“Con una denuncia basta”: la narrativa que dominó el rechazo digital al proyecto de ley Brisa

Por: Silvia Renteria y Guadalupe Castillo

Al menos diez narrativas de desacreditación dominaron el debate sobre el Proyecto de Ley CS-010/2023-2024, conocido como «Ley Brisa», en Facebook y TikTok durante abril de 2026. Desde la afirmación de que «con una sola denuncia cualquier hombre puede ir a la cárcel» hasta mensajes que aseguraban que la norma elimina la presunción de inocencia y promueve denuncias falsas, la difusión digital se concentró más en advertencias y temores que en el contenido real de la propuesta legislativa.

El dato surge del monitoreo de 70 publicaciones difundidas en ambas plataformas, que en conjunto generaron más de 5,7 millones de interacciones. La revisión identificó un patrón repetitivo a través de distintos formatos como: videos con el 84,3%, publicaciones de texto (posts) con el 21,4%, fotografías con el 10% y reels con el 8,6%, que advertían sobre «detenciones arbitrarias» y una presunta eliminación de derechos para los hombres denunciados.

Además, siete de cada diez publicaciones difundieron estos mensajes sin citar fuentes verificables. Dentro de ese grupo, casi la mitad (44,3%) no menciona de dónde saca la información. Entre las que sí citan algo, las más comunes son de algunos abogados (20%) y fuentes oficiales (18,6%), seguidas por fuentes no verificables (10%), medios de comunicación (4,3%) y fuentes anónimas (2,9%).

En conjunto, los resultados muestran que una parte importante de la conversación en redes sociales se construyó sin respaldo suficiente para sostener las afirmaciones difundidas. En lugar de apoyarse en información contrastada, gran parte de estos mensajes apeló a la polarización, a persuadir, a desacreditar, a generar miedo y al impacto emocional como principal forma de convencer.

Mientras los legisladores en Bolivia buscan adecuar el proyecto de ley a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Angulo Losada vs. Bolivia, de noviembre de 2022, el debate digital tomó otro rumbo. En las redes sociales dejaron de discutir el contenido de la propuesta para instalar narrativas como: basta una denuncia para perder la libertad, la Ley Brisa elimina la presunción de inocencia, no harán falta pruebas para condenar, la ley promueve denuncias falsas, los hombres quedarán en total indefensión, la ley será usada para extorsionar o vengarse de los hombres y la ley beneficia a organismos no gubernamentales (ONG), activistas o intereses extranjeros.

Para Ana María Rojas Lozano, asesora legal de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, buena parte de los discursos que cuestionan el proyecto de ley Brisa se construyen sobre una interpretación distorsionada de la propuesta normativa y no encuentran respaldo en el ordenamiento jurídico boliviano. 

Explica que la presunción de inocencia, una de las narrativas más recurrentes en el contenido analizado, es un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado y una de las garantías fundamentales del debido proceso en cualquier sistema democrático. Esto significa que toda persona investigada o acusada de un delito debe ser considerada inocente, mientras su responsabilidad penal no sea establecida mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Rojas aclara que esa garantía se mantiene durante todas las etapas del proceso penal, desde la investigación hasta el juicio oral. En ese tiempo, la Fiscalía tiene la obligación de reunir pruebas y demostrar la responsabilidad del acusado, mientras que corresponde a un juez valorar esas evidencias y emitir una decisión conforme a derecho.

«Una denuncia no reemplaza el proceso penal ni convierte automáticamente a una persona en culpable», explica. «La responsabilidad solo puede establecerse mediante una sentencia condenatoria firme, después de que se hayan producido y valorado todas las pruebas previstas por la ley», sostiene Rojas.

Además para la jurista afirmar que “una denuncia basta para enviar a una persona a la cárcel” o que la “Ley Brisa elimina la presunción de inocencia” es desconocer el funcionamiento del sistema de justicia penal y las garantías constitucionales que continúan vigentes durante todo el proceso.

