Estudiar con la libertad embargada: lo que viven los jóvenes y adolescentes sentenciados en Sucre

Dayana Martínez

“Voy a estudiar mecánica automotriz y de ahí voy a abrir un taller”, dice Juan, de 19 años, decidido a estudiar en la universidad cuando concluya su sentencia en el Centro de Reintegración Social Solidaridad de la ciudad de Sucre, donde son remitidos los adolescentes y jóvenes de Chuquisaca que cumplen una pena privativa de libertad o detención preventiva.

En contraste, Carlos, que también se dedica a la mecánica, cuenta que este año saldrá bachiller y que, al culminar el colegio, planea realizar algún curso “solo por tener el cartón”. Tiene 24 años y, al igual que los demás adolescentes y jóvenes entrevistados en este reportaje, su nombre es ficticio.

Tanto Juan como Carlos ya tenían conocimientos en mecánica antes de ingresar al centro de reintegración, donde un total de 69 adolescentes cumplen sentencia; sin embargo, fue en este lugar donde decidieron convertirse en mecánicos para sostener su vida y la de sus familias una vez sean liberados.

Centro de reintegración social Solidaridad en la ciudad de Sucre.

Juan ingresó al centro a los 17 años. Dos años después, ya está en la promoción gracias a un convenio con una unidad educativa cercana. A diferencia de sus compañeros, no asiste al colegio, salvo con autorización judicial para participar en actividades de la promoción, a las que “siempre llaman”. Son los profesores quienes lo visitan a él y a otros jóvenes privados de libertad.

“Cuando cumples la mitad de la sentencia, ahí pides permiso y te dan para el trabajo o para el estudio. —¿Y en tu caso ya podrías?— Sí, al año puedo”, comenta, mientras comparte su deseo de ingresar a la universidad.

Recuerda que sus primeros días en el centro fueron difíciles. “Preocupado me sentía y no sabía qué hacer. De ahí, me he acostumbrado poco a poco; no había más qué hacer”. Arreglar motos le ha permitido sobrellevar su reclusión, especialmente porque también enseña a otros adolescentes del centro.

“Trato de ayudar. Los compañeros preguntan: ‘¿Esto cómo se hace?’ o ‘¿Cómo se llama?’ y les ayudo, pues”, dice con orgullo por compartir lo que sabe. Cuando ingresó no existía un taller de motos como tal en el centro, pero ahora tienen un letrero en la puerta que invita a posibles clientes.

Los recursos que obtienen de estas labores se destinan a reponer materiales y a los propios jóvenes que realizan el trabajo. Algunos apoyan a sus familias con esos ingresos y otros los guardan para comprar libros o materiales necesarios para sus estudios.

“Ahora también he aprendido a trabajar con madera trupan y es un salvavidas, ¿no? Algún rato que me falte alguito (de dinero o insumos) y me pidan, lo haré”, dice Julio de 27 años, representante de lo que denominan terapia ocupacional, que incluye la elaboración de origami, accesorios en madera trupan, costura, carpintería, metalmecánica y otros oficios.

Centro Solidaridad, donde los jóvenes sentenciados conviven con adultos que aún buscan reinsertarse

Julio es uno de los siete casos de adultos que ingresaron al centro a cumplir su sentencia siendo ya mayores de edad, debido a que eran menores cuando cometieron los delitos por los que fueron procesados. Esto ocurre porque la cárcel de San Roque en Sucre no cuenta con el espacio necesario para adultos que cometieron sus delitos siendo menores de edad. Autoridades penitenciarias reportaron en 2025 un hacinamiento cercano al 50%, aunque personas privadas de libertad denunciaron en 2024 que alcanzaba el 700%.

Figuras de origami realizadas por los internos del centro Solidaridad.

“En realidad, estos centros están destinados a adolescentes de entre 14 y 17 años que han cometido algún tipo de delito. Sin embargo, actualmente se encuentran algunas personas que ya superaron la mayoría de edad porque, si bien cometieron el hecho punible cuando eran menores, el proceso se instaló cuando ya eran adultos. Entonces, hay un número mínimo, evidentemente, de personas mayores que están cumpliendo una medida socioeducativa en este centro”, explicó el delegado defensorial departamental de Chuquisaca, Humberto Mayorga Mendoza.

El departamento de Chuquisaca tiene dos centros de reinserción social, ambos en Sucre: el Centro de Reintegración Social Solidaridad, para varones, y el de Guadalupe, para mujeres.

De acuerdo con la normativa vigente, los centros de reintegración deben recibir a menores de edad; pero “los jueces se han visto obligados a enviar a algunos jóvenes mayores de 24 años porque, lamentablemente, en San Roque no existe un espacio separado para adultos que hayan cometido su delito cuando eran menores de edad”, informó la psicóloga especializada en justicia penal juvenil del Centro Solidaridad, Daniela Ibieta.

