Proyecto plantea la creación del Observatorio Municipal de Innovación

Tarija enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué sostendrá su economía cuando el gas deje de hacerlo?

Ese es el punto de partida del proyecto de ley municipal de innovación, creatividad, emprendimiento y economía del conocimiento, presentado por el concejal Renán Justiniano Arce. La propuesta pretende convertir la innovación en una política pública permanente y no en un programa sujeto a los cambios de gestión. El proyecto entre sí incluye la creación del Observatorio Municipal de Innovación y otras ramas que acompañen a los emprendedores locales.

Aunque el título hace referencia al emprendimiento, la iniciativa va más allá de apoyar nuevos negocios. La ley propone construir un modelo de desarrollo que complemente los sectores tradicionales de la economía tarijeña mediante el conocimiento, la innovación y el valor agregado.

«Tenemos que encontrar nuestro propio modelo. La cuarta pata de la mesa tiene que ser la innovación y el emprendimiento», dijo el concejal de la bancada de Patria.

La reflexión surge de un diagnóstico que el concejal repite durante la entrevista con Verdad con Tinta: Tarija continúa dependiendo del gas como principal fuente de ingresos, mientras el turismo aún tiene un peso reducido y el comercio —que hoy concentra buena parte de la actividad económica— genera poco valor agregado. A ello se suma la migración constante de jóvenes que buscan oportunidades fuera de esta ciudad y del departamento.

Innovar no significa crear startups

Uno de los conceptos que el proyecto intenta redefinir es el de innovación.

En el imaginario colectivo suele asociarse únicamente a empresas tecnológicas o startups. Sin embargo, la propuesta parte de una definición más amplia, que también está recogida en el texto legal: innovar significa introducir mejoras en productos, procesos, servicios o modelos de organización que generen valor económico, social, cultural o ambiental.

«La innovación no es un tema específico de desarrolladores o de hacer startups. La innovación es darle valor agregado a un proceso, a un producto o a un servicio.»

Bajo esa lógica, la ley no está dirigida exclusivamente al sector tecnológico. También busca que sectores tradicionales —como la agroindustria, el turismo, la cadena uva-vino-singani o las industrias creativas— incorporen conocimiento y tecnología para ganar competitividad.

Una ley para coordinar, no para crear burocracia

El proyecto no propone la creación de una nueva institución municipal. En su lugar, plantea un Sistema Municipal de Innovación, integrado por un consejo, un observatorio, un plan, mesas temáticas, un FabLab (laboratorio de fabricación digital) y distintos programas permanentes.

Su finalidad es coordinar esfuerzos que hoy funcionan de manera dispersa entre el Gobierno Municipal, universidades, empresas, organizaciones sociales y emprendedores.

El proyecto pone al Concejo Municipal como el principal espacio de articulación. La propuesta integra a representantes del sector público, universidades, centros de investigación, empresarios, organizaciones de apoyo al emprendimiento y otros actores del ecosistema.

Su tarea es construir una visión compartida para definir prioridades, formular recomendaciones y orientar el desarrollo del ecosistema innovador.

Para Justiniano, esa gobernanza colaborativa responde a una razón concreta: las decisiones sobre innovación no deberían quedar únicamente en manos de la administración municipal.

«No queremos que un burócrata diga por dónde tiene que ir Tarija. Tiene que salir del conocimiento técnico y de la articulación entre empresarios, universidades y el municipio.»

El proyecto, además, establece que la participación de esos actores será voluntaria, una limitación que el propio concejal reconoce durante la entrevista. El municipio puede convocarlos y generar espacios de coordinación, pero no obligarlos a formar parte del sistema.

Medir para dejar de improvisar

Uno de los componentes más novedosos de la propuesta es la creación de un Observatorio Municipal de Innovación, encargado de recopilar información, generar indicadores y evaluar el desempeño del ecosistema emprendedor.

La intención es que las políticas públicas dejen de diseñarse únicamente con base en percepciones.

«Lo que no se mide no se puede mejorar»

El proyecto plantea elaborar diagnósticos, estudios, indicadores y reportes periódicos que permitan responder preguntas hoy difíciles de contestar: cuántos emprendimientos sobreviven después de sus primeros años, cuánto empleo generan, qué sectores muestran mayor potencial y qué programas públicos realmente funcionan.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Renan Justiniano Arce (@renanjustinianoarce)

Una hoja de ruta para el futuro

La norma también crea un Plan Municipal de Innovación, concebido como el instrumento que ordenará las acciones del municipio en el mediano y largo plazo. Su contenido deberá incluir un diagnóstico del ecosistema, la identificación de activos territoriales, objetivos estratégicos, programas, indicadores, mecanismos de financiamiento y cronogramas de implementación.

La ley organiza esas acciones en cuatro grandes ejes: desarrollo del talento y la economía del conocimiento; innovación y desarrollo empresarial; fortalecimiento de los activos territoriales; y articulación e internacionalización del ecosistema.

Entre los instrumentos previstos también figuran un FabLab para el desarrollo de prototipos, programas de formación, plataformas de conocimiento y mecanismos de cooperación con universidades y organismos internacionales.

Una ley sin subsidios

A diferencia de otras iniciativas de apoyo al emprendimiento, el proyecto no contempla exenciones tributarias ni fondos obligatorios para financiar nuevos negocios.

El propio Justiniano sostiene que la prioridad no debe ser otorgar beneficios temporales, sino construir un entorno que permita a los emprendimientos crecer y convertirse en empresas sostenibles. Además, reconoce que la situación financiera del municipio obliga a aprovechar infraestructura y capacidades ya existentes antes que crear nuevas estructuras.

El desafío será la implementación

La propuesta ofrece un diseño institucional amplio: planificación estratégica, gobernanza compartida, indicadores, articulación público-privada y una visión de largo plazo.

Sin embargo, su éxito dependerá de aspectos que la propia ley no puede garantizar: la participación sostenida de universidades y empresarios, la capacidad del Ejecutivo para ejecutar los programas previstos y la disponibilidad de recursos para mantenerlos en el tiempo.

Más allá del debate legislativo, el proyecto pone sobre la mesa una discusión que Tarija ha postergado durante años: cómo construir una economía menos dependiente de los recursos naturales y más basada en el conocimiento. «Esta ley tiene que pertenecer a los tarijeños, no a los políticos.»

Ese es, probablemente, el mayor desafío de la iniciativa: que deje de ser un proyecto de una gestión o de un concejal y logre convertirse en una política pública capaz de trascender los cambios de administración y acompañar la transformación económica que la ciudad necesita.

Por ahora, el proyecto se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal tarijeño.