Sobre el consentimiento de niñas, niños y adolescentes, explica que la normativa nacional e internacional ya establece que carece de validez jurídica debido a que, por su etapa de desarrollo, no cuentan con la capacidad cognitiva y emocional necesaria para otorgarlo de manera plenamente libre e informada. Por esa razón, Rojas afirma que la protección reforzada a menores de 18 años no constituye una innovación arbitraria del proyecto de ley Brisa, sino la adecuación de la legislación boliviana a estándares internacionales de derechos humanos.

Respecto a la narrativa de que la ley convertiría a los hombres en las principales víctimas de falsas denuncias, la jurista puntualiza que la normativa no hace distinciones de género, protege a cualquier niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual y sanciona a cualquier persona agresora, sea hombre o mujer. Recuerda que el Código Penal, en el artículo 166, ya contempla sanciones para quienes presenten denuncias falsas, sin importar el tipo de delito denunciado.

Proyecto de ley vs. “Brisa de Angulo” 

Durante abril, el debate sobre el proyecto de ley Brisa estuvo acompañado por una sostenida campaña de resistencia en redes sociales y otras plataformas digitales. El 52,9% de las menciones monitoreadas se concentra en atacar de manera directa la propuesta legislativa, mientras que un 8,8% se dirige a cuestionar la credibilidad de Brisa de Angulo Lozada. 

En menor medida, el 2,9% de los mensajes apunta contra otros actores vinculados a la iniciativa, como legisladores y colectivos que promueven la ideología de género. De forma paralela, se ha articulado una narrativa que sostiene que la reforma responde a intereses de organizaciones no gubernamentales, activistas o actores extranjeros, sugiriendo la existencia de supuestos beneficios económicos detrás de la promoción de la norma.

Para Brisa de Angulo —neuropsicóloga, abogada internacional y peticionaria del caso Angulo Losada vs Bolivia—, esa narrativa carece de sustento y desvía la atención del origen de la  propuesta, pues el proyecto de ley surge como respuesta a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Bolivia emitida en noviembre de 2022, que determinó la necesidad de adecuar la legislación para garantizar una mejor protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Afirma que las reformas no responden a intereses personales, sino al cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por Bolivia.

Ley Brisa: la reforma que pretende desmontar la impunidad en delitos sexuales en Bolivia

Según su testimonio, la campaña de descrédito de su caso y del proyecto de ley se intensificó cuando la propuesta volvió a ser considerada en la agenda legislativa, en abril de 2026, y estaría liderada por un reducido grupo de personas vinculadas a su agresor, quienes han replicado de manera sistemática los mismos cuestionamientos en redes sociales.

“Son tres o cinco personas que están conectadas con mi agresor, que vienen diciendo la misma historia desde el 2012, que ganamos plata por meter gente inocente a la cárcel y todo eso, pero nunca ha habido una denuncia, nunca ha habido una evidencia», afirma De Angulo. 

Asegura que no existe ningún beneficio económico detrás de la normativa y que la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), que ella creó en 2004, brinda servicios gratuitos a víctimas de violencia sexual desde hace más de 20 años y nunca ha cobrado por la atención jurídica, psicológica o social que ofrece. 

Respecto a las denuncias sobre un supuesto lucro o la promoción de acusaciones falsas, sostiene que esas afirmaciones no cuentan con evidencia que las respalde. Añade que algunas de las personas que las difundieron enfrentaron demandas por calumnia y difamación.

«Yo no quiero un centavo del Gobierno boliviano. Yo quiero que Bolivia haga reformas para que ningún niño, ninguna niña vuelva a sufrir por eso (…)”, sostiene. 

Expansión al rechazo al proyecto de ley Brisa en redes sociales

El impacto digital de la campaña contra el proyecto de ley Brisa ha alcanzado dimensiones relevantes, evidenciando una estrategia de desinformación con una efectividad notable para  influir en la opinión pública. Tan solo en 70 piezas de contenido monitoreadas se generaron más de 5,7 millones de interacciones totales, un ecosistema en el que el discurso de rechazo se hizo viral a través de 55,5 mil compartidos y provocó un intenso debate reflejado en 14,6 mil comentarios.

