¡Peligro en el Cerro Rico!

Imágenes no hay de aquel momento, pero sí huellas en el rostro, especialmente en la mente, fotografías imborrables de una golpiza que pudo costarle la vida al periodista Juan José Toro Montoya, actual director del periódico El Potosí.

“Empezaron a golpearme, me golpearon, me quitaron una grabadora, me destruyeron el celular”, relata sereno “Juanjo” a Verdad con Tinta sobre los sucesos de aquel 7 de octubre de 2020.

En esa oportunidad,  una turba de personas atacó al periodista en el momento que intentaba grabar imágenes en la cima del Cerro Rico de Potosí.

Juanjo, como se hace llamar por sus colegas, contó que aquel día él  acompañaba a una comisión del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Esta comisión  iba a verificar las denuncias de operaciones prohibidas en la cúspide de la montaña, uno de los símbolos de la minería mundial.

Mientras golpeaban a Juanjo, otros mineros hacían explotar dinamitas alrededor para espantar a las personas que acompañaban al periodista, de forma que no pudiesen socorrerlo.

Por esta agresión existe una denuncia penal que fue formalizada en el Ministerio Público en contra de los cooperativistas mineros, cuyos líderes fueron identificados.

Según la denuncia del periodista, en el lugar se encontraba el entonces gerente regional de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Richard Arancibia, “quien no hizo nada”.

No es la primera vez que el periodista es atacado, hace tres años ocurrió una situación similar a tan solo dos cuadras de la plaza principal de Potosí, cuando él se dirigía temprano por la mañana a su trabajo.

Toro fue interceptado a las 5.40 de la mañana del 31 de diciembre de 2018 cerca de la plaza 10 de Noviembre cuando se dirigía a conducir su programa matinal en radio Collasuyo.

“Me dieron una paliza”, cuenta el periodista a Verdad con Tinta al recordar aquella primera vez en la que tuvo temor a perder la vida.

En primera instancia, los medios de comunicación potosinos informaban un “atraco”, pero luego, el mismo periodista aclaró que se trataba de un “atentado” que estaba relacionado con sus denuncias en contra de la explotación ilegal en el Cerro Rico de Potosí.

Uno de sus agresores está  cumpliendo sentencia en el penal de Kantumarka de Potosí, quien  confesó su participación en la golpiza.

Además de estas agresiones físicas, hubo atentados contra su integridad, su familia y el medio de comunicación donde trabaja.

Uno de estos hechos de amedrentamiento ocurrió hace cinco años, cuando un grupo de desconocidos colocó una dinamita en la casa de la familia de Toro y otra en la puerta del periódico El Potosí. Por fortuna, en ambos casos no hubo heridos.

Estos ataques dejaron secuelas en el periodista. “Cuando veo en la calle aglomeración de personas me asusto, necesito tratamiento psicológico, porque no es una, sino dos agresiones”, revela.

Programa de acogida

Toro fue seleccionado en el tercer programa de acogida temporal de periodistas perseguidos; un proyecto de acción humanitaria de Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Madrid.

Junto a él, también fueron seleccionados tres periodistas latinoamericanos provenientes de Colombia, El Salvador y México respectivamente, quienes viven en alto riesgo por el trabajo que realizan.

La colombiana Andrea Aldana investiga la guerrilla en su país, situación que la tiene bajo amenaza constante.

El mexicano Alejandro Ortiz también vive bajo constante amenaza por investigar en su país al crimen organizado.

La joven periodista Carmen Valeria Escobar Castillo, es una verificadora de datos, quien resalta en su país por contraponer la verdad a falsedades difundidas desde el poder.

Los periodistas se encuentran en Madrid- España, donde permanecerán hasta finales de marzo, bajo el fin de poder recibir apoyo y reducir sus niveles de estrés.

En España, los periodistas están exponiendo sus investigaciones en medios de comunicación y universidades. “Voy a exponer cuál es la razón por la que soy acosado”, cuenta Toro sobre las ponencias que presente en Madrid.

Garantías

Sin embargo, Toro debe volver al país, donde se reintegrará a sus actividades periodísticas ¿Qué garantías le da el Estado para la función de su trabajo?

“No tengo ninguna garantía, porque esta mafia está muy arraigada en niveles de decisión”, responde el periodista.

Toro devela que hay una intención de frenar al periódico El Potosí cortándole la publicidad, tanto del nivel nacional como subnacional, pues hasta la fecha no se les ha renovado los contratos.  Estos contratos se mantenían regulares hace diez años.

