El engaño que avaló una licencia ambiental para la explotación petrolera en Tariquía

“Eso fue con pura trampa”, recuerda Lilian Estrada sobre aquel episodio que marca un antes y un después en la historia de las comunidades de Tariquía y del cantón Chiquiacá del departamento de Tarija. Petrobras ingresó a la reserva natural con el apoyo policial, con el sustento legal de los contratos validados por las licencias ambientales, pero su origen tiene una serie de irregularidades que fueron identificadas por el equipo de Verdad con Tinta en una investigación que fue publicada en el año 2019.

Firmas de niños y otras sin identificación revelan parte de las irregularidades del documento, que según declaraciones de los comunarios en ese entonces, fueron recolectadas tras la entrega de un almuerzo al culminar un taller de capacitación. Es decir, para recibir el almuerzo, los participantes debían firmar un documento en blanco.

¿Qué pasó?

Ocho comunidades conforman el cantón de Chiquiacá, de ellas, solo dos fueron consultadas en septiembre de 2018 para obtener la licencia ambiental de los contratos petroleros en San Telmo y en Astillero, una.

“Hemos cumplido con todos los requerimientos”, aseguró en ese momento a Verdad con Tinta el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz Castro, en una fría oficina de la ciudad de los anillos, Santa Cruz, cuyo clima lo mide con el control del aire acondicionado.

Paz Castro, recalcó que la oposición en Tariquía, a cientos de kilómetros de donde él se encontraba, se debía más a un factor político partidario que a una causa ambiental o de derechos humanos, tomando en cuenta los «beneficios económicos» de la explotación de hidrocarburos en pro de su desarrollo.

El empresario indicó que la licencia ambiental cuenta con la aprobación de los habitantes directamente afectados, negando que la consulta deba hacerse a todas las comunidades.

“Lo único que le quiero decir, es que se hicieron  las consultas públicas, se han cumplido con todos los pasos, eso lo saben todos”, respondió al indicar que estos trabajos son efectuados con la población de influencia directa, en aquellas comunidades que están próximas a los campos de exploración, como El Cajón.

Una de las comunarias de Chiquiacá, Lilian Estrada no está entre las firmantes de la consulta pública, porque ese día no llevaba su carnet, al revelar que los comunarios fueron “engañados”.

“Nos invitaron a un taller de socialización sobre los trabajos que pretendían realizar, donde participaría el mismo ministro de Hidrocarburos Luis Sánchez”, recordó. El tarijeño Luis Alberto Sánchez Fernández fue ministro de Hidrocarburos entre 2014 y 2019 en el Gobierno de Evo Morales Ayma.

En esa oportunidad, al concluir el taller hubo un almuerzo. Al recibir su plato de comida, cada participante debía colocar su nombre y firmar. “Nos dijeron que era una constancia porque debían rendir cuentas de los gastos”.

Se denunció que de las 55 firmas que aparecen en los documentos presentados por el Ministerio de Hidrocarburos como respaldo del proceso de consulta previa denominado “Domo Oso X1”, ninguna incluye el nombre de los participantes ni tampoco su domicilio.

Pero esas firmas, según la denuncia de los lugareños, fueron utilizadas para obtener la licencia ambiental. “El documento es bastante irregular, hay firmas de niños, otras sin la aclaración del nombre”, constató en ese momento el abogado de la plataforma Unidos por Tariquía, Javier Conzelmann Castellanos.

No fue el único “taller de socialización” efectuado en la zona. En una de estas charlas participaron docentes en ingeniería ambiental y petrolera de la Universidad  de Aquino de Bolivia (Udabol),  quienes indicaron de que el impacto sería “mínimo” por las técnicas que se utilizarían.

Casualmente, la Udabol fue la universidad que nombró “doctor honoris causa” a los entonces mandatarios Evo Morales en 2011 y el vicepresidente Álvaro García Linera en 2018.

También hubo entregas de garrafas y regalos para los niños en contantes visitas de autoridades oficialistas a la zona.

Según establece la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal debe acompañar la consulta. La norma dice que las instancias que convoquen al proceso de decisión, tienen que solicitar la presencia del ente electoral, al menos 30 días antes de la consulta y presentar documentación como ser: procedimiento, cronograma  y protocolo, entre otros.

Sin embargo, la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no registra ninguna consulta previa en Tarija en 2018. La respuesta del Tribunal Electoral Departamental (TED) fue que no necesariamente se requiere la participación de este ente. Posteriormente, se conoció que la consulta no tuvo el aval del TED.

La consulta fue realizada únicamente en Chiquiacá Norte, siendo que la reserva está conformada por más de 22 comunidades.

