Las lecciones no aprendidas de Sama

“Agosto el mes maldito”, dicen algunos chapacos que saben que en esta época ocurren los mayores incendios forestales, que  no solo ponen en riesgo sus cultivos, sino sus propias vidas.

Dos años después de aquel desastre, un aire caliente ronda por el valle central de Tarija, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi),  se debe a los incendios forestales que están afectando en el oriente boliviano, cuyos vientos llegan hasta el sur, aumentando las temperaturas.

Un aire conocido en la zona, el de la destrucción.

Pasado el último incendio forestal en la reserva natural de Sama, se pensaba que la situación cambiaría, que el poder de respuesta de las instituciones en el país sería más certero, pero ocurrió lo mismo o peor.

Al parecer, las lecciones no fueron aprendidas.

Esa última vez en Sama se quemaron más de 10.600 hectáreas de la reserva natural, además del fallecimiento de tres personas: Una joven cadete de la Escuela Básica Policial,  Nedeyra Condorset, el comunario de Guerrahuayco Luis Mendoza y  la voluntaria Barby Urzagaste. También otras cinco personas fueron gravemente heridas.

Las tres víctimas fatales perecieron cuando peleaban contra el fuego sin las condiciones necesarias para afrontar un incendio forestal de gran escala.

Sus muertes tendrían que haber dejado una lección. Obviamente no faltaron los homenajes póstumos de parte de la Policía boliviana, la Asamblea Departamental y la Gobernación tarijeña.

Después de lo sucedido, la Asamblea Departamental promulgó una ley para la recuperación y prevención de incendios.

Esta normativa preveía un presupuesto de Bs 1 millón al nivel departamental y Bs 300 mil por subgobernación en las provincias Cercado y Méndez, para trabajos de prevención de riesgos.

La observación realizada en ese entonces por el gobernador Adrián Oliva Alcázar, era que no podían destinarse recursos departamentales a áreas que son de responsabilidad directa del Gobierno Nacional, como son las áreas protegidas.

Finalmente, al declarar “infundadas” las observaciones del gobernador, la entonces presidente de la Asamblea, Sara Armella Rueda, promulgó la ley.

• La ley que nunca se acató

La ley indica en su artículo primero que el fin es elaborar, además de  ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que constituirán la política departamental de apoyo a la restauración, preservación más  conservación de los ecosistemas  de la Cordillera de Sama de Tarija.

El artículo segundo encomienda a la Gobernación los componentes para ejecutar la norma, como la elaboración de un plan de restauración de los ecosistemas, sistemas de vida, planes de manejo de bosques, de cuencas, elaboración de mapas de riesgo y realización de protocolos, entre otros.

También pide la dotación de equipos y la creación de grupos especializados para combatir este tipo de contingencias.

La ley  exige a la Gobernación gestionar ante el Gobierno Nacional la adquisición de un helicóptero o un avión cisterna.

Otro punto a resaltar es la creación de un centro de monitoreo para la gestión de riesgos.

 “La construcción de obras y equipamiento para el control de incendios forestales y atención de desastres naturales: extinguidores, herramientas, bombas de agua, lentes, ropa anti flama, mangueras, camiones,  camionetas cisternas, cuadratracks, sistema de comunicación y otros”, refiere la normativa.

El último y cuarto artículo refiere al financiamiento. “El Órgano Ejecutivo Departamental, deberá destinar los recursos departamentales necesarios de regalías para el cumplimiento de la presente ley con  planes, programas, proyectos y acciones relacionadas”.

También recomienda hacer gestiones ante la instancia nacional para la adquisición de equipos como la construcción de centros de control.

De la ley,  solo se supo hasta su promulgación. De ahí no apareció en el presupuesto departamental del 2018, ni del 2019.

“Ya han transcurrido casi dos años desde que se publicó la ley y hasta ahora la Gobernación no reporta avances ni resultados de su aplicación, por lo que estamos en la misma situación que antes para enfrentar un eventual incendio en la zona ¡Dios nos ampare porque nuestras autoridades no hacen su tarea!”, fue el pronunciamiento del proyectista de la norma, Mauricio Lea Plaza Peláez.

Ni la Gobernación, ni el Gobierno Nacional, adquirieron equipos específicos para afrontar los incendios forestales, mismos que no solo hubiesen servido para  las contingencias que se den en Sama, sino en cualquier parte del país, como ocurre ahora en la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz.

En síntesis, la ley quedó solo en el papel.

• Prevención

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), dependiente del Gobierno Nacional, es una de las instancias con menor presupuesto del país.

324 guardaparques cuidan las 22 áreas protegidas de Bolivia que  según el Plan Estratégico  del Sernap, son el 23% de la superficie del país, lo que equivale a 25.267.363 hectáreas.

En promedio, cada guardabosque debe proteger 77.985 hectáreas. Una misión imposible.

El Sistema de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía y Finanzas,  indica que el presupuesto designado para el Sernap en el 2019 fue de Bs 65.674.403, muy por debajo de otras instancias nacionales.

El presupuesto del Ministerio de Comunicación para este 2019 fue de Bs 527.302.500 millones. Una diferencia de Bs 461.628.097 con la institución encargada de cuidar los pulmones verdes del país.

El personal no aumentó en las zonas donde ya se registraron desastres anteriores, como Sama.

En este parque trabajan solo  7 guardabosques, mismo número que cuando se registró el último incendio de magnitud en la zona.  

Los 7 guardaparques se encargan de cuidar 108.500 hectáreas de la reserva de Sama.

• Burocracia

El tema administrativo sigue siendo un eslabón para el apoyo en este tipo de desastres, tanto para el ingreso de equipos de socorro, como material, por los burocráticos trámites que deben realizarse en la Aduana Nacional y en la Cancillería.

Dos helicópteros y un avión hidrante provenientes del norte argentino, quedaron en las puertas del país, al no tener la autorización para ingresar pese a las gestiones realizadas, denunció el gobernador tarijeño, Adrián Oliva Alcázar.

• Mucha publicidad y poco accionar

Oficialistas y opositores aparecen en las fotos en las diferentes comunidades cruceñas, en las que se los ve en los sitios del desastre, pero poco hicieron hasta ahora para evitar este tipo de eventos, incluso aprobaron leyes que fomentaron las quemas de pastizales.

El Gobierno Nacional se rehúsa a declarar una ley de desastre, pese al clamor ciudadano, especialmente de las comunidades afectadas.

En los medios de comunicación, aparecen luchando contra el fuego, anunciando gestiones realizadas, pero en el camino previo, promulgaron unos y avalaron otros, normativas en contra del medio ambiente.

No solo fue la Ley 741 que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades colectivas comunitarias para actividades agrícolas. También aparecieron otras leyes, como aquella que hace desaparecer al Parque Nacional Las Barrancas, cuyo fin de su creación era ser el pulmón del valle central de Tarija.

Con esta normativa, oficialistas y opositores participaron de la celebración de la abrogación de la ley que mantenía a este espacio como parque nacional, donde ahora la Alcaldía tarijeña trabaja en las planimetrías para legalizar barrios de asentamientos ilegales.

Don hubo fuego cenizas quedan y por ahora, las instituciones hicieron poco por exterminar las brasas, los resultados saltan a la vista con lo que acontece en el oriente, esperando que esta última lección, sea tomada en serio.