Entre el 1 y el 30 de abril de 2026, el interés por el proyecto de ley Brisa en las búsquedas de Google pasó de niveles moderados a un crecimiento sostenido, alcanzando su punto máximo el 26 de ese mes. A partir de esa fecha, el volumen de búsquedas cayó rápidamente, una dinámica que coincide con la mayor cobertura mediática.

Si se compara el interés de búsqueda en Google Trends, la «Ley Brisa» generó una atención significativamente mayor que las «Elecciones Subnacionales» durante abril de 2026. Alcanzó el nivel máximo de interés relativo (100) y registró un promedio de búsquedas ocho veces superior (25 frente a 3), lo que refleja el amplio impacto que tuvo el debate en la opinión pública. 

El análisis de las publicaciones identificadas muestra que la conversación respecto al proyecto de ley estuvo impulsada por perfiles de uso personal e institucional. El 55,7% corresponde a cuentas personales, seguido por medios digitales con el 18,6% e instituciones con el 8,6%. En menor proporción aparecen activistas con el 4,3%, influencers con el 2,9%, organizaciones sociales con el 1,4%, posibles cuentas coordinadas con el 2,9% y posibles cuentas automatizadas o bots con el 1,4%.

A su vez, el monitoreo digital sugiere que el objetivo predominante del contenido analizado es persuadir con el 87,1%, seguido de desacreditar con el 77,1% y polarizar con el 65,7%. En menor medida, el contenido también presenta elementos orientados a generar miedo con el 41,4%, provocar indignación con el 35,7% y movilizar a la audiencia con el 27,1%.

En contraste, informar aparece como el objetivo menos frecuente con el 7,1%, lo que sugiere que las publicaciones priorizan la influencia sobre las opiniones y emociones del público antes que la difusión de información objetiva.

La conversación digital no estuvo concentrada en un solo actor, aunque algunos perfiles tuvieron un papel más activo en la difusión de contenidos. El monitoreo identificó 50 cuentas diferentes, lo que evidencia una red amplia y diversa de emisores que contribuyeron a amplificar las narrativas en torno a la iniciativa.

Entre las cuentas con mayor presencia se encuentra @melaniatorricobolivia, @EldespBol, @MinutoaMinuto.bo, @radiokollasuyo, @QhariqWasin,@FundaciónCasadelHombredelOriente, @guadalupe.cardenas, @waya.paka.paka, @grupocentro05, @marbiageorbana.subirana, @vamoselalto, @PáginaoficialDrChi @abogadopenalistafredyrioja, @adrianaperezdurana, @CAIDADELASFEMINAZ1S y @¿QuépasaenBolivia?. Estas cuentas, con distintos niveles de alcance y audiencia, fueron las que con mayor frecuencia difundieron contenidos relacionados con el proyecto de ley durante el período analizado.

Además de concentrar el mayor número de publicaciones, por ejemplo la cuenta de Melania Torrico destaca por su alcance. Ella se presenta en Facebook como creadora digital y reúne alrededor de 180 mil seguidores. Sin embargo, el historial público de la página muestra que no siempre operó bajo esa identidad. Creada el 2 de octubre de 2018, inicialmente llevó el nombre de Alcance Nacional AN; posteriormente fue renombrada como Partido UNO Bolivia, luego Moviendo Bolivia y, desde mayo de 2020, adoptó el nombre de Melania Torrico.

A esta presencia se suma una cuenta en TikTok (@melaniatorricopericon), con 265,4 mil seguidores, y otro perfil en Facebook (@melania.pericon), con más de 26 mil seguidores. En conjunto, estas plataformas conforman una red con un alcance considerable para amplificar contenidos y narrativas dirigidas a una amplia audiencia.

Consultada sobre el alcance de su actividad en redes, Torrico niega la existencia de una campaña organizada contra el proyecto de ley Brisa y sostiene que su participación responde a un activismo personal. «Soy parte de un eslabón, de una locomotora completa de lucha contra las denuncias falsas», responde.

