona que lleva el mismo nombre, en un predio de 44 hectáreas de las cuales 16 se encuentran en operación a la fecha.

Por aquellos años,  Lechuguillas empezó a funcionar como un botadero a cielo abierto, contradiciendo una vez más lo establecido en la Ley de Medioambiente de 1992 y posteriormente, la ley 755 de Gestión de Residuos, de 2015, la cual habla de rellenos sanitarios para la disposición de residuos.

Sus operaciones, al igual que en el caso de La Esperanza, fueron ilegales en sus primeros años de vida, pues fue recién el año 2016 cuando recibió su licencia ambiental bajo el título de botadero controlado.

“Si bien no habían recursos económicos para realizar las actividades según la normativa ambiental, con el tiempo se han suscrito convenios con el gobierno municipal para readecuar este botadero y obtener la licencia ambiental”, dice al respecto Gustavo Cuellar Calderón, director del área técnica y planificación de la Empresa Municipal de Aseo Sucre- EMAS.

El botadero lleva más de 10 años operando y afronta su etapa de cierre. En la actualidad , el lugar recibe las 150 toneladas diarias de basura provenientes del municipio de Sucre, cuya población proyectada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para este 2022, es de 360 mil habitantes.

Según explica el director técnico de la entidad, la celda que se utiliza actualmente, y que sería la última, tiene un tiempo de vida máximo hasta diciembre de 2022. Sin embargo, la empresa ha presentado al municipio un proyecto para la ampliación de la macro-celda, ampliando la vida útil del botadero entre 2 y 5 años.

La construcción de este espacio tomaría alrededor de 4 meses y la inversión tiene un costo de caso Bs 9 millones. Si bien el proyecto ya habría sido aprobado según indica Cuellar, el municipio aún no ha logrado los recursos para su ejecución.

Pero el problema no sería sólo financiero. “Hace muchas gestiones no se ha tomado en cuenta que no contamos con el derecho propietario”, explica Gustavo Cuellar, quien trabaja hace más de 12 años en EMAS.

Aunque el trámite se encuentra en la firma de la minuta de transferencia al municipio, al tratarse de predios que permanecen a nombre de particulares, el municipio no puede invertir en ellos.

Mientras la burocracia camina sin prisa, quedan 6 meses de vida para el botadero y la ampliación de la celda tomaría 4. La próxima batalla, es contra el reloj.

De todas maneras, Emas ya presentó al municipio su plan de cierre, el cual consiste en realizar un diagnóstico para determinar las acciones que se deban tomar. En el caso de cierre, se deberá realizar la cobertura final, la captación de lixiviados, de biogases, construir franjas de coronación y realizar una cobertura con vegetación, entre otros.

La concejal Maria Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medioambiente, explica que el alcalde Enrique Leaño presentó un informe para el cierre del botadero, el cual, según su criterio, ya de debería haber realizado.

Empero, el informe fue rechazado por irregularidades, ya que fue presentado sin la firma del alcalde, no estipula dónde se emplazará el nuevo botadero, así como tampoco informes técnicos ni legales sobre la actual situación del botadero por parte de la dirección de Gestión de Riesgos, según establece la norma, entre otros.

¿Una amenaza para el río Chico?

El botadero de Lechuguillas está establecido en la cabecera de una quebrada que aporta aguas pluviales al Río Chico.

“Es una quebrada que cuando llueve y crecen lo niveles de agua, aporta directamente hasta la cuenca del río Chico, que es parte del río Grande que desemboca en el departamento de Santa Cruz y se dirige hasta el río Amazonas”, explica el ingeniero ambiental Saul Leyva, del Colegio de Ingenieros Ambientales.

El río Chico es la principal fuente de riego del valle sucrense, donde se producen hortalizas y frutas tanto para el consumo humano como para la venta posterior en la ciudad.

“Por la ubicación del botadero, algunos especialistas asumen que habría un grado de contaminación por lixiviados”, dice Leyva al respecto aunque para él es poco probable que esto suceda.

Los lixiviados son un residuo líquido contaminante que se produce por la descomposición de la basura.

Por su parte, el director Técnico y de Planeación de EMAS, Gustavo Cuellar, descarta que los lixiviados sean una amenaza, no sólo por el trabajo de contención que se realiza, sino porque así o indican los resultados de los estudios que realizan semestralmente en las aguas de la quebrada, los cuales indican que los niveles de contaminación se encuntran por debajo de los límites permisibles que señala la normativa.

Para Leyva, es importante tener en cuenta que a lo largo de la quebrada y del Río Chico, hay poblaciones que no sólo arrojan directamente su basura a estos lugares, sino cuyas aguas servidas son vaciadas de manera directa a estos afluentes, constituyéndose también en una fuente de contaminación.

Microbasurales, un gran problema

Diferentes factores han incidido en la proliferación de microbasurales en diferentes zonas de la ciudad. Las causas oscilan entre falta el crecimiento acelerado de los barrios, insuficiente capacidad de recojo por parte de la empresa de aseo, falta de educación y falta de recursos para dar una solución a la problemática.

