Redes sociales y justicia en casos de feminicidio en América Latina

Escrito por Luz María Jiménez

El video dura pocos segundos. En un aula, una joven normalista —Kamila Pacasi— aparece frente a la cámara. Un teléfono celular registra la escena. Afuera, Caranavi continúa con su rutina. Ella no sabe que le quedan segundos de vida. Horas después, el país se entera. No por la Fiscalía ni por la Policía: por redes sociales.

En los últimos años, los feminicidios en América Latina han dejado de ser únicamente expedientes judiciales para convertirse también en contenido digital: se hacen virales, se comentan y se “investigan” en TikTok, Facebook y X. Estas plataformas operan como tribunales paralelos, con sus propios veredictos y ritmos. Las masas tienen poder —un poder real, inmediato y sin protocolo—, y ese poder ha cambiado para siempre la relación entre la opinión pública y la justicia.

Este ensayo periodístico analiza tres casos: Valeria Márquez y Debanhi Escobar en México, y Kamila Pacasi en Bolivia. Aunque ocurrieron en contextos distintos, comparten un elemento común: la indignación digital precedió a la reacción institucional. Este panorama plantea una pregunta central: ¿las redes sociales ayudan a resolver casos de feminicidio o simplemente presionan a sistemas judiciales que ya eran estructuralmente ineficientes?

Valeria Márquez: cuando la cámara no protege

El 23 de mayo de 2024, Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su estética en Zapopan, en el estado de Jalisco, México. Tenía 23 años, era influencer con miles de seguidores y, en ese momento, la miraban en tiempo real cientos de personas. El crimen no terminó con el disparo: comenzó allí su circulación masiva en redes sociales. El video fue compartido miles de veces y su nombre se convirtió en tendencia.

Sin embargo, la viralidad no produjo resultados judiciales inmediatos. En lugar de centrarse en el agresor, gran parte del debate digital giró en torno a la vida privada de la víctima. Se cuestionó su profesión, su exposición pública y sus relaciones personales.

Esta situación se puede evidenciar claramente en los comentarios que circularon en redes: las reacciones no tardaron en llegar, y no todas buscaban justicia. Influencers, usuarios anónimos y medios digitales alimentaron una narrativa que ponía a la víctima en el banquillo de los acusados.

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Este patrón evidencia cómo la visibilidad femenina puede transformarse en un mecanismo de revictimización. La revictimización digital no es un fenómeno aislado; al contrario, representa una extensión de los patrones de violencia simbólica que operan fuera de las plataformas. El escrutinio de la vida de las víctimas desvía la atención del crimen y del agresor, perpetuando una cultura de impunidad estructural.

Mariel Paz Ramírez, abogada, investigadora y activista feminista boliviana, explica que no todos los casos reciben el mismo nivel de atención digital. Según señala, la viralidad depende de las características específicas del feminicidio y de cuánto impacto genera visualmente en redes sociales. “Hay casos que tienen mayor viralidad y permanencia dependiendo de las características del feminicidio. Mientras más espectáculo o sangre hay, más se mueve por el morbo que por la indignación”, afirma.

Paz sostiene que existen familias y colectivos que deben organizar marchas, campañas y presión constante para lograr que ciertos casos permanezcan visibles. Otros, en cambio, desaparecen rápidamente de la conversación pública. “Hay casos que prefieren mantenerse en silencio y obviamente unos se ven más que otros dependiendo de su relevancia”, señala.

En este punto, la lectura de la activista mexicana Fanny González, quien ha acompañado durante años a colectivos de mujeres víctimas de violencia de género, resulta esclarecedora. Para ella, el caso de Valeria no se trató de su exposición en redes ni de sus vínculos personales, sino de una constante estructural: “no importa si el agresor era narco o no. Valeria fue asesinada por ser mujer”.

Por este crimen, uno de los principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como «Doble R», fue rápidamente vinculado, pero la Fiscalía de ese estado negó esa posibilidad.

Sin embargo, esa interpretación quedó opacada por discursos digitales que intentaron explicar el crimen culpando a quien lo sufrió. La visibilidad de las mujeres, advierte González, tiene un costo: primero la violencia, luego la revictimización pública.

