El engaño que avaló una licencia ambiental para la explotación petrolera en Tariquía

“Eso fue con pura trampa”, recuerda Lilian Estrada sobre aquel episodio que marca un antes y un después en la historia de las comunidades de Tariquía y del cantón Chiquiacá del departamento de Tarija, al sur de Bolivia. La multinacional brasileña Petrobras ingresó a la reserva natural con apoyo policial, con el sustento legal de los contratos validados por las licencias ambientales, pero su origen tiene una serie de irregularidades que fueron identificadas por el equipo de Verdad con Tinta en esta investigación que se viene trabajando desde el año 2019.

Firmas de niños y simples sellos con los dedos sin identificación revelan parte de las irregularidades del documento, que según declaraciones de los comunarios, fueron recolectadas tras la entrega de un almuerzo al culminar un taller de capacitación. Es decir, para recibir el almuerzo, los participantes debían firmar un documento en blanco.

La falta de acceso oportuno a información ambiental, consultas observadas por comunidades y la apertura de procesos penales contra dirigentes locales configuran un escenario de alto conflicto en Tariquía, donde expertos y organizaciones advierten riesgos de incumplimiento de estándares del Acuerdo de Escazú en el avance de la exploración petrolera, pero especialmente con una serie de engaños. 

Han pasado 10 años desde las primeras manifestaciones en contra del ingreso de Petrobras y YPFB Chaco a Tariquía. Como en un tablero de ajedrez, las partes implicadas buscan hacer su mejor jugada. En el bosque, el rey huye del jaque mate.

Reserva natural en riesgo 

La reserva natural de Tariquía se encuentra dentro de lo que es el bosque boliviano-tucumano, que inicia en la Argentina y culmina en Bolivia. Está dentro del departamento de Tarija. Su territorio de 2468 kilómetros cuadrados se encuentra entre las provincias de O’Connor, Arce y  Gran Chaco.

Esta zona es reconocida como reserva natural nacional por el Decreto Supremo 22277 promulgado en agosto de 1989 por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, tío del actual mandatario Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Rodrigo Paz argumenta que no hay ningún pozo gasífero al interior de la reserva natural, sino que los trabajos de exploración están siendo realizados fuera de la misma, según establece el plan de manejo integral, y que existen contratos que deben cumplirse para evitar demandas internacionales por incumplimiento; en este caso con Petrobras.

El académico, investigador e ingeniero hidroeléctrico Jaime Villena Morales explica que la ecoregión boliviano-tucumano es la zona con las mayores precipitaciones pluviales del departamento de Tarija. «Es un bosque semi húmedo». Son más de 22 las comunidades que se encuentran dentro de esta reserva.

En Tariquía, ocho comunidades conforman el cantón de Chiquiacá; de ellas, solo dos fueron consultadas en septiembre de 2018 para obtener la licencia ambiental de los contratos petroleros en Astillero y San Telmo.

“Hemos cumplido con todos los requerimientos”, aseguró en ese momento a Verdad con Tinta el presidente de YPFB Chaco, Eduardo Paz Castro, en una fría oficina de la ciudad de los anillos, Santa Cruz, cuyo clima lo mide con el control del aire acondicionado.

Paz Castro recalcó que la oposición en Tariquía, a cientos de kilómetros de donde él se encontraba, se debía más a un factor político partidario que a una causa ambiental o de derechos humanos, tomando en cuenta los «beneficios económicos» de la explotación de hidrocarburos en pro de su desarrollo.

El empresario indicó que la licencia ambiental cuenta con la aprobación de los habitantes directamente afectados, negando que la consulta deba hacerse a todas las comunidades.

“Lo único que le quiero decir es que se hicieron las consultas públicas, se han cumplido con todos los pasos, eso lo saben todos”, respondió al indicar que estos trabajos son efectuados con la población de influencia directa, en aquellas comunidades que están próximas a los campos de exploración, como El Cajón. Bajo esos argumentos, la licencia fue validada en 2019.

Un «saice» para el engaño

Una de las comunarias de Chiquiacá, Lilian Estrada, no está entre las firmantes de la consulta pública porque ese día no llevaba su carnet, al revelar que los comunarios fueron “engañados”.

“Nos invitaron a un taller de socialización sobre los trabajos que pretendían realizar, donde participaría el mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez”, recuerda. El tarijeño Luis Alberto Sánchez Fernández fue ministro de Hidrocarburos entre 2014 y 2019 durante el Gobierno de Evo Morales Ayma.