Morgan López es vecino del barrio Bajo Tucsupaya situado en el Distrito 3 de la ciudad; el más grande del municipio en cuanto a extensión.

“La alcaldía no se hace cargo de sus áreas verdes. En la medida que no se consolidan, se convierten en basurales”, dice señalando un pequeño terreno, en el que predomina la basura. Sin embargo, reconoce que el factor cultural también es un problema, y que los vecinos no ayudan a mantener limpios estos espacios.

“Hoy es lunes, tendría que haber pasado el carro basurero, pero no pasó”, dice Alfredo Vidal, presidente del Distrito 3, quien agrega que lo esperaban entre las 8:00 y 8:30 de la mañana.

Si bien el recojo está programado tres veces por semana, los vecinos explican que no siempre es así. Este lunes es prueba de aquello. Lo que llega sin demora, es el cobro por el servicio y no hay descuentos por más que el carro no pase las tres veces a la semana por las que se cobra a este barrio.

Vidal explica que si bien el servicio no es estable, los contenedores han ayudado a reducir el deshecho de basura en terrenos baldíos o áreas verdes municipales no consolidadas.

Contrario a la visión de Vidal, una vecina explica que los contenedores se llenan y las bolsas se acumulan a su alrededor, provocando que los perros la esparzan y creando focos de infección.

Para Carlos García Barrón, director de proyectos de gestión ambiental municipal en Helvetas Bolivia, el principal desafío es que a población pueda comprender su corresponsabilidad en la prestación del servicio.

Sin embargo es necesario hacer un análisis constante para mejorar el servicio.

“Cada cierto tiempo se debe hacer un mapeo para poder ver nuevas zonas de recolección de residuos y nuevas zonas de emplazamiento de contenedores”, explica García.

En ese sentido, si bien la empresa de aseo cuenta con un total del 700 contenedores esparcidos en los diferentes distritos, reconocen que no son suficientes.

Rilber Rioja lleva dos semanas como gerente general a.i de EMAS. Desde su oficina situada en ese mismo distrito, explica que los contenedores están precisamente en zonas en las que el recojo no es diario. O al menos eso intentan.

A pocos minutos de las oficinas de Emas, se encuentra el barrio Alto Villa Rosario. En los cerros que lo rodean, hay al menos 3 microbasurales que se han convertido en focos de infección y alimento para los cerdos. Efraín Anarata Mamani, representante del barrio, explica que no tienen contenedores y que el servicio de recojo es deficiente, por lo que los vecinos optan por tirar sus deshechos a los basurales que se ven alrededor.

Situación similar ocurre en el barrio Miraflores Norte, así como en otros de la ciudad, según los representantes de los barrios y distritos con los que conversó este medio.

Aunque Anarata es consciente de que tirar la basura a las quebradas no es la solución, dice que no tienen alternativa.

Si bien Rioja insiste en que les gustaría poder tener al menos más contenedores, su elevado costo, que oscila entre los 1000 y 500 dólares, se los impide. Además, por las características de las unidades de recojo, no pueden comprar contenedores más grandes y tampoco metálicos, ya que no aguantarían el peso.

Al ser consultado sobre su competencia para limpiar estos microbasurales, el director técnico de EMAS, Gustavo Cuellar, explica que si bien la empresa tenía un presupuesto para esta labor, “hace un tiempo” el municipio se los quitó. Sin embargo, aclara que aunque ellos como

entidad operadora ya no pueden hacerlo, continúa siendo competencia del municipio resolver ese problema.

“Ellos tampoco lo hacen por falta de recursos”, lamenta sobre este hecho, que es de preocupación para la empresa de aseo.

El impacto de estos basurales se minimiza, especialmente por parte de los vecinos, quienes no toman conciencia sobre el peligro que éstos representan para su propia salud, pues reducen la calidad del aire, aumentan los riesgos de contraer infecciones en los ojos y vías respiratorias, así como proliferación de mosquitos que pueden causar enfermedades como el dengue y roedores.

Carmen Rosa Torres Quispe, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, asegura que desde la comisión han trabajado en el cierre de diferentes basurales en el municipio.

“Lo hemos logrado camino a las Siete Cascadas y en Ornocasa, donde habían basurales grandes”, agrega la autoridad

Si bien un informe realizado por esta misma comisión en la gestión 2018 identificaba 120 microbasulares en la ciudad de Sucre, el número sería mayor.

¿Qué otras posibles soluciones hay? Para el director de Proyectos de Gestión Ambiental Municipal en Helvetas Bolivia, trabajar con los vecinos en compostaje para posteriormente crear huertos urbanos, sería una salida viable, teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos son orgánicos.

El aprovechamiento del plástico, cartón y vidrio, también podría generar recursos para los vecinos si se trabaja de manera organizada.

“Es un desafío, pero hay soluciones”, concluye García.

Esta investigación fue desarrollada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XIV de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación, que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP).

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