Villa Montes, la explosión de la muerte

Por: Dayana Martínez Carrasco y Franz Torres Brozovic de Correo del Sur

Fueron ocho meses de investigación, el Ministerio Público decidió archivar el caso de la mortífera explosión del gasoducto en Ipa, Villa Montes, sin haber encontrado a los responsables del siniestro del 18 de octubre de 2018, que se cobró la vida de tres personas.

En el marco del presente trabajo periodístico, Correo del Sur requirió información del caso a la Fiscalía General del Estado hace más de un mes.

Lo hizo vía carta, y desde entonces, insistió para contar con detalles del proceso investigativo. No fue hasta el pasado viernes que esa institución remitió un comunicado bajo el rótulo “RESULTADOS CASO EXPLOSIÓN DE DUCTO EN VILLA MONTES”.

“La resolución fiscal y final del caso, señala que al no existir elementos suficientes para acreditar la participación de alguna persona en el hecho, se dispuso el rechazo de la investigación iniciada contra los autores, por lo tanto, corresponde el archivo de obrados”, señala la parte central del documento.

En pocas palabras, el deceso de tres miembros de la familia Franco-Subia, alcanzada por las voraces llamas de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), no fue responsabilidad de nadie.

El Ministerio Público no encontró a los autores del estallido y cierra el caso con una profunda interrogante que se extiende como humo contaminado en el firmamento de Ipa, la comunidad que fue castigada por la detonación.    

El informe de la Fiscalía asegura que “las investigaciones” concluyeron y que “se cuenta con los elementos suficientes de prueba en la etapa preliminar” del proceso. Agrega que las pesquisas se realizaron del 19 de octubre de 2018 al 16 de febrero de 2019, por los delitos de peligro de estrago, lesiones graves y leves, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y daño calificado.

Asegura que en principio el Ministerio Público siguió “de oficio las investigaciones”, luego se constituyó en denunciante el asesor legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Transporte, Apolinar Gómez Franco, toda vez que YPFB cuenta con una red de ductos de Santa Cruz a Yacuiba, donde se produjo los daños físicos a cinco personas como “daños al patrimonio de la empresa”.

Según la Fiscalía, el fiscal de materia de Villa Montes, Roberto Aguilar, informó que  realizaron las pericias necesarias del hecho como el levantamiento de muestras, inspección ocular, muestras fotográficas y un requerimiento fiscal para la Alcaldía de Villa Montes para que certifique quiénes autorizaron la extracción de áridos y de arcilla en la zona Pelícano, entre otras.

Este diario entrevistó a Roberto Aguilar a principios de mes en la misma localidad de Villa Montes, cuando la entonces autoridad dijo que el proceso estaba en curso y alistaba el cierre del mismo, aunque se excusó de adelantar en qué sentido iba a acabar la investigación.

Aguilar ya no es fiscal en ese poblado chaqueño, se supo que fue removido; el proceso investigativo fue encabezado en un primer momento por el fiscal Beyman Farfán.

Siempre según el comunicado de la Fiscalía General, esa institución presentó un requerimiento  a la empresa Frama SRL –que realizaba trabajos con maquinarias en la zona de Pelícano–, se tomaron declaraciones testificales de personas que estaban cerca de la explosión y de trabajadores de YPFB.

Además, fue realizado un requerimiento de peritaje a la empresa consultora internacional Kiefner and Associates, INC. de Estados Unidos, para que identifique las causas de la falla en el ducto que detonó.

La Alcaldía de Villa Montes certificó a la Fiscalía que no autorizó la extracción de áridos y arcilla en la zona Pelícano.

Igualmente, Frama SRL comunicó a la Fiscalía que es parte de una asociación accidental “El Lapacho” que ejecuta el proyecto de construcción de la presa Ipa y que, de acuerdo a la licencia ambiental de la obra, realiza trabajos de extracción de arcilla a 600 metros del lugar de los hechos o de la explosión.

Los resultados del estudio que realizaron los especialistas de la empresa Kiefner and Associates, señalan que se encontró fisuras microestructurales finas y que la explosión fue por causas no atribuibles a YPFB o terceras personas, tampoco se debió al transporte pesado que había en el lugar.

Esta información también llegó  a Correo del Sur a principios de mes por el fiscal Aguilar.

El informe señala que “se ha determinado que la rotura y fuga de gas ha sido causada por agrietamiento bajo esfuerzos en corrosión”, según la Fiscalía General del Estado.

• Informe de las víctimas de Ipa

Según la Fiscalía General del Estado, en base a informes de YPFB Transporte S.A., cuatro personas fueron atendidas por su deteriorado estado de salud tras la explosión.

Dionisio Franco presentaba un diagnóstico de “gran quemado” con quemaduras en un 85% de su cuerpo, lo que causó lesiones internas.

Filomena Subia también presentaba quemaduras en el 85% de su cuerpo y a pesar que fue sometida a tres cirugías presentó deterioro de signos vitales y falleció.

Yoselin Franco Subia fue sometida a cuatro operaciones de limpieza y fue trasladada en un avión-ambulancia a Shriners Hospital for Children en la ciudad de Galvestón, Texas (Estados Unidos), donde fue operada siete veces para injerto de piel, sin embargo, su salud se deterioró y falleció el 5 de febrero de 2019.

También en EEUU, su hermano Marbin se sometió a cuatro cirugías reparadoras y el 3 de diciembre fue dado de alta. “Actualmente se encuentra en etapa de recuperación y fue trasladado a Santa Cruz el 22 de marzo de 2019”, dice el informe de la FGE.

La póliza de seguro de YPFB Transporte cubrió los gastos a las personas afectadas.

• YPFB Transporte no quiere hablar de la explosión de Ipa

El Ministerio Público alista el cierre de su investigación. ¿Encontró a quienes provocaron el estallido que dejó muertos, daños psicológicos y medioambientales?

Han pasado ocho meses y dos días de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) en Ipa, Villa Montes, y esa comunidad sigue esperando una respuesta oficial, clara y precisa de YPFB Transporte sobre lo sucedido. Mientras, la gente vive allí con el Jesús en la boca y la empresa nacionalizada, simplemente, no quiere hablar.

Los pobladores de la zona aún lloran por los tres miembros de la familia Franco-Subia muertos por el siniestro, intenta contener los daños psicológicos en una docena de niños y clama por saber si puede echarse a dormir con la certeza de que despertará sana y salva, si el agua y las plantas no están contaminadas.

Correo del Sur constató la incertidumbre que se apoderó de la agricultura en Ipa, habló con la gente del lugar y pudo acceder al corazón del estallido del GSCY. Lo logró con relativa facilidad, pero no tuvo la misma fortuna al tocar las puertas de YPFB Transporte en busca de respuestas.

¿Qué ocasionó la detonación del gasoducto aquel mediodía del 18 de octubre de 2018?

Técnicamente, solo la firma lo sabe. También la consultora en riesgos y seguros Kieffer y Asociados, que encargó a técnicos de Estados Unidos un “peritaje” sobre el siniestro, según conoció este diario por una entrevista con el fiscal de Villa Montes, Roberto Aguilar.

YPFB Transporte S.A. tiene concesiones para el transporte de hidrocarburos, en el Sistema de Gasoductos Mercado Interno, entre otros. El GSCY está bajo su tuición y, por ende, es responsable de su mantenimiento, monitoreo y funcionamiento.