A pesar de ello, los siete adultos de entre 24 y 38 años que permanecen en el Centro Solidaridad viven en un ala separada de los adolescentes. Si bien no han tenido dificultades de convivencia gracias a la distribución de espacios, esta es una situación que no ocurre en ningún otro penal ni centro de reintegración del país.

“Lamentablemente, es una situación exclusiva de Chuquisaca, un caso excepcional, y estamos trabajando para que el Ministerio de Justicia se pronuncie respecto a este problema”, añadió.

Hacinamiento y carencias de infraestructura

El centro Solidaridad tiene capacidad para albergar a 29 personas; sin embargo, al momento de la publicación de este reportaje acoge a 69 adolescentes y jóvenes: 65 con sentencia ejecutada y cuatro con detención preventiva.

Aunque esta cifra representa un hacinamiento del 137%, desde el centro Solidaridad y el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) aseguran que, gracias a la reorganización de espacios, lograron garantizar que cada joven tenga su propio cuarto con cama, velador y ropero, manteniendo las aulas para las clases y ubicando algunos talleres en el patio.

Taller de mecánica para motocicletas del centro Solidaridad.

Según un informe del Ministerio de Justicia publicado en 2021, este centro requería ajustes en su infraestructura y servicios, como el cambio de letrinas por inodoros. En los últimos años, parte de estas observaciones fueron atendidas, pero no es suficiente, por eso, anhelan contar pronto con un nuevo edificio.

“Se han habilitado nuevos espacios en comparación con el informe de 2021; ya no se cuenta con letrinas, ahora tienen baños; antes había una sola lavandería, ahora ya cuentan con una docena para hacer el aseo de su ropa. También tienen duchas con agua caliente, algo con lo que antes de esta gestión de la Gobernación no se tenía”, destacó Ibieta, quien confirmó que ya se aprobó el proyecto para construir una nueva infraestructura en el mismo lugar.

Para la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, se deben consolidar más centros de reintegración en el departamento que estén ubicados en municipios del área rural para evitar la ruptura de vínculos familiares, al igual que esa nueva infraestructura para el centro Solidaridad.

Se pretende garantizar que cada taller cuente con mejor maquinaria e insumos, ya que “las terapias ocupacionales deben ser restaurativas y permitir que los adolescentes se reintegren a la sociedad”.

“El tema de las terapias y talleres al interior de estos centros es que, si bien existen, nunca son suficientes. Ellos demandan mayor espacio para sus talleres de metalmecánica, por ejemplo, o materia prima para trabajar, que es una de las debilidades. Si queremos un trabajo terminado, necesitamos materia prima para ello”, reflexionó Mayorga.

“En resumen, la Defensoría del Pueblo plantea que Bolivia tiene una necesidad urgente de diseñar políticas penitenciarias, tanto para adultos como para jóvenes, que permitan lograr la rehabilitación, la reinserción y la reeducación, de modo que el paso de estos jóvenes por los centros sea eventual y no haya reincidencias”, añadió.

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Desde la Defensoría también se implementaron dos programas para los adolescentes privados de libertad: Libros por sueños, que motiva la lectura y la redacción de resúmenes, y Reescribiéndonos. Historias de adolescentes, mediante el cual los jóvenes narran sus historias a través de cuentos, microcuentos y crónicas.

La meta: salir adelante con nuevos insumos

Julio realizaba su internado en Derecho cuando fue sentenciado. Ahora trabaja en su proyecto de grado para titularse y asegura que en su universidad saben que se encuentra privado de libertad.

Para él, la terapia ocupacional será una fuente de ingresos alternativa una vez cumpla su condena. “No solo se necesita ser profesional para ganar plata; ya depende de cada uno aprovechar lo aprendido”.

Para Marcelo de 29 años, las terapias les permiten ocupar su tiempo de manera productiva y pensar en salir adelante, ya que contarán con una fuente de sustento cuando recuperen su libertad.

“No toda la vida uno va a estar aquí, y los talleres, aparte de ser una terapia, permiten aprender un oficio que es muy requerido en la sociedad”, afirma.

Cree que muchas personas que no los conocen piensan que “han nacido así” y por eso están recluidos, pero considera que los talleres les brindan tiempo para reflexionar sobre lo que hicieron. “Las personas que están por robo aquí se ponen a pensar y a meditar qué podrían haber trabajado en lugar de ir por el camino malo. Otros a veces no quieren aceptar su error, pero para tener un cambio uno tiene que aceptarlo; cada uno es arquitecto de su vida”.

Delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca, Humberto Mayorga.

“Ahora ya entiendo cómo es esto de cumplir una sentencia y hay que seguir adelante con lo que se pueda, ¿no? Ya no hacer macanas”, dice, por su parte, Juan.

Para los entrevistados, el camino del cambio personal parece claro; cómo lo recorran dependerá de cada uno cuando terminen su sentencia. Lo cierto es que, según estudios e investigaciones, Bolivia también tiene un largo camino por recorrer para contar con políticas de reinserción claras y efectivas que contribuyan a construir una sociedad más segura.