El tema poblacional fue otro de los factores irregulares al momento de la obtención de la licencia ambiental. Entre 2018 y 2019 se registró un incremento del 14% del padrón electoral en Chiquiacá.

En las elecciones de 2019, en las comunidades de Chiquiacá Centro, Pampa Redonda y Vallecito, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se impuso con amplia mayoría. “Son sitios ocupados recientemente por colonos”, acusó en ese momento Rodrigo Altamirano Garay de Chiquiacá Norte.

Hubo acusaciones de colonizaciones estratégicas en la zona, además de compras irregulares de terrenos.

La irregularidad más grande se dio con la ejecución de trabajos desde el año 2015 sin consulta alguna a los habitantes.

Tariquía: En nombre del desarrollo

Importancia de la licencia ambiental en Bolivia

La Ley 1333 de Medio Ambiente fue promulgada en 1992 en el Gobierno de Jaime Paz Zamora (padre del actual mandatario), la cual establece que toda intervención en una área verde solo puede ser efectuada con la licencia ambiental.

La ley establece que la intervención en áreas naturales, requiere la autorización previa mediante una evaluación de impacto ambiental, y la normativa especifica que las actividades susceptibles de degradar el medioambiente deben contar con las autorizaciones como con los permisos adecuados. La intervención sin licencia puede ser sancionada y considerada como una violación de la normativa.

El Gobierno de Evo Morales promulgó en 2015 el Decreto Supremo 2366, que autorizaba este tipo de actividades en reservas y áreas protegidas, contradiciendo a la Ley de Medio Ambiente 1333. El decreto permite la explotación petrolera en cualquier área protegida o reserva con el argumento del aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, vinculado «a la reducción de la extrema pobreza», según cita la norma.

Las únicas categorías que quedan exentas de este decreto, son los santuarios y monumentos naturales, donde únicamente se encuentra el parque nacional Carrasco del departamento de Cochabamba.

Sin embargo, el decreto no está por encima de la ley, por ende, toda intervención requiere de una licencia ambiental, la cual establece que deben respetarse los derechos y participación de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.

En el caso de Tariquía, la consulta fue realizada solo a las comunidades directamente afectadas, no así a las que forman parte de la reserva natural.

Ingreso a Tariquía

Una nueva embestida del Gobierno nacional a través de la Policía boliviana ocurrió este lunes 5 de enero de 2026 en cumplimiento a una orden que tiene autorización del Ministerio de Hidrocarburos y del presidente Rodrigo Paz Pereira. Los policías desbloquearon la zona para el ingreso de los vehículos, maquinaria y trabajadores de la empresa petrolera Petrobras.

Los comunarios del cantón Chiquiacá lideraron un bloqueo para evitar la explotación petrolera en la zona, pero el bloqueo fue levantado por las fuerzas policiales, además, Petrobras inició un proceso judicial en contra de los manifestantes.

El conflicto por Tariquía se remonta desde 2015 con la promulgación del D.S. 2366, pero los primeros intentos de exploración en la región tienen antecedentes desde 1960 o 1970 con pozos someros en Cambarí.

Con la declaración de reserva nacional en 1989, Tariquía no fue intervenida por empresas petroleras hasta 2015.

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Secuencia de los aspectos legales que envuelven a la reserva de Tariquía

Los argumentos de Petrobras

La empresa Petrobras Bolivia informó este 5 de enero que cuenta con «todos los permisos y autorizaciones legales requeridos para el desarrollo del proyecto» en Tariquía.

Argumenta que fueron vulnerados los derechos «al libre tránsito y al trabajo» en la zona por los bloqueos que realizaron los comunarios. «La compañía ha acudido a las instancias y autoridades correspondientes activando las acciones necesarias para preservar sus derechos dentro del marco de la legalidad y con total respeto a los derechos humanos».

Según Petrobras, las operaciones petroleras en la zona son realizadas «con preservación y sostenimiento ambiental».

La empresa especificó que tiene vigente un contrato de servicios petroleros firmado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aprobado por ley, para la exploración y explotación del área San Telmo Norte donde se encuentra el proyecto DMO-X3, que está localizado «fuera» de la reserva de flora y fauna de Tariquía.

«Petrobras Bolivia cuenta con la licencia ambiental del proyecto otorgada en julio de 2025, tras cumplir con todos los requisitos legales exigidos por la normativa boliviana».

La empresa sostiene que se incluyó la realización de la consulta pública en enero de 2025 en el municipio de Entre Ríos y en la comunidad de Saicán, así como la elaboración y aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental.

Si bien Petrobras atribuye que tiene la licencia ambiental con la aprobación de las comunidades con el proyecto DMO X3, nuestra investigación identificó irregularidades en la licencia del proyecto exploratorio Domo X1.