• “El caso Pelícano”: Intentos infructuosos

Hace más de un mes, el 28 de mayo, Correo del Sur estableció el primer contacto con YPFB Transporte para gestionar una entrevista y conocer su versión oficial de lo acontecido. Desde entonces lo hizo por tres vías: correo electrónico, teléfono e incluso visitando la sede central de esa empresa en Santa Cruz de la Sierra.

En mayo pasado envió un cuestionario con 13 preguntas que hasta ahora no fueron respondidas con una serie de argumentos expuestos por la coordinadora de Comunicación Empresarial de la firma, Leila Cortez.

Según un correo electrónico remitido a este diario el 20 de junio, YPFB Transporte S.A. estaba trabajando en absolverlas y justificó la demora indicando que “hubo una información que faltó revisar por recomendación del área legal y estamos en ello”.

En la misma carta, Cortez lamenta que la semana se hiciera muy corta –hubo dos feriados, el jueves 20 y viernes 21– y comunica que estaban “viendo la posibilidad de invitarla (a una periodista de este medio) para recorrer algunos sitios operativos para que vea cómo trabajamos y las acciones tomadas en el caso Pelícano”.

Siempre vía e-mail, Correo del Sur agradeció que la empresa estuviera analizando la posibilidad señalada e insistió en su requerimiento periodístico de contar con la contraparte sobre lo ocurrido.

A pesar de que eran días feriados, la funcionaria de YPFB Transporte S.A. se comunicó con este diario el jueves, como se indica precedentemente, y el viernes, cuando dijo en un nuevo correo electrónico que remitía una respuesta al pedido “en el marco de la responsabilidad con que la empresa siempre procede”.

“YPFB TRANSPORTE S.A. podrá ofrecer la información solicitada, una vez que la etapa de investigación por parte de las autoridades competentes sobre los hechos referidos, concluyan; debiendo, por el momento, precautelarse que dicha investigación sea desarrollada en el marco de la objetividad correspondiente”, reza la parte central de esa contestación.

En resumen, la empresa responderá a las preguntas de este medio una vez que la Fiscalía cierre el caso, y no antes, supuestamente para precautelar la objetividad en el proceso.

Según el Ministerio Público, la investigación no ha sido declarada en reserva, por lo que la vía de acceso público a todos los actuados y el seguimiento periodístico a un hecho sensible como este se encuentra habilitada, no tiene traba legal alguna.

En el mismo e-mail, Cortez considera “importante manifestar y aclarar que YPFB TRANSPORTE S.A. opera los sistemas de transporte por ductos en estricto cumplimiento de la normativa nacional aplicable y conforme las normas como estándares internacionales, todo en el marco de su sistema de gestión integrado que cuenta con todas las certificaciones respectivas”.

Cierra indicando que en el caso de la explosión del GSCY, “como es de público conocimiento, se aplicaron todas las medidas previstas para la atención, mitigación y remediación de los efectos del evento”.

• En la sede

Antes de ambos correos, que a la postre serían los últimos en el marco de esta investigación periodística, Correo del Sur visitó las oficinas de YPFB Transporte, ubicadas en el kilómetro siete y medio sobre la doble vía a La Guardia, en Santa Cruz de la Sierra. Ocurrió el martes 11 de junio.

En el pasillo de ingreso a las oficinas fue recibido por Cortez, quien –luego de indagar sobre la procedencia del medio y el fin del trabajo, pese a que en semanas previas hubo contactos telefónicos y por correo electrónico– volvió a excusarse de brindar un informe absolviendo nuestras dudas.

La funcionaria también cerró la posibilidad de concretar una entrevista al respecto con algún ejecutivo de la firma, aduciendo que el gerente general, Wilson Zelaya Prudencio, estaba de viaje, y se comprometió a remitir en el día una respuesta al cuestionario de fecha 28 de mayo, pues, según dijo, ya contaba con autorización para hacerlo. Su versión cambió la semana pasada, pero el resultado no: YPFB Transporte S.A. no responde a las interrogantes abiertas tras la explosión.

En medio de este proceso hubo más correos con el mismo fin. Es la misma exigencia que recogimos de la población de Ipa.

• Lo que YPFB transporte no responde

1. Incluso el mismo día de la explosión del gasoducto de Villa Montes, el 18 de octubre de 2018, se indicó que las causas del suceso se debían al tránsito de maquinaria pesada por la zona, ¿esta tesis se confirmó con investigaciones profundas sobre el suceso? ¿Qué fue lo que ocurrió, según los estudios que realizaron durante este tiempo, ¿qué tipo de estudios realizaron y quiénes intervinieron en ellos (personal de la empresa, autoridades judiciales o de la Fiscalía, consultoras o aseguradoras externas) y en qué fecha dieron por cerradas las indagaciones sobre el tema?

2. En esa línea, en cierto momento se cuestionó que como causas del hecho se hubiese citado el paso de vehículo de alto peso, ya que no se encontró entre los escombros o restos de la zona afectada, algún motorizado de ese tipo. ¿Cómo responden a esa observación? ¿Cómo se explica que un gasoducto no pueda resistir a ese tipo de presión, considerando que se toman previsiones (profundidad, material de los ductos, pruebas de resistencia, mantenimiento)? ¿Está impedido el paso de vehículos con cierto tonelaje, hay señalética en el lugar, había cuando ocurrió el incidente?

3. ¿Cuál fue el área (kilómetros) afectada por la explosión? ¿Quiénes y qué objetos (animales, bienes, árboles y similares) fueron afectados, de qué manera? (por favor detalle la cantidad, tipo, grado de afectación, cuantificación o valuación económica del daño, y acciones que se realizaron para resarcir la situación y el monto erogado para cada uno de ellos).

4. ¿Qué dicen las normas y leyes sobre la instalación de gasoductos y los asentamientos humanos? ¿La ubicación de las viviendas afectadas y de otros bienes o víctimas en el caso de Villa Montes, cumplían con la regulación vigente al respecto? ¿Cuáles son los gasoductos con asentamientos humanos más cercanos, en qué zonas están y a qué distancia están ubicadas las viviendas y está restringido o permitido el paso?

5. ¿Era posible evitar técnicamente la explosión ocurrida en Villa Montes el año pasado? ¿Era posible evitar que se registraran víctimas humanas?

6. En este tipo de explosiones (explicar por favor la intensidad de las llamas y onda expansiva que se registró en el caso de Villa Montes), a qué distancia no podía sobrevivir ningún ser vivo (por ejemplo: Hasta los 40 kilómetros a la redonda de una explosión con estas características no es probable que ninguna persona, animal o árbol resista).

7. ¿Continúan realizando acciones para reducir el impacto de la explosión en la comunidad y el medioambiente, o en su defecto cuándo concluyeron?

8. Entendemos que se hizo seguimiento al caso de parte de un médico de YPFB Transporte, ¿el servicio médico ofrecido por la entidad es constante para la sociedad o es un médico destinado a la atención del personal de YPFB?

9. ¿Cómo se coordinó la atención de los dos niños de la familia Franco-Subia afectados por la explosión en el Hospital Shriners de Estados Unidos, ellos fueron atendidos de manera gratuita en este centro, qué tipo de gastos cubrió YPFB?

10. ¿Cómo se resarce o resarcirá el daño ocasionado a la familia Franco-Subia de la que fallecieron los dos padres y la hija? ¿Quién será el beneficiario de esto, cómo se cuantificaron los daños y las pérdidas de vidas humanas?