En esa oportunidad, al concluir el taller, hubo un almuerzo. Al recibir su plato de comida, cada participante debía colocar su nombre y firmar. “Nos dijeron que era una constancia porque debían rendir cuentas de los gastos”. El plato elegido: saice, una delicia de la gastronomía boliviana, especialmente de Tarija.

Se denunció que de las 55 firmas que aparecen en los documentos presentados por el Ministerio de Hidrocarburos como respaldo del proceso de consulta previa denominado “Domo Oso X1”, ninguna incluye el nombre de los participantes ni tampoco su domicilio.

Esas firmas, según la denuncia de los lugareños, fueron utilizadas para obtener la licencia ambiental. “El documento es bastante irregular, hay firmas de niños, otras sin la aclaración del nombre”, constató en ese momento el abogado de la plataforma Unidos por Tariquía, Javier Conzelmann Castellanos.

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Ese mismo documento fue presentado como constancia de la consulta previa a las comunidades, un requisito para que la petrolera pueda obtener la licencia ambiental. Jaque.

No fue el único “taller de socialización” efectuado en la zona. En una de estas charlas participaron docentes en ingeniería ambiental y petrolera de la Universidad de Aquino de Bolivia (Udabol),  quienes indicaron que el impacto sería “mínimo” por las técnicas que se utilizarían.

Casualmente, la Udabol fue la universidad que nombró “doctor honoris causa” al entonces mandatario Evo Morales Ayma en 2011 y al vicepresidente Álvaro García Linera en 2018.

También hubo entregas de garrafas y regalos para los niños en constantes visitas de autoridades oficialistas a la zona.

Según establece la Ley de Régimen Electoral, el Tribunal debe acompañar la consulta. La norma dice que las instancias que convoquen al proceso de decisión tienen que solicitar la presencia del ente electoral al menos 30 días antes de la consulta y presentar documentación como: procedimiento, cronograma  y protocolo, entre otros.

Sin embargo, la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no registra ninguna consulta previa en Tarija en 2018. La respuesta del Tribunal Electoral Departamental (TED) fue que no necesariamente se requiere la participación de este ente. Posteriormente, se conoció que la consulta no tuvo el aval del TED.

La consulta fue realizada únicamente en Chiquiacá Norte, siendo que la reserva está conformada por más de 22 comunidades.

El tema poblacional fue otro de los factores irregulares al momento de la obtención de la licencia ambiental. Entre 2018 y 2019 se registró un incremento del 14% del padrón electoral en Chiquiacá.

En las elecciones de 2019, en las comunidades de Chiquiacá Centro, Pampa Redonda y Vallecito, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) se impuso con amplia mayoría. “Son sitios ocupados recientemente por colonos”, acusó en ese momento Rodrigo Altamirano Garay de Chiquiacá Norte.

Hubo acusaciones de colonizaciones estratégicas en la zona, además de compras irregulares de terrenos.

La irregularidad más grande se dio con la ejecución de trabajos desde el año 2015 sin consulta alguna a los habitantes. «La consulta fue hecha después de hacer los trabajos de ingreso… todo al revés», revela Andrés Miranda de la comunidad de Chiquiacá Norte.

Andrés agrega que la ficha ambiental se mantuvo «en secreto» con organizaciones afines y recién se hizo pública cuando ya no quedaba tiempo para rechazarla.

Tariquía: En nombre del desarrollo

Importancia de la licencia ambiental en Bolivia

La Ley 1333 de Medio Ambiente fue promulgada en 1992 en el Gobierno de Jaime Paz Zamora (padre del actual mandatario), la cual establece que toda intervención en una área verde solo puede ser efectuada con la licencia ambiental.

La ley establece que la intervención en áreas naturales, requiere la autorización previa mediante una evaluación de impacto ambiental, y la normativa especifica que las actividades susceptibles de degradar el medioambiente deben contar con las autorizaciones como con los permisos adecuados. La intervención sin licencia puede ser sancionada y considerada como una violación de la normativa.

El Gobierno de Evo Morales promulgó en 2015 el Decreto Supremo 2366, que autorizaba este tipo de actividades en reservas y áreas protegidas, contradiciendo a la Ley de Medio Ambiente 1333. El decreto permite la explotación petrolera en cualquier área protegida o reserva con el argumento del aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, vinculado «a la reducción de la extrema pobreza«, según cita la norma.

