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Las áreas protegidas en su aniversario más triste

Con el cuerpo en llamas, los llamados pulmones del país pasan por uno de sus peores momentos

El humo se apoderó de este aniversario y no es por los fuegos artificiales o los petardos en son de festejo, sino por las llamas que siguen quemando su piel, con el peligro de que afecten sus venas que son el principal soplo de vida de este país.

Las áreas protegidas de Bolivia están pasando por su peor momento, en un aniversario que se espera quede siempre en el recuerdo, no por la celebración, sino como una lección para el cuidado del medioambiente.

  • Fuego

La Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación cruceña ha contabilizado hasta ahora 1.7 millones de hectáreas afectadas por los incendios de las que el 71% corresponde a las áreas protegidas y bosques lo que provocarán un desequilibrio en el ecosistema que traerá consecuencias medioambientales.

Las áreas protegidas más afectadas con los incendios han sido en Otuquis, Ñembi Guasú y el área natural de manejo integral San Matías.

De acuerdo a los registros que tiene la Gobernación cruceña, hasta la fecha,  el fuego ha afectado a 1.7 millones de hectáreas en ese departamento, de las que el 41% corresponden a las áreas protegidas y el 30% a bosques.

Zonas como el parque Noel Kempff Mercado, que se destaca por su biodiversidad y que se ha convertido en un área para el avistamiento de aves o Tucabaca que tienen cabeceras de cuenca de donde se provee agua para la zona este del departamento cruceño, serán afectadas.

Las leyes empiezan a jugar en contra. El Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, permiten las quemas controladas o “chaqueos” y el desmonte en los departamentos de Beni como en Santa Cruz.

Estas normativas, según los ambientalistas, quitaron el casco de protección que tenían estas reservas, desatando la furia de la naturaleza, cuyos vientos convirtieron a las llamas incontrolables.

  • En el nombre del desarrollo

Más al occidente, aparecen las hidroeléctricas como una gran amenaza, que electriza la piel del parque nacional Madidi en el departamento de La Paz.

El Gobierno en nombre  del desarrollo arremete contra las comunidades indígenas que se oponen a estos proyectos.

El proyecto de la construcción de la represa del Chepete y de la hidroeléctrica El Bala sobre el río Beni inundaría 661,9 kilómetros cuadrados y obligaría al traslado de 5.164  indígenas  mosetenes, chimanes, lecos, tacanas, uchupiamonas, según un estudio de Geodata Engineering.

La explotación de oro que prolifera en ríos del Madidi contamina con mercurio el hábitat y afecta a los pueblos de la región.

También aparecen proyectos como Nueva Esperanza de la petrolera china BGP, que se hizo en territorio del pueblo tacana, afectando el medioambiente.

Si algo más faltaba en la zona, son los asentamientos ilegales.

Pero el discurso de “desarrollo” ya había sido tema de debate cuando el Gobierno Nacional intentó abrir el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), entre los departamentos de Cochabamba y Beni.

El Gobierno pese a las marchas simbólicas de los indígenas de la zona,  eliminó la intangibilidad del Tipnis y construye la vía que cruza esta reserva.

Como en otras reservas naturales, el Tipnis también sufre de  los colonizadores ilegales que avanzan en el área protegida.

Más al sur, el denominado pulmón verde de Tarija, también sufre una amenaza mortal por los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Tariquía.

El Gobierno contra la oposición de una parte de las comunidades de la zona, entregó las licencias ambientales a las empresas petroleras para los proyectos Astillero, Churumas y Domo Oso.

El cabildo de Tariquía realizado en agosto declaró que no permitirá el ingreso de las petroleras a la zona. Instituciones departamentales se sumaron al apoyo mediático a los comunarios, pero en los papeles, hay firmas de autoridades que dicen lo contrario.

Los brazos del denominado desarrollo son poderosos y el discurso pesado, moviendo a diferentes sectores sociales a su nombre, al no palpar las heridas que se están generando al medioambiente, cuyo resultado en el futuro será letal.

Las reservas de agua corren un alto riesgo, el ejemplo más cercano está en la provincia Gran Chaco, en el parque Aguaragüe, cuyas reservas acuíferas fueron contaminadas por la explotación de hidrocarburos.

Pero en Tariquía, no es solo la amenaza de contaminación, sino que ya tiene cicatrices imborrables por la tala indiscriminada, debido al tráfico ilegal de madera, sin que existan los controles necesarios en la zona.

Este desolador paisaje puede verse desde arriba, desde Sama, otra de las reservas que todavía no logra sanar de sus heridas, cuasi mortales.

Un voraz incendio la carcomió el 2017, el último de otros tantos. Desde arriba se escucharon cientos de promesas de los políticos de turno, tanto del Gobierno Nacional como a nivel departamental y municipal, pero muy poco o nada se hizo hasta ahora por esta reserva, que es fundamental para la vida en la ciudad de Tarija por sus fuentes de agua.

  • Aprovechamiento

“Sí se puede hacer aprovechamiento en base a una zonificación”, explica la responsable de coordinación de la fundación Naturaleza Tierra y Vida (Nativa), Marcela Zamora Petri, sobre el aprovechamiento en las reservas naturales.

Zamora al abrir una serie de mapas, explica que existen categorizaciones para las áreas protegidas, mismas que tienen  planes de manejo, los que señalan las zonas estrictas de conservación, y en las que sí pueden hacerse usos de los recursos para las comunidades que viven en estos lugares.

Un plan de manejo no solo debe contar con los informes técnicos, sino también con la aprobación de las comunidades de estas zonas, debiendo adjuntar las actas de las diferentes reuniones y las socializaciones.

“Un plan de manejo te va a decir dentro del área, qué se puede hacer y dónde, por un lado es la categoría del área protegida y por otro, la zonificación”, explica Zamora claramente.

Sin embargo, las licencias ambientales concedidas, no están basadas en los planes de manejo existentes, ni cuentan con la aprobación de todas las comunidades que habitan estas áreas. Para facilitar el acceso en nombre del “desarrollo”, el Gobierno Nacional sacó una serie de nuevas normativas que incluso llegan a transgredir a la misma Constitución, con el fin de avalar proyectos que ponen en riesgo al medioambiente.

Las áreas protegidas  del país cumplieron el pasado 4 de septiembre un nuevo aniversario, unas amenazadas de muerte en nombre del “progreso”, otras quemadas vivas.

Un manto de tristeza las cubre, pero al mismo tiempo, surge una esperanza de vida en ellas, en la conciencia ambiental que surja del pueblo boliviano en su defensa.

En las reservas bolivianas existen alrededor de 20.000 plantas superiores, siendo uno de los 11 países con mayor diversidad. Se estima que unas 5.000 serían exclusivas del país.

Nativa
  • Día Nacional de las Áreas Protegidas

El Día Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia es recordado cada 4 de septiembre,  producto del Decreto Supremo Nº 28315 del 26 de agosto de 2005, promulgado por el entonces presidente, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Esta fecha coincide con la institucionalización del funcionamiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap),  en 1998, durante el Gobierno de Hugo Bánzer Suárez (1926-2002+).

El Sernap es un órgano desconcentrado del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y garantizar la gestión integral de las mismas. 

Redacción Central
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