11. ¿Cuál es el estado de salud del niño de la familia Franco-Subia que sobrevivió a la explosión, cuándo le dieron de alta y cómo fue beneficiario por la entidad?

12. Hubo una mujer que fue atendida en Villa Montes tras la explosión, ¿cuál es el estado de salud de ella y cómo se evalúa la atención psicológica que recibieron algunos habitantes?

13. ¿A partir de este caso, consideran necesario aplicar o mejorar protocolos de atención a explosiones y a las personas afectadas? Cuando ocurrió el incidente, por ejemplo, se difundieron imágenes de las personas afectadas siendo trasladadas en vehículos tipo trufis o surubíes de transporte público, ¿se podía haber atendido con mayor celeridad a estas personas? ¿Cuántos incidentes de este tipo atendieron anteriormente?

• ¿Hay responsables de la mortal explosión?: Fiscalía cierra su investigación

 ¿Encontraron al o a los responsables de la explosión del gasoducto en Villa Montes? La investigación está en manos del Ministerio Público y fue abierta al día siguiente del siniestro, es decir, el 19 de octubre de 2018, a denuncia del abogado de YPFB Transporte, Apolinar Gómez Franco, en contra de autor o autores de los delitos de peligro de estrago, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves.

Además de todos los actuados propios de una investigación, la Fiscalía tiene en sus manos un peritaje que sobre el tema mandó a elaborar la consultora en riesgos y seguros Kieffer y Asociados, la que lo derivó a YPFB Transporte, según dijo a CORREO DEL SUR en Villa Montes el fiscal Roberto Aguilar.

El peritaje concluye que la avería en el ducto –que sobrevino en la fuga de importantes volúmenes de gas y la posterior explosión– se produjo debido al paso del tiempo.

Entonces, ¿no hubo falla humana en el proceso de monitoreo del transporte de gas?, ¿era responsabilidad de alguien determinar el tiempo en que el gasoducto podría presentar fisuras?, si no se pudo prever o identificar la fuga, ¿se hace un control y mantenimientos correctos? Y, ¿hay riesgos de que pase en otros puntos? Son algunas de las preguntas sin respuesta tras la explosión y que es posible sean respondidas una vez que la Fiscalía presente sus conclusiones sobre la etapa preliminar de la investigación, ya ampliada.

Entre las actuaciones que hasta los primeros días de junio fueron parte del caso están: una audiencia de inspección ocular, registro del lugar del hecho, declaraciones testificales. Y sobre la mesa del despacho fiscal también está el señalado peritaje hecho por dos técnicos especializados en Ohio (Estados Unidos), sobre la base de partes del ducto averiado.

El informe realizado por los peritos en servicios de análisis de datos metalográficos (relacionados a la estructura de un metal o aleación) e investigación, determinó que la causa de la falla del material del ducto fueron “daños microscópicos” que provocaron “fisuras” y que “no son consecuencia de alguna tercera persona o de un mal manejo, sino que de un caso en un millón, estos ductos se van deteriorando por el tiempo y no se sabe en qué tiempo se puede deteriorar”, detalla el fiscal Aguilar.

La autoridad aclara además que los expertos descartaron la primera –y hasta hoy única– hipótesis que maneja YPFB Transporte, sobre que el paso de vehículos con carga pesada habría dañado el ducto. Inicialmente, la empresa también dijo que volqueteros extrajeron grava del lugar del siniestro sin tomar en cuenta que el subsuelo estaba enterrado el ducto, al que dañaron.

“Se han hecho las pruebas y también han determinado que por el peso de los camiones que pasaban por el lugar no es atribuible a los camiones”, comenta el representante del Ministerio Público.

El año pasado, la investigación fue encabezada por el entonces fiscal Beyman Farfán; hasta la semana pasada, en Villa Montes, Aguilar preparaba su informe conclusivo. Pero él fue removido de su cargo.

¿Cómo podría concluir esta etapa? La Fiscalía puede dictar una imputación formal –lo que significaría que encontró al autor o autores de la mortal explosión–, rechazar y archivar la causa, o pedir más tiempo para investigar, una medida que se aplica cuando el caso es complejo.

Aguilar informó a este diario a principios de mes que YPFB Transporte derivó ante su despacho dos cartapacios en los que detalla las actuaciones que ejecutaron una vez ocurrido el hecho, más los trabajos psicológicos en la comunidad y los pagos por resarcimiento para quienes consideraron afectados, incluyendo la indemnización por el fallecimiento de tres miembros de la familia Franco-Subia (Dionicio, Filomena y Yoselin).

“Se ha presentado también la indemnización a toda la comunidad de Pelícano (…) el tratamiento psicológico porque ha afectado a todos de la comunidad, persona por persona, ha habido reuniones con los comunarios y todo eso ha hecho llegar dos legajos YPFB Transporte”, indica el Fiscal y, luego, precisa que la empresa incluso ejecutó acuerdos transaccionales con los lugareños.

“YPFB Transporte señala que está resarciendo el daño, pero que no están admitiendo ser responsables de la explosión; simplemente están cumpliendo porque el seguro les faculta para resarcir daño en este tipo de eventualidades”, dice al aclarar que la empresa, en una reunión con los comunarios de Ipa, también decidió indemnizar por el impacto ambiental causado, sobre la base de una evaluación.

Con los mencionados indicios en mano y los reportes que pueda elaborar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Villa Montes, que sigue el caso, el Ministerio Público estima pronunciarse pronto y determinar si imputa o no a la empresa o a otras personas por algún ilícito.

• La molestia de los comunarios se traduce en reclamos sin eco

La falta de un reporte que explique la causa de la explosión es la principal molestia de los comunarios de Ipa. Ellos buscan respuestas, quieren saber si pueden seguir viviendo en la zona, si pueden cocinar –a leña, como lo hace la mayoría porque es difícil conseguir gas en garrafa, ahí, desde donde Bolivia exporta gas–, necesitan saber si sus hijos pueden crecer o los abuelos envejecer en sus tierras.

De esa forma, exponen una serie de demandas y reclamos contra YPFB Transporte por los daños causados a la OTB Ipa y la afectación de su medioambiente, y no avizoran un futuro inmediato prometedor.  

“Es algo preocupante para nosotros, a ratos nos hacen pensar que es algo grave, o por qué no nos quieren dar una noticia, sea buena o sea mala, para que estemos enterados de lo que ha pasado”, afirma la presidenta de la OTB Ipa, Juana Roldán, al precisar que en su última reunión, en la que esperaban el prometido informe del peritaje sobre el hecho, personeros de YPFB Transporte les dijeron que solo la Fiscalía podía decirles qué había ocurrido.

“Nos dicen que nos sintamos tranquilos, como diciendo que hay garantías; ojalá, Dios quiera que haya garantías y que nunca vuelvan a pasar estas cosas porque, si no, sería algo doloroso (…) Ellos dicen que mandan el chancho (maquinaria para limpiar ductos), entonces ¿por qué ha pasado eso si cuando pasa esa máquina ya se sabe dónde está fregado o hay una fuga? No soy experta, pero me doy cuenta, uno no es tan sonso, como se dice, pero si se hace ese control ¿por qué ha pasado la explosión?”, cuestiona, por su parte, la vicepresidenta de la Organización Territorial de Base (OTB) Ipa, Marisol Benítez.

