Con maquinaria, grupos de personas e intimidación: la estrategia de avasallamiento en Tarija

El uso de maquinaria pesada, la movilización de grupos de personas y las denuncias por presunta complicidad de funcionarios públicos forman parte de un patrón que vecinos y afectados identifican como una nueva modalidad de avasallamiento de terrenos en la ciudad de Tarija.

El último caso ocurrió en el barrio El Constructor, donde los cercos de una propiedad fueron destruidos el pasado jueves 11 de junio a las 7:30 por maquinaria pesada. La familia de Santos Barra Mamani fue sorprendida cuando se preparaba para una jornada regular.

“Varias personas ingresaron rompiendo el cerco perimetral y acompañadas por una pala cargadora y dos retroexcavadoras”, describe Santos en su denuncia formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Verdad con Tinta accedió a los documentos de las denuncias formalizadas ese 11 de junio por las víctimas de avasallamiento.

Santos vive desde hace ocho años en el lugar, donde trabaja como cuidador del terreno, cuyo propietario, según las escrituras verificadas por este medio, es Mario Alfredo Villena Morales, quien lo adquirió en los años 90.

Una de las hijas de Santos fue quien divisó a las personas armadas y la maquinaria que ingresaba a la propiedad rompiendo las cercas.

El sereno cuenta que los ocupantes se identificaron como trabajadores de Jhoana Márquez y, pese a que posteriormente el dueño del terreno Mario Alfredo Villena se presentó en el lugar y mostró documentación que acreditaba su derecho propietario, los trabajos de movimiento de tierra continuaron. Al lugar arribaron aproximadamente veinte personas, algunas con el rostro cubierto y portando machetes, quienes permanecieron en la propiedad mientras se realizaban las labores de movimiento de tierra con maquinaria pesada.

Los afectados llamaron a la Policía para pedir ayuda, pero la institución encargada de mantener el orden no intervino.

En el lugar habita una familia con mujeres y entre ellas, menores de edad, una de apenas 11 años, la que se vio sorprendida con ese panorama cuando recién salía el sol invernal para ir a su colegio.

El padre intentó evitar el avance de la maquinaria pesada, pero uno de los choferes le dijo que seguiría su curso, pese a que tenía al hombre delante suyo. El chofer cumplió con su amenaza, puso primera y siguió adelante con la pala, sin importar si se llevaba o no al sereno, quien tuvo que saltar a un lado.

La mujer que dio la orden apareció posteriormente junto a una abogada con papeles en mano, uno de ellos con el sello del Gobierno Autónomo Municipal de la Dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

El documento era una notificación de la Dirección Municipal de Riesgos y Cambio Climático para hacer la limpieza del terreno, basada en la Ley 464 de lotes baldíos; sin embargo, el documento contaba con un código catastral.

Al hacer una revisión en el código catastral, se puede constatar que la dirección del terreno es diferente.  El código catastral es una clave alfanumérica única e irrepetible que funciona como el «carnet de identidad» de una propiedad. Es asignado por el gobierno municipal y sirve para identificar un terreno, casa o departamento en el registro oficial.

Es decir, estas personas con complicidad de funcionarios municipales presentaron una orden de movimiento de tierras para ingresar a un terreno usando un código catastral de otra propiedad.

De acá en adelante, inicia una historia sin fin para las familias afectadas.

Esta no es la única historia; se multiplican en cada barrio, en cada zona nueva de la ciudad, en el área rural, e incluso en tierras indígenas.

La otra versión

Cuando el equipo de prensa de Verdad con Tinta se acercó a un grupo de personas que había ingresado a uno de estos terrenos, les consultó por qué lo hacían y respondieron que ellos estaban con la “legítima propietaria”. Sin embargo, al consultarles el nombre de quién era esa persona, dieron apellidos diferentes. “Es Uño, vaya a la FELCC a averiguar”. “Es Márquez, decía otra mujer”.

Ninguna de las personas consultadas pudo decir con certeza el por qué se encontraban ahí, si era por alguna promesa de un terreno, de una futura vivienda o alguna venta. “Usted es periodista, vaya a averiguar”, respondían. 

En una segunda denuncia identificada en la FELCC, la mujer que ingresó con la maquinaria de nombre Jhoana Márquez también presentó una querella.

Jhoana Márquez declaró el 11 de junio de 2026 ante la FELCC que es “propietaria” de un terreno de aproximadamente 12 960 metros cuadrados ubicado en el barrio El Constructor y que previamente había sido notificada por la Unidad de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático de la Alcaldía para realizar la limpieza del predio.

Su testimonio refiere que, debido a problemas de salud, no pudo cumplir con el plazo establecido y que el 11 de junio ingresó al terreno con dos tractores para efectuar los trabajos de limpieza.

