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Verónica Ormachea Gutierrez
Kuczynski renunció poco antes de que el parlamento lo declarara vacante. Su renuncia estaba prevista. Dimitió y Martín Vizcarra asumió la presidencia del Perú.
El Congreso peruano, con la mayoría opositora, estaba decidido a votar por su destitución.
Era la segunda moción en tres meses. De la primera salió libre. No así de la segunda, cuando su oponente Keiko Fujimori denunció que los llamados “Kenjivideos” habrían comprado votos a parlamentarios corruptos para evitar la destitución de PPK. Una práctica que implantó el oscuro Vladimiro Montecinos.
En diciembre del 2017, Kuczynski se liberó y curiosamente tres días después indultó al ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Según analistas, el perdón fue a cambio de votos incluyendo el de Kenji Fujimori -que se arriesgó por la libertad de su padre- y renunció al partido que lidera su hermana.
PPK se vio obligado a renunciar a la primera magistratura a 20 meses de asumirla ya que perdió legitimidad por supuestos vínculos de corrupción con Odebrecht y porque el parlamento, dominado por Keijo Fujimori (que perdió las elecciones por un puñado de votos y no se lo perdona), hizo todo para que dimita. Y lo logró, para seguir proyectándose políticamente.
¿PPK abandonó el cargo por interés personal para evitar un juicio político o por el bien del país? Probablemente por ambas.
No quería que se le acuse de corrupción y termine en la cárcel más aún si la constructora brasilera Odebrech afirmó que entregó U$ 300 mil para su campaña el 2016.
PPK se retiró a tiempo e hizo una transición democrática y pacifica. Si se hubiese aferrado al poder hubiese agudizado la crisis institucional y el pueblo, harto de la corrupción de los políticos, hubiera salido nuevamente a protestar a las calles.
La constructora informo al Congreso del Perú que pagó 4.8 millones de dólares a dos consultoras vinculadas con PPK cuando este ejercía como ministro durante el gobierno de Toledo. El poco carismático ex presidente, enredado en su posverdad, negó haber recibido algún pago ilegal aunque admitió haber trabajado como asesor.
A pesar de la grave crisis institucional en el vecino país, las instituciones funcionan y son independientes.
El parlamento fiscalizó al ejecutivo en este caso. En el pasado, el poder judicial juzgó al ex presidente Humala por corrupción y está en prisión preventiva; el ex presidente Toledo, que vive en EEUU, seria extraditado por recibir dinero; y Fujimori estuvo preso por corrupción y otros delitos.
Es mas. La fiscalía solicitó al poder judicial el arraigo de PPK y un juez anticorrupción ha dictado una orden por 18 meses. Luego allanaron sus casas de las que extrajeron documentos.
El hecho es que gracias a la transición pacífica y democrática, se llevará a cabo la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima dentro de tres semanas a la que asistirán Trump y Castro, lo que dará una buena imagen al país. Lo recomendable sería que la cancillería mantenga su posición de no invitar a Nicolás Maduro.
Ahora le queda a Vizcarra dar continuidad a las políticas publicas implantadas por su antecesor como atraer inversiones, aumentar el empleo y disminuir la pobreza. Y por fines de gobernabilidad debería tener buenas relaciones con el implacable fujimorismo, y principalmente luchar contra la corrupción.