• Salta otro reclamo

El vecino Camilo Maldonado, que vive en La Central, a unos 5 kilómetros de Puente Pelícano, denuncia a Correo del Sur  que se esté construyendo una represa en Ipa, porque el proyecto, según sus palabras, dejará sin agua a quienes viven aguas abajo.

“Andaban las parejas buscando a sus parejas, a las familias y a los que no aparecían en ese momento, psicológicamente fue triste (…) Que las autoridades vengan y nos expliquen… nos han provocado un impacto ambiental sí o sí”.

Camilo Maldonado, Comunario

“Hay animales que viven de esa agua, no hay sistema de riego ni nada, la gente depende del agua y, si no llueve, hay gente que tiene que peregrinar por la ciudad y migrar”, lamenta.

Asegura que por esta causa ya hicieron varios reclamos, incluso ante el Viceministerio de Autonomías, en La Paz, sin obtener respuesta alguna.

• Subgobernador de Villa Montes  dice que YPFB aceptó su responsabilidad

“Nosotros interpretamos como que (YPFB Transporte) han asumido la falta de mantenimiento en ese ducto que, según datos históricos, estaba cerca ya de 50 años instalado. Al no haberse pronunciado, al no haber dado un informe oficial, ellos de alguna manera han aceptado su responsabilidad”, afirma el subgobernador de Villa Montes, Robert Ruiz, sobre las causas de la explosión del gasoducto en Ipa.

Contactada por CORREO DEL SUR, la autoridad detalla que desde hace dos meses, YPFB Transporte ejecuta trabajos de mantenimiento en toda la línea, dentro y fuera del municipio de Villa Montes. “Han pasado una nota comunicándonos eso y entendemos que es a consecuencia del incidente (explosión del gasoducto con muertos y heridos)”, sentencia.

Consultado sobre si encararán alguna acción legal, considerando que además asumen que YPFB Transporte fue negligente en el mantenimiento de ductos, el Subgobernador explica que “no, porque no se ha afectado ningún bien de la entidad (Subgobernación), por lo tanto no tenemos nosotros argumentos para iniciar el proceso”.

Explica que los daños son a bienes privados y comunales, por lo que la empresa trabajó compensaciones directamente con los afectados. “Desde luego no es suficiente, se han perdido vidas humanas”, agrega.

“Antes del suceso, nunca supe si venían los de Yacimientos a la comunidad; no puedo decir que no venían, pero tal vez solo hablaban con las autoridades y no nos hacían saber… Ahora recién están pendientes”.

Juana Roldán, Presidenta  de OTB IPA.

Según Ruiz, estuvieron en reuniones de aclaración sobre el hecho, pero, como entidad regional, esa participación no fue mayor.

Desde Ipa, los cuestionamientos acerca del rol de las autoridades locales respecto a este tema son contundentes: hay silencio y no se siente su apoyo. Sin embargo, el Subgobernador responde que continuamente envían notas a la empresa para pedir acciones, mantenimiento y que incluso se instale una variante en los ductos que atraviesan el corazón de Villa Montes.

Sobre el tema, dice que, por factores económicos, YPFB Transporte abrió la posibilidad de incluir esa variante recién en su plan 2020-2025. “Si pasa algo, es responsabilidad de YPFB Transporte”, acentúa Ruiz.

En una estimación preliminar, más de un centenar de familias están asentadas en el área de influencia del gasoducto que pasa por el Mercado Campesino de Villa Montes. Además, en el barrio Ferroviario de ese municipio hay un centro de almacenamiento con ocho tanques de combustible.

• ¿Familias en riesgo?

El subgobernador Robert Ruiz Ordoñez, explicó que Villa Montes está “cuadriculado” por ductos y que al menos esperan que se retiren los que pasan por el área urbana del municipio.

Ipa se encuentra situada en el Distrito 6 de Villa Montes, parte del área rural de ese municipio tarijeño; es decir que no estaría siquiera contemplada en el pedido de alejar ductos de zonas habitadas por varias comunidades.

“También ellos (YPFB Transporte) argumentan que hubo un poquito de descuido de parte de la población porque había una vivienda sobre el derecho de vía del ducto y sabe que está prohibido por ley. Eso también ha dicho Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que no deberían haberse puesto”, comentó la autoridad a Correo del Sur.

Pero la familia Franco-Subia vivía en Pelícano hace más de 11 años y su vecina de la casa contigua, Mónica Caimani, quien sobrevivió a las quemaduras, con la indemnización que recibió de la empresa nacionalizada, erigió al menos un nuevo cuarto en el mismo lugar del incidente.

Además, la Ley de Hidrocarburos 3058 señala que en las “tierras agrícolas, ganaderas, forestales o de conservación que sean de propiedad o posesión individual o colectiva de Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Originarios, independientemente de su tipo de organización y del tipo de propiedad” solo se podrá solicitar la constitución de servidumbres para las actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes y que esta “no significa pérdida del derecho de propiedad o posesión por las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios”.

Según los testimonios recogidos por este diario, los comunarios afirman que nunca les dijeron que la zona donde viven y ocurrió la tragedia era peligrosa o si debían tener algún cuidado en particular.

“Imagínese, se han quemado montes, se afectó dos kilómetros a la redonda con la onda de fuego y de calor, y un kilómetro a la redonda se ha hecho ceniza el monte. Tenemos daño de medioambiente, de fauna de los animales, sin contar con las familias que se quemaron, que murieron”.

Iván Bonilla, vecino.

“Eso es una mala información. Para empezar, cuando usted ve un ducto, siempre tiene señalización, ¿es cierto o no?; le pregunto. Entonces, ahí está desvirtuada esa afirmación que le hicieron”, dijo Ruiz al indicar que se socializa la información sobre la servidumbre para el paso de ductos, conocida como derecho de vía.

¿Sobre el daño ambiental? La autoridad considera que el impacto no fue “mayor” porque se controlaron las válvulas.

En lo que sí coincide la posición de Ruiz con la de los comunarios es en que hay un marcado hermetismo de parte de YPFB Transporte. Él espera que con la información publicada en esta investigación se encuentren respuestas de parte de autoridades del Gobierno central y del propio directorio de YPFB.

• Celso Franco, ¿una pieza clave tras la explosión?

El apoderado del único sobreviviente de los Franco-Subia sigue el libreto de YPFB Transporte, que acabó cooptándolo como parte de su personal.

Poco se sabe del hoy apoderado de Marbin Franco Subia, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Ipa. Su nombre es Celso y es medio hermano del niño de 11 años que le hizo frente a las voraces llamas de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), el 18 de octubre de 2018.

Correo del Sur lo contactó a principios de mes, vía celular y gracias a los pocos datos que la OTB Ipa, en Villa Montes, Tarija, tiene de él.

Hasta antes de la primera llamada, se conocía que es un joven de unos 25 años de edad, de poco hablar, reacio a socializar, y que vivió junto a los Franco-Subia en el rancho que hoy atestigua un incidente sin explicación clara ni oficial.

Dejó el seno familiar para constituirse en Santa Cruz, hace pocos años, y allí formó su propia familia; se supo que tiene al menos una hija.

Cuando los chuquisaqueños Dionicio Franco y Filomena Subia murieron, dejaron en la orfandad a sus hijos Marbin y Yoselin; esta última falleció en Estados Unidos, en febrero pasado. Celso sabe de Norteamérica, adonde fueron llevados por YPFB Transporte los hermanos para que sean tratados de sus graves quemaduras. La comunidad asegura que estuvo allí velando por el restablecimiento de los niños.