Las únicas categorías que quedan exentas de este decreto, son los santuarios y monumentos naturales, donde únicamente se encuentra el Parque Nacional Carrasco del departamento de Cochabamba.

Sin embargo, el decreto no está por encima de la ley, por ende, toda intervención requiere de una licencia ambiental, la cual establece que deben respetarse los derechos y participación de las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.

En el caso de Tariquía, la consulta fue realizada solo a las comunidades directamente afectadas, no así a las que forman parte de la reserva natural, según se constató en esta investigación.

Incumplimiento al Acuerdo de Escazú 

El artículo 7 del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia el año 2019 mediante la Ley 1182, se refiere al derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. En esencia, el artículo establece que los Estados deben garantizar el derecho de todas las personas a participar de manera significativa en decisiones que puedan afectar el medioambiente.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, adoptado en 2018, que garantiza el derecho a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo fue firmado en el encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) realizado ese año en la municipalidad de Escazú, San José en Costa Rica, por eso el nombre. 

Al margen de excluir a comunidades de la mentada consulta, la senadora tarijeña Marcela Guerrero Villca denuncia que hubo facilidades para que algunas comunidades puedan participar. “Hemos recibido denuncias de comunarios que aseguran que para asistir a las supuestas consultas públicas, que en realidad fueron reuniones informativas, las petroleras ponían a disposición de los que estaban a favor suyo vehículos para su traslado, mientras aquellos que estaban en contra, tenían que ver cómo iban”, explica la senadora a modo de ejemplo.

Una segunda consulta fue efectuada por la petrolera en marzo 2025, aunque según la senadora, también de forma irregular. “Llevaron a un notario e hicieron pasar las intervenciones de la ronda de preguntas, como si fuera la consulta, pero si uno revisa el documento, en ninguna parte hacen la consulta en concreto, sobre si los comunarios están a favor o en contra del ingreso de la petrolera a la reserva”, asegura, al agregar que el documento tampoco cumple con los mecanismos contemplados por la normativa para una consulta pública.

Ingreso a Tariquía

Una nueva embestida del Gobierno nacional a través de la Policía boliviana ocurrió este lunes 5 de enero de 2026 en cumplimiento de una orden que tiene autorización del Ministerio de Hidrocarburos y del presidente Rodrigo Paz. Los policías desbloquearon la zona para el ingreso de los vehículos, maquinaria y trabajadores de la empresa Petrobras.

Los comunarios del cantón Chiquiacá lideraron un bloqueo para evitar la explotación petrolera en la zona, pero fue levantado por las fuerzas policiales. Además, Petrobras inició un proceso judicial en contra de los manifestantes.

El conflicto por Tariquía se remonta a 2015 con la promulgación del Decreto 2366, pero los primeros intentos de exploración en la región tienen antecedentes desde 1960 o 1970 con pozos someros en Cambarí (excavaciones de baja profundidad).

Con la declaración de reserva nacional en 1989, Tariquía no fue intervenida por empresas petroleras hasta 2015.

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Secuencia de los aspectos legales que envuelven a la reserva de Tariquía

Actividad petrolera en un área protegida

Petrobras especificó que tiene vigente un contrato de servicios petroleros firmado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aprobado por ley, para la exploración y explotación del área San Telmo Norte donde se encuentra el proyecto DMO-X3, que está localizado «fuera» de la reserva de flora y fauna de Tariquía.

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«Petrobras Bolivia cuenta con la licencia ambiental del proyecto otorgada en julio de 2025, tras cumplir con todos los requisitos legales exigidos por la normativa boliviana».

Si bien en teoría la empresa cuenta con los requisitos exigidos por ley, Guerrero asegura que la modificación a dos documentos jugó a favor de esto: el cambio al plan de manejo y el nivel de categorización de evaluación de impacto ambiental.

El artículo 28 del Reglamento General de Áreas Protegidas define qué es un plan de manejo. Un plan de manejo de áreas protegidas es el instrumento técnico y legal que define cómo se organiza, protege y utiliza un territorio bajo conservación. Elaborado por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), este plan establece la zonificación interna —qué áreas son de protección estricta, cuáles admiten uso sostenible y cuáles funcionan como zonas de amortiguamiento—, así como las actividades permitidas, restringidas o prohibidas. También fija lineamientos para la gestión de biodiversidad, el control territorial, la investigación y la relación con las comunidades que habitan o dependen del área.