El contraste con otros casos en México también evidencia los límites de la presión digital. El feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020 derivó en la aprobación de la llamada “Ley Ingrid”, que penaliza la difusión de imágenes de víctimas. Allí la indignación colectiva logró una consecuencia legislativa concreta.

Con Valeria, en cambio, la viralidad no produjo detenciones ni avances visibles. La diferencia no estuvo en la intensidad de la indignación, sino en el contexto institucional: Jalisco es un territorio atravesado por el poder del crimen organizado, donde las fiscalías operan bajo presiones políticas y armadas.

Debanhi Escobar: las masas investigan, la verdad espera

Debanhi Escobar desapareció en abril de 2022 y fue encontrada muerta días después en una cisterna de un motel en el estado de Nuevo León, México. Tenía 18 años. Su caso generó una ola masiva de especulaciones en redes sociales: mapas, teorías, reconstrucciones improvisadas, acusaciones sin verificación y una presión ciudadana que mantuvo el caso en la agenda pública durante semanas.

La presión social mantuvo el caso en la agenda pública, pero también produjo desinformación. La multiplicación de hipótesis sin evidencia convirtió el espacio digital en un entorno caótico que dificultó distinguir hechos comprobados de suposiciones. Investigadores ciudadanos y medios digitales compitieron por la versión más viral, no necesariamente por la más veraz.

Lu An Méndez, directora del área de Violencia Digital de Fundación Internet Bolivia, explica que este fenómeno responde a la lógica propia de las plataformas: el algoritmo premia el impacto, no la evidencia.

En casos de alta exposición mediática, la participación masiva rara vez busca verdad, sino interacción. Cada teoría nueva genera clics, cada reconstrucción improvisada produce engagement (compromiso o interacción con los usuarios), aunque no aporte información verificable. Especular no es investigar, pero en el entorno digital ambas acciones suelen confundirse.

Lu Paz también advierte sobre el impacto que genera la difusión constante de contenido violento relacionado con feminicidios. Según explica, la circulación masiva de imágenes explícitas, videos y descripciones detalladas puede producir un “efecto mimético”, donde ciertos patrones de violencia comienzan a repetirse. «Se puede generar más feminicidas”, sostiene.

Añade que distintos análisis han identificado similitudes entre casos altamente difundidos y crímenes posteriores con dinámicas similares. Para la abogada, el problema no se limita únicamente a las imágenes, sino también a la manera en que los casos son narrados y consumidos digitalmente.

“La difusión escrita y visual promueve de manera morbosa los casos de feminicidio”, afirma. En redes sociales, reconstrucciones, videos y detalles violentos suelen circular masivamente sin contexto ni límites claros, convirtiendo el crimen en contenido permanente dentro del ecosistema digital.

El resultado es un ecosistema donde el ruido sustituye a la investigación formal. Las hipótesis sin sustento circulan con la misma velocidad que los comunicados oficiales, y la presión social, aunque legítima, termina creando un entorno caótico que puede contaminar procesos judiciales en curso. En el caso de Debanhi, la indignación sostuvo el debate público, pero no aportó pruebas nuevas ni resolvió las contradicciones del expediente. El algoritmo entregaba teorías; la verdad seguía pendiente.

Las masas tienen poder —eso está claro—, pero no siempre apuntan en la dirección correcta. En el caso de Debanhi, el ruido digital funcionó como sustituto de la investigación formal, no como complemento. La sociedad exigía respuestas; el algoritmo entregaba teorías.

Méndez define este fenómeno como una forma de violencia de género facilitada por la tecnología. Las plataformas no distinguen entre contenido que informa y contenido que especula; ambas cosas generan tráfico. Y el tráfico se traduce en ingresos publicitarios. En ese ecosistema, el dolor de las víctimas puede convertirse en capital digital. Cada reproducción, cada comentario, cada compartido fortalece el algoritmo que mantiene el caso visible, pero también perpetúa su explotación mediática. Lo que ocurre en internet no desaparece: permanece archivado, indexado y replicable indefinidamente, extendiendo el impacto más allá del momento del crimen.