En efecto, en su momento, la empresa informó que Celso viajó el sábado 27 de octubre a EEUU, en compañía de personeros de esa firma, en un vuelo comercial de American Airlines.

Él declaró a este diario que está realizando los trámites legales para obtener la custodia de su medio hermano, Marbin, con quien vive actualmente.

Por fuentes de los habitantes de Ipa, Correo del Sur consiguió su número telefónico y lo contactó. Al explicarle que este medio preparaba un reportaje sobre la tragedia, se mostró renuente a hablar, aunque dejó abierta una pequeña posibilidad.

• Reacio a dialogar

La mañana del 10 de junio, en Santa Cruz, establecimos el primer contacto con Celso para conversar sobre la salud de Marbin; su primera reacción pareció de asombro y se puso a indagar acerca del fin del trabajo periodístico.

Siempre vía telefónica y como se hizo por correo electrónico y presencialmente con YPFB Transporte, le explicamos que la intención no era otra que la de saber cómo habían sido estos meses después de la mortal detonación.

No quiso hablar y menos entrevistarse en persona con nuestro equipo. En un siguiente llamado, corroboró que Marbin está bajo su cuidado y que los restos de la familia descansan en un cementerio de la capital oriental. Aduciendo que no recordaba exactamente el lugar, empezó a increpar a la periodista con preguntas como: “¿Para qué quiere saber?, ¿qué interés tiene? ¿Quién la mandó?”.

Luego de la hora de almuerzo del mismo día hicimos un nuevo intento, remarcando la postura de que no había mala intención en este requerimiento periodístico. Alcanzó a decir que iba a evaluar un probable encuentro y que nos volviéramos a contactar a las 18:00, cuando acababa su faena laboral.

Lo que no podíamos imaginar en ese momento es lo que revelaría después, que trabajaba en YPFB Transporte S.A., la misma empresa que está implicada en la explosión que provocó la muerte de su padre y de su media hermana, además de heridas a Marbin.

A continuación, pidió que se le mandara un mensaje vía WhatsApp para seguir coordinando.

Nuestro equipo se trasladó al cementerio norte “El Jardín de los Recuerdos”, donde yacen los restos de los Franco-Subia y desde allí se comunicó nuevamente con Celso Franco para pedirle referencias precisas de la ubicación de las tumbas. Entonces, todo cambió.

En tono molesto, reprendió a la periodista y se negó definitivamente a conversar sobre el caso; en la llamada, que está registrada y grabada, se oía una voz de fondo que parecía darle indicaciones.

“No voy a hablar (…) no tengo nada que decir (…) la empresa cumple con todo”, fueron algunas de sus expresiones.

Cerrada esa vía, CORREO DEL SUR recibió, también vía WhatsApp, una amenaza de proceso legal por acoso a través de un abogado. “No me vuelva a llamar porque le voy a bloquear… y si usted sigue insistiendo le voy a demandar por acoso, así que por favor, ahí nomás…”, intimó Celso Franco.

• En YPFB Transporte

El martes 11, este diario visitó las oficinas centrales de YPFB Transporte, en Santa Cruz de la Sierra. La coordinadora de Comunicación Empresarial de la firma, Leila Cortez, corroboró que Celso trabaja en esas dependencias desde el año pasado, en la sección de Mantenimiento.

Agregó que un día antes se había cruzado de casualidad con él en las oficinas y que le había comentado que buscábamos entrevistarlo.

Cortez dijo que no podía persuadirlo de cambiar de postura sobre el requerimiento periodístico, aunque se comprometió a hacer un intento, al parecer fallido, porque no comunicó nada más al respecto desde entonces y hasta la fecha.

• Dudas razonables

¿Qué pasó exactamente con Yoselin y Marbin? ¿Cómo fueron los últimos días de vida de su media hermana, postrada en una cama del hospital Shriners para Niños de Galveston, Texas (EEUU)? ¿Marbin está estudiando y completamente restablecido? Son interrogantes que hasta ahora no tienen respuestas.

¿Bajo qué condiciones YPFB Transporte le dio un trabajo allí? ¿Tiene prohibido hablar de la detonación del GSCY? ¿Fue resarcido o indemnizado por la pérdida de sus familiares? ¿Él ostenta ahora el derecho propietario sobre los predios de la familia de su padre en Ipa?, se preguntan en la comunidad.

• Resarcimientos y el estadio “Franco-Subia”

“Todavía no hemos llegado a ninguna conclusión de resarcimiento, en cuando a daños a las personas afectadas, lo que sí ha tratado YPFB Transporte de compensar fue a las personas con cultivos afectados, no un 100%, pero algo digamos”, reclama Iván Bonilla, quien tiene cicatrices en la pierna por las lesiones que sufrió al escapar del fuego.

Al igual que las dirigentes de la OTB, él reconoce que YPFB realizó pagos a modo de resarcimiento con algunos vecinos que registraron daños en cultivos o animales, pero reclama una indemnización para todos.

“Yo sufrí una afectación cuando estuvimos escapando del fuego, sufrí una caída, y de eso no nos han devuelto ni un peso, los niños se han intoxicado, han hecho uso análisis con el pediatra y ha salido positivo para intoxicación, tampoco han devuelto casi nada de los gastos (fuera del hospital) de la señora (afectada con quemaduras), tampoco han cubierto ninguna indemnización sobre eso”, asegura Bonilla.

 Las familias de Ipa piden que YPFB Transporte, a manera de reparar daños en la comunidad, construya un “mini estadio y teche una canchita” para que los niños jueguen sin exponerse al sol y al menos, quede un espacio con el que recordar a sus vecinos fallecidos, pues quieren nombrar al estadio como “Franco-Subia”.

Si bien hay un evidente silencio pactado cuando se les consulta cuántos vecinos recibieron algún pago o a cuánto ascendían los daños evaluados por la empresa, los lugareños aseguran que como comunidad no fueron resarcidos y que hay familias afectadas que no recibieron nada.

• Testigos de la muerte

Comunarios cuentan  cómo tuvieron que correr para salvar  sus vidas en Ipa, donde el trauma sigue.

Parecía el fin del mundo, el apocalipsis. Al mediodía del 18 de octubre de 2018, el calor que sofocaba a la comunidad Ipa, municipio de Villa Montes, Tarija, se convirtió en flamas gigantes y ensordecedoras que hicieron huir a sus pobladores. Tomaron a los más pequeños entre brazos y corrieron todo lo que pudieron para salvar sus vidas. Y como comida del día tuvieron que digerir sus propias salivas, ácidas por el miedo y el aire tóxico que aprisionaba sus pulmones.

“¡Mami, mami, vámonos, viene el fuego, viene el fuego!”, gritaron los niños desde los patios de los ranchos y los caminos de la zona segundos después de que un estruendo zumbara en sus oídos y en los del centenar de familias que viven en Ipa. Había explotado el Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), en Puente Pelícano.

Creyeron que el fin del mundo había comenzado justo en ese lugar, donde vivían dos familias de la zona. De una de ellas, los Franco-Subia, murieron tres de sus cuatro miembros; de la otra solo estaba en el lugar la abuela Mónica Caimani y un nieto. Ella soportó varias quemaduras por protegerlo; aunque él salió físicamente ileso, en lo mental quedó afectado.