En la práctica, el plan de manejo sirve como la principal herramienta de gobernanza dentro de un área protegida: orienta decisiones del Estado, regula intervenciones públicas o privadas y funciona como base para otorgar o negar autorizaciones, como licencias ambientales, como en el caso de Tariquía, ya que su contenido es clave para habilitar o limitar actividades como el turismo, la agricultura o incluso la explotación de recursos naturales. Por eso, cualquier modificación a este plan no es solo técnica: redefine el equilibrio entre conservación, uso del territorio y derechos de las comunidades.

Según información del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Tariquía contaba con un plan de manejo aprobado por Resolución Ministerial 003/2001, emitida por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, cuya vigencia concluía en el año 2004 y, al no existir otro instrumento, se continuó utilizando este como herramienta de gestión. Contrariamente, el 11 de julio de 2014 fue lanzada una nueva convocatoria para la elaboración de otro plan de manejo que entró en vigencia el 30 de diciembre de ese mismo año.

Mientras que la zonificación del plan de 2004 impedía actividades extractivas en la zona de emplazamiento de los pozos DMO X1, DMO X2 y DMO X3, el plan de 2014 no solo autorizaba estas actividades en los dos primeros, sino que los ubicaba fuera de los límites del área protegida al tercero.

El segundo documento en cuestión es el » Formulario de Nivel de Categorización Ambiental», otorgado por la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) para el proyecto «Perforación exploratoria del pozo DMO X-3». Este documento otorgó al proyecto la Categoría ambiental 2, instruyendo la elaboración de un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, en el marco del Decreto Supremo 3856. El citado decreto fue creado el 2019 para modificar el reglamento de prevención y control ambiental.

Como resultado, el 22 de enero de 2026, la asambleísta Marcela Guerrero presentó ante la Contraloría General del Estado (CGE) una solicitud de auditorías ambientales para abordar las modificaciones al plan de manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el nivel de categorización, la declaratoria de impacto ambiental y la consulta pública del proyecto DMO X3.

La respuesta de la Contraloría, emitida en marzo, fue que, como el caso es tratado por el Juzgado Agroambiental del municipio de Entre Ríos, «a fin de resguardar el debido proceso», esperará las determinaciones de la autoridad judicial antes de tomar una decisión.

Los argumentos de Petrobras

La empresa Petrobras Bolivia informó este 5 de enero de 2026 que cuenta con «todos los permisos y autorizaciones legales requeridos para el desarrollo del proyecto» en Tariquía.

Argumenta que fueron vulnerados los derechos «al libre tránsito y al trabajo» en la zona por los bloqueos que realizaron los comunarios. «La compañía ha acudido a las instancias y autoridades correspondientes activando las acciones necesarias para preservar sus derechos dentro del marco de la legalidad y con total respeto a los derechos humanos».

Según Petrobras, las operaciones petroleras en la zona son realizadas «con preservación y sostenimiento ambiental».

La empresa especificó que tiene vigente un contrato de servicios petroleros firmado con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aprobado por ley, para la exploración y explotación del área San Telmo Norte donde se encuentra el proyecto DMO-X3, que está localizado «fuera» de la reserva de flora y fauna de Tariquía.

«Petrobras Bolivia cuenta con la licencia ambiental del proyecto otorgada en julio de 2025, tras cumplir con todos los requisitos legales exigidos por la normativa boliviana».

La petrolera sostiene que se incluyó la realización de la consulta pública en enero de 2025 en el municipio de Entre Ríos y en la comunidad de Saicán, así como la elaboración y aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental.

Si bien Petrobras afirma que tiene la licencia ambiental con la aprobación de las comunidades con el proyecto DMO X3, nuestra investigación identificó irregularidades en la licencia del proyecto exploratorio Domo X1 y que se repiten patrones en las subsiguientes.

Incongruencias técnicas en la licencia

Profesionales en la materia cuestionan este nivel de categorización, ya que por la magnitud del proyecto, podría resultar insuficiente.

“La Categoría 2 exige elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, el cual se utiliza para impactos moderados, cuando tendría que haber sido de Categoría 1″,  detalla el consultor ambiental Marcelo Moscoso Pantoja. El académico indica que la Categoría 1 exige un estudio analítico integral, «que se realiza cuando hay impactos altos”.

La presentación de la documentación para la Categoría 2, entre la cual se encontraban los procesos de consulta denunciados por la asambleísta Marcela Guerrero por ser irregulares, permitió a la petrolera obtener el permiso, denominado “Declaratoria de Impacto Ambiental”, el cual avala su ingreso a la reserva.