“Si no nos reponen, vamos a entender que esta mafia tiene, como suponemos, mucho respaldo de niveles de poder político”, dice tajante.

Comibol reconoce irregularidades

El presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) Joaquín Andrade, determinó  la suspensión “temporal” del gerente regional de Potosí Richard Arancibia, acción que se concretó el 12 de octubre de 2020, días después de la agresión al periodista en el Cerro Rico.

«Nos informaron que ya se tomaron las previsiones institucionales al interior de Comibol para verificar e investigar las presuntas irregularidades existentes en las autorizaciones para la explotación en el Cerro Rico”, dice una nota efectuada a finales de agosto por el Ministerio de Minería y Metalurgia, instancia de la que depende Comibol.

El sucesor es Félix Villegas, quien ha implantado “un nuevo mecanismo de control”, según reporta en una nota el periódico El Potosí.

¿Qué pasa en el Cerro Rico?

“Existe una mafia que se ha estructurado en torno a la explotación de cargas de óxidos de la cúspide del Cerro Rico de Potosí con fines económicos”, revela parte de la investigación efectuada por Juan José Toro, misma que es expuesta en España.

Según esta investigación,  esa explotación está causándole un daño indirecto e “irreparable” al Cerro Rico, con un riesgo de derrumbe “inminente”.

El Gobierno Nacional prohibió en 2009 la explotación minera encima de los 4 400 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Rico.

El motivo de esta prohibición fue para evitar el colapso del yacimiento de plata, que está sometido a una intensa explotación desde hace casi cinco siglos.

La resolución ministerial 279 del año 2018 ordena la “migración” a nuevas áreas mineras, prohibiendo la explotación encima de la cota 4 400 del Cerro Rico.

A esta prohibición le antecede el Decreto Supremo 27787 de 2004, que es el reglamento especial para las actividades mineras en el Cerro Rico.

“Se establece una zona de seguridad desde la cota 4 700 metros sobre el nivel del mar hasta la cima del Cerro Rico de Potosí, en la cual no se podrán efectuar labores de explotación minera superficial”, indica el reglamento.

Una cota en topografía es la distancia vertical que existe entre un punto del terreno y un plano de referencia horizontal determinado. Si el plano de referencia es  al nivel del mar, la cota es la misma altitud o altura sobre el nivel del mar.

Pese a los cambios realizados en Comibol, Toro revela que el movimiento en el Cerro Rico sigue siendo el mismo, “no ha cambiado mucho”.

El periodista indica que a la actualidad, siguen bajando diariamente vehículos con toneladas de carga de mineral.

El riesgo del colapso del Cerro Rico no solo pone en peligro al medio ambiente y la historia misma del país, sino también la vida de miles de personas que trabajan en su interior en condiciones “inhumanas”.

Uno de los hechos que refleja esta situación es la muerte de dos mineros al interior del Cerro Rico ocurrida el 21 de agosto por la explotación de dinamita en una de las bocaminas, según reflejan notas de prensa de la época. 

Historia

El Cerro Rico es parte de la historia y presente no solo de Potosí, sino de Bolivia y el mundo. Es patrimonio cultural de la humanidad. Se encuentra en el escudo nacional y está tallado en cada una de las monedas que intercambiamos a diario.

Sus leyendas cruzan el Atlántico, como aquella de que sus riquezas eran tan inmensas que se podía hacer un puente de plata extraída de su interior desde Potosí hasta Madrid, de la misma forma con los huesos de los esclavos sacrificados.

Es un símbolo de Potosí, luciendo imponente sobre la ciudad que protege. Su riqueza no es solo en minerales, también tiene un alto potencial turístico.

Pero esta riqueza turística no es explotada, precisamente por el problema de la explotación minera, especialmente la ilegal que no permite el ingreso de personas a este lugar para no quedar más expuesta.

“Actualmente los cooperativistas se han convertido en dueños defactos, no se puede hacer nada sin pedir permiso a ellos”, revela Toro, que también es historiador.

Juanjo se lamenta porque el museo que se encuentra en el interior del Cerro Rico no esté en funcionamiento, justamente por determinación de ese sector.

Todo lo presentado refleja el peligro real de un colapso en el Cerro Rico, su única esperanza es que se controle la explotación minera cumpliendo las normativas nacionales.

Su preservación ¡vale un Potosí!