“Pensábamos primero que era un huracán. Estábamos con mi hija, nos preguntamos ‘¿qué es?’. Salimos de mi cuarto y era justo a ese lado (Pelícano) que se veía como un huracán, una cosa negra. Ya toda la gente estaba alborotada y decían que era fuego que se venía”, recuerda la vicepresidenta de la Organización Territorial de Base (OTB) Ipa, Marisol Benítez.

La tradicional hora del almuerzo es la data de una tragedia: la muerte de una niña de seis años y la de sus padres Dionicio Franco y Filomena Subia. También la hora de la esperanza con el sobreviviente de la familia, Marbin, entonces con 11 años de edad.

• “¿Qué es?”

El episodio es recordado como si el tiempo no hubiese pasado.

“Y ahí empezó a llegar la gente, (llegaban) descalzos, todos rojos, los niños con espinas en los pies. Había señoras tiradas temblando de miedo, había una señora que decía que su papá se había quemado; era feo, feo, cosas que nosotros no podemos olvidar. Quizás nuestros niños tampoco y siguen con ese mismo miedo, porque escuchan un trueno, escuchan alguna cosa que suena y dicen ‘¿qué es?’. Ya temen que pase lo mismo”, relata a CORREO DEL SUR Benítez.

La presidenta de la misma OTB, Juana Roldán, servía la comida cuando ocurrió el estallido. “Cuando me senté a querer almorzar, escuché un ruido muy fuerte, que era como si un avión estuviera cayéndose. Salimos a ver, mi hija estaba ahí, y estábamos todos asustados. Salimos de la casa y corrimos al camino”.

Sentir que “ese fuego se nos venía” fue un evento traumático para Roldán y para todos quienes estuvieron en Ipa esa jornada.

“¿Qué es lo que ha pasado?, ¿por qué no tenían esos lugares protección?, ¿por qué no les han dicho que tomen precauciones? Saben que las comunidades en general hacen fuego en sus casitas para preparar el alimento”.

Marianela Montero, profesora.

Con el paso de los minutos, el fuego que formaba una columna fungiforme entre el cielo y la tierra comenzó a dejar de ser oscuro, y el gasoducto seguía ardiendo. Los lugareños recuerdan que solo una lluvia al día siguiente pudo aliviar el infernal calor que no les permitía ni respirar.

Camilo Maldonado, un comunario de La Central, a unos 5 kilómetros de Puente Pelícano, estuvo muy cerca del incendio, ya cuando las víctimas fatales habían sido evacuadas. Se quedó allí durante unos 30 minutos y vio cómo llegaban los bomberos.

“Había un bombero que pasaba, andaba a unos 30 kilómetros por hora. No quiero ser crítico con ellos, estoy haciendo crítica constructiva, yo no soy nadie para juzgarlos a ellos tampoco, pero deberían ser más precavidos. Cuando llegaron, no podían hacer nada, llegaron inclusive los (bomberos) de Yacuiba, pero parece que no hicieron nada”.

Él y otros más aseguran que el fuego continuó al menos hasta la lluvia del día siguiente.

La explosión no solo cegó vidas humanas, también la de animales y, obviamente, se ensañó con el medioambiente. Durante esos días, el agua de la quebrada que alimenta a plantas, animales y unas 15 familias estuvo cargada de residuos.

“En la primera lluvia (en el agua de la quebrada) corría como un aceite por encima y un mal olor, se notaba… ha debido ser una semana. Ya en la segunda comenzó a correr el agua normal. Inocentemente algunos han ido, han bombeado (el agua contaminada) a sus predios, sus terrenos, y después vienen las consecuencias: las plagas en las plantas, y de eso nadie dice nada”, reclama Maldonado.

Cuando la explosión llegó, representantes de YPFB Transporte achacaron a transportistas que llevaban material para construcción la avería del gasoducto. Pero ese día, cuando ocurrió el incidente, según la versión de los comunarios, no había maquinaria pesada trabajando para la presa en la zona.

• Apoyo psicológico para niños

Al día siguiente de la explosión del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY), niños y adultos no podían retomar sus vidas. En la unidad educativa multigrado “Antonio José de Sucre”, naturalmente, fue un día de lamento por la situación de Yoselin y Marbin.

“Prácticamente la empresa ha intervenido por presión de la misma comunidad y todo, ha habido psicólogos que vinieron a ayudar a salvar ese caos que tenían los estudiantes y de nosotros mismos, los comunarios; cualquier ruido que sentíamos ya estábamos pensando en eso”, recuerda el director encargado, Faustino Flores, al narrar, una vez más, el episodio de terror que vivieron el 18 de octubre de 2018.

A Ipa se dirigieron equipos de Psicólogos Sin Fronteras (PSF), una organización internacional de voluntarios que intervienen en situaciones de crisis y que tiene una representación en el país.

Las familias de Ipa afirman que los psicólogos intervinieron durante la semana siguiente a la tragedia y que, luego, los visitaron en diferentes ocasiones. Sin embargo, sienten que no ha sido suficiente.

Flores estima que la última vez que los psicólogos se dieron una vuelta por la escuela fue en abril pasado y que les pidieron volver porque “esto no se acaba de un rato a otro”. No obstante, recuerda con agradecimiento el trabajo de estos profesionales.

• El ángel de los niños y los maestros

Yoselin Franco Subia –una de las tres víctimas mortales de la explosión del gasoducto– ahora es evocada como un “ángel en el cielo”. Hasta hace unos meses, con sus seis años de edad, destacaba por su agilidad en los deportes y su participación en bailes y declamaciones de las horas cívicas.

El recuerdo de sus juegos y sonrisas vive en la memoria de sus compañeros de clase de primer curso y de su maestra, Mariela Montero. “Era muy cariñosa; no lo digo solo como maestra, era así con todas las personas: muy sencilla, muy humilde. Yo creo que era por la vida que llevaba; era una niña que venía todos los días a clases, nunca se faltaba”, cuenta.

Perder a Yoselin fue como perder a una hija para esta educadora, que no puede hablar de la niña sin que se le haga un nudo en la garganta.

“Fue tan terrible el día que hubo la explosión… hasta ahora recuerdo que Marbin solo lloraba y lo único que decía yo es que ‘él va a estar bien’ (llora) y sus padres también. Y sobre Yoselin, para mí fue (se emociona de nuevo)… hasta ahora recuerdo a la niña, perdón, pero es una vida, para mí era como mi hija… es así cómo una maestra quiere a sus niños”.

Recuerda que ese día, los niños salieron de clases unos minutos antes; eso permitió que la tragedia no fuera mayor, ya que la explosión ocurrió a 10 minutos de que el micro escolar dejara en su casa a Yoselin y a su hermano Marbin, el único sobreviviente de su familia.

Para la maestra y los niños de la unidad educativa Antonio José de Sucre, Yoselin es ahora un angelito que desde el cielo cuida a todos los pequeños que por un azar del destino salvaron sus vidas el 18 de octubre de 2018.

La explosión les robó la compañía de sus compañeros de juegos; si bien Marbin sobrevivió, sus amigos no lo vieron más y se preguntan cómo está.

“Hubo un buen tiempo de entorpecimiento, se podría decir, de los estudiantes. Cualquier ruido, cualquier cosa, ya saltaban y no podían estar tranquilos. Por eso pedimos apoyo de psicólogos”.

Faustino Flores Borda, directo de la escuela.

Después de la explosión, nada fue igual. Muchos estudiantes aún acarrean problemas de aprendizaje a causa del suceso y no superan la situación por completo. Son niños que a tan corta edad tuvieron que escapar de la muerte.