Ya se cumplieron dos años del feminicidio de Debanhi Escobar en Nuevo León y todavía no hay detenidos, según reportó en abril Animal Político.

Este caso ilustra la tensión entre la necesidad social de visibilizar la violencia contra las mujeres y el riesgo de que la sobreexposición mediática contamine o entorpezca el proceso judicial formal. El ruido digital no reemplaza a la investigación; en el peor de los casos, la obstruye.

Kamila Pacasi: cuando la presión sí funciona

En el caso de Kamila Pacasi Zanga, ocurrido en la localidad de Caranavi, del departamento de La Paz, Bolivia, existió un registro audiovisual directo del crimen. El material circuló rápidamente en redes y generó movilización social inmediata. Comunidades enteras se organizaron, familiares tomaron las calles y la presión ciudadana impidió que el caso quedara en silencio.

La joven de 23 años fue asesinada al interior de un aula de la Unidad Académica Caranavi de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, donde pasaba clases. El agresor la atacó con un arma cortante ante la mirada atónita de sus compañeros.

Finalmente, se dictó una sentencia de 30 años contra el agresor. Las masas habían hablado, y esta vez la justicia respondió. El hecho de que la reacción institucional dependiera de la exposición mediática evidencia la fragilidad estructural del sistema judicial.

La pregunta incómoda es: ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera grabado? ¿Si el video no se hubiese hecho viral? La respuesta, basada en la experiencia regional, apunta hacia la impunidad. Eso revela que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de voluntad institucional.

El caso de Kamila mostró algo distinto: existía una prueba audiovisual directa e imposible de ignorar. Sin embargo, incluso con esa evidencia, la presión social fue determinante para acelerar la respuesta institucional. Méndez señala que las redes no resolvieron el caso; volvieron imposible que la Fiscalía mirara a otro lado. En un sistema judicial que tiende a archivar expedientes cuando no hay vigilancia pública, la exposición masiva funciona como mecanismo de supervisión ciudadana.

Pero este escenario revela una brecha más profunda. Las plataformas digitales poseen registros de actividad, datos de geolocalización y trazabilidad de cuentas que podían convertirse en evidencia judicial mediante requerimientos formales. En países europeos y en Estados Unidos, la cooperación entre fiscalías y empresas tecnológicas es parte rutinaria de las investigaciones criminales. En Bolivia, en cambio, no existen protocolos sólidos ni mecanismos sistemáticos de colaboración. El llamado “ciberpatrullaje” se limita, en muchos casos, a búsquedas superficiales en internet. La capacidad técnica está en las plataformas; la debilidad institucional está en el Estado.

Google como herramienta

Aquí es donde el análisis de Lu An Méndez, directora del área de Violencia Digital de Fundación Internet Bolivia, introduce una dimensión que rara vez aparece en el debate público. Las redes sociales no solo amplifican casos; también almacenan datos que pueden convertirse en evidencia judicial real.

Plataformas como Meta (Facebook e Instagram), Google, TikTok y X cuentan con unidades legales específicas que responden a requerimientos formales de fiscalías en países donde existen marcos normativos claros. Registros de actividad de cuentas, direcciones IP (identificativo de cada dispositivo), datos de geolocalización, historiales de conexión y trazabilidad de interacciones digitales pueden transformarse en pruebas determinantes dentro de un proceso penal.

De acuerdo con los reportes de transparencia publicados por Meta, Google y TikTok, las plataformas digitales almacenan información técnica que puede incluir direcciones IP, historial de actividad, ubicación aproximada y trazabilidad de contenido compartido dentro de sus servicios. Estos datos pueden ser entregados a autoridades judiciales mediante requerimientos legales formales.

Medios internacionales y organismos especializados en cibercrimen han documentado cómo este tipo de información ya es utilizada regularmente en investigaciones criminales en Estados Unidos y Europa. Según reportes del Departamento de Justicia estadounidense y agencias europeas de investigación digital, registros de actividad en plataformas sociales han servido para reconstruir cronologías, rastrear movimientos de sospechosos y validar evidencia dentro de procesos judiciales complejos.

Para la abogada Mariel Paz, las redes sociales sí pueden convertirse en un componente movilizador de justicia. Explica que cuando un caso alcanza alta viralidad, las primeras instancias institucionales —principalmente Policía y Fiscalía— reaccionan con mayor rapidez debido a la presión pública generada en plataformas digitales.

“La presión de redes sociales hace que los casos se muevan más rápido”, sostiene. Según explica, la exposición constante obliga a las instituciones a mostrar avances y mantener el caso visible frente a la opinión pública. En contextos donde muchas familias denuncian lentitud judicial, la viralidad funciona como un mecanismo informal de vigilancia ciudadana.

En Estados Unidos y en países europeos, esta cooperación ocurre de manera rutinaria. Las fiscalías emiten solicitudes formales, las plataformas procesan la información y devuelven datos técnicos que ningún usuario puede obtener mediante búsquedas públicas. Esa diferencia es crucial: investigar digitalmente no es “googlear”, es producir evidencia técnica validada judicialmente.

En Bolivia, según Méndez, ese mecanismo prácticamente no existe. El llamado “ciberpatrullaje” suele limitarse a búsquedas superficiales en redes abiertas, capturas de pantalla y monitoreo informal. No hay protocolos sistemáticos de cooperación institucional con las empresas tecnológicas ni equipos especializados que gestionen requerimientos digitales complejos. Las plataformas no responden de manera activa si no existe un procedimiento formal sólido, y el Estado carece de capacidad estructural para exigirlo de manera constante. La consecuencia es una brecha enorme entre el potencial tecnológico disponible y la capacidad real de las instituciones para utilizarlo.

Desde esta perspectiva, el problema no está únicamente en las redes ni en la viralidad. Es también la debilidad del aparato judicial frente a un entorno digital que evoluciona más rápido que la normativa. Las masas presionan, pero no producen evidencia. Cuando el Estado no sabe —o no puede— transformar datos digitales en pruebas judiciales, la justicia termina dependiendo de la indignación pública en lugar de apoyarse en capacidades técnicas propias.

En lo que va de 2026, son 36 víctimas de feminicidio en Bolivia.

Amplificar no es investigar

Los tres casos demuestran que las redes sociales amplifican, pero no investigan. Generan presión, visibilizan injusticias y obligan a las autoridades a pronunciarse. Sin embargo, también pueden reproducir violencia simbólica y desinformación.

Las plataformas poseen datos que pueden colaborar con investigaciones formales, pero en la mayoría de los países latinoamericanos no existen mecanismos sólidos de cooperación institucional. Esta situación produce una brecha entre el potencial tecnológico y la capacidad estatal.

Compartir no es hacer justicia

Las redes sociales no sustituyen a la justicia. Pueden incomodar al poder y evitar el silencio, pero no reemplazan la investigación formal ni garantizan la verdad judicial. Los tres casos analizados muestran diferentes caras de un mismo fenómeno: la digitalización de la violencia feminicida y sus consecuencias sobre la percepción de la justicia.

Las masas tienen poder: eso lo demuestran el caso de Kamila Pacasi y la sentencia de 30 años contra su atacante. Pero ese poder no debería ser el único mecanismo de presión disponible. Un sistema judicial que responde únicamente cuando hay cámaras, tendencias y hashtags es un sistema que ha fallado estructuralmente.

Mientras la reacción institucional dependa del nivel de viralidad, la justicia seguirá condicionada por la lógica del algoritmo. Compartir no es sinónimo de hacer justicia; es apenas una forma de presión en sistemas que deberían funcionar por obligación y no por tendencia.

La solución no pasa por silenciar las redes sociales, sino por construir instituciones que respondan con la misma urgencia ante cada feminicidio —con o sin cámara, con o sin hashtag—. La visibilidad digital puede ser un catalizador, pero la justicia debe ser estructural, garantizada e incondicional.

* Este contenido fue elaborado en el marco del proceso de capacitación y mentoría “Narrativas Diversas 2.0”, orientado a promover la igualdad de género y la inclusión a través del periodismo constructivo, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en articulación con la DW Akademie y en el contexto del proyecto ProIgualdad.