La declaratoria no es pública, por eso se desconoce información no solo relacionada con el impacto ambiental, también de la mitigación.

Para el consultor ambiental, la apertura de brechas y caminos puede ser un factor para incrementar actividades ilegales como la tala y la caza, además de fraccionar el hábitat de especies que allí habitan. Al no ser pública la declaratoria de impacto ambiental, se desconoce si estos riesgos están contemplados y cómo se los aborda.

Según YPFB y Petrobras, el impacto ambiental es «mínimo» y no compromete el entorno en la región, por ese motivo, Verdad con Tinta a través del consultor Marcelo Moscoso se contactó con Stefan Cramer, quien es hidrogeólogo y asesor del Servicio de Expertos Senior de Alemania (SES), con el fin de conocer su postura técnica.

Crames que tiene especialidad en la modelación de sistemas hidroclimáticos y adaptación al cambio climático realizó en 2022 un estudio denominado «El clima de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía», que es el resultado de una investigación técnica orientada a la toma de decisiones estratégicas.

Indica que este trabajo fue efectuado con peritajes y policy papers (documento de política pública) para organismos internacionales. «Mi validación científica se basa en la aplicación técnica directa».

Sobre el caso en particular especifica que la fragmentación del bosque en Tariquía—aunque sea mínima en términos superficiales— reduce la densidad de «evapotranspiración» y debilita la potencia del motor que envían los «ríos aéreos» hacia la Cordillera de Sama, lo cual compromete la recarga de los acuíferos del valle central de Tarija. Los ríos aéreos o «ríos voladores» son enormes masas de vapor de agua que viajan por la atmósfera, transportando humedad desde el océano Atlántico hacia el interior del continente sudamericano.

Enjuiciados por impedir el ingreso a su territorio

«Es un pretexto para amordazarnos, es injusto que no podamos defender nuestra casa, nuestros árboles… nuestra agua», dice Andrés Miranda, líder de Chiquiacá sobre el juicio iniciado en su contra por la defensa del territorio en Tariquía.

Andrés vive de la agricultura, tiene una granja y un apiario o colmena. «Con mi esposa cuidamos las abejas», relata sobre un modelo sostenible que inculcan desde esa sureña región.

Para él no tiene sentido la denuncia de Petrobras, porque habla de un impedimento al trabajo, pero antes de sus manifestaciones, la empresa ya había realizado la apertura del camino al pozo DMO X3, además del relevamiento de datos, sin contar con la licencia ambiental.

El líder comunal denuncia que Petrobras cuenta con el apoyo o complicidad estatal. «Usan muchas autoridades provinciales, departamentales y gubernamentales, además de abogados y fiscales en nuestra contra».

Criticó que se utilice la fuerza policial, personal de YPFB y vehículos estatales para intervenir en la zona a favor de Petrobras. «Disponen de muchos recursos económicos. Es una lucha desigual e injusta».

Pese al proceso judicial en su contra que pueda derivar en una posible detención, Andrés se mantiene firme en su postura de defensa de la reserva natural. «Esta es mi convicción de lucha y no me rendiré ante ningún Goliat estatal o extranjero».

20 son las personas que están siendo procesadas por la defensa del territorio en Tariquía o desde el punto de vista de Petrobras por «impedir el acceso al trabajo».

El Código Penal boliviano aborda el impedimento o estorbo al trabajo de distintas maneras, dependiendo de si se trata de impedir funciones públicas o de causar lesiones que inhabiliten a una persona para trabajar.

El artículo 161 de esta normativa establece como un delito el impedir o estorbar a un funcionario público el ejercicio de sus funciones con sanciones desde un mes hasta un año de reclusión.

«Con este proceso se ha visto la magnitud de la carga que tienen, porque por esta lucha han descuidado a sus hijos, a sus familias y su trabajo, ya que se dedican a la producción», contextualiza la activista ambiental Andrea Álvarez, sobre la realidad de los comunarios procesados.

Andrea es una de las jóvenes que impulsa actividades de apoyo en la ciudad de Tarija para la defensa de Tariquía.

La joven relata que desde 2019 quitó sus perfiles con identificación personal en las redes sociales tras haber recibido una amenaza junto a su grupo desde una página llamada «Ciberllunkus» en Facebook. También relató que sus sitios enfocados en la defensa de Tariquía  fueron víctimas de intentos de intentos de hackeos.

Para la activista no es solo la judicialización, sino una serie de engaños y procesos irregulares que están erosionando a las familias y comunidades al interior de la reserva de Tariquía.