Para la maestra, tener información clara y completa sobre lo ocurrido ayudará a que las comunidades de la zona se recuperen y comprendan por qué esos lugares, que ahora consideran peligrosos, no tenían mayor protección.

“Sé que nada, nada, ningún resultado, va a devolverle a la vida a esa familia, sobre todo a la niña… Yoselin (vuelve a llorar)… tenía tanto futuro por delante. Nada los va a devolver a la vida, ni los dólares, ni los millones que hayan gastado en el tratamiento”.          

• Yoselin para siempre

Y lo saben también sus compañeros más cercanos; ellos que, conociendo que Yoselin ya no está, la tienen como grabada por su alegría y forma de ser.

“¡Yo la conocí!”, grita una de sus amigas. Recuerda aquel fatídico mediodía. “Estábamos jugando con ella y después se han ido a su casa (…) y después ha explotado la cañería, cuando el micro les ha dejado a ellos en su casa”.

Yoselin también tenía su mejor amiga. Esperaba la hora del recreo para correr sin fin por el patio de su escuela; iba a la “José Antonio de Sucre” con su mamá y volvía a casa con Marbin, en el micro escolar.

El hermano menor de Yoselin está ahora en Santa Cruz, le tocaría el sexto de primaria; él tampoco deja de ser recordado en su tierra natal: vivían con sus padres en un pintoresco rancho cercano a Puente Pelícano, comunidad de Ipa, Distrito 6 de Villa Montes. “Nosotros tres jugábamos a la pelota, con Marcelo más”, suelta un niño de viva voz y mirada profunda. “Su casa era bonita, tenía parquecito, tenía su piscina… sus choclitos, jugábamos a la mancha, a la escondidita”, dice otro de los compañeros.

Todos funden las manos sobre la tierra de la OTB castigada por la adversidad y coinciden en un mismo mensaje, el que les queda de consuelo ante la pérdida de Yoselin y frente a la lejanía de Marbin.

“Te quiero mucho y espero que siempre estés con nosotros”. “Te extraño mucho y te quiero” y “Te quiero y quisiera que estemos juntos”, dicen, por turno, mientras reiteran que su amiga está en el cielo.

Ellos saben de secuelas por el trauma de la explosión, pero intentan volver a la “normalidad”.

• Marbin, el sobreviviente

Dionicio Franco Méndez de 41 años, Filomena Subia Ávila de 28, Marbin de 11 y Yoselin de 6 fueron alcanzados por las llamas del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) hace ocho meses. Solo Marbin sobrevivió, y su hermano de padre, Celso, está a cargo de él.

El niño tiene 12 años: nació en Villa Montes el 3 de marzo de 2008. En la que fuera su escuela, la unidad educativa multigrado “Antonio José de Sucre”, de Ipa, saben que no volverá, pero todavía lo recuerdan como un niño alegre, amiguero.

• Luz y sombra

La figura de Celso Franco se mostró como un alivio para la situación de orfandad en la que quedó Marbin tras perder a sus padres y hermana en la explosión. Sin embargo, poco se sabe de él y pese a que su actitud siempre fue conocida como reacia, tras el incidente y su contratación por parte de YPFB Transporte, los comunarios advierten un intencional aislamiento de él y del sobreviviente de los Franco-Subia.

• ¿Hay una denuncia contra Yacimientos? Defensorías impulsan juicio

Las heridas físicas y los daños psicológicos y medioambientales que dejó la explosión del gasoducto Santa Cruz-Yacuiba son seguidos por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Villa Montes con una denuncia propia en el Ministerio Público.

“Mediante la Policía, con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, se ha abierto una causa contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que está en investigación, por daños al Estado, por contaminación ambiental y varios delitos que se están investigando”, informó a Correo del Sur en Villa Montes el asesor legal de las defensorías, Ernesto José Velásquez.

Dijo que además solicitó a la Fiscalía, mediante memoriales, que se introduzca una prueba correspondiente al caso y estimó que este mes “ya se debe concluir la etapa investigativa y se tendrá que ir a un juicio”.

• Atención psicológica

La responsable de Niñez y Adolescencia de las Defensorías, Carla Medrano, indicó que la denominada “atención temprana psicológica” fue encarada por el equipo de Psicólogos Sin Frontera (PSF), organización internacional con presencia en Bolivia a la que contactó YPFB Transporte.

“Durante todo este tiempo trabajamos paulatinamente con PSF y nos capacitamos en la experiencia de desastres que ellos tienen. Las defensorías no están capacitadas para este tipo de desastres porque esto no ocurre con frecuencia”, agregó Medrano.

Respecto al diagnóstico de los niños Franco-Subia, la Defensoría de Villa Montes tampoco intervino, a causa del traslado de Yoselin y Marbin a Santa Cruz; sin embargo, sí requerirán los informes sobre su estado, aunque la niña falleció el 5 de febrero y su hermano vive ahora en Santa Cruz.

La directora de Género y Generacional, Mercedes Galarza, precisó que fueron 12 las familias con una situación psicológica complicada.

“Ha sido muy grave el impacto y hemos coadyuvado en esta tarea haciendo actividades, participando activamente de este equipo que vino desde Santa Cruz. Hemos realizado talleres, actividades recreativas”, detalló. Aún queda continuar con el trabajo de acompañamiento.

• Acciones legales

El representante legal de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Villa Montes, Ernesto José Velásquez, informó que se ha abierto una investigación contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte por daños al Estado, por contaminación ambiental y por varios delitos más.

• Odisea de Villa Montes a EEUU, y antes Santa Cruz

Sin informes oficiales, la gente solamente cuenta cómo fue el rescate de los heridos

Nueve días después de la explosión en Ipa, un avión-ambulancia con equipos de terapia intensiva surcó los cielos por más de 6.000 kilómetros para trasladar a Yoselin y Marbin Franco Subia desde Santa Cruz hasta la ciudad de Galveston, Texas (EEUU).

Las graves heridas que sufrieron ambos por la mortífera detonación del Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba (GSCY) requerían de atención especializada y los derivaron al Hospital Shriners para Niños, un centro de referencia a nivel internacional por sus bajas cifras de mortalidad de pacientes quemados.

El Shriners acoge a pacientes de todo el mundo de manera gratuita, gracias al apoyo de fundaciones que mantienen sus servicios. Solo en Estados Unidos hay 22 centros de este tipo que reciben a niños víctimas de accidentes o catástrofes, destaca el médico cirujano Ramón Zapata, uno de los especialistas del hospital de Galveston.

“En muchos países hay grupos Shriners y ellos facilitan el traslado de los pacientes o trabajan para buscar los fondos. Una vez que el paciente llega al centro, su tratamiento no tiene ningún costo”, recalca el galeno venezolano-americano, en entrevista con CORREO DEL SUR, vía telefónica.

Debido a la regulación estadounidense vigente, el hospital no puede dar información sobre el diagnóstico o tratamiento específico que recibieron Yoselin y Marbin, pero sí, a través del doctor Zapata, indicar que lleva más de 50 años mejorando el tratamiento de pacientes quemados.

“Atendemos niños de todas las partes del mundo. Es un centro de excelencia en el que la mortalidad es extremadamente baja, comparada con cualquier otro centro en cualquier país”.

Pese a que el Hospital Shriners, efectivamente, tiene estadísticas altas de sobrevivencia de sus pacientes, Yoselin perdió la vida en una de sus camas, el 5 de febrero de este año, a consecuencia de “complicaciones cardio-respiratorias”, según un escueto comunicado que YPFB Transporte emitió ese día.