Explica que su involucramiento surgió tras conocer un caso que, según su relato, modificó su percepción sobre las denuncias de violencia sexual y que, desde entonces, orienta su trabajo a la defensa del debido proceso y la presunción de inocencia.

Torrico también atribuye el alcance de sus publicaciones a la audiencia que ha construido en distintas plataformas digitales. «Mi voz tiene un eco importante porque sumando todas mis redes sociales en las diferentes plataformas llego un poco más del millón de seguidores en este país», resalta.

Expone que el propósito de sus contenidos es promover «la igualdad ante la ley» y visibilizar, desde su perspectiva, casos de denuncias falsas, aunque reconoce que las cifras que menciona sobre este fenómeno provienen de los registros de su propia oficina y no de estadísticas oficiales.

Actividad sostenida y alto riesgo de desinformación

La difusión del rechazo al proyecto de ley Brisa no respondió a publicaciones aisladas. De un total de 50 cuentas analizadas, siete de cada diez (69,6%) mantuvieron una frecuencia alta, con más de 15 contenidos durante el período evaluado, mientras que solo el 14,5% registró una actividad baja. Este comportamiento refleja una presencia sostenida de las mismas cuentas en la conversación digital, lo que contribuyó a reforzar y mantener visibles las narrativas contrarias a la iniciativa legislativa.

A esta dinámica se suma una concentración temporal de las publicaciones entre el 16 y el 22 de abril, con siete publicaciones en cada fecha (10,4%), lo que sugiere que la circulación de contenidos se intensificó en momentos clave del debate público sobre la norma.  

A su vez, se identificó desinformación; el 67,1% de las publicaciones fue clasificado con riesgo alto y el 30%, con riesgo medio. En conjunto, esto significa que casi el 97% del contenido analizado presentaba algún nivel relevante de riesgo de desinformación, un elemento que permite dimensionar cómo se configuró la conversación digital en torno al proyecto de ley.

Al respecto, Jesús Vargas Villena, fact-checker y responsable del Observatorio de Bolivia Verifica, señala que el elevado riesgo de desinformación identificado en el monitoreo responde a una estrategia que combina contenidos falsos, narrativas emocionales y la difusión de interpretaciones erróneas sobre el proyecto de ley. 

«Hemos encontrado una campaña y hay una tendencia de difusión de contenidos engañosos justamente con el tema del proyecto de ley Brisa», afirma. Entre los patrones detectados menciona la circulación de historias fabricadas con inteligencia artificial, imágenes manipuladas y mensajes que presentan como vigente una norma que aún no ha sido aprobada.

El especialista en verificación explica que este tipo de contenidos busca generar temor e indignación para favorecer su viralización. «Es una estrategia de desinformación», sostiene al referirse al uso de titulares alarmistas, frases en mayúsculas y mensajes que apelan a las emociones más que a la información verificable. A su juicio, la reiteración de los mismos relatos, hashtags o etiquetas y comentarios permite identificar indicios de una campaña coordinada para instalar una narrativa específica en torno al proyecto de ley.

Por su parte, la activista y abogada Mariel Paz Ramírez sostiene que la iniciativa legislativa prioriza la protección de las personas más vulnerables de la sociedad boliviana, estas son las niñas, niños y adolescentes. “Una ley sanciona a las personas por sus actos y no por quiénes son. Esta propuesta busca justicia para las víctimas, no la persecución de un género”, afirma.

Mientras las métricas en TikTok y Facebook celebran casi seis millones de interacciones alimentadas por historias ficticias, información tergiversada, fotografías y personajes creados con inteligencia artificial, el debate sobre el proyecto de la ley Brisa ha demostrado que, en la era de la posverdad, es más fácil hacer viral el miedo que la evidencia jurídica.

Al final del día, la pregunta no es si la ley vulnera los derechos de los hombres, sino si el país está dispuesto a dejar de ser, como dictaminó la Corte CIDH, el “segundo agresor” de sus propias niñas, niños y adolescentes.

*Este reportaje ha sido realizado en el marco del curso “Los DSDR en la Agenda” de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.