La senadora Guerrero considera que la judicialización de comunarios también fue otra táctica de amedrentamiento que va en contra del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el cual protege a defensores del medioambiente de amenazas, hostigamiento, violencia e intimidación.

Los 20 defensores de Tariquía fueron citados en enero de 2026 a declarar por la Fiscalía Departamental de Tarija, bajo cargos de «asociación delictuosa y atentados contra la libertad de trabajo». Esta acción se dio en medio de una vigilia que realizaban los comunarios que se oponen al ingreso de la petrolera a la zona, quienes impedían el paso de maquinaria, vehículos y personal de Petrobras.

El Colegio de Abogados de Tarija asumió la defensa de los comunarios de Tariquía procesados. Desde esa instancia se espera que el proceso concluya «con una sentencia absolutoria», incluyendo la imposición de costos a YPFB por la acusación «infundada», según explica en una breve entrevista el presidente de este ente colegiado, Fernando Valverde Sebastian.

El abogado explica que el proceso refleja un patrón que sugiere una «persecución dirigida contra defensores ambientales», lo cual resulta incompatible con los estándares del Acuerdo de Escazú. «Se observa que las actuaciones de los comunarios se limitaron a exigir información y transparencia respecto a actividades realizadas sin el cumplimiento de consultas previas ni claridad documental».

Fernando Valverde dijo que en caso de persistir la vulneración de derechos contra los comunarios de Chiquiacá, evaluarán la interposición de una demanda contra el Estado boliviano ante instancias internacionales, con el objetivo de obtener una sanción ejemplar

Según la defensa, el Acuerdo de Escazú constituye una base central de la defensa. Este acuerdo garantiza el derecho a la protesta pacífica y prohíbe la persecución penal de quienes defienden derechos ambientales dentro de ese marco. «En este caso, resulta evidente que las personas procesadas actuaron en defensa de sus derechos, sin incurrir en conductas ilícitas, por lo que la persecución penal resulta contraria a dicho instrumento internacional».

El abogado acota que de producirse una eventual condena, esta tendría consecuencias económicas para el Estado, que posteriormente podría repetir la acción contra los funcionarios responsables —incluyendo jueces, fiscales y representantes de YPFB— que hubieran participado en la vulneración de derechos.

Ya existe un antecedente cercano de una condena contra el Estado boliviano por la vulneración de derechos humanos e incumplimiento de acuerdos internacionales, como es el caso de Brisa de Angulo con una sentencia en 2023.

El abogado y académico Daniel Velásquez Castro recuerda que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú prohíbe la criminalización de las acciones de los activistas ambientales en protección del medioambiente, como el caso  de los comunarios de Chiquiacá. «Bolivia firmó ese acuerdo, pero no sabían en ese momento las implicaciones del mismo, por eso no se socializó mucho».

El cambio técnico que pateó el tablero ambiental en Tariquía

El conflicto por la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no empezó con la llegada de las petroleras ni con las protestas de los últimos años. Su origen más profundo está en un cambio silencioso, técnico y poco discutido fuera de círculos especializados: la modificación del plan de manejo aprobada a fines de 2014. Ese documento, que define qué se puede y qué no se puede hacer dentro de un área protegida, alteró la lógica de conservación de la reserva sin modificar sus límites formales.

Hasta entonces, Tariquía estaba organizada bajo un esquema de protección más rígido, con zonas núcleo donde las actividades extractivas eran incompatibles. El nuevo plan reconfiguró esa zonificación. Áreas antes consideradas intangibles pasaron a categorías de uso más flexible, abriendo la puerta a intervenciones que antes habrían sido inviables. En los papeles, la reserva seguía intacta. En la práctica, su régimen de protección había cambiado.

Al habilitar legalmente la exploración hidrocarburífera en sectores estratégicos, el plan de manejo se convirtió en el fundamento que permitió avanzar con proyectos como los del bloque San Telmo.

Cuando las comunidades denuncian que la reserva “ya fue intervenida”, no hablan de maquinaria, sino de normas. Y cuando el Estado afirma que las operaciones están fuera del área protegida, se apoya en una arquitectura legal que fue modificada años antes.

El plan de manejo de 2014 no eliminó la reserva, pero sí cambió las condiciones bajo las cuales se decide su futuro. Y en ese cambio —más técnico que visible— se encuentra una de las claves para entender por qué el conflicto persiste. Jaque mate.