Por DNews507
Panamá se convirtió esta semana en el epicentro de la diplomacia continental. En el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en la capital panameña y enmarcada en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, el gobierno de José Raúl Mulino impulsó una propuesta concreta para respaldar la institucionalidad democrática de Bolivia, sacudida desde mayo por bloqueos de carreteras, un estado de excepción de 90 días y señalamientos de infiltración del “crimen organizado transnacional”.
El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 fue una asamblea convocada en la capital panameña para unir a las repúblicas hispanoamericanas recientemente creadas, después de transitar un proceso de independencia de España. Este encuentro fue liderado por el libertador Simón Bolívar.
Panamá propone una misión de cancilleres a territorio boliviano
La iniciativa panameña plantea el desplazamiento de una misión oficial de cancilleres y ministros de seguridad hacia suelo boliviano, con el objetivo de brindar un respaldo al gobierno constitucional de Rodrigo Paz Pereira. El plan contempla un “acuerdo operativo” que vaya más allá de una visita de observación e incluya intercambio de inteligencia, datos policiales y estrategias conjuntas ante tribunales multilaterales. Según el canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, países como Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Paraguay ya manifestaron interés en sumarse a la propuesta presentada por Mulino.
Washington respalda la propuesta panameña
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, validó públicamente la iniciativa y adelantó que la OEA discutiría una resolución para “ir de palabras hasta resultados y acciones”. Landau agradeció la intervención del presidente Mulino y confirmó que Washington trabaja para normalizar su representación diplomática en La Paz, actualmente a cargo de un encargado de negocios.
En la sesión paralela “Bolivia: Protecting Representative Democracy From Violent Disorder”, el funcionario calificó los bloqueos de carreteras como una estrategia de “turbas violentas” y apeló a la Carta Democrática Interamericana para blindar al gobierno boliviano frente a intentos de desestabilización.
Bolivia denuncia financiamiento del crimen organizado
El canciller Aramayo diferenció las demandas sociales legítimas de lo que describió como maniobras de desestabilización financiadas por el crimen organizado, en represalia por golpes recientes al narcotráfico, entre ellos la captura del prófugo uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz.

El funcionario boliviano vinculó al expresidente Evo Morales Ayma con la promoción de las protestas, que buscarían forzar la salida anticipada del mandatario Rodrigo Paz, y citó agresiones armadas contra ambulancias y el desabastecimiento de oxígeno médico, hechos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH documenta víctimas y avala medidas de proporcionalidad
El presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, presentó datos de la Defensoría del Pueblo boliviana que registran, al corte de junio, al menos siete fallecidos —cuatro por falta de atención médica oportuna debido a los cercos—, cientos de heridos y quince agresiones a periodistas. Ralón sostuvo que la violencia no goza de protección bajo el derecho a la protesta y validó la facultad del Estado para disolver los bloqueos bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, una vez agotado el diálogo.
Cooperación regional: ayuda humanitaria y corredores seguros
La respuesta operativa más visible llegó de Argentina, cuyo canciller Pablo Quirno detalló el despliegue de un avión Hércules C-130 que, durante un mes ininterrumpido, transportó 500 toneladas de suministros entre Santa Cruz y La Paz.
Chile confirmó puentes aéreos humanitarios hacia los departamentos aislados por el conflicto, mientras Perú habilitó corredores seguros en Madre de Dios para el tránsito de combustible hacia territorio boliviano.
Paraguay exigió que el Consejo Permanente de la OEA actúe bajo el artículo 18 de la Carta Democrática, y República Dominicana respaldó la intervención de comisiones internacionales para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por actores no estatales.
Panamá, anfitrión y artífice del consenso hemisférico
La apertura de la 56.ª Asamblea General de la OEA coincidió con la aclamación unánime del canciller panameño Javier Martínez Acha Vásquez como presidente de la cita hemisférica, tras ser propuesto por Colombia y respaldado por Guatemala. En su discurso de instalación, Martínez Acha llamó a un “multilateralismo útil, eficaz y centrado en las personas” frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La delegación panameña catalogó la defensa del orden constitucional boliviano como “un asunto de supervivencia existencial para el continente”, elevando formalmente la propuesta de Mulino ante el pleno de cancilleres.
El debate, sostenido en una ciudad que conmemora doscientos años del Congreso Anfictiónico convocado por Simón Bolívar, dejó en evidencia que la crisis boliviana ya no se discute como un asunto interno, sino como una prueba de la capacidad del sistema interamericano para proteger la legitimidad electoral frente a la presión de las calles y la sombra del crimen organizado.
*Material realizado por el equipo de dailynews507.com en alianza con Verdad con Tinta.
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