En el mismo documento anunciaba que Marbin, en la fase final de su tratamiento, iba a ser dado de alta en unas semanas. La empresa nacionalizada nunca más se pronunció sobre el estado del niño que hoy tiene 12 años, de su llegada al país ni de su salud.

El trabajo multidisciplinario en el Shriners permite que los pacientes sean reinsertados en su familia y la sociedad, afirma el médico. Los niños reciben tratamiento tanto en la parte aguda como reconstructiva y cuentan con el apoyo de especialistas cirujanos y plásticos, fisioterapeutas, psicólogos o psiquiatras.

En Bolivia hay grupos Shriners que permiten el contacto con el centro de salud estadounidense; además, el país es uno de los destinos en los que se planifica tener consultas médicas.

“Todo eso está en marcha, tenemos muchas formas de ver a los pacientes, ya sea por telemedicina, nos comunicamos una vez al mes para ver a nuevos pacientes, pacientes que serán trasladados a nuestro centro, y no vemos pacientes solamente sino también, con equipos de cirujanos de esos países, practicamos intervenciones en casos en los que los pacientes pueden ser atendidos en esos centros hospitalarios”, destaca Zapata.

En Shriners fue curado Marbin, de quien ya se tramitó su traspaso escolar a Santa Cruz, donde está al cuidado de su medio hermano Celso. ¿Logró reinsertarse a plenitud? ¿Tiene algún problema físico o psicológico?

No se sabe, pero los médicos Shriners atienden este tipo de situaciones.

• Villa Montes y Santa Cruz

Antes de la parada en suelo norteamericano, los niños fueron atendidos brevemente en el Hospital Básico de Villa Montes, perteneciente a la Caja Nacional de Salud (CNS), a donde llegaron auxiliados por comunarios y bomberos, pocos minutos después de la explosión del gasoducto.

Igual que sus padres Dionicio y Filomena, los trasladaron en helicóptero a Santa Cruz para ser atendidos por especialistas en la clínica Foianini. Este diario requirió un informe de esa clínica privada sobre el tipo de tratamiento e intervención efectuados, pero la solicitud fue rechazada con el argumento de que cuidan la privacidad del paciente.

En este caso, incluso para ofrecer reportes médicos a la prensa, durante la atención de los pacientes el año pasado, YPFB solicitó ser la voz oficial, según lo explicado por la misma clínica.

Correo del Sur conoció de fuentes fiables que pidieron reserva, que YPFB Transporte contrató y pagó los servicios de la clínica Foianini.

• Pacientes críticos

Yoselin y Marbin Franco Subia fueron derivados al Hospital Shriners, en la ciudad de Galveston, Texas, de Estados Unidos, el 27 de octubre de 2018, luego de que su padre Dionicio falleciera a causa de las quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo.

Su madre, Filomena, murió el 30 de octubre, también con el mismo porcentaje de quemaduras. Yoselin tenía el 95% de su cuerpo quemado y Marbin, el 40%.

• Impactados por la explosión

En el plano de las hipótesis, Filomena Subia estaba cocinando a leña los alimentos para su familia, en el rancho que fue lastrado por la explosión. Quién sabe avivó una de las brasas sin percatarse de la fuga del ducto cercano (¿que estaba a flor de tierra?) y… vino la explosión que la encendería como si fuera una vela junto a su hija, Yoselin.

En el lugar también se encontraba su esposo, Dionicio Franco, y Marbin, que como su hermana Yoselin acababa de llegar de la escuela. Los cuatro sufrirían severas quemaduras y, por sus medios o socorridos, saldrían a la carretera para gritar socorro.

Los comunarios cuentan que al parecer madre e hija corrieron hacia la vía sin perder la conciencia; ella, cargando a la niña en brazos.

Desde entonces se hizo viral en las redes sociales un dantesco video que muestra al chofer de un taxi manejando a toda velocidad hacia Villa Montes, con las heridas como pasajeras. Madre e hija gritan abrazadas y suplican “¡auxilio, auxilio!”.

Sobre Dionicio, se presume que salió despavorido en busca de Marbin y empezó a desfallecer. Se rindió en el suelo, de donde lo rescataron seminconsciente y con graves quemaduras en casi todo el cuerpo. La gente de Ipa cuenta que los bomberos encontraron al niño desmayado, cerca de un cauce de agua, también chamuscado.

• Ipa, devota de la Virgen de Guadalupe

La OTB Ipa, en Villa Montes, tiene un centenar de familias y se apresta a conmemorar el 25 aniversario de su creación el 8 de septiembre, cuando en Sucre se homenajea a la Virgen de Guadalupe.

No es un dato menor. La capilla de la comunidad se denomina Virgen de Guadalupe y celebra su fiesta patronal en la misma fecha, en honor a la imagen sagrada que en la capital del país despierta pasiones de miles de devotos.

¿Qué más relaciona a Ipa con Sucre? Su escuela, la “unidad educativa multigrado”, lleva el nombre del Gran Mariscal de Ayacucho y prócer de la independencia nacional, al que la capital del país debe su nombre.

• Comunidad agrícola

Hay 580 kilómetros de distancia entre Sucre y Villa Montes, cuya población se dedica, sobre todo, al cultivo de la tierra. Destaca por la producción de una exquisita yuca de más de diez variedades.

En Ipa también se dedican a la crianza de ganado vacuno, porcino y caprino. Y otro brazo fuerte de su producción está en los pomelos, naranjas, mandarinas y limas, muy apetecidos en el mercado local, así como en el tarijeño y el cruceño.

Sendas de tierra vertebran a Ipa (“quebrada”, del español al guaraní) con la carretera troncal desde y hacia Villa Montes. En esos caminos –que parecen lunares en medio de una exuberante vegetación– tienen derecho de paso y prioridad –por sobre los vehículos– vacas, cerdos y canes. Estos aparecen o descansan en plena vía.

Antes y después de Ipa, hay recovecos de acceso a pozos petroleros y gasíferos, como Caigüa, Taigüati o Tarairi.  V

“¿Qué es lo que ha pasado?, ¿por qué no tenían esos lugares protección?, ¿por qué no les han dicho que tomen precauciones? Saben que las comunidades en general hacen fuego en sus casitas para preparar el alimento”.

• Datos técnicos

– El Gasoducto Santa Cruz-Yacuiba tiene de 24 pulgadas de diámetro nominal y alcanza una presión máxima de operación de 1.180 PSI (libras por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés).

– El GSCY, de 529 km de extensión, nace en Colpa (Santa Cruz) y atraviesa la provincia Cordillera, pasa por Chuquisaca, ingresa a Villa Montes y concluye en Yacuiba.

– El incidente se produjo entre las 12:01 y 12:03 del 18 de octubre, a la altura del kilómetro 415 +690 de la progresiva, en la comunidad Ipa, sector Puente Pelícano.

STAFF

«Villa Montes, la explosión de la muerte» es una investigación realizada por Correo del Sur en el marco del Fondo Concursable Spotlight VI, de apoyo a la investigación periodística en los medios de comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP) con el apoyo de European Journalism Centre (EJC).

El trabajo fue realizado por Dayana Martínez Carrasco y Franz Torres Brozovic de Correo del Sur, quienes autorizaron la publicación en el suplemento Verdad con Tinta.