Márquez sostuvo que recibió “amenazas” y que la negativa de los ocupantes del terreno a retirarse le ocasionó perjuicios económicos por la contratación de maquinaria pesada y el riesgo de ser sancionada por la Alcaldía, debido al incumplimiento de la limpieza del terreno.

La mujer presentó como prueba la notificación municipal entregada por la Unidad de Gestión de Riesgos. Sin embargo, una sentencia judicial emitida el pasado 18 de junio constata que esta persona no tiene derecho propietario sobre el terreno en cuestión.

La Alcaldía negó la entrega de órdenes con códigos catastrales diferentes y anunció una investigación.

Barras, carpas y niños

5 avasallamientos similares en el barrio El Constructor fueron identificados por Verdad con Tinta. Singularmente, con la misma estrategia: una orden municipal con un código diferente, maquinaria pesada y hombres armados.

Los afectados denuncian que estos hechos no son aislados y que responden a una estrategia de ocupación respaldada por acciones de presión e intimidación.

El barrio El Constructor adquiere importancia estratégica en la ciudad de Tarija desde la habilitación del campo ferial municipal en 2016, que se destaca por la realización de la feria artesanal y comercial de Santa Anita, una de las festividades más tradicionales de esta ciudad, que concentra cada julio a miles de visitantes en la zona.

Además, en el barrio se levantó la edificación del nuevo hospital Materno Infantil, inaugurado oficialmente en 2021, siendo actualmente una zona relevante de la ciudad.

El caso involucra a Jhoana Márquez, señalada por vecinos como una de las personas que participó en los cinco intentos de ocupación. Verdad con Tinta intentó reconstruir los antecedentes públicos relacionados con su nombre, encontrando registros judiciales y denuncias previas vinculadas a diferentes controversias administrativas y legales.

Otras personas afectadas por avasallamientos sostienen que una de las características de estas acciones es la utilización de maquinaria pesada para modificar el terreno o realizar intervenciones rápidas que dificultan la recuperación posterior del predio. También denuncian la movilización de grupos de personas, incluso familias enteras con el uso de niños, instalación de carpas y a eso se suma la falta de intervención oportuna, tanto de la Policía como de la Alcaldía.

Incluso, ya se había registrado en abril un caso similar en el barrio El Constructor, donde particularmente figura también Jhoana Márquez que aparece con la misma abogada y el uso de maquinaria pesada. La propietaria con los papeles en mano trató de impedir su avance, pero ellas le mostraban las mismas órdenes municipales de limpieza. En el siguiente video puede verse la secuencia.

Entre los grupos movilizados se identificaron a barras bravas de clubes de fútbol, a quienes se les brindan bebidas alcohólicas. Los afectados incluso denunciaron que también identificaron la distribución de drogas.

Las familias que participan de las tomas de los terrenos reciben la promesa de recibir una porción para construir su casa o negocio.

En el caso en específico del barrio El Constructor, una sentencia judicial ordena el desalojo de los avasalladores que instalaron carpas en la zona. Pese a la existencia de esta orden, la Policía Boliviana no ha intervenido.

Personas afectadas por este tipo de avasallamientos declararon a Verdad con Tinta que la Policía les informó que solo tienen la potestad de intervenir en caso de enfrentamiento.

Policía incumple normativa

De acuerdo con el Código Penal boliviano, toda persona tiene derecho a rechazar una agresión injusta y actual en defensa de sus derechos, siempre que exista necesidad racional y proporcionalidad en los medios empleados.

Sobre los delitos contra la propiedad privada como hurto, robo, estafa o avasallamiento, la Policía tiene la obligación de preservar el lugar de los hechos, impedir que continúe la comisión del delito, proteger a las víctimas, identificar y aprehender a los presuntos responsables cuando corresponda, y poner los antecedentes a conocimiento del fiscal para el inicio de la investigación.

En consecuencia, ante una denuncia de allanamiento o avasallamiento, la actuación policial no se limita a recibir la querella, sino que debe adoptar medidas inmediatas para evitar la consumación o continuidad del hecho y asegurar los elementos necesarios para la investigación penal.

La falta de actuación de la institución llamada a proteger a la ciudadanía, es otro elemento aprovechado por los grupos que intervienen o avasallan terrenos.

Los afectados deben recurrir a la seguridad privada, aunque no todas las víctimas tienen los recursos suficientes para afrontar esta situación, quedando en un estado alto de vulnerabilidad.

Además de los cinco avasallamientos identificados en el barrio El Constructor, se conocieron hechos similares en el barrio 4 de Julio a la altura del estadio municipal La Bombonera, en San Luis, en el barrio El Churo por la zona de El Portillo y en el área rural